El Salvador: Proyecto de El Chaparral tiene que suspenderse

Redacción Diario Co Latino  
No hay otra alternativa, el proyecto de la represa El Chaparral tiene que suspenderse para evitar mayor conflictividad social y buscar una solución con la ciudadanía de la zona, ya que el impacto generado ha sido fuerte. Diario Co Latino tiene en su poder un informe de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) denominado “Proyecto El Chaparral-Plan B”, en el que recomienda a la Presidencia de la República y la Secretaria Técnica de la Presidencia, como medida principal, suspender el proyecto.
Para ello, el Ejecutivo tiene que negociar con la empresa constructora de capital italiano ASTALDI y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que otorgó el financiamiento por $140 millones.
El informe indica que con la suspensión del proyecto se puede realizar verificaciones de campo y una negociación con la ciudadanía de las zonas afectadas, principalmente con las ubicadas en San Antonio del Mosco, al norte del departamento de San Miguel.
La negociación con los ciudadanos y las ciudadanas de los lugares afectados debería de realizarla otra entidad distinta de CEL, aunque, su presencia en este proceso tiene que ser como “contraparte”, dice el documento.
La negociación con la ciudadanía tiene como objeto dos puntos. El primero, la participación de la población en el proceso de verificación y, el segundo, la forma de restituir las compras de terrenos y el plan de abandono del proyecto.
Recientemente, el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien reiterado que se realizará la construcción de la represa, ha dicho también que se ha creado una mesa de negociación entre el gobierno y los afectados de El Chaparral, lo que podría tener relación con el documento de la SIGET.
Las verificaciones, a realizarse en el lugar de construcción de la represa, radican en las condiciones de campo y de rentabilidad de El Chaparral. Estas tienen que realizarse por una empresa o perito que la SIGET contrataría, indica el informe.
Entre la verficaciones a realizarse están los costos de construcción de la obra, sin la alternativa de la modalidad “llave en mano”; las posibles áreas de inundación para evitarlas, especialmente en San Antonio del Mosco; el impacto medioambiental y social, entre otros.

La consulta
El documento “Chaparral-Plan B” propone una consulta pública “amplia”, especialmente con los pobladores del lugar.
Paralelamente a esto, el gobierno tiene que realizar una consulta “de interés de desarrolladores de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos, tanto a nivel local como internacional”.
Otra medida que el informe de la SIGET destaca es que el gobierno tiene que “acelerar” los proyectos energéticos renovables alternativos.
“Realizar con celeridad la implementación de los proyectos alternativos: hidroeléctrico Sumpul y geotérmico Chinameca, a fin de reemplazar la eventual desaparición permanente del proyecto Chaparral, sin efectos negativos de ninguna índole para la generación eléctrica, o para las tarifas”, indica el informe de la SIGET.

Rentabilidad
La rentabilidad del Chaparral queda entredicha en el informe. En el documento se destaca su negatividad, ya que no se generarían los ingresos suficientes para superar los costos de operación-mantenimiento, deuda, seguros y “otros normales”.
Asimismo, se destaca que el periodo de recuperación de capital será de 20 años, el cual, es “exageradamente grande” si se compara con recuperaciones de capital usuales en proyectos de CEL. El informe destaca que estos han tenido un margen de entre siete a doce años.
Este tipo de problemas, se deben a la falta de una política energética por parte de los gobiernos anteriores y que no le apostaron a ejecutar proyectos de energía alternativa.
Trascendió que en la zona donde se construirá la represa y las zonas aledañas, sólo faltan doce propietarios que vendan sus tierras, así lo informó el Presidente de la CEL, Nicolás Salume, a un matutino. Si el gobierno desiste en la construcción de la obra energética, tendría que enfrentar un arbitraje por casi $500 millones, a esto se le suma otro juicio que tiene con la empresa canadiense de exploración minera, Pacific Rim, por otros $700 millones, porque el gobierno salvadoreño le negó la explotación en la zona norte de Cabañas, argumenta el gobierno, ante su decisión de continuar con la construcción de la presa.
“La Fiscalía ha estado ausente en todo este proceso. Hay que pedirle al Fiscal que investigue esto”, agregó Ábrego.
Otro aspecto que la FGR tendría que investigar es la documentación de concesión que presentó la CEL a la SIGET.
El coordinador del programa de Derechos Humanos de FESPAD sostiene que esta no reúne todos los requisitos establecidos por la Ley General de Electricidad.
Uno es que el estudio del impacto ambiental presentado era “muy superficial” para evaluar los daños que generaría la presa.
Ábrego dijo que “lo más grave” es que tampoco hay una evaluación de los impactos generados por la construcción de la presa, frente a los kilowatios/hora que producirá.
Los megawatts que generará El Chaparral son 65.7. La capacidad instalada de energía del país es de un mil 437 megas, versus una demanda máxima de 925 megas.
El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha reiterado que se realizará la construcción de la represa, pero ha creado una mesa de negociación entre el gobierno y los afectados de El Chaparral para estudiar el tema.
Fuente: http://www.redlar.org