LA ONU EXIGE ESTUDIOS POR VERTEDEROS Y PLANTAS DE AGUAS SERVIDAS EN TERRITORIO MAPUCHE

Un texto de Comité contra la Discriminación de la ONU "reitera su preocupación por la situación de las comunidades mapuche, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, por la instalación de basurales y plantas de aguas servidas”. El Comité recomienda al Gobierno de Chile “efectuar regularmente estudios científicos de evaluación” y lo exhorta “a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados sin el consentimiento previo de los Mapuche”.

Temuco, 28 de septiembre de 2009 (Araucanía Limpia)-- Tras la participación de los representantes de organizaciones y comunidades afectadas por vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas en territorio Mapuche en las sesiones del Comité por la Eliminación de la Discriminación de Naciones Unidas en Ginebra (CEDR), el Relator de esta instancia internación manifestó su preocupación e instó al gobierno de Chile a realizar estudios para ocuparse del tema.

“El Comité reitera su preocupación ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por el establecimiento de plantas de aguas servidas”, dice el documento dado a conocer hoy por el colectivo Araucanía limpia.

La denuncia presentada en 2007 fue la que motivo la realización de este examen completo al Estado de Chile, ya que como resultado de la observación que el CEDR realizará sobre esta situación es que le manifestó su preocupación respecto de la falta de informes oficiales desde el año 2002, la exigencia de estos y la consecuente necesidad de observar a Chile en relación al cumplimiento de la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. 

Junto a esto el Comité le recomienda al Gobierno de Chile “que sean efectuados regularmente estudios científicos de evaluación” lo exhorta “a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo”.

Pero lo más relevante es que el CEDR insta a crear un programa específico que de solución a la situación de Racismo Ambiental que afecta a las comunidades. “El Comité exhorta al Estado parte a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica, conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas”. Conforme con esto los afectados han exigido en su informe emitido en agosto de 2009 que este programa especial cuente con asignación de recursos especiales y que sea “consensuado con la Coordinación de Comunidades en Conflicto” para reparar “los impactos que han sufrido las familias mapuche de la región de La Araucanía”.
La denuncia por “Racismo Ambiental” fue presentada el año 2007 por la Coordinación de Familias y Comunidades en Conflicto Socioambiental (CFCSA). En esa ocasión acudieron al Comité en Ginebra Manuel Curilen (del sector Ancúe, Gorbea) y Mauricio Peñailillo (de Botrolwe Sur, Temuco), ambos miembros de las familias afectadas por basurales y por plantas de tratamiento de aguas servidas.

HABLA EL RELATOR DE NACIONES UNIDAS

En concordancia con la preocupación del CEDR el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su informe sobre su visita a Chile realizada en abril de 2009, también se refirió a la situación de Racismo Ambiental donde observa que “la instalación de plantas químicas de tratamiento de aguas servidas en territorio mapuche” se encuentra “amenazando ambientalmente a las comunidades por vertidos de cloro y otros desechos químicos en ríos y fuentes de agua”. 

Y especialmente hace énfasis en cuanto a los procesos de consulta y participación ante este tipo de proyecto “los estándares internacionales podrían requerir que se abran procesos de consulta respecto a tales leyes sectoriales, concesiones o proyectos, de acuerdo con el derecho de los pueblos indígenas de participar en la utilización y administración de los recursos naturales en sus tierras, así como consideración de la indemnización equitativa por cualquier daño resultante de esas actividades”.

El Relator además, se refirió específicamente a los casos en que los proyectos ya han sido instalados en los territorios indígenas a los que también “deben aplicarse procesos de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales, con respecto a sus impactos actuales y futuros”, así como darse medidas de mitigación, reparación y compensación a las comunidades afectadas. Además, en aquellas situaciones en que una actividad “tenga impactos substanciales que pondrían en peligro el bienestar físico o cultural de una comunidad indígena, el Estado no debería autorizar continuar con la actividad sin el consentimiento de la comunidad afectada”.

Así, lo que señalan los organismos de las Naciones Unidas es el deber del Estado de Consultar, pero además garantizar el bienestar físico y cultural, de las comunidades afectadas por Racismo Ambiental, con medidas de mitigación, reparación y compensación, aún cuando estos contaminantes ya están instalados en los territorios de las comunidades antes de la ratificación del Convenio 169. Lo que exige la Coordinación de Familias y Comunidades en Conflicto Socioambiental es que estos procesos se realicen en colaboración con ellos como representantes de las familias afectadas por Racismo Ambiental.

Por último el Comité como parte de sus preocupaciones respecto de esta situación recomendó al Estado “revise su legislación sobre la tierra, el agua, las minas y otros sectores para (…) garantizar que primará el principio de protección de los derechos de los pueblos indígenas por encima de los intereses comerciales y económicos”, lo que revela en parte la situación de discriminación general en que se encuentra el pueblo mapuche en el sur debido a que se privilegian los intereses de los inversionistas sobre los de las comunidades.
Fuente: mapuexpress.net
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CHRAWÜN PUERTO SANTA CRUZ
 
Reunidos en chrawün los días 26 y 27 de septiembre en la localidad de Puerto Santa Cruz se encuentran presentes las Lof y Mapuche autónomos de distintas partes del Wall Mapu, para definir, articular y comenzar un campo de acción, tanto en el lugar presente como en las respectivas Mapu de cada Lof. Así se presentan a lo antes dicho la Lof Mapuche-Tehuelche Fem Mapu, Lof Mapuche-Tehuelche Millanahuel, Lof Mapuche-Tehuelche Pu Kona Mapu, Lof Mapuche Comarca Chubut.
Así la Wall Mapu declara al estado nacional y a los estados provinciales que ya no soportaremos más la transculturalización a la que nos han sometido todo este tiempo; no permitiremos mas despojos, desalojos y golpiza de nuestros Pu Peñi kay Pu Lamuen; no permitiremos el arrase desmedido de los recursos naturales.
Anunciamos el fin de la criminalización a nuestras demandas y criminalizamos sus acciones cometidas en contra de nuestro Pueblo.
Les advertimos a las mineras, petroleras, forestales  y terratenientes, que los territorios que han robado, usurpado volverán a manos de nuestra gente y a  los gobernantes de turno el fin de los desalojos y que todos los territorios robados serán recuperados.
Declaramos el fin de los montajes, fusilamientos, presos políticos y persecución.
Reivindicamos las Recuperaciones Territoriales en toda  la Wall Mapu.
Reivindicamos la Resistencia Mapuche ante los despojos.
Reivindicamos los legítimos reclamos de nuestra gente.
Reivindicamos la sangre de nuestros weichafe caídos en lucha y sobre todo, reivindicamos a nuestra Wall Mapu libre, autónoma e independiente.
Por  nuestro derecho a vivir, wewaiñ mapu ñi kona, wefkuletuiñ ta iñ mapu mew, weichatuaiñ, wiñotuy ta iñ awkarakizuam, wiñotuy ta iñ kuyfi mapuche kimün.
            Marichi weu,marichi weu!!
 
 
Lof Comarca Chubut

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'El Estado chileno tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales'. Relator de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos
29-09-09

"El Estado de Chile tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. No es sólo entregar tierra como en una reforma agraria, es determinar cuáles fueron de ellos", afirmó el Relator Especial James Anaya en Ginebra.
Respecto al proceso de consulta señalo "hay que empezar por 'consultar' con los indígenas como será ese proceso de consulta"
El 28 de septiembre el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Recomendó al estado de Chile que inicie un proceso para obtener la confianza de los pueblos indígenas.
El Relator Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile.
El informe es la consecuencia de una visita a Chile del 5 al 9 de abril del 2009 y del intercambio de informaciones con el Gobierno de ese país.
En él, Anaya reconoce los avances realizados por el estado de Chile, como la ratificación del Convenio 169 y las iniciativas en manera de reforma constitucional, pero también identifica los desafíos, en especial la recuperación de la confianza.
"Las iniciativas que tome el gobierno en aras a mejorar la situación de los indígenas, aunque sean buenas, van a ser difícilmente aceptadas si no participan los indígenas, si no tienen confianza en el proceso", señaló.
Es por ello, que el relator aboga por que los indígenas participen desde el inicio de todas las iniciativas, para que se sientan partícipes del proceso. "Por ejemplo, el proceso de consulta, hay que empezar por 'consultar' con los indígenas como será ese proceso de consulta".
En un sentido parecido, el relator lamentó que en un país con tanta disparidad étnica los ciudadanos de éstas no se conozcan entre sí. "Hay que hacer un proceso de acercamiento intercultural, hay que empezar por las escuelas, desde pequeños, educando en la diferencia".
Respecto a la reforma constitucional, Anaya no quiso ahondar, pero sí recordó que debe hacerse de acuerdo a la legislación y a la normativa internacional.
Asimismo, el relator considera que "uno de los principales problemas" es el tema de la adjudicación de tierras a los indígenas. "Se debe hacer con criterios justos y, eso, no quiere sólo decir cuantas hectáreas son necesarias, sino también pensar en la financiación para que sean obtenidas".
Además, Anaya hizo hincapié en señalar la necesidad de que los indígenas recuperen sus tierras ancestrales, tal y como lo afirma la legislación internacional y la jurisprudencia interamericana. "El Estado de Chile tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales, no es sólo entregar tierra como en una reforma agraria, es detectar cuáles fueron de ellos".
Finalmente, el relator señaló como uno de los aspectos más graves a superar el "excesivo uso de la fuerza" y la criminalización de la protesta indígena. "Ha habido un uso excesivo de la fuerza en diversas ocasiones. Además se ha aplicado la ley antiterrorista contra aquellos que protestaban, para mí no corresponde. Mi antecesor ya recomendó que se suspendiera la aplicación de esa práctica, pero el gobierno no lo ha hecho", aseguró Anaya. "Yo comparto que el gobierno tiene el derecho y el deber de mantener el orden público, y repudio la violencia como forma de protesta, pero debería haber una comprensión especial para este contexto", añadió el relator de la ONU.
Ver el informe completo en http://www.politicaspublicas.net/(...)
Centro de políticas públicas - www.politicaspublicas.net
Publicado por: www.ecoportal.net