CHILE: Dos reflexiones sobre la integración vertical eléctrica

Por: Carlos Pérez Alvarado
 
El año 1943 la Corfo creó la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa Chile, con el objetivo de desarrollar la industria eléctrica y llevar adelante un Plan de Electrificación Nacional. Muchos de los emprendimientos privados, regionales y locales, que hasta ese momento satisfacían parcialmente la creciente demanda fueron absorbidos por la naciente empresa estatal. Por décadas no hubo mayores cambios y es así como, a principios del régimen militar, el Estado controlaba el 90% de la generación, el 100% de la transmisión y el 80% de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en nuestro país.
 
Los noveles economistas neoliberales de ese entonces, educados entre la Universidad Católica de Chile y Chicago, que se hicieron cargo de la economía nacional, iniciaron un largo proceso que vendría a cambiar todo este panorama y, convenciendo a las autoridades políticas de facto en 1978 partieron por crear la Comisión Nacional de Energía (CNE), con la finalidad de regular, proponer políticas y planes de desarrollo en todo el sector energético, incluido el eléctrico. En 1982 el "poder legislativo" compuesto por los 4 comandantes en jefe de la FF.AA. promulgó la nueva Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº1) que buscaba descentralizar el desarrollo del sector mediante su privatización abierta y sin restricciones, proceso que se inició durante la segunda mitad de la década de los 80s.
 
Quizás si la transformación fundamental que introdujo esa Ley fue la separación de las tareas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, todas las cuales comenzaron a ser explotadas en diferentes formas por empresas privadas, dejando al Estado una función –en teoría- reguladora, fiscalizadora y subsidiaria (labores que cumplen la CNE, el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles –SEC- y el Centro de Despacho Económico de Carga –CDEC-), una de cuyas tareas principales es fijar las tarifas a los usuarios. Las empresas que participan en generación son básicamente tres grupos económicos: grupo Endesa, AES Gener y Colbún. En transmisión la empresa más importante es Transelec, ligada a la Canadiense Hydro Québec. Y en distribución, los grupos económicos principales son Enersis (ligado al grupo Endesa), la Norteamericana PP&L, y Sempra-P.SEG y el grupo ligado a las familias Del Real, Claro, Hornauer y Pérez. 
Finalmente, el Sistema Eléctrico de Chile se divide en cuatro zonas no interconectadas entre sí: el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING, de Arica hasta Taltal), el Sistema Interconectado Central (SIC, de Taltal a Chiloé), y los sistemas autónomos de Aysén y Magallanes. A diferencia de los dos primeros, en Aysén y Magallanes aquella separación de las operaciones que permiten llegar con la producción de energía hasta los centros de consumo no corre cumpliendo Edelaysén y Edelmag, respectivamente, los tres roles sin competencias. 
En suma, bajo la institucionalidad vigente, el Estado de Chile no genera, no transmite y no distribuye energía eléctrica. Incluso más, aunque quisiera participar, por ejemplo en la generación hidroeléctrica destinada exclusivamente a Aysén, legalmente no podría hacerlo porque en las operaciones de enajenación y venta de Endesa-Chile se entregaron de forma gratuita y a perpetuidad los derechos de aprovechamiento de cerca del 95% de las aguas de nuestros ríos a Endesa-España (ahora bajo el control de Enel, Italia), la que actúa como el perro del hortelano; No genera y no deja generar electricidad para nosotros, los habitantes de esta región, que podríamos tener resueltas de forma holgada nuestras necesidades; Estamos rodeados de recursos hídricos pero no podemos aprovecharlos debido a la apropiación indebida de aquellos derechos por parte de esa transnacional, dueña del 51% de Hidroaysén. 
Constatar esta realidad, permite hacernos dos reflexiones; 
Primero. Por qué en el debate sobre las necesidades energéticas de "Chile" se emplaza a los opositores a ciertos mega emprendimientos hidroeléctricos o termoeléctricos a "proponer soluciones alternativas" cuando al fin de cuentas no importa cuales sean esas propuestas (que igualmente se plantean o sugieren), en circunstancias que las empresas generadoras privadas lógicamente harán lo que a ellos más les convenga, tratando de convertirla en una actividad lo más rentable posible. Y vaya si las ganancias multimillonarias que obtuvieron el año pasado Endesa, AES Gener y Colbún, no nos están demostrando que son un excelente negocio (de paso, se estima que, de construirse Hidroaysén, sus eventuales ingresos podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares anuales, lo cual significaría que recuperarían su inversión en apenas unos 7 años). 
Cuál es el objetivo entonces de que los ciudadanos propongamos una u otra solución a este conflicto instalado si nuestras sugerencias, de impactos ambientales menores o más económicas, no tienen porqué ser tomadas en cuenta por los privados, quienes –obvio- deciden en función de sus propios intereses y les da lo mismo si la eólica o mareomotriz producen menos daño a los ecosistemas, si le resultan más caras y menos rentable implementarlas. Por lo mismo esas empresas no tienen escrúpulos en generar con petróleo o carbón en otros lugares, como es muy fácil comprobar. 
Y segundo; Según la regulación vigente, Hidroaysén y Energía Austral son empresas ge-ne-ra-do-ras y por lo tanto, cómo es posible que estén ofreciendo rebajas en las tarifas que pagamos los ayseninos, si, para que ello en verdad fuera posible, se necesitaría una modificación a la Ley Eléctrica y tal vez hasta una enmienda a la Constitución de la República. Sólo así podrían entregar gratis (?) unos pocos MW al sistema Aysén, que es operado, como dijimos, integralmente por Edelaysén. ¿Aceptarían ellos este regalo, o la venta a un precio conveniente? ¿Dónde está el acuerdo firmado entre las partes? ¿Cómo pueden asegurar que bajarían las tarifas de los hogares de Aysén si claramente no está sus manos poder decretar una medida de ese tipo? 
Como habitualmente se dice, para tener opinión hay que estar informado, pero la información -a veces- no se entrega completa o es impuesta parcialmente a base de dinero en marketing y publicidad engañosa y retorcida por algunos a los que no les conviene abrirse a todos los temas del debate. Sobre todo si le pueden echar a perder su negocio.

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