Depredación en tierras amazónicas: Conflictos en ascenso

María Julia Mayoral (PL)

Más de un millón de personas en la región suramericana de la Amazonia padecen intoxicación por mercurio y otros residuos cancerígenos provenientes de la actividad minera, ejecutada básicamente por consorcios transnacionales.

El presidente del Parlamento Amazónico Internacional, el venezolano Eddy Gómez Abreu, reiteró la denuncia al intervenir recientemente en la XX Feria Internacional del Libro de La Habana.

Nuevas legislaciones y planes gubernamentales en varios países del área, como Bolivia, Venezuela y Ecuador, tratan de contrarrestar el deterioro medioambiental y la agresión a los pueblos indígenas.

Sin embargo, a juicio de Gómez Abreu, todavía la intervención de los Estados carece del rigor necesario frente a la depredación en ascenso.

Con una extensión de seis millones de kilómetros cuadrados, este territorio abarca áreas pertenecientes a Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam, Venezuela y Guyana Francesa.

Considerado el más grande espacio boscoso del orbe, su superficie ocupa casi la mitad de América de Sur, contiene el 20 por ciento del agua dulce en el planeta y abundantes reservas de petróleo, oro, bauxita, piedras preciosas, manganeso, uranio y coltán (columbita y tantalio).

Transnacionales y fundaciones, bajo supuestos fines ambientalistas y religiosos, persisten en controlar los recursos de la Amazonia, en una conjugación del modelo consumista y la expansión imperialista, que recurre al incremento de su presencia militar, sostiene el legislador venezolano.

Tenemos certeza de que agrupaciones de este tipo usan las gestiones humanitarias para extraer diamantes, minerales estratégicos y material genético, realizar espionaje y experimentos médicos ilegales con los indígenas, explicó Gómez Abreu.

Las riquezas en biodiversidad, petróleo, agua y minerales explican la creciente fuerza militar de Estados Unidos en el área, en sitios como la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, en Trinidad y Tobago, Aruba y Colombia, ilustró el experto.

Universo amenazado: el caso de Perú

Evidencias científicas avalan que los efectos negativos de la industria minera tienen expresión concreta en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aire, suelos, vegetación y fauna.

En La minería y los cambios climáticos, el académico Edgardo Alarcón (ecoportal.net), sustenta que la ciudad peruana de la Oroya âöuna de las 10 más contaminadas del mundoâö presenta en el aire altos contenidos de plomo y azufre, relacionados directamente con las actividades metalúrgica y minera.

Pesquisas, citadas por el estudioso, confirman la existencia de otras partículas tóxicas y cancerígenas (cadmio, arsénico y antimonio) tanto en Oroya como en los poblados de Ilo y Cerro de Pasco, debido a similares causas.

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) denunció en un foro regional, a fines de 2010, que la gran mayoría de sus sitios ancestrales están en manos de multinacionales mineras, a partir contratos otorgados por el gobierno.

Según Conacami, el 72 por ciento del territorio de ese país suramericano está bajo el régimen de concesiones para la minería y gestión petrolera, incluidas zonas de páramos andinos, que son 19 millones de hectáreas.

Por denunciar tales políticas, tres mil 700 indígenas recibieron amenazas en Perú durante los últimos años y centenares de dirigentes fueron procesados judicialmente, señaló un texto publicado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (www.minkandina.org).

A inicios de febrero de 2011, Conacami alertó que la Administración, encabezada por el presidente Alan García, pretende violar la Constitución Política por medio de modificaciones al marco legal en materias ambientales.

Mediante los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, el Ejecutivo declaró como necesidad nacional la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura en diversas regiones del país, los que podrán realizarse "sin necesidad de presentar los estudios de impacto ambiental", indicó la agrupación indígena.

Detrás de esta norma "existe el único interés de entregar en concesión diversas obras, sin tener en cuenta el impacto ambiental que implicaría su ejecución ni como se afectarán a los pueblos y comunidades", detalló el informe.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú, a fines de 2010, adjudicó a transnacionales 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonia, sin tener en cuenta los criterios de los nativos, con el argumento de que la Ley de Consulta Previa estaba aprobada pero sin entrar en vigor, denunciaron los representantes indígenas.

Más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG) reclamaron recientemente la salida de tres compañías petroleras (Repsol-YPF, Perenco y ConocoPhillips) de tierras donde residen pueblos aislados o no contactados de Perú.

De acuerdo con un documento, publicado por Survival International (www.survival.es), dichas empresas pretenden trabajar en los lotes 39 y 67 de la región de Loreto, en el norte de la Amazonia peruana.

La anglo-francesa Perenco planea construir un oleoducto en el lote 67 que atravesará 207 kilómetros del territorio y tendrá un impacto sobre la selva en un radio de 500 metros a cada lado.

Junto a su socia estadounidense Conoco-Phillips, la hispano-argentina Repsol-YPF prevé abrir 454 kilómetros de líneas sísmicas y construir 152 helipuertos en el lote 39, reseñó Survival.

"Las empresas involucradas están poniendo en grave peligro las vidas no sólo de los indígenas, sino también de sus trabajadores", expresa la misiva de las ONG.

La peruana Julia Cuadros, dirigente de la agrupación CopperAcción, explicó en un encuentro continental de los pueblos originarios que en su país, so pretexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fueron emitidos más de 100 decretos legislativos, algunos de los cuales vulneraban derechos indígenas directamente.

Prácticamente ningún palmo de tierra amazónica permanece exento de perjuicios. En febrero de 2011, una corte ecuatoriana estableció que la petrolera estadounidense Chevron-Texaco deberá pagar ocho mil 646 millones de dólares por daños ambientales.

Estragos en Colombia

Las transnacionales poseen más de 43 mil kilómetros cuadrados en concesión en Colombia; según datos aparecidos en el Portal de Información Minera (http://www.imcportal.com), en las proyecciones figura casi todo el territorio nacional.

No escapan ni las llamadas zonas protegidas ni las reservas estratégicas ambientales, como los páramos, alerta un artículo de Juan Alberto Sánchez Marín, reproducido por el sitio digital Rebelión.

Las transnacionales "cancelan al estado colombiano unas regalías irrisorias, que no llegan al uno por ciento del total saqueado. En mordaz contraprestación, reciben altísimos descuentos en el impuesto de rentas", sopesó el analista.

Tampoco compensan la destrucción causada a tierras, aguas, biodiversidad y comunidades ni las graves consecuencias genéticas provocadas por el uso de tóxicos en ciudades y pueblos que sufren el perjuicio, precisa el análisis.

En las regiones donde las transnacionales mineras tienen intereses manifiestos, las comunidades también empiezan a ser amenazadas por los grupos paramilitares, ahora denominados Águilas Negras, Nueva Generación, Rastrojos o Bandas Emergentes, añadió el estudio.

La Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, surgida en febrero de 2010, agrupa a más de 50 organizaciones en el enfrentamiento a la depredación, en un contexto de tensiones y crecientes protestas, según aprecia la coalición.

Cambiar el modelo

El Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, realizado en Lima en noviembre de 2010, identificó que la expansión minera de carácter extractivo "sin importar las consecuencias" alcanzó niveles máximos en el continente americano debido a las políticas neoliberales.

Únicamente cambiando este modelo será posible evitar los impactos de la minería, plantearon los integrantes de las agrupaciones asistentes al encuentro, quienes destacaron la necesidad de articular las estrategias de los pueblos afectados.

Para el canadiense Armand Mackenzie, indígena Innu, "cuando llega una minera, debemos luchar para que se respeten nuestros territorios y el derecho al consentimiento previo, libre e informado".

Las compañías de su país, opinó, figuran entre las que más vulneran los derechos en los países latinoamericanos. "Son un tema pendiente en Canadá, donde siempre se habla de responsabilidad social corporativa", comentó.

A los ojos de Mario Valencia, de la Alianza Social Continental, "la solución al problema de la minería debe pasar por la solución de los problemas económicos y sociales. Por el cambio de modelo", enfatizó.

La expansión minera, consideró, está vinculada con "la necesidad de los países ricos de controlar los recursos, el suelo, el subsuelo y hasta la atmósfera, para que sus industrias sigan funcionando".

Para ello, ejemplificó, utilizan los tratados de libre comercio, el fomento a las inversiones, las bases militares y la invasión directa.

"Solo podemos detenerlos con la movilización, la lucha y la mayor unidad. Los pueblos indígenas solos, los trabajadores solos, los campesinos solos, no podrán", subrayó.