Guaraníes paralizan la construcción de una planta de YPFB en Río Grande
Denuncian que el gobierno vulnera el derecho indígena a la consulta previa, y exigen una compensación de 37 millones de dólares
En julio del año pasado, YPFB, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Takovo Mora suscribieron un acuerdo para que el INRA realice las gestiones y emita una Resolución Suprema de saneamiento de tierras para la construcción de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande y del Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licuado (GNL).
La Resolución Suprema de Saneamiento firmada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera el 10 de agosto de 2011 otorgó una extensión de 201 hectáreas a YPFB para la construcción de la Planta, declarando al área como tierra fiscal no disponible. Posteriormente YPFB obtuvo una autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra para realizar el desmonte, pero Juan Méndez Molina, Secretario de Tierra y Territorio de la TCO Takovo Mora, impugnó la Resolución Suprema de Saneamiento.
Esta impugnación fue resuelta mediante Auto Interlocutorio Definitivo de la Sala Primera del Tribunal Agrario Nacional (TAN), en el que se declara probada la excepción de impersonería del demandante, disponiendo el consiguiente archivo de obrados, es decir, que la impugnación presentada por Takovo Mora se declara como no presentada y la Resolución Suprema de Saneamiento con las superficies mencionadas causan estado y son definitivas.
"El Tribunal Agrario Nacional el 5 de diciembre de 2011 emite una Resolución que no acepta la impugnación de Takovo Mora y ratifica la tenencia de tierra declarando tierra fiscal no disponible a favor de YPFB", aseguró el presidente de YPFB Carlos Villegas. Según información oficial, el derecho propietario de Andina SA fue adquirido mediante Compra Venta directa a los propietarios originales, los cuales fueron dotados mediante Resolución Suprema.
En respuesta, la APG Takovo Mora ocupó el área exigiendo al gobierno que cumpla con su obligación de realizar un proceso de consulta previo. Pero según Villegas, "la resolución del Tribunal Agrario Nacional nos exime de hacer consulta y participación para la obtención de la licencia ambiental ya que esta resolución ha permitido que el Ministerio de Medio Ambiente emita esta licencia sin hacer la consulta y participación previa".
Villegas aclaró que en este caso no corresponde realizar un mecanismo de consulta y participación en apego al fallo del TAN que ratifica la Resolución Suprema del INRA, estableciendo que los predios dispuestos para la construcción del complejo no se encuentran dentro de un Territorio Comunitario de Origen (TCO). "Por la Resolución del TAN, de carácter inapelable, no necesitamos realizar la consulta y participación porque el Tribunal ha definido tierra fiscal no disponible a favor de YPFB, en consecuencia esas tierras son de Yacimientos y se actúa en marco de la normativa legal vigente", argumentó.
El senador del MAS Isaac Ávalos denunció que los indígenas Takovo Mora avasallaron las tierras de YPFB. "El 2011 los hermanos indígenas de Takovo Mora junto a la CIDOB, el Gobierno y Yacimientos firmaron un acuerdo sobre el tema de la tierra donde está sentado Yacimientos. Los hermanos indígenas apelaron al Tribunal Agrario que falló a favor de Yacimientos, siendo ellos ahora los dueños legítimos de derecho propietario", explicó el legislador.
Recordó que ese acuerdo establecía que las tierras serían utilizadas en un proyecto de industrialización de yacimientos. "De las 223 hectáreas en conflicto, se llegó al acuerdo que ellos se quedan con 76 hectáreas que serán tituladas a su favor y el resto a favor de Yacimientos". En ese marco, consideró que la toma de tierras que ejecutaron los indígenas de esa región es "un avasallamiento porque si fueran terrenos de ellos, obviamente tendríamos que hacer consultas y pagos, pero ahora ya no corresponde hacer consultas ni pagos porque esas tierras ya no les pertenecen".
Además, el pueblo indígena Takovo Mora exige un millón de bolivianos para suscribir un convenio de validación, una compensación de tres millones de dólares, un pago de 540 mil dólares por concepto de servidumbres durante el ciclo del proyecto de aproximadamente 20 años, una inversión social anual de un millón de dólares, además de un pago único anual de 1,9 millones de dólares por monitoreo socio ambiental. "Todo esto en forma agregada asciende a 37 millones de dólares que prácticamente inviabiliza el desarrollo de este proyecto de interés nacional", afirmó el presidente de la estatal petrolera.
Villegas recordó que con la operación de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, prevista para marzo de 2013, YPFB atenderá toda la demanda interna de GLP, eliminará la importación de este producto e inyectará divisas para el país. "Después de la Nacionalización, ha sido una exigencia que el gobierno recupere el gas rico que envía a Brasil y esta Planta de Río Grande empieza a recuperar ese gas. Bolivia a partir de la entrega de este complejo será autosuficiente en la producción y el consumo de GLP, pues vamos a dejar de importar de GLP, el subsidio se va a volver cero y, además, tendremos mayor cantidad de gasolina para enviar a las refinerías para el abastecimiento interno", aseguró.
Entre los perjuicios de las medidas de presión asumidas por los indígenas, figura un nuevo retraso en la entrega de la obra, pérdidas económicas por la importación de GLP y el pago de una multa por incumplimiento del contrato suscrito con la empresa Astra Evangelistas (AESA). "Si nosotros no cumplimos algunos compromisos asumidos en el contrato como ser la viabilizarían de la licencia ambiental, somos susceptibles de pagar una multa y eso sería otro costo adicional que tendríamos como YPFB", advirtió Villegas.
Villegas reconoció que con esas medidas de presión la conclusión del proyecto, que debía ser entregado en diciembre de 2011, se retrasará aún más. En ese marco, informó que una comisión encabezada por el ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, técnicos de la estatal hidrocarburífera y del INRA viajó a esa región para encontrar una salida al conflicto.
Por su parte, el ministro de Gobierno Wilfredo Chávez exhortó a los indígenas del pueblo guaraní Takovo Mora a revisar el estatus legal de las tierras estatales, donde se construirá una planta de separación de líquidos, antes de asumir medidas de presión. Informó que las fuerzas del orden están resguardando esas áreas porque son patrimonio del Estado, como se constató después de un fallo del TAN.
"Estas tierras fueron declaradas fiscales, pero después de cumplir procedimientos pasaron a dominio del Estado por una iniciativa de hidrocarburos para la construcción de la planta petrolera", precisó. Por esa razón, reiteró que no se necesita una consulta previa para la edificación de la planta.
