Chile: La reflexión previa a los llamados de unidad

Por Patricio Segura. 

Caminando cierta vez por las calles de Arica me topé con mi hermano y su esposa, una morena muchacha nacida en Oruro, en el oeste boliviano. Aporto el dato al ser mi cuñada la protagonista de este breve recuerdo. Ya alguna vez le había comentado a la amiga que en la ocasión me acompañaba sobre el origen altiplánico de mi parienta política. Tras conversar con ellos unos momentos y, ya solos, me reconoció algo compungida mi compañera: “Tienes razón, Pato. Tu cuñada es bolivianita”. Me pilló desprevenido.

Y en tal condición le repliqué: “No es bolivianita, ella es boliviana, que es el gentilicio de quienes nacieron en Bolivia. No es un estigma ni una tara para que uses un diminutivo que suena a cariñosa lástima”. El centro de esta historia apunta a que la discriminación puede estar presente en los más pequeños detalles de nuestro actuar.

De ahí que sea necesario diferenciar entre la que opera inconscientemente, sin intención de violentar al otro (pero que en ocasiones sí lo hace) y la que proviene de un asumido y dirigido desprecio o desconsideración por grupos que nos son distintos. La responsabilidad social es combatir ambas.

La evocación nace de los últimos hechos ocurridos en la Araucanía.

La muerte en Vilcún de dos personas al incendiarse su vivienda, en un acto muy presumiblemente reivindicativo mapuche, ha develado el doble estándar de la elite para tratar los hechos de violencia. Sus medios ya hablan de “asesinato” de Werner Luchsinger y su esposa Vivianne MacKay, cuando todavía no concluye la investigación, y no se ha comprobado que la intención última de los autores haya sido esa y no una derivación del acto incendiario. También se ha abusado del concepto “adultos mayores”, posiblemente con el fin de cubrir de mayor gravedad el hecho y mayor criminalidad a sus perpetradores.

Desde la otra vereda, se echa mano a palabras como “latifundistas” o “terratenientes” y se contextualiza recordando que el matrimonio formaba parte de una familia que ha tenido una, por decirlo en suave, controversial relación con muchos miembros del pueblo mapuche, habitante original de esas tierras.

La reacción del gran empresariado, el gobierno, parte importante de los políticos de derecha y de los medios de comunicación dominantes no ha sido novedad. Han dirigido el coro que enfatiza que la solución es más represión. E incluso han aceptado e incentivado el ilegal (aunque quizás legítimo) paro y bloqueo de carreteras de los propietarios de camiones exigiendo el cese de la violencia, pero de sólo una de las partes que hoy se enfrentan en la Araucanía. De la contenida en la atávica discriminación, ni hablar.

Lo que está ocurriendo al sur del Bío-Bío a nadie debiera sorprender.

A nadie que tenga claridad sobre cómo funciona nuestro Chile de norte a sur y de este a oeste, y cómo piensa una parte de la población. De la que casi siempre ha tenido el poder. Tampoco debiera asombrar este artículo, que no dice nada nuevo sobre cómo otra parte delos chilenos y chilenas vemos la realidad.

Es en esta dimensión que el llamado del Presidente Sebastián Piñera en torno a la unidad contra “el terrorismo” y “los delincuentes” suena incompleto al no hacerse cargo de la integralidad real y simbólica de lo que representan las demandas, las acciones directas e incluso los hechos de violencia asociados a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Es necesario que el despojo del que han sido permanentes víctimas sea parte integrante del discurso y del reflexionar general, particularmente de quienes gobiernan de facto el país. Y, luego de tal esencial paso, dar otros más que sean coherentes con ello: cambios constitucionales para reconocer la plurinacionalidad y multiculturalidad de Chile, respetar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales(que obliga a su consulta formal cuando el Estado toma decisiones que les afectan) y no abordar la crisis de la Araucanía como si se hubiera iniciado la madrugada del sábado 5 de enero con la muerte del connotado matrimonio y no con los asesinatos a manos de agentes del Estado (en chileno, de policías) de varios comuneros mapuche, las prolongadas huelgas de hambre de lonkos hoy encarcelados o las denuncias (y condenas) ante organismos internacionales por vulneración delos derechos de los pueblos originarios.

El llamado presidencial a la unidad no se hace cargo de las distintas miradas que tenemos en Chile para interpretar la realidad y la historia. No hablo de los últimos hechos de violencia, en los cuales sí podemos llegar a un consenso para cuestionarles mas no para comprenderles cuando uno los observa en su contexto.

Ejercicio este último no comparable con el que hacían ayer quienes hoy alzan la voz ante la violencia, exigiendo contextualizar el golpe de Pinochet y las violaciones a los derechos humanos “en los hechos previos ocurridos durante la Unidad Popular”. No asimilables, y en esto me guía más claramente aún la forma en que veo el mundo, porque los que se alzaron hace 40 años fueron los vencedores de siempre y quienes se rebelan hoy son los que han perdido en ya demasiadas oportunidades.

Y si me apuran un poco, podría decir que la raíz de lo que ocurre en la Araucanía lo vimos ayer en Freirina, un poco antes en Aysén y previamente en Punta Arenas. También lo divisamos en el movimiento estudiantil y en la lucha contra HidroAysén, entre muchas causas ciudadanas.

Y eso es la desigual distribución del poder (que permitirá a fin de cuentas redistribuir equidad, cargas socioambientales, derechos sociales, bienes comunes) que existe en el Chile oficial de hoy.  Desigualdad enquistada en nuestra ilegítima e injusta constitución.

Cuando un sector del país que hasta ahora se ha negado a hacerlo quiera discutir sobre aquello, recién podremos comenzar un diálogo de verdad.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl - Imagenes: latercera.com - mapuexpress.net-conspiracionesilluminatis.blogspot.com