Demarcación indígena se vuelve clave para Amazonia venezolana

Por Humberto Márquez

Indígenas del sur de Venezuela reclaman la demarcación de sus territorios, mayor atención del Estado para sus carencias y protección ante la invasión fronteriza de mineros y grupos armados.

 
CAÑO DE UÑA, Venezuela, nov 2013 (IPS) - “En todos los países de la cuenca amazónica hay un discurso ambientalista, pero todos tienen convenios con trasnacionales para carreteras, minería o explotación forestal”, dice a Tierramérica el indígena curripaco Gregorio Díaz Mirabal, habitante del sur de Venezuela.
En este país “hay más de 50 normas que favorecen los derechos de los indígenas, pero se hace difícil cumplirlas, y las decisiones sobre nuestros asuntos se consultan principalmente con los indígenas que tienen cargos en el gobierno”, añade Díaz Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), que reúne a 17 de las 20 etnias de este estado sureño.
“Ese es el caso de la concesión a la empresa china Citic para que levante un mapa minero de Venezuela. No queremos desarrollos mineros, ni que se nos criminalice como desestabilizadores o agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o que defendemos otros intereses extranjeros”, agregó.
Once organizaciones étnicas de Amazonas vienen solicitando desde junio una reunión con el presidente Nicolás Maduro para tratar una moratoria de la exploración minera acordada con Citic y que se acelere la demarcación territorial.
"Hemos encontrado a indígenas marcados con números en los brazos por mineros que los usan como propiedad". – Activista yanomami Luis Shatiwe
“No hay otra forma de sostener nuestra vida sino defendiendo el ambiente, nuestro hábitat, somos guardianes de la Amazonia para salvar al planeta”, dice a Tierramérica el dirigente Guillermo Arana, del pueblo uwottyja o piaroa, en la comunidad de Caño de Uña, con el tepuy (montaña de paredes verticales) Autana como telón de fondo.
Varias horas en bote desde Puerto Ayacucho, capital regional situada 400 kilómetros al sur de Caracas, remontando los ríos Orinoco, Cuao y Autana, permiten avistar el tepuy también llamado Wahari-Kuawai, “árbol de la vida” para los uwottyjas.
Las comunidades ocupan claros entre la selva y los ríos, caudalosos en esta temporada de lluvias, reflejando una flora de base frágil, pues sobre el lecho granítico es muy delgada la capa vegetal.
En Amazonas, de 184.000 kilómetros cuadrados, 54 por ciento de sus 180.000 habitantes son indígenas. La minería aquí está prohibida por ley desde 1989 y la mayor parte del territorio goza de alguna forma de protección ambiental.
La demarcación de los territorios indígenas está establecida en la Constitución de 1999, y una comisión nacional, encabezada por el Ministerio del Ambiente, debe llevarla a cabo. Su último informe, de 2009, dio cuenta de la entrega de 40 títulos de propiedad colectiva a 73 comunidades de una decena de pueblos, con unas 15.000 personas.
No se ha entregado ningún título a un pueblo entero, de los 40 que tiene este país, sino a ciertas comunidades, y ninguna de ellas está en Amazonas.
“Es un proceso complejo por la multietnicidad –varias etnias actúan sobre un mismo territorio—, y porque allí cabalgan mandatos legales sobre pueblos indígenas con normas sobre ambiente, seguridad, desarrollo y fronteras”, dice a Tierramérica el curripaco César Sanguinetti, diputado nacional por Amazonas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
Sanguinetti asegura que “el Estado tiene disposición de proceder prontamente a la demarcación de territorios, ojalá antes de que finalice este año”.
Otro legislador indígena y oficialista, José Luis González, apunta que “podríamos servir de puente para una reunión con el presidente (Maduro) si es preciso”.
“Ahora bien, el título que resulte de la demarcación permitirá a las comunidades fortalecer su propiedad colectiva y exigir con más fuerza sus derechos, pero no es lo que va a acabar con la minería ilegal”, advierte González, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del parlamento e integrante de la etnia pemón, ubicada en el sudeste.
Mientras personal de Citic desembarca en varias regiones de Venezuela para estudiar el potencial minero, las “bullas” (rústicas minas de aluvión) se multiplican en la intrincada topografía de Amazonas, operadas casi siempre por buscadores de oro de Brasil, Colombia y otros países.
Testimonios recogidos por Tierramérica dan cuenta de decenas de estas explotaciones y de cientos de mineros trashumantes que deforestan trozos de selva, contaminan ríos con el mercurio para reducir el oro y explotan a la población local.
“Hemos encontrado a indígenas marcados con números en los brazos por mineros que los usan como propiedad, los hacen trabajar a cambio de casi nada: algo de comida, ron, unos machetes. Los emplean para llevar cargas, y a las mujeres para su servicio”, dice a Tierramérica el activista yanomami Luis Shatiwe, en el Alto Orinoco fronterizo con Brasil.
A estos pueblos “no se los ha consultado, como manda la Constitución, el acuerdo con Citic”, lo que “agrava un dato de la realidad: desde hace más de 30 años hay minería ilegal, sobre todo en el Alto Orinoco”, sostiene José Ángel Divassón, vicario apostólico de Amazonas.
El flanco oeste de Amazonas es una frontera fluvial con Colombia de 690 kilómetros. Aquí escasean bienes esenciales –alimentos, gasolina para las embarcaciones, utensilios y materiales— pues son pasto del contrabando, favorecido por la diferencia de precios entre los dos países.
Un litro de gasolina cuesta en Venezuela 1,5 centavos de dólar, y en Colombia, 100 veces más.
Los indígenas denuncian, además, que en sus territorios incursionan, acampan, se aprovisionan y hasta imponen su ley grupos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El oro y la guerrilla causan estragos. La guerrilla se comporta como una vanguardia que protege el negocio de la minería ilegal, violando los espacios indígenas y dañando el ambiente”, dijo a corresponsales de la prensa extranjera el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, indígena e izquierdista que se opone al gobierno central de Maduro.
Las comunidades uwottyja se reunieron en mayo con representantes de las FARC y les comunicaron su deseo de que abandonasen su territorio.
“Aquí han llegado los guerrilleros a decirnos que son revolucionarios y que luchan contra el imperio” dice a Tierramérica el chamán y dirigente del Consejo de Ancianos de Caño de Uña, José Carmona. “Pero nosotros somos gente de paz, no queremos armamento sino vivir pacíficamente en los territorios que nos pertenecen”.
Este artículo fue publicado originalmente el 16 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. - Imagen: El chamán José Carmona rechaza a los grupos armados. Crédito: Humberto Márquez/IPS