Argentina/La Rioja: No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio

Ante la denuncia de la minera MIDAIS SH (que opera en Angulo- Dpto. Famatina) a vecinos e integrantes de las asambleas, entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta y la autodeterminación de los pueblos, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si estos derechos nos faltan, todos los demás derechos están en riesgo.

Declaración de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, 

Asamblea El Retamo de Nonogasta, Vecinos por la Vida de Campanas, 

Asamblea Riojana Capital, Asamblea de los Llanos por la Vida

Las mineras roban, contaminan y matan, nosotros defendemos nuestra vida, agua y cerros y el Estado nos criminaliza.

Una vez más, denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta social, presentando ante la sociedad a la lucha por nuestros derechos, como delitos. Y a los luchadores, como delincuentes.

De esta manera el gobierno pone en marcha dispositivos institucionales que deberían estar al servicio del pueblo, como a la policía y a la justicia, para proteger a las empresas explotadoras de las personas y la naturaleza, reprimiendo, deteniendo y judicializando a los obreros y vecinos que defienden los legítimos derechos a tener un trabajo digno y un ambiente sano. Como ocurre con los obreros de la empresa aceitera AMURAI en Vichigasta y con pobladores de los pueblos de Famatina y Chilecito.

La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar y desarticular a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades, cuestionando la miseria y la opresión, en un claro acto de disciplinamiento, imponiendo el poder antidemocrático de la fuerza y la dominación social.

Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través del espionaje y la persecución penal de sus integrantes y el encarcelamiento utilizado como "castigo ejemplificador" para frenar el conflicto acallando y domesticando las disidencias. Corriendo el eje de la injusticia denunciada hasta plantear que lo que está sucediendo es un "delito", una "amenaza para el orden legal", una "violación a la ley", deslegitimando la lucha.
Para conseguir sus fines se están utilizando estrategias tales como: crear causas con mentiras, falsas denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera MIDAIS, en complicidad con un aparato policial y judicial que rápidamente actúa incriminando a vecinos sin contar con las pruebas que acrediten la denuncia.

Esta operación política utiliza los medios de comunicación amigos del poder para desparramar la mentira con el claro objetivo de generar malestar social contra los luchadores.
El aparato del Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos vayan allanado su camino hacia una creciente privatización y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas. En nombre del 'desarrollo' y la 'generación de empleo', el territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las legítimas reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de la tierra y las fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos de una virulencia creciente.

Desde hace 8 años venimos denunciando la violación a los derechos de los pueblos con metodologías que van desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se desarrollan entre las organizaciones movilizadas en puebladas como lo es en nuestro territorio en contra de la minería.

Afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los ciudadanos sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado del gobierno de Beder Herrera, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.

Los últimos acontecimientos ocurridos tanto en la lucha obrera que vienen manteniendo los compañeros de la empresa aceitera AMURAI como con nosotros , los vecinos de los pueblo de Famatina y Chilecito, que se suman a otras tantas luchas, ponen de manifiesto un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se viene repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados en torno a los derechos laborales y territoriales: la criminalización, represión y judicialización de la protesta social.

Denunciamos que existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de los ciudadanos y aumentando la militarización de la zona pretendiendo generar miedo en los pobladores.

Responsabilizamos al gobierno provincial del sistemático ejercicio de la de violencia institucional que nos llevan al hartazgo popular quebrando los límites de la tolerancia y alimentando una escalada de reacciones que puede terminar en el desborde total de la situación con saldos aún más dolorosos.

No propiciamos ni acordamos el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas condenas genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las responsabilidades de sus provocadores. Por el contrario, condenamos el uso de la violencia institucional y señalamos a las máximas autoridades del gobierno como sus principales responsables.

Condenamos en particular el uso del aparato legal-represivo del estado para 'brindar 'protección y seguridad jurídica' a las empresas, aún en contra de la desprotección y la vulneración de los más elementales derechos y garantías constitucionales de nuestras propias poblaciones.

Saludamos nuestras reivindicaciones como una legítima defensa de los derechos y las condiciones básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos.

Convocamos la población en general a adherir y sumar esfuerzos en defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos y por la construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida digna y sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.

Por último, renovamos nuestra decisión de no permitir la minería de ningún tipo en nuestra provincia anteponiendo un perfil agrario y turístico a baja escala con apoyo a las economías sociales y solidarias en la región.

No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio

Frente al miedo que nos intentan imponer, nosotros nos fortalecemos y unimos. Seguimos defendiendo nuestra vida, nuestra agua y nuestros cerros. Seguimos defendiendo la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la protesta y la libertad de expresión como pilares de una democracia real.

Resistimos a las injusticias y abusos de poder que impiden el desarrollo democrático de los pueblos y la participación activa en defensa de nuestros derechos fundamentales. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan sus derechos por una sociedad más justa, equitativa y sustentable.

"La mejor forma de expresión del enojo es cuando te indignas por algo que te parece indignante. Uno tiene que elegir cotidianamente de qué lado está: DEL LADO DE LOS INDIGNOS O DE LOS INDIGNADOS" –Eduardo Galeano-

¡Gane quien gane, aquí no habrá minería!

En el Valle del Famatina, a los 27 días del mes de Abril de 2015 Fuente: noalamina.org

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Argentina/Esquel: Eran mentiras nomás

El Fiscal Fernando Rivarola confirmó a un medio radial de Esquel que -luego de recibir los testimonios del intendente Williams y del Jefe de la Unidad Regional de la policía de Chubut- dispuso el archivo de las actuaciones por supuestas amenazas hacia el intendente de la ciudad, porque "no se me ha brindado ningún dato concreto de cuáles podrían haber sido las amenazas, ni por qué medio, ni qué persona sería su autor".

Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA

Recordemos que, utilizando el argumento de supuestas amenazas contra su persona y de incidentes en el acto aniversario de la ciudad de Esquel, el intendente Williams anunció a minutos de su inicio que el tradicional desfile popular se cancelaba. La suspensión  indudablemente causó sorpresa y desagrado en el conjunto de la comunidad.

Ante ello, el 3 de marzo pasado, un grupo de vecinos se presentaron ante la Fiscalía local para demandar una investigación por sentirse agraviados y acusados falsamente por el intendente. 

La investigación fiscal confirma, entonces, que ni el intendente ni el Jefe de Unidad Regional aportaron prueba alguna que sostenga sus afirmaciones. Manifestó Rivarola, que tampoco ninguna otra persona se acercó a la fiscalía para aportar datos. 

Los motivos que dan conclusión a la investigación de la fiscalía ponen de manifiesto la falsedad de las declaraciones públicas de ambos funcionarios.

Asimismo, Rivarola ordenó el archivo de la investigación por inclumplimiento de los deberes de funcionario público porque "no existiendo amenaza concreta no hay obligación para denunicar y tampoco hay un término legal para que funcionario tenga que denunciarlo".

Escuchar la entrevista de FM Sol al Fiscal Fernando Rivarola