Minera Los Pelambres arroja sus desechos peligrosos en 51 hectáreas de territorio argentino

Un fiscal argentino pidió la indagatoria de los más altos ejecutivos de la minera Pelambres. Hubo dos reuniones a alto nivel diplomático, pero sin acercamientos. Como si un vecino con obra en construcción tira la basura del otro lado y la víctima se queja por la desconsideración y le pide que se lleve los desperdicios a otro lado. Así, pero a una escala miles de veces mayor es el litigio creciente por los desechos que Minera Los Pelambres tiró del lado argentino del límite en territorio de la provincia de San Juan, y que no encuentra solución a la vista.

Los vecinos son dos países, los protagonistas son dos mega compañías mineras a escala global, y la "basurita" son 51 hectáreas de material contaminante producida por la quinta mina de cobre más importante del mundo (Pelambres), ubicada justo al otro lado de la cordillera a la altura de San Juan, cerca del proyecto Pachón.

El botadero de escombros y basura del lado argentino tiene una historia más bien reciente: comenzó a formarse en 2007 según la propia empresa chilena y recién fue descubierto a principios del año 2011, cuando la empresa sanjuanina Pachón (antes manejada por Xtrata y ahora adquirida por el gigante global Glencore) se empezó a quejar sin obtener respuestas de Pelambres. Hasta que en marzo del 2014 presentó una demanda civil contra su colega chilena (filial minera del Grupo Luksic controlada por otros dos gigantes mundiales, Antofagasta Minerals en un 60% y un consorcio japonés en el 40% restante). Nada de eso hizo mejorar la situación de la escombrera con residuos chilenos en territorio argentino.

Más bien lo contrario, empeoró: la empresa chilena consideró que el reclamo desde Argentina, donde se les pidió remediar la situación llevándose la escombrera de regreso a Chile y el pago de un canon de alquiler por el uso del terreno de Pachón es "oportunista". En esa causa, el juez federal Miguel Galvez Atienza dictó una cautelar para se deje de tirar material y se cuide la zona. Pero Pelambres siguió sin contestar sobre el retiro del botadero, y entonces en marzo de este año la compañía argentina contraatacó con una demanda penal en la que se le adjudican los posibles delitos de usurpación (art. 181 del CP), usurpación de aguas porque la escombrara produce una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, en lugar de hacia Argentina hacia Chile (art.182 del CP), infracción a la ley de residuos peligrosos (número 24.051) y hasta contrabando (art. 863 del Código Aduanero).

La presentación fue realizada ante el juzgado federal a cargo de Leopoldo Rago Gallo y la novedad es que hace pocos días el magistrado resolvió avanzar con la investigación, que contempla el pedido de indagatoria formulada por el fiscal Francisco Maldonado. Pide traer a los máximos directivos de la empresa chilena en carácter de sospechosos por los delitos denunciados. Ellos son los últimos tres gerentes generales:

-Ignacio Cruz Zabala, designado en 2006 como gerente general de la firma, a cargo en el momento de la construcción de la escombrera en 2008, desvinculado en enero del 2012 y actualmente en otro gigante, Colbum.
-Alberto Cerdá Mery, gerente general de Pelambres desde mayo de 2012. Un experimentado y prestigioso ingeniero que pasó por varias grandes compañías chilenas y que dirigió Pelambres en el inicio del conflicto con Pachón.
-Robert Andrew Mayne-Nicholls, el actual gerente general de Pelambres desde junio del año pasado.

Los tres fueron señalados en la denuncia penal de Glencore como presuntos autores o coautores porque tomaron "protagonismo directo en los hechos". La causa quedó en manos del fiscal Maldonado, quien el 6 de abril pasado consideró pertinente que "se les reciba declaración indagatoria a los presuntos responsables", mientras que el juez Leopoldo Rago Gallo consideró 4 días más tarde que a las indagatorias las tendrá presente "para su oportunidad" junto al resto de las medidas de prueba solicitadas en la demanda penal de Pachón.

Justamente esa presentación de marzo pasado es un documento para comprender cómo ocurrieron los hechos de acuerdo con el punto de vista de la denunciante. Sostiene Glencore-Pachón que su demandada Pelambres argumentó haber tirado los residuos en la parte argentina porque confundió la zona con territorio chileno, en base a "cartografía oficial emitida por dicho país", obviamente señalando que el lugar pertenece a Chile. Y agrega que "con posterioridad a esas autorizaciones otorgadas por Chile se ha producido un cambio del límite fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina en ese sector, por lo cual alguna parte del mismo pudo quedar finalmente en territorio" argentino. Es decir que Pelambres arrojó los desperdicios de su mina en terreno que inicialmente eran de Chile, pero que luego una modificación indicó que ese lugar es Argentina (San Juan, propiedad de Pachón, para mayores precisiones). Señala Pelambres que hubo una visita conjunta a la zona en 2012 que "emplazó un nuevo límite fronterizo". Es decir, corrió el límite a favor de la Argentina.

La denuncia penal de Pachón impugna esa explicación como "falaz" porque sostiene que nunca operó cambio fronterizo alguno en la zona. Por el contrario, explicó que la presencia de funcionarios de ambos países en el lugar en 2012 fue para "densificar los hitos", es decir poner mayor cantidad de hitos corroborando la misma traza, haciendo la demarcación más estrecha entre hito e hito.

El relato de la historia del botadero de basura de una mina chilena en Argentina realizado por Glencore-Pachón continúa señalando que "Pelambres admitió la existencia de SU escombrera en propiedad" de la empresa minera argentina y que por eso hicieron la primera denuncia civil (de empresa a empresa) solicitando "básicamente la restauración de las cosas a su estado anterior a costa de la demandada, la remediación ambiental del lugar y el abono de un valor locativo (alquiler) por la utilización del lugar y del agua en forma irregular".

A ese reclamo, Pelambres insistió con el presunto cambio de límites, que comenzó con el botadero en Argentina en 2007 y lo abandonó en 2011 "luego de advertir diferencias en los mapas en relación a modificaciones ocurridas a comienzos de 2008". "Es otras palabras –razona la presentación de Pachón- le tomó casi 4 años a Pelambres advertir que su obrar contradecía la realidad fáctica sobre la ubicación del límite fronterizo".

Relata Glencore: "¿Cómo dijo Pelambres que se enteró de la existencia de irregularidades sobre el límite fronterizo? (...) en el año 2011 tomó conocimiento de una serie de acciones judiciales iniciadas por oportunistas que reclamaban el otorgamiento de concesiones mineras sobre pertenencias de MLP (Minera Los Pelambres) con sustento en una nueva edición cartográfica del IGM de Chile, en papel, aparentemente del año 2008, que presentaba diferencias en el trazado limítrofe de la carta Cerro Gavino de 1996". Ese límite, según el argumento de Pachón, nunca fue corrido. De hecho, la escombrera sigue estando en territorio argentino sin que Pelambres decida remediar el "error".

Se trata de una escombrera gigante de 60 metros de alto de "material estéril", internado unos 1,5 kilómetros en territorio argentino y ocupando unas 51 hectáreas. Se calcula que la cantidad de material que se ha vertido es de 26.294.942 metros cúbicos de rocas. Y en las fotos que adjunta la demanda puede hasta apreciarse un hito demarcatorio del límite fronterizo en el medio de la escombrera. También se puede apreciar cómo el tabique del botadero desvía las aguas para que se escurran hacia el lado chileno.

Además de la roca, aparecen centenares de neumáticos desechados de los grandes vehículos que se utilizan en estas operaciones. La degradación de los materiales sin tratamiento desde 2007 también ha generado un "drenaje ácido de roca" de efecto contaminante y sin control porque no son tratados.

La escombrera en cuestión es la del Cerro Amarillo, una de las cuatro construidas por Pelambres para manejar los residuos de su gigante minero ubicado a pocos kilómetros del límite con San Juan, provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Se trata de un emprendimiento que es el quinto más grande de cobre a nivel mundial y que por su gran envergadura desarrolló un conducto para trasladar el mineral desde el yacimiento en plena cordillera hasta el puerto propio en la localidad de LOS VILOS.

La falta de acuerdo entre ambas empresas involucradas ha generado ambos procesos judiciales: uno civil y otro penal. Éste último, más reciente, como consecuencia de no haber prosperado el primero y con serias acusaciones de delitos que podría derivar en el pedido de indagatoria a la plana jerárquica, aún sin fecha.

Pero además avanza una vía diplomática y política para explorar la posibilidad de una solución que contemple el traslado de los residuos de la mina chilena a su país. Hace un par de semanas ocurrió el primer contacto que incluyó a funcionarios de Minería de la Nación, de la Cancillería y de la propia embajada chilena en Argentina.
Fue en Buenos Aires, pero el tono de la negociación no bajó y el pedido de Glencore de llevarse los desechos no pudo avanzar. Peor aún, luego de este encuentro se produjo un intercambio de notas en el que Pelambres calificó al pedido desde Argentina como que "no es lógico ni razonable".

La semana que concluyó también hubo otro encuentro, pero con funcionarios de menor rango. Fue en San Juan, y tampoco arrojó resultados positivos por un posible acuerdo. Mientras, en los próximos días podrá haber más novedades provenientes desde los tribunales federales, que parece ser el ámbito en el que se piensan ver cara a cara las partes.

Fuente:  Tiempo de San Juan