Patagonia Chilena: ¡Otra vez HidroAysén!
Por: Peter Hartmann
Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida
Mientras el país se continua retorciendo por la corrupción político empresarial, a lo que se agrega el anuncio y debate por una nueva constitución y la expectativa por y luego el cambio del gabinete. Mientras, muchos ya tienen puesta su atención en la Copa América y mientras en la región estamos ocupados con la contaminación de Coyhaique, la nivelación de zona y la política energética regional, nos encontramos con que se activa, tras meses de calma, la apelación de HidroAysén ante los Tribunales Ambientales por el rechazo de su Estudio de Impacto Ambiental, EIA, por parte del Comité de Ministros de junio del año pasado. Y también se mueve en la justicia la apelación ante la negativa de la Dirección General de Aguas en entregarles derechos suplementarios en el Baker y Pascua. Vale recordar que esa empresa ya tiene ahí un monopolio absoluto de derechos de agua que obstruyen el desarrollo y afectan los derechos humanos de los habitantes de esas cuencas. Y abogados y dinero como para mantener su poder no le faltan.
Así es como hace algunos días la Dirección de Aguas vino a refrendar su posición en resguardar caudales por razones ambientales y estratégicas en el Baker y Pascua y se anunciaron para esta semana los alegatos de ocho abogados, del gobierno, la empresa y el Consejo de Defensa de la Patagonia, ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Vale recordar que la Corte Suprema decidió sumar las causas que estaban en el Tribunal Ambiental de Valdivia (las razones del rechazo) y aquella del de Santiago (la nulidad).
La verdad es que al ciudadano común le cuesta entender que es lo que esta pasando en los tribunales y la información que hay al respecto es mas bien escasa. O sea, transparencia no es mucha la que hay y eso por cierto dificulta la participación ciudadana. Esto contribuye a que no es mucho lo que se pueda comentar y por otro lado aumenta la especulación. Así es como no faltan las teorías de la conspiración o del arreglo político empresarial al mas alto nivel.
En todo caso, para el Consejo de Defensa de la Patagonia, esta es la oportunidad para la ratificación de la decisión del gobierno a través del Comité de Ministros. En este caso, se enfatizarán en las irregularidades, ilegalidades y negligencias de la empresa, cuyos representantes insisten en que se apruebe un EIA incompleto, que no se hace cargo de los impactos ambientales y sociales del proyecto. Vale recordar que el rechazo al proyecto fue un compromiso electoral de la Presidenta ante el clamor ciudadano por una Patagonia sin Represas y se espera el gobierno mantenga esa posición a como sea.
Sin embargo, en los últimos tiempos en que el temporal político corruptivo ha arreciado, hemos visto como altos ejecutivos de Enersis (controladores de HidroAysén) se han estado reuniendo con los ministros de Energía y Medio Ambiente y que el 22 de abril pasado se reunieron en La Moneda, en completo sigilo, con la Presidenta y el Ministro de Energía, el mandamás de ENEL (controladora de Enersis), Francesco Starace y el Presidente de Enersis Jorge Rosenblut Ratinoff. Este último, ligado al PPD, solo unos días antes había admitido haberle pedido contribución electoral a la Soquimich de Ponce Lerou para la última campaña electoral de Bachelet y fue recaudador electoral en la campaña del 2005. Vale recordar además, que según investigación de CIPER, entre Enersis y Endesa aportaron 3,5 millones de dólares en la última campaña electoral. A quienes, es un secreto legalizado por “nuestros” políticos. La verdad es que en la Concertación había todo un grupo de personeros (y toda una tendencia dentro del PPD y la DC) que en su momento hizo de todo para ayudar a HidroAysén; entre ellos su VIP Daniel Fernández, los ministros Bitrán, Bitar y Pérez Yoma y el embajador en Madrid Osvaldo Puccio. A tanto, que en su momento la solicitud de expulsión de Fernández al PPD fue rechazada. O sea, amigos le sobran por ahí. ¿Y que pasa ahora con este poderoso y oscuro club? Al menos uno de sus integrantes, acaba de ser nombrado Ministro Secretario General de la Presidencia.
En vista de lo anterior, da como para ponerse nervioso y pasarse cualquier película y evidentemente que aquellos que piensan que hay arreglines al más alto nivel y que la idea es que los tribunales saquen las castañas con la mano del gato (resucitando a HidroAysén), mientras el gobierno “queda libre de polvo y paja”.
No cabe duda que esta será una gran oportunidad para que el gobierno demuestre en la práctica el compromiso presidencial y la “hora de la sinceridad en la acción” para recuperar algo de la confianza ciudadana en la política nacional.
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Consejo de Defensa de la Patagonia: “Se acabó el tiempo de HidroAysén”
Tal como estaba programado, este jueves 14 de mayo se realizó la segunda jornada de alegatos en el Tribunal Ambiental de Santiago, donde participaron los juristas representantes de habitantes de Aysén y de las organizaciones socioambientales, agrupadas en Patagonia Sin Represas junto a los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los reclamantes de Centrales Hidroeléctricas Aysén. A la llegada, de quienes concurrían al tribunal los esperaba un extenso lienzo de Greenpeace con el lema “Protege Patagonia”.
El equipo de juristas que respaldó el rechazo de HidroAysén, formado por Macarena Soler del CDP, Stephanie Donoso del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Valparaíso y Ezio Costa de la ONG FIMA, se mostró satisfecho indicando que “Se acabó el tiempo de HidroAysén”, una vez terminado el alegato. Los abogados fueron acompañados por el senador Antonio Horvath y diversos dirigentes, entre ellos Marcelo Castillo, Stephanie Donoso, Flavia Liberona (Terram), Matías Asún (Greenpeace), Juan Pablo Orrego (Ecosistemas), Erwin Sandoval y Rodrigo Poliche de Aysén y Patricio Rodrigo.
Uno de los argumentos reiterados tanto por el abogado del SEA, Carlos Sepúlveda como por quien representaba a emblemáticos pobladores de Cocharne, Macarena Soler fue la falta de información esencial y relevante del EIA de HidroAysén, que no fue corregida en los informes posteriores y que determinó finalmente el rechazo del proyecto de cinco represas en la Patagonia. “El Comité de Ministros de junio 2014 estimó que las deficiencias del proyecto HidroAysén no eran subsanables (…) Un proyecto por muy importante y grande que sea tiene que entregar la información en el Estudio de Impacto Ambiental. HidroAysén tiene que entender que no estamos en 1997 para hacer una mera declaración de intensiones”, enfatizó el Sepúlveda. “No podemos hacer un nuevo Ralco en la Patagonia. Nosotros elevamos los estándares ambientales porque no se pueden cometer los mismos errores del pasado” puntualizó categórico el representante del Servicio de Evaluación Ambiental.
Lo anterior fue refrendado por la jurista del CDP, Macarena Soler quien detalló que el proponente no tuvo la básica información específica en torno a los potenciales relocalizados del proyecto, ni concretó las visitas, por lo tanto no logró la caracterización de sus viviendas y actividades productivas, sin identificación de las familias como lo establece la ley.
Por su parte el abogado de la ONG FIMA, Ezio Costa apoyó el rechazo que obtuvo la iniciativa hidroeléctrica en junio 2014 argumentando que “Era una obligación de la administración del Estado, por eso estamos apoyando esa decisión”, ante las reclamaciones de la parte contraria, agregó “El tema político está presente en todas las evaluaciones ambientales, es parte del diseño institucional que finalmente las decisiones recaigan en los Ministros de Estado, para bien o para mal“, refiriéndose a la potestad invalidatoria aplicada por el Comité de Ministros el año pasado, tema que fuera criticado duramente por el representante de HidroAysén, Mario Galindo en la primera sesión del tribunal.
Los abogados de HidroAysen fueron Mario Galindo y Gonzalo Cubillos, quienes solicitaban que se invalide la resolución del Comité de Ministros de la administración Piñera, por haber acogido parcialmente varias reclamaciones y dejar otras 18 pendientes, fraccionando el procedimiento, también se deje sin efecto la resolución que calificó desfavorablemente la iniciativa energética en el Comité de Ministro de la administración Bachelet, de junio 2014.
El plazo para pronunciarse del Tribunal Ambiental de Santiago podría extenderse hasta un año, según la experiencia de otras causas, sin embargo próximamente deberá retomarse el caso, ésta vez porque la firma recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago cuestionando los dos decretos dictados por la DGA – en enero 2015- en que se le denegaron parcialmente los derechos de agua solicitados por la empresa para implementar las represas en Patagonia.
Ver más imágenes aquí https://www.flickr.com/photos/corporacionecosistemas/ - Imagen: Lienzo de Greenpeace Chile afuera del Tribunal Ambiental de Santiago
