Argentina/Deforestación: en 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy
Desmonte.
El 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte del
país. Las topadoras, en pocos días, pueden talar centenares de hectáreas
de bosques.
Marcelo Larraquy
Argentina está en el top ten de los países con mayor ritmo de deforestación del mundo, según estadísticas de la ONU. En los últimos 25 años, se desmontó una superficie equivalente a Entre Ríos. Después de la sanción de la Ley de Protección de Bosques en 2007, se creyó que la deforestación disminuiría. No fue así. En 7 años, entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera. El 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte. Justamente en el ecosistema del Gran Chaco, en los primeros ocho meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios. Es el equivalente a la superficie de tres ciudades como Buenos Aires, de las cuales una se desmontó en forma ilegal.
El daño ambiental le genera al país un costo económico de 40 mil millones de dólares.
De algún modo, la propia Ley de Bosques fue “deforestada”: luego de su sanción en 2007 y tardía reglamentación en 2009, las provincias, que estaban obligadas a zonificar sus territorios para definir su nivel de conservación de bosques con una graduación de “muy alto” (“área roja”), “medio” (“área amarilla”) y “bajo” (“área verde”), se demoraron en hacerlo.
En ese lapso, sin la aplicación de la ley, se produjo el mayor impacto sobre el bosque, en coincidencia con el mejor momento de los commodities en el mercado internacional: un total de 2 millones de hectáreas deforestadas, de las cuales en 1 de cada 3 hectáreas se avanzó sobre el “área roja” del bosque, que estaba obligado a conservarse El bosque, con la permisividad de las gobiernos provinciales, quedó librado al precio del mercado, y de ese modo se fue extendiendo la frontera agropecuaria. “Antes de la Ley de Bosques, en el 2007 en Santiago del Estero se desmontaba a un promedio de 300.000 hectáreas anuales y el 80% de ese desmonte era ilegal”, admite el titular de la Dirección de Bosques de esa provincia, Víctor Rosales.
La deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del país al calentamiento global.
Las consecuencias de la desforestación son conocidas. En términos sociales, expulsa a las comunidades hacia los cordones urbanos de los pueblos, y el mercado de trabajo, que es limitado, no los puede incorporar. Además, la tala del bosque altera el ecosistema, provoca la pérdida de biodiversidad y de la absorción de carbono, que alimentan el gas invernadero, propulsor del calentamiento global. La deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en la Argentina.
Los costos también son gravosos para la economía. El Análisis Ambiental para la Argentina del Banco Mundial de octubre pasado sitúa la degradación ambiental (el desmonte, las inundaciones urbanas y ribereñas, la contaminación del aire, el uso de agroquímicos, entre otros factores) en el 8,1% del PBI argentino, calculado en unos 40.000 millones de dólares.
“Los supuestos beneficios de los emprendimientos económicos, con el avance de la frontera agropecuaria, son de corto plazo. Pero los costos están en el largo plazo. El daño al suelo es el costo más grande la deforestación. El objetivo es que, con datos y evidencias del daño ambiental que presenta el reporte, se puedan decidir políticas públicas que protejan el crecimiento sustentable”, dice Jesko Hentschel, director del Banco Mundial, en diálogo con Clarín.
Marcelo Larraquy
Argentina está en el top ten de los países con mayor ritmo de deforestación del mundo, según estadísticas de la ONU. En los últimos 25 años, se desmontó una superficie equivalente a Entre Ríos. Después de la sanción de la Ley de Protección de Bosques en 2007, se creyó que la deforestación disminuiría. No fue así. En 7 años, entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera. El 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte. Justamente en el ecosistema del Gran Chaco, en los primeros ocho meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios. Es el equivalente a la superficie de tres ciudades como Buenos Aires, de las cuales una se desmontó en forma ilegal.
El daño ambiental le genera al país un costo económico de 40 mil millones de dólares.
De algún modo, la propia Ley de Bosques fue “deforestada”: luego de su sanción en 2007 y tardía reglamentación en 2009, las provincias, que estaban obligadas a zonificar sus territorios para definir su nivel de conservación de bosques con una graduación de “muy alto” (“área roja”), “medio” (“área amarilla”) y “bajo” (“área verde”), se demoraron en hacerlo.
En ese lapso, sin la aplicación de la ley, se produjo el mayor impacto sobre el bosque, en coincidencia con el mejor momento de los commodities en el mercado internacional: un total de 2 millones de hectáreas deforestadas, de las cuales en 1 de cada 3 hectáreas se avanzó sobre el “área roja” del bosque, que estaba obligado a conservarse El bosque, con la permisividad de las gobiernos provinciales, quedó librado al precio del mercado, y de ese modo se fue extendiendo la frontera agropecuaria. “Antes de la Ley de Bosques, en el 2007 en Santiago del Estero se desmontaba a un promedio de 300.000 hectáreas anuales y el 80% de ese desmonte era ilegal”, admite el titular de la Dirección de Bosques de esa provincia, Víctor Rosales.
La deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del país al calentamiento global.
Las consecuencias de la desforestación son conocidas. En términos sociales, expulsa a las comunidades hacia los cordones urbanos de los pueblos, y el mercado de trabajo, que es limitado, no los puede incorporar. Además, la tala del bosque altera el ecosistema, provoca la pérdida de biodiversidad y de la absorción de carbono, que alimentan el gas invernadero, propulsor del calentamiento global. La deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en la Argentina.
Los costos también son gravosos para la economía. El Análisis Ambiental para la Argentina del Banco Mundial de octubre pasado sitúa la degradación ambiental (el desmonte, las inundaciones urbanas y ribereñas, la contaminación del aire, el uso de agroquímicos, entre otros factores) en el 8,1% del PBI argentino, calculado en unos 40.000 millones de dólares.
“Los supuestos beneficios de los emprendimientos económicos, con el avance de la frontera agropecuaria, son de corto plazo. Pero los costos están en el largo plazo. El daño al suelo es el costo más grande la deforestación. El objetivo es que, con datos y evidencias del daño ambiental que presenta el reporte, se puedan decidir políticas públicas que protejan el crecimiento sustentable”, dice Jesko Hentschel, director del Banco Mundial, en diálogo con Clarín.
Se deforestaron tierras fiscales y de comunidades indígenas para emprendimientos sojeros.
“La deforestación es consecuencia de la falta de planificación en el uso del territorio –agrega el especialista en Ambiente del Banco Mundial, Pablo Herrera, que participó del reporte citado-, que se arrastra desde las últimas dos décadas. No se respetaron los estándares mínimos de protección. Se deforestaron tierras fiscales, de comunidades indígenas, de áreas protegidas, y grandes propietarios argentinos y extranjeros reconvirtieron la producción y hasta tuvieron distintos incentivos para hacerlo. Si Argentina mantiene la intención de adherir a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la gestión ambiental requerirá un proceso de reformas”, afirma Herrera.
A fines del año pasado, el Banco Mundial efectivizó un préstamo de 58 millones de dólares para el programa “Bosques y Comunidad”, para aplicar en 4 provincias de la región Chaqueña, la zona más crítica de la deforestación.
El secretario de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Diego Moreno admite que el estado de los bosques está “bastante degradado” por la deforestación y también por la extracción de madera sin control. La política de Estado tiene que ser muy firme para que esto no suceda más. Estamos planteando la meta de “Deforestación Cero” para las áreas “rojas” y “amarillas” antes de 2030. Hay bosque nativo que tiene potencial productivo y otros que se han degradado, pero es posible restaurarlo y recuperarlo”.
¿Cuánto demora la reforestación de un bosque?
Para que recupere su condición original, quizá 20 años. Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco son las provincias que tienen la mayor tasa de deforestación y también las de mayor índice de pobreza rural. Por lo cual, todo lo que se hizo no sirvió para revertir esos indicadores. Con el programa de “bosques y comunidad”, tenemos que generar modelos productivos que sean sustentables en lo ambiental, social y económico.
¿Qué sanción recibieron los propietarios que deforestaron en áreas prohibidas?
La Ley de Bosque establece claramente que aquellos propietarios que hayan desmontado tienen que recuperar el bosque a su estado original, a su propio costo.
¿Conoce algún caso de que lo hayan hecho?
No.
¿Entonces?
Es jurisdicción de la justicia provincial. El Estado fija el estandar normativo para las temáticas ambientales y las provincias lo ejecutan. Los estados provinciales tienen que poner en marcha el Registro de Infractores. Desde el Ministerio de Ambiente pedimos que transparenten la información disponible sobre la deforestación. No había interés en hacerla pública. Y además, hay provincias que no rinden en qué se usaron los fondos que recibieron del Estado por la ley de Bosques desde 2009.
“La deforestación es consecuencia de la falta de planificación en el uso del territorio –agrega el especialista en Ambiente del Banco Mundial, Pablo Herrera, que participó del reporte citado-, que se arrastra desde las últimas dos décadas. No se respetaron los estándares mínimos de protección. Se deforestaron tierras fiscales, de comunidades indígenas, de áreas protegidas, y grandes propietarios argentinos y extranjeros reconvirtieron la producción y hasta tuvieron distintos incentivos para hacerlo. Si Argentina mantiene la intención de adherir a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la gestión ambiental requerirá un proceso de reformas”, afirma Herrera.
A fines del año pasado, el Banco Mundial efectivizó un préstamo de 58 millones de dólares para el programa “Bosques y Comunidad”, para aplicar en 4 provincias de la región Chaqueña, la zona más crítica de la deforestación.
El secretario de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Diego Moreno admite que el estado de los bosques está “bastante degradado” por la deforestación y también por la extracción de madera sin control. La política de Estado tiene que ser muy firme para que esto no suceda más. Estamos planteando la meta de “Deforestación Cero” para las áreas “rojas” y “amarillas” antes de 2030. Hay bosque nativo que tiene potencial productivo y otros que se han degradado, pero es posible restaurarlo y recuperarlo”.
¿Cuánto demora la reforestación de un bosque?
Para que recupere su condición original, quizá 20 años. Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco son las provincias que tienen la mayor tasa de deforestación y también las de mayor índice de pobreza rural. Por lo cual, todo lo que se hizo no sirvió para revertir esos indicadores. Con el programa de “bosques y comunidad”, tenemos que generar modelos productivos que sean sustentables en lo ambiental, social y económico.
¿Qué sanción recibieron los propietarios que deforestaron en áreas prohibidas?
La Ley de Bosque establece claramente que aquellos propietarios que hayan desmontado tienen que recuperar el bosque a su estado original, a su propio costo.
¿Conoce algún caso de que lo hayan hecho?
No.
¿Entonces?
Es jurisdicción de la justicia provincial. El Estado fija el estandar normativo para las temáticas ambientales y las provincias lo ejecutan. Los estados provinciales tienen que poner en marcha el Registro de Infractores. Desde el Ministerio de Ambiente pedimos que transparenten la información disponible sobre la deforestación. No había interés en hacerla pública. Y además, hay provincias que no rinden en qué se usaron los fondos que recibieron del Estado por la ley de Bosques desde 2009.
La contaminación en las cuencas de los ríos es otra amenaza a la salud, según el informe del Banco Mundial.
Aun
cuando el Ministerio de Ambiente invierte casi el 40% del presupuesto
para sanear el Riachuelo -diez veces más de lo que se asigna para
proteger el ecosistema- el ACUMAR, la máxima autoridad ambiental de la
cuenca, tiene estudios que indican que hay niños a la vera del río a los
que se les detectó arsénico en la sangre, que puede producir cáncer. A
su vez, la cuenca del río Reconquista, que recorre 14 municipios
bonaerenses y carece de autoridad de control, está aún más abandonada.
“El Reconquista es el Riachuelo de diez años atrás, con contaminación de
industrias e impacto socio ambiental. En las orillas vive una población
de precarios recursos, que la padecen en su salud”, explica Andrés
Nápoli, director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales
(FARN). Nápoli también menciona a la explotación minera, junto a la
contaminación y la deforestación, como un factor clave en el déficit
ambiental del país. “No se logra controlar la minería. Son proyectos en
la alta cordillera y las provincias no tienen recursos, capacitación, y
ni siquiera la posibilidad de acceder a esos emprendimientos a 4 mil
metros de altura. Barrick Gold tuvo dos derrames en un año: en el último
se llegó a casi 4 millones de litros de solución cianurada volcada en
ríos de la zona, en Jáchal, San Juan. Y se calcula que hay 44 proyectos
mineros que esperan ser aprobados en zonas glaciares o periglaciar”,
afirma Nápoli.
El secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, replica: “Son proyectos que no están siquiera en fase de exploración. Pero la ley es clara: la minería está prohibida en zonas de glaciares y periglaciares”.
Resta decir, sin embargo, que sólo fue completada la cuarta parte del Inventario Nacional de ambiente glaciar o periglaciar, que sólo puede realizarse en el verano.
Como en el caso de los ordenamiento territorial de bosques y la deforestación, falta saber si llegarán primero los emprendimientos mineros o la aplicación de la ley que los prohíbe.
Fuente: clarin.comn - Imagen: Las topadoras aún mantienen la actividad, mientras continúan los conflictos por la posesión de tierras. - www.meteoweb.eu
El secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, replica: “Son proyectos que no están siquiera en fase de exploración. Pero la ley es clara: la minería está prohibida en zonas de glaciares y periglaciares”.
Resta decir, sin embargo, que sólo fue completada la cuarta parte del Inventario Nacional de ambiente glaciar o periglaciar, que sólo puede realizarse en el verano.
Como en el caso de los ordenamiento territorial de bosques y la deforestación, falta saber si llegarán primero los emprendimientos mineros o la aplicación de la ley que los prohíbe.
Fuente: clarin.comn - Imagen: Las topadoras aún mantienen la actividad, mientras continúan los conflictos por la posesión de tierras. - www.meteoweb.eu
