Denuncian al Estado Argentino por violación a los derechos humanos y ambientales en la mina Veladero
Un grupo de abogados cordobeses denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por "violación a los derechos humanos y derechos ambientales" en perjuicio de los vecinos de Jáchal, en San Juan. El estudio jurídico Iuris & Iuris actuó en representación de la asamblea autoconvocada que reclama el cierre de la mina Veladero que explota la empresa Barrick Gold y que en el último año registró dos incidentes ambientales.
Los abogados Fabián Manrique, Laura Garrido Peralta y Pablo Luque hicieron la presentación y ahora esperan que la Comisión declare la admisibilidad de la denuncia para avanzar con el proceso. "No buscamos un perjuicio al Estado, sino llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a todos", explicó Garrido Peralta.
La mina opera con normalidad desde el 4 de octubre, cuando el juez de paz de Iglesia, en reemplazo del magistrado natural de la causa, Pablo Oritja, y de la jueza de paz de Jáchal, de licencia, levantó la clausura impuesta por el gobierno sanjuanino después del segundo incidente, ocurrido un año después del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada.
Para la justicia, las bolsas de plástico rellenas con tierra con que se levantó 1,20 metros la altura de los 7,5 kilómetros de las bermas (paredes de contención) del valle de lixiviación son suficientes como prevención ante nuevos derrames. El trabajo fue parte de las exigencias del gobierno provincial.
Garrido Peralta sostiene que es el Estado nacional el responsable de "garantizar y resguardar" la salud de la población y de establecer las normas para la actividad de la empresa. "Debería haber tomado parte en el asunto para evitar que se produjeran los incidentes que hubo", dijo. Según la denuncia, se violaron los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
"Estamos convencidos de que hubo un atropello de los derechos humanos y a los principios y normas de protección y cuidado del medio ambiente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales ratificados por la Argentina", agrega la abogada.
En la presentación se solicita a la Comisión que "intervenga de inmediato, disponga una investigación seria y objetiva de lo sucedido". Los abogados entienden que se deben tomar medidas para que "cesen de manera definitiva e inmediata los daños ambientales y los ya provocados en la salud".
Cuestionamientos
Después del segundo incidente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuestionó que la compañía "se venía manejando con niveles de descontrol, inmunidad e impunidad inaceptables" y advirtió que había que prepararse para un "escenario de cierre" de la mina.
Sin embargo, su accionar se limitó a hacer una denuncia ante la Justicia sanjuanina. En ese sentido, recordó que "las actividades mineras y el uso de los recursos naturales son autonomías soberanas de las provincias".
Desde la empresa ratificaron que hay reservas hasta 2024 y que continuarán trabajando. Sostienen que cumplen con todas las normas y que no hay daños al ambiente glaciar y periglaciar. Desde la asamblea, en cambio, insisten en que hay contaminación de aguas y reclaman el cese de la actividad.
Fuente: La Nación - publicado en: noalamina.org - IMagen: Unidiversidad
Los abogados Fabián Manrique, Laura Garrido Peralta y Pablo Luque hicieron la presentación y ahora esperan que la Comisión declare la admisibilidad de la denuncia para avanzar con el proceso. "No buscamos un perjuicio al Estado, sino llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a todos", explicó Garrido Peralta.
La mina opera con normalidad desde el 4 de octubre, cuando el juez de paz de Iglesia, en reemplazo del magistrado natural de la causa, Pablo Oritja, y de la jueza de paz de Jáchal, de licencia, levantó la clausura impuesta por el gobierno sanjuanino después del segundo incidente, ocurrido un año después del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada.
Para la justicia, las bolsas de plástico rellenas con tierra con que se levantó 1,20 metros la altura de los 7,5 kilómetros de las bermas (paredes de contención) del valle de lixiviación son suficientes como prevención ante nuevos derrames. El trabajo fue parte de las exigencias del gobierno provincial.
Garrido Peralta sostiene que es el Estado nacional el responsable de "garantizar y resguardar" la salud de la población y de establecer las normas para la actividad de la empresa. "Debería haber tomado parte en el asunto para evitar que se produjeran los incidentes que hubo", dijo. Según la denuncia, se violaron los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
"Estamos convencidos de que hubo un atropello de los derechos humanos y a los principios y normas de protección y cuidado del medio ambiente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales ratificados por la Argentina", agrega la abogada.
En la presentación se solicita a la Comisión que "intervenga de inmediato, disponga una investigación seria y objetiva de lo sucedido". Los abogados entienden que se deben tomar medidas para que "cesen de manera definitiva e inmediata los daños ambientales y los ya provocados en la salud".
Cuestionamientos
Después del segundo incidente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuestionó que la compañía "se venía manejando con niveles de descontrol, inmunidad e impunidad inaceptables" y advirtió que había que prepararse para un "escenario de cierre" de la mina.
Sin embargo, su accionar se limitó a hacer una denuncia ante la Justicia sanjuanina. En ese sentido, recordó que "las actividades mineras y el uso de los recursos naturales son autonomías soberanas de las provincias".
Desde la empresa ratificaron que hay reservas hasta 2024 y que continuarán trabajando. Sostienen que cumplen con todas las normas y que no hay daños al ambiente glaciar y periglaciar. Desde la asamblea, en cambio, insisten en que hay contaminación de aguas y reclaman el cese de la actividad.
Fuente: La Nación - publicado en: noalamina.org - IMagen: Unidiversidad
