Chile: Ariqueños apelan a justicia sueca por masiva contaminación de polimetales

En 2013, más de 800 ariqueños demandaron a la minera sueca Boliden por el envío de desechos tóxicos a Chile. El caso del conocido “cerro negro” comenzó en la década de los 80, pero hoy se analiza en el Tribunal de Skellefteå. El antropólogo Rodrigo Pino, testigo en la demanda, afirmó que “hay diversos aspectos que se deben trabajar en estos meses como el ámbito jurídico, pero lo que más preocupa es el estado de salud de las personas”. A principios de marzo pasado, la corte sueca falló a favor de la compañía. Según medios locales, la resolución advirtió que las pruebas no fueron suficientes para dar curso a esta petición por daños y perjuicios. Esto, a pesar de que se habría reconocido su actuar negligente.

La decisión judicial fue “un golpe sorpresivo” para la comunidad en Arica, pero en abril decidieron apelar al fallo.
Esta acción a nivel internacional está antecedida por una larga trama donde las víctimas aseguran que están en permanente riesgo por la contaminación de polimetales.
En 1984, desde la Fundición de Roonskär (Boliden) se trasladaron 20 mil toneladas de residuos tóxicos y se depositaron en las afueras de Arica. El representante legal de los demandantes, Johan Öberg, relata que el coronel jefe del ISP, Joaquín Larraín Gana, fue quien autorizó el ingreso de este material que sería procesado por la empresa chilena Promel. Con este antecedente, la historia recién comienza.
Entre 1992 y 1996 se autorizó la construcción de viviendas en el sector de Los Industriales y Cerro Chuño. A pesar de estar al lado de los desechos y sobre un basural, se siguió ampliando y más tarde se sumó Sica Sica. A finales de los 90, miles de pobladores presentaron problemas de salud y el Servicio de Salud de Arica decidió trasladar los residuos.
Durante el proceso judicial que se desarrolló en Suecia, se recordó cada uno de estos capítulos donde el plomo y arsénico aparecen como los “vecinos letales”de estas familias en el norte del país. Entre el 17 de octubre y el 7 de diciembre del año pasado, diversos testigos participaron de las sesiones en el Tribunal de Skellefteå.
El antropólogo Rodrigo Pino fue uno de ellos. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, relató su experiencia con la comunidad y confirmó la apelación que presentaron los demandantes.
¿Cómo recibieron el fallo que se conoció en marzo?
Junto a los 800 demandantes teníamos una esperanza. No era un optimismo dimensionado, sino que tenía que ver con un trabajo que reunió diversas pruebas. El 8 de marzo fue un golpe muy duro y que no esperábamos. ¿Por qué? La comunidad, un grupo de colaboradores y los abogados (suecos y norteamericanos) trabajamos durante seis años.
Había que demostrar ciertos puntos que estaban en controversia y eso se cumplió. Teníamos la certeza de que este fallo iba a ser favorable, por eso nos pilló de sorpresa. Incluso no solo se había trabajado por esta acción judicial, sino que medios de comunicación suecos vinieron en el último año a Chile. Ellos registraron en terreno lo que nosotros decíamos en tribunales. Hicieron muy buenos trabajos, muy buenas crónicas en radio y televisión.
No quedaban dudas del punto central: la responsabilidad de Boliden en la contaminación y que su actuar había sido negligente. La gente no comprende cómo se perdió el juicio.
¿Cuáles son las expectativas luego de la apelación?
Lo llamativo es que nuestra apelación estaría condicionada con un tema económico. Para ir a otra instancia deberíamos hacer un depósito en el Tribunal de Skellefteå, salvo que la otra parte (Boliden) no ratificara esa exigencia. Esa parte es muy rara porque no todos podrían ir a una apelación ya que estaría condicionado al dinero y que, como en el caso de nosotros, es insolvente.
La búsqueda de la verdad jurídica sería muy controversial. Con los abogados suecos se discutió y se hizo la apelación en los plazos. Se sigue peleando para que la justicia sueca acepte esta nueva acción. Tenemos todavía esa mínima esperanza, es algo simbólico pero este asunto no está terminado.
A finales de 2017 viajaste a Suecia para participar en el proceso como testigo. ¿Con qué impresión te quedas?
Me pidieron que fuera testigo. No soy experto, sino que mi testimonio apuntaba a un tema histórico. ¿Qué pasó con la gente que quedó en esos sectores? Ante su ignorancia al no saber dónde estaban llegando a principios de los noventa y su vulnerabilidad, la conclusión es que habían sido afectados. Desde 2005 a 2017 uno podía demostrar a través de documentos, relatos orales y la experiencia que hoy día existía un daño que derivaba de la contaminación.
Estuve tres o cuatro horas entregando mi testimonio. Expliqué el drama humano de la gente que se expone a contaminantes y como también tenía un impacto en el tejido social. En la comunidad se fracturó el tejido social, tenía que ver con la intervención gubernamental, de expertos, no expertos, entre otros temas de distinta naturaleza. Y que era necesario exponer ante este tribunal.
No era un representante de la comunidad, pero sí he visto el daño en las personas y sus familias durante los 12 años que he estado relacionado con este tema. Ese era mi rol y creo que se cumplió, por esa parte quedé satisfecho al ir a la Corte sueca. En la instancia, advertí que una empresa de ese país había generado un daño en una comunidad chilena, de gente que nació en Arica. Y no importa que fuera hace 30 años.

Si se habla de responsabilidades, ¿quiénes son los actores relacionados con esta historia? Hay cuatro responsables directos tanto por su acción como omisión. ¿Quiénes? Los Estados chileno y sueco, además de las empresas Boliden (Suecia) y Promel (Chile).

 
En el caso de los privados, eso fue un tráfico que en su momento estuvo en discusión. Sin embargo, hace muchos años estuvo en Chile el jefe de medioambiente de Boliden en 1984, Rolf Sveberg, y él mostró los detalles de este negocio y había sido perfectamente legal… pero era criminal.
En un contexto de dictadura, era un negocio donde evidentemente las instituciones no funcionaban. Cuando dicen “hacerse el sueco” se cumple la idea: ignorar lo que estaba sucediendo. Además, el argumento de la empresa sueca es que fueron autorizados por el Estado chileno. En los 70, empezó la regulación en Europa y Suecia lideraba el tema. Respecto del manejo y el control de desechos, Boliden estaba consciente de los riesgos del material.
En este escenario, estaban expuestos los pobladores y trabajadores. Cuando uno ve la documentación en Chile queda sorprendido del nivel de negligencia de las autoridades de salud, fue el Servicio de Salud de Arica el que autorizó el ingreso, se ignoraban las cantidades, y por eso uno sigue pensando en la responsabilidad del Estado sueco.

Una agonía crónica
La búsqueda de responsabilidades llevó a presentar una primera demanda contra el Estado chileno y Promel en 1999. La Corte Suprema confirmó que se debía reparar el daño con una indemnización y se dictaminó la erradicación de algunos pobladores. Sin embargo, la empresa existía solo en el papel porque años antes se había declarado en quiebra.
El caso no se olvidó. Luego de nuevos reportajes en los medios de comunicación, el gobierno anuncia en 2009 la creación de un Plan Maestro. Éste incluía más traslados de las poblaciones Cerro Chuño e Industriales. También compromisos en materia de salud. Las movilizaciones de la comunidad no cesaban y durante la primera administración de Sebastián Piñera se promulgó la Ley de Polimetales (2012).
A partir de 2005, Rodrigo Pino desarrolla diferentes actividades en la región de Arica y Parinacota relacionadas con la contaminación ambiental. Entre ellas, un seguimiento al Plan Maestro (2009).
“En esta revisión encontré algunos antecedentes que considero de la máxima gravedad y me refiero a los registrados en el documento denominado Análisis Químicos de los suelos de Arica, correspondiente a un estudio desarrollado por la consultora Agriquem América S.A (2008), cuyo mandante fue CONAMA de la región y financiado por el gobierno regional” consignaba Pino en una carta enviada al ex intendente Emilio Rodríguez durante 2015.
En el documento advertía que en ese informe final se observaban “antecedentes inquietantes”. “Además de tres sectores saturados y/o latentes, como son sector F, sector Puerto Local y sector ex Maestranza, existe un cuarto sector que tiene incluso valores de plomo, arsénico, cadmio y mercurio mucho más altos que los otros tres sectores intervenidos” concluía el texto.
En la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las familias afectadas por este tema en Arica?
Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Recién en 2009 el Estado chileno reconoció que el sector estaba contaminado y que la gente estaba expuesta por lo que se hacen una serie de exámenes para medir arsénico y plomo. Luego aparece la Ley de Polimetales y pensábamos que era una buena herramienta, pero al final lo que quedó en el reglamento ha sido muy ineficiente.
En la Ley habían 4 o 5 aspectos: ambiental, salud, vivienda, educación, entre otros. El tema principal era si el medioambiente estaba en riesgo y hasta el día de hoy, desde 2012 a 2018, no todos, pero sí la mayoría de los sectores no han sido mitigados. Por tanto, la población sigue expuesta a la presencia de estos metales pesados, y no solo arsénico y plomo, se tienen acceso a varios informes actuales y antiguos donde se muestra el mercurio y cadmio.
La Ley fijó un día para decir: hacia atrás sí van a ser objeto de beneficios. Esa fecha se fijó en marzo de 2012, pero los nacidos después de ese día no podrán recibir beneficios. Era una aberración porque las personas y niñas que nacieron en estos sectores están expuestas y luego fueron madres, siempre han vivido acá. No hubo fuerza de los parlamentarios.
A nivel de salud, se pensó que estarían especialistas (ej. toxicólogos) pero acá ha existido una rotación de los médicos. Recordemos que se creó una unidad que se llama Clínica de Medioambiente aunque los especialistas funcionaron entre 2012 y 2014, pero después desapareció.
Desde que la población advierte el tema en 1997, y hasta el día de hoy, el actuar del Estado chileno ha sido tardío. Ya que los organismos competentes no están presentes, ahora hay que pensar en un auto-cuidado en salud y medioambiente. Por eso estamos iniciando un proyecto de formación de monitores donde esos conceptos se pueden discutir.
¿Cuáles son los antecedentes que preocupan en materia de salud?
Durante los últimos años, en distintas declaraciones de políticos y especialistas se califica este problema como solucionado. Estoy trabajando hace 12 años en sectores donde uno se sorprende del nivel de enfermedades y del tipo catastróficas. Hice un catastro hace poco, que incluso lo presenté en el juicio en Suecia, donde en una lista de 100 casas cerca de 48 personas se enfermaron de cáncer. De ellas han fallecido alrededor de 27. Además, aparecen diversas enfermedades relacionadas con la exposición a estos metales.
Tengo los datos, pero cuando los llevas a la discusión con las autoridades parece que viven en un mundo paralelo. Como que no existe, por eso la vulnerabilidad de la gente es total porque no existen los recursos para hacer una medición en el suelo y en las casas.
Hoy día hay una incerteza y por eso se nos ocurrió elaborar una propuesta en auto-cuidado. Esto, más allá de solucionar un problema que es inmenso y complejo. Sin embargo, se deberían mitigar ciertos aspectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el punto central, vamos a ver si los parlamentarios de la zona están con la voluntad de revisar la Ley.

Al seguir la experiencia de los afectados, ¿quiénes fueron y son las víctimas de este caso?
Fueron 812 personas las que presentaron la demanda en el Tribunal sueco, pero por un tema administrativo se redujo a 796.
 Mientras los primeros expuestos, que son los trabajadores de Promel, siempre fueron marginados de una intervención del Estado porque quisieron verlo como un tema entre privados. Como una excepción, en la Ley de Polimetales sí son beneficiados aunque han advertido que muchos fallecieron. Acá se hicieron registros de los trabajadores, pero no tuvieron la posibilidad de demandar al Estado o a Promel porque estaba prescrito. Ese fue el primer golpe que recibieron.
¿Qué pasa con las personas que viven ahí? Cuando hablas de cáncer y ves las estadísticas nacionales te das cuenta que sale del rango, incluso a nivel de Arica. Uno se sorprende ante lo que pasa con una comunidad al verse expuesta de una manera crónica. Cuando hablas del tipo de cáncer y enfermedades broncopulmonares es sorprendente.
Hay pasajes completos donde uno dice que esto es anormal. Esta exposición fue letal y no se reconoció en su momento. Todas estas enfermedades que se observaron y las generaciones que le han seguido, han sido objeto de una desidia del Estado. Saber que las personas desarrollaron distintas enfermedades, entre ellas catastróficas, y que hoy no se está mitigando es una señal de que la vulnerabilidad se mantiene.
Cuando hablamos de daño es incuantificable y no sabemos cómo va a terminar. Por lo menos ahora lo vamos a intentar en Suecia.
Y vamos a revisar la instancia nacional, sabemos que hay carencias y que la Ley se puede mejorar. Todos los niños que han nacido después de 2012 también necesitan los beneficios. Hay diversos aspectos que se deben trabajar en estos meses como el ámbito jurídico, pero lo que más preocupa es el estado de salud de las personas.

Fuente: Radio Universidad de Chile - Imagen: ‪Chile Sustentable‬