México: Familia de activista antiminero asesinado cree que embajada de Canadá tomó parte
Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al Sector Público de Canadá investigar una embajada del país.
La familia del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009 cuando protestaba contra una mina de propiedad canadiense en su país, ha solicitado a un juez que reconsideré la negativa a investigar el papel de la embajada de Canadá en México en el caso.
A mediados de abril, el Comisionado para la Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la familia Abarca y varias organizaciones sociales para que investigase las acciones de la embajada canadiense en México por apoyar la minera Blackfire Exploration.
El PSIC es el organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense.
La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al PSIC investigar una embajada del país. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
Los demandantes también sospechan que la embajada canadiense pudo ignorar las normas que obligan a informar sobre supuestos casos de corrupción.
Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, Alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.
Abarca murió asesinado en noviembre de 2009 por personas desconocidas.
La organización canadiense MiningWatch, que también está involucrada en la solicitud de investigación a la embajada, informó que inmediatamente después de la muerte del activista mexicano, la Policía detuvo y acusó a tres personas relacionadas con Blackfire que posteriormente fueron puestas en libertad. El abogado Yavar Hameed, que representa la familia Abarca en Canadá, criticó la decisión del PSIC de rechazar la investigación.
“Si las alegaciones de que el apoyo de la embajada canadiense a una empresa minera pudo haber puesto en peligro la vida de un defensor de los derechos humanos no son dignas de una investigación, ¿cuál es el propósito de tener un comisionado de integridad?”, afirmó en un comunicado.
Por su parte, el hijo del activista, José Luis Abarca, lamentó que a pesar de las pruebas presentadas de la relación de la legación diplomática con la empresa minera, el PSIC rechazase la investigación.
“Es doloroso leer la respuesta del Comisionado, expresando preocupación por mi familia para luego ignorar las pruebas que presentamos sobre la negativa de la embajada a responder a la petición de ayuda de mi padre”, declaró. La familia Abarca quiere ahora que el Tribunal Federal de Canadá obligue al PSIC a investigar las acciones de la embajada.
Fuente: EFE
La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al Sector Público de Canadá investigar una embajada del país.
La familia del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009 cuando protestaba contra una mina de propiedad canadiense en su país, ha solicitado a un juez que reconsideré la negativa a investigar el papel de la embajada de Canadá en México en el caso.
A mediados de abril, el Comisionado para la Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la familia Abarca y varias organizaciones sociales para que investigase las acciones de la embajada canadiense en México por apoyar la minera Blackfire Exploration.
El PSIC es el organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense.
La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al PSIC investigar una embajada del país. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
Los demandantes también sospechan que la embajada canadiense pudo ignorar las normas que obligan a informar sobre supuestos casos de corrupción.
Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, Alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.
Abarca murió asesinado en noviembre de 2009 por personas desconocidas.
La organización canadiense MiningWatch, que también está involucrada en la solicitud de investigación a la embajada, informó que inmediatamente después de la muerte del activista mexicano, la Policía detuvo y acusó a tres personas relacionadas con Blackfire que posteriormente fueron puestas en libertad. El abogado Yavar Hameed, que representa la familia Abarca en Canadá, criticó la decisión del PSIC de rechazar la investigación.
“Si las alegaciones de que el apoyo de la embajada canadiense a una empresa minera pudo haber puesto en peligro la vida de un defensor de los derechos humanos no son dignas de una investigación, ¿cuál es el propósito de tener un comisionado de integridad?”, afirmó en un comunicado.
Por su parte, el hijo del activista, José Luis Abarca, lamentó que a pesar de las pruebas presentadas de la relación de la legación diplomática con la empresa minera, el PSIC rechazase la investigación.
“Es doloroso leer la respuesta del Comisionado, expresando preocupación por mi familia para luego ignorar las pruebas que presentamos sobre la negativa de la embajada a responder a la petición de ayuda de mi padre”, declaró. La familia Abarca quiere ahora que el Tribunal Federal de Canadá obligue al PSIC a investigar las acciones de la embajada.
Fuente: EFE
