Esmeraldas: la minería en el noroeste de Ecuador avanza sin freno
• En la provincia de Esmeraldas, la minería se suma a la deforestación para obtener maderas finas, la expansión de los cultivos de palma africana y los conflictos por tierras.
• La actividad minera ha contaminado tanto los ríos que casi no hay peces y si se consume agua, la gente se enferma. La extracción también se relaciona con el incremento del narcotráfico en la región.
por Isabela Ponce
La minería ancestral en comunidades indígenas y afroecuatorianas en Esmeraldas ha existido desde hace siglos. Pero de esa práctica manual con mallas y sin impacto ambiental ya no queda nada. Hoy, en Esmeraldas, la última provincia al norte del Ecuador, se practica minería a pequeña y mediana escala —legal e ilegal— y hay áreas en proceso de remate para la minería industrial.
Elisa Levy es la coordinadora del Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador y dice que la principal razón por la que las comunidades pasaron de practicar minería ancestral a la de pequeña y mediana escala —con maquinaria, dragas y mercurio para procesar el oro— fue y sigue siendo la falta de oportunidades en la provincia. Para entender cómo la extracción de minerales se convirtió en una alternativa hay que conocer lo que antes había allí. “Primero llegaron las madereras que deforestaron, construyeron las carreteras y dejaron, literalmente, las vías abiertas para las palmicultoras. Estas compraron las tierras de los pobladores a quienes se les dificultaba obtener algún ingreso de su predio. Lo que se dio fue un acaparamiento del territorio. Y como son grandes extensiones de monocultivo no se requiere mucha mano de obra y la poca que se necesita no se emplea todo el año porque depende de la época de cosecha”. Entonces, continúa Levy, la gente se quedó sin trabajo y sin tierra. La minería surgió como una opción laboral, una de las poquísimas que hay en esa zona del país.
Esmeraldas es una de las regiones —sino la más— excluidas y pobres de Ecuador. La provincia es la cuarta con mayor tasa de abandono escolar en primero de bachillerato y tiene: 15 % de analfabetismo (el indicador nacional promedio es 6,8 %), el índice más alto de deforestación del país y la tasa de asesinatos más alta de Ecuador (96,2 por cada 100 000 habitantes cuando la nacional es de 8,13). El acceso a servicios de saneamiento en Eloy Alfaro y San Lorenzo — cantones de Esmeraldas— es de 1,8 % y 17,6 % respectivamente, mientras que la media nacional está en 42,1 %. Además, el 78,3 % de la población de la provincia es pobre y en los cantones donde hay más presencia de palma africana y minería ese número aumenta: 94,5 % de pobres en Eloy Alfaro y 84,6 % en San Lorenzo.
En este contexto es que la minería se presentó casi como la única alternativa. Sobre todo si se toma en cuenta que un jornal en una palmicultora rodea los 15 dólares americanos pero en la minería alcanza los 50, y si se considera que en la última década el precio del oro en el mercado aumentó. Braulio Gutiérrez del colectivo Geografía Crítica dice que en la última década la minería en Esmeraldas dejó de ser esa actividad a la que solo se recurría ante una emergencia. “Era el equivalente a una vaca para los indígenas de la Sierra, quienes la vendían cada vez que había una emergencia, por ejemplo, si se enfermaba la abuela. De la misma manera, acá los comuneros extraían un poco de oro para resolver algún asunto urgente”. Esa urgencia, sin embargo, pasó a ser cotidianidad.
Legalizar lo ilegal
No existe un censo preciso para saber cuántas personas en la provincia hicieron de la minería su forma de sustento diario. Esta práctica, aunque comparada con la minería industrial parece pequeña, es muy agresiva con el ambiente porque emplea retroexcavadoras, succionadoras de gasolina, licuadoras pequeñas y químicos. “Un problema grave es que no hay una legislación que explique con detalle qué se entiende por minería a mediana escala. Por lo regular, la ley minera determina el tipo de minería por el número de hectáreas pero eso no es suficiente para entender los impactos de esta actividad”, dice Gutiérrez de Geografía Crítica.
Lo que ocurrió en la zona con este tipo de extracción, continúa Gutiérrez, es que gran parte de lo ilegal se legalizó. En 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP) entregó cerca de 38 700 hectáreas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo a grupos como la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan). Según dice, esta cooperativa ya extraía minerales sin permisos y sin cumplir estándares ambientales. Lo único que cambió es que el Estado reconoció su actividad y le permitió continuar con ella.
Para Kléver Santana, del Vicariato de Esmeraldas, esa legalidad inmediatamente se convierte en ilegalidad porque los mineros no cumplen con las normativas ambientales. Por ejemplo, es conocido que el lavado de oro con químicos en el río mata a las especies que lo habitan y a esto se suman las consecuencias sociales. “El gobierno ha mandado a pelear a negros contra negros”, dice y explica que así como Coprosan obtuvo la concesión, hay otras pequeñas cooperativas que esperan obtener los mismos beneficios.
Pero no todos los pobladores quieren que se expanda la minería y allí está el principal conflicto social entre las comunidades. El panorama sería menos complejo si esta actividad estuviera vigilada desde el Estado a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), cosa que, según gente que conoce la zona, no ocurre. Mongabay Latam pidió una entrevista con el vocero de esta institución para conocer cómo verifican que las cooperativas y los mineros a pequeña y mediana escala cumplan los estándares ambientales, sin embargo, durante cinco días la solicitud no fue atendida.
Santana dice que la minería ilegal existe de manera paralela. “No les interesa obtener permisos de operación de quien tiene la concesión. Actúan bien al monte, operan silenciosamente en la noche y la madrugada. Minan hasta dentro del río, se comen sus bordes y cambian el cauce de sus aguas. Es muy peligroso”. Esto se suma a las enfermedades de la piel que sufren los pobladores producto de las aguas contaminadas.
Las consecuencias más palpables
A fines de 2010 un estudio que analizó la calidad de cuerpos de agua en Esmeraldas —como el estero Mario Unión, estero Sabaleta, río Santiago y río Sabaleta— determinó nefastos resultados como peces con deformidades y metales pesados en su interior, producto de la extracción ilegal de oro.
Entre los resultados sociales destacan la inaccesibilidad a fuentes de agua para consumo humano por parte de las poblaciones de la cuenca del río Santiago, las relaciones sociales divididas y profundamente lastimadas y la desconfianza entre las familias por la posición que asumen frente a la presencia de las operaciones minero extractivas. Entre los resultados ambientales están la contaminación de los ríos y fuentes de agua por uso indiscriminado de metales pesados como mercurio, las posibles afectaciones a la biota (peces y macroinvertebrados con tumores) por la acumulación de metales pesados en su organismo y la pérdida de la cobertura vegetal. Como si esto fuera poco, entre las consecuencias, además de la pobreza crónica se menciona que la minería ilegal “genera actividades económicas que no son controladas por el Estado (evasión de impuestos, contrabando de insumos para la minería “redes de servicios”, fuga y blanqueo de capitales, internación de maquinaria sin registro, entre otras)”.
Después de ese estudio se realizaron tres más con resultados similares. Uno de ellos, elaborado en 2013 por la Universidad Católica de Esmeraldas para el Ministerio del Ambiente, reveló que en el estero María (un estero es una zona con condiciones de pantano generalmente en zonas planas con drenaje imperfecto) se identificó que la presencia de aluminio en el agua superaba en 580 veces la norma ambiental establecida para este mineral; en 2,4 veces la norma de cobre, en 33 veces la norma de hierro y en 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.
Los reclamos formales
Los altos índices de contaminación en las fuentes de agua llevaron a que 89 comunidades de la zona se juntaran para denunciar y solicitar medidas cautelares. En 2011 el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo falló a favor de los pobladores. Durante ese primer año parecía que el Estado tenía la intención de frenar esta actividad. Ese mismo año, 580 militares destruyeron con explosivos 67 máquinas que servían para la minería ilegal en el cantón San Lorenzo, Esmeraldas. El entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que la destrucción era parte del cumplimiento de las medidas cautelares donde las comunidades pedían que se frenara la actividad minera porque había contaminado sus ríos. Las medidas también disponían, entre otras acciones, que “el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables suspendiera provisionalmente cualquier autorización para la operación de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro”.
Natalia Bonilla de la organización ambiental Acción Ecológica dice que al principio el Estado sí tomó acciones en la zona. “Se dinamitaron las maquinarias, hubo operativos para controlar la minería ilegal pero la cuestión se dejó ahí, no se avanzó más. Los mineros regresaron y con ellos la contaminación”. Estas acciones incompletas que en teoría debieron cumplirse luego de 90 días del fallo llevaron a que seis años después, en octubre de 2017, un grupo de dirigentes presentara una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional en Quito porque no se habían aplicado las medidas. Los pobladores se quejaron porque la minería seguía contaminando sus fuentes de agua.
Mongabay Latam intentó conversar vía telefónica con miembros de una de las comunidades que interpuso la acción de incumplimiento pero debido a la situación actual en la frontera —donde disidentes de la guerrilla colombiana FARC han secuestrado y asesinado civiles y se han generado desplazamientos humanos debido al conflicto armado—, los pobladores prefirieron no dar declaraciones. “La situación acá está tensa”, dijo vía telefónica una de las personas.
• La actividad minera ha contaminado tanto los ríos que casi no hay peces y si se consume agua, la gente se enferma. La extracción también se relaciona con el incremento del narcotráfico en la región.
por Isabela Ponce
La minería ancestral en comunidades indígenas y afroecuatorianas en Esmeraldas ha existido desde hace siglos. Pero de esa práctica manual con mallas y sin impacto ambiental ya no queda nada. Hoy, en Esmeraldas, la última provincia al norte del Ecuador, se practica minería a pequeña y mediana escala —legal e ilegal— y hay áreas en proceso de remate para la minería industrial.
Elisa Levy es la coordinadora del Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador y dice que la principal razón por la que las comunidades pasaron de practicar minería ancestral a la de pequeña y mediana escala —con maquinaria, dragas y mercurio para procesar el oro— fue y sigue siendo la falta de oportunidades en la provincia. Para entender cómo la extracción de minerales se convirtió en una alternativa hay que conocer lo que antes había allí. “Primero llegaron las madereras que deforestaron, construyeron las carreteras y dejaron, literalmente, las vías abiertas para las palmicultoras. Estas compraron las tierras de los pobladores a quienes se les dificultaba obtener algún ingreso de su predio. Lo que se dio fue un acaparamiento del territorio. Y como son grandes extensiones de monocultivo no se requiere mucha mano de obra y la poca que se necesita no se emplea todo el año porque depende de la época de cosecha”. Entonces, continúa Levy, la gente se quedó sin trabajo y sin tierra. La minería surgió como una opción laboral, una de las poquísimas que hay en esa zona del país.
Esmeraldas es una de las regiones —sino la más— excluidas y pobres de Ecuador. La provincia es la cuarta con mayor tasa de abandono escolar en primero de bachillerato y tiene: 15 % de analfabetismo (el indicador nacional promedio es 6,8 %), el índice más alto de deforestación del país y la tasa de asesinatos más alta de Ecuador (96,2 por cada 100 000 habitantes cuando la nacional es de 8,13). El acceso a servicios de saneamiento en Eloy Alfaro y San Lorenzo — cantones de Esmeraldas— es de 1,8 % y 17,6 % respectivamente, mientras que la media nacional está en 42,1 %. Además, el 78,3 % de la población de la provincia es pobre y en los cantones donde hay más presencia de palma africana y minería ese número aumenta: 94,5 % de pobres en Eloy Alfaro y 84,6 % en San Lorenzo.
En este contexto es que la minería se presentó casi como la única alternativa. Sobre todo si se toma en cuenta que un jornal en una palmicultora rodea los 15 dólares americanos pero en la minería alcanza los 50, y si se considera que en la última década el precio del oro en el mercado aumentó. Braulio Gutiérrez del colectivo Geografía Crítica dice que en la última década la minería en Esmeraldas dejó de ser esa actividad a la que solo se recurría ante una emergencia. “Era el equivalente a una vaca para los indígenas de la Sierra, quienes la vendían cada vez que había una emergencia, por ejemplo, si se enfermaba la abuela. De la misma manera, acá los comuneros extraían un poco de oro para resolver algún asunto urgente”. Esa urgencia, sin embargo, pasó a ser cotidianidad.
Legalizar lo ilegal
No existe un censo preciso para saber cuántas personas en la provincia hicieron de la minería su forma de sustento diario. Esta práctica, aunque comparada con la minería industrial parece pequeña, es muy agresiva con el ambiente porque emplea retroexcavadoras, succionadoras de gasolina, licuadoras pequeñas y químicos. “Un problema grave es que no hay una legislación que explique con detalle qué se entiende por minería a mediana escala. Por lo regular, la ley minera determina el tipo de minería por el número de hectáreas pero eso no es suficiente para entender los impactos de esta actividad”, dice Gutiérrez de Geografía Crítica.
Lo que ocurrió en la zona con este tipo de extracción, continúa Gutiérrez, es que gran parte de lo ilegal se legalizó. En 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP) entregó cerca de 38 700 hectáreas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo a grupos como la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan). Según dice, esta cooperativa ya extraía minerales sin permisos y sin cumplir estándares ambientales. Lo único que cambió es que el Estado reconoció su actividad y le permitió continuar con ella.
Para Kléver Santana, del Vicariato de Esmeraldas, esa legalidad inmediatamente se convierte en ilegalidad porque los mineros no cumplen con las normativas ambientales. Por ejemplo, es conocido que el lavado de oro con químicos en el río mata a las especies que lo habitan y a esto se suman las consecuencias sociales. “El gobierno ha mandado a pelear a negros contra negros”, dice y explica que así como Coprosan obtuvo la concesión, hay otras pequeñas cooperativas que esperan obtener los mismos beneficios.
Pero no todos los pobladores quieren que se expanda la minería y allí está el principal conflicto social entre las comunidades. El panorama sería menos complejo si esta actividad estuviera vigilada desde el Estado a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), cosa que, según gente que conoce la zona, no ocurre. Mongabay Latam pidió una entrevista con el vocero de esta institución para conocer cómo verifican que las cooperativas y los mineros a pequeña y mediana escala cumplan los estándares ambientales, sin embargo, durante cinco días la solicitud no fue atendida.
Santana dice que la minería ilegal existe de manera paralela. “No les interesa obtener permisos de operación de quien tiene la concesión. Actúan bien al monte, operan silenciosamente en la noche y la madrugada. Minan hasta dentro del río, se comen sus bordes y cambian el cauce de sus aguas. Es muy peligroso”. Esto se suma a las enfermedades de la piel que sufren los pobladores producto de las aguas contaminadas.
Las consecuencias más palpables
A fines de 2010 un estudio que analizó la calidad de cuerpos de agua en Esmeraldas —como el estero Mario Unión, estero Sabaleta, río Santiago y río Sabaleta— determinó nefastos resultados como peces con deformidades y metales pesados en su interior, producto de la extracción ilegal de oro.
Entre los resultados sociales destacan la inaccesibilidad a fuentes de agua para consumo humano por parte de las poblaciones de la cuenca del río Santiago, las relaciones sociales divididas y profundamente lastimadas y la desconfianza entre las familias por la posición que asumen frente a la presencia de las operaciones minero extractivas. Entre los resultados ambientales están la contaminación de los ríos y fuentes de agua por uso indiscriminado de metales pesados como mercurio, las posibles afectaciones a la biota (peces y macroinvertebrados con tumores) por la acumulación de metales pesados en su organismo y la pérdida de la cobertura vegetal. Como si esto fuera poco, entre las consecuencias, además de la pobreza crónica se menciona que la minería ilegal “genera actividades económicas que no son controladas por el Estado (evasión de impuestos, contrabando de insumos para la minería “redes de servicios”, fuga y blanqueo de capitales, internación de maquinaria sin registro, entre otras)”.
Después de ese estudio se realizaron tres más con resultados similares. Uno de ellos, elaborado en 2013 por la Universidad Católica de Esmeraldas para el Ministerio del Ambiente, reveló que en el estero María (un estero es una zona con condiciones de pantano generalmente en zonas planas con drenaje imperfecto) se identificó que la presencia de aluminio en el agua superaba en 580 veces la norma ambiental establecida para este mineral; en 2,4 veces la norma de cobre, en 33 veces la norma de hierro y en 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.
Los reclamos formales
Los altos índices de contaminación en las fuentes de agua llevaron a que 89 comunidades de la zona se juntaran para denunciar y solicitar medidas cautelares. En 2011 el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo falló a favor de los pobladores. Durante ese primer año parecía que el Estado tenía la intención de frenar esta actividad. Ese mismo año, 580 militares destruyeron con explosivos 67 máquinas que servían para la minería ilegal en el cantón San Lorenzo, Esmeraldas. El entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que la destrucción era parte del cumplimiento de las medidas cautelares donde las comunidades pedían que se frenara la actividad minera porque había contaminado sus ríos. Las medidas también disponían, entre otras acciones, que “el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables suspendiera provisionalmente cualquier autorización para la operación de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro”.
Natalia Bonilla de la organización ambiental Acción Ecológica dice que al principio el Estado sí tomó acciones en la zona. “Se dinamitaron las maquinarias, hubo operativos para controlar la minería ilegal pero la cuestión se dejó ahí, no se avanzó más. Los mineros regresaron y con ellos la contaminación”. Estas acciones incompletas que en teoría debieron cumplirse luego de 90 días del fallo llevaron a que seis años después, en octubre de 2017, un grupo de dirigentes presentara una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional en Quito porque no se habían aplicado las medidas. Los pobladores se quejaron porque la minería seguía contaminando sus fuentes de agua.
Mongabay Latam intentó conversar vía telefónica con miembros de una de las comunidades que interpuso la acción de incumplimiento pero debido a la situación actual en la frontera —donde disidentes de la guerrilla colombiana FARC han secuestrado y asesinado civiles y se han generado desplazamientos humanos debido al conflicto armado—, los pobladores prefirieron no dar declaraciones. “La situación acá está tensa”, dijo vía telefónica una de las personas.
La minería que se
practica en Esmeraldas ya no es artesanal sino pequeña o de mediana
escala. Esta requiere necesariamente de maquinaria como
retroexcavadoras. El movimiento de la tierra produce la sedimentación de
los ríos. Foto: Junta Parroquial Alto Tambo.
La orden incumplida del juez incluía que varios ministerios —Ambiente, Minería, Defensa y Salud— y los municipios tomaran las medidas necesarias para garantizar la salud de sus habitantes, para que se prohíba la minería ilegal y para que provisionalmente no se entreguen concesiones.
La resistencia indígena Awá
Un grupo que se sigue resistiendo a que su territorio sea concesionado para la minería es la nacionalidad indígena Awá. En Esmeraldas habitan seis de estas comunidades y Olindo Nastacuaz pertenece a la de Guadualito, en San Lorenzo. El dirigente dice que la presión más fuerte que tienen hoy es la minería. Desde la Federación de Centros Awá conocen que hay cerca de 18 puntos en su territorio que están listos para ser concesionados. Sin embargo, en los últimos años, esta nacionalidad —presente en las provincias de Esmeraldas, Tulcán, Imbabura y Sucumbíos— ha manifestado su rechazo absoluto hacia esta actividad. “Pero los ministerios o instituciones como la ARCOM han venido a socializar que la minería es buena. Lo que hemos conversado en asambleas y pedido al Estado es que nos demuestren en qué país del mundo la minería ha sacado a la población de la pobreza sin contaminar”. Para el dirigente indígena, ni la tecnología de punta más avanzada puede evitar los fuertes impactos ambientales que causa la extracción.
Por eso, cuando las autoridades estatales han intentado convencer a miembros de esta nacionalidad indígena que acepten la minería porque, según ellos —el Estado se encargará de controlar la actividad, esta se regirá por una normativa y habrá remediación después de la explotación—, las comunidades responden cosas como: “vayan entonces allá donde ya contaminaron y remedien”. Se mantienen firmes en que no se van a dejar engañar.
El 20 de noviembre de 2010, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos elaboró un documento en el que argumenta por qué las concesiones mineras en territorio Awá —reconocido legalmente por título global otorgado por el Estado Ecuatoriano— son ilegales e inconstitucionales. Entre las razones principales mencionó que no se garantizó, de manera anterior al inicio del trámite, el derecho a la consulta previa. Por ende, el proyecto para concesionar el subsuelo del territorio Awá debía ser archivado.
En la Asamblea que se
llevó a cabo en Mataje Alto, se repartieron imágenes de mapas del
territorio Awá que actualmente está concesionado para la minería.
Foto:
Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador.
Los planes para la minería a gran escala
Las concesiones en la zona, sin embargo, no solo se dan a mediana escala. Según el catálogo minero del Ministerio de Minería de 2016, hay 18 “descubrimientos importantes” para practicar minería a gran escala en el país: cinco son proyectos estratégicos que están más avanzados y 13 que se espera “logren avances significativos a mediano plazo”. Entre los 13 está Tola Norte, en Esmeraldas, que estaría concesionado a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) donde se explotaría hierro y titanio. En otro documento de agosto de 2017 del Ministerio de Minería se identifica a Alto Tambo, ubicado en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, como área minera.
Y es que en los últimos años Ecuador se ha convertido en un destino amigable para la minería. Según el informe Alcance de las concesiones mineras recientes en Ecuador, en los últimos dos años las hectáreas de tierra disponibles para la exploración y explotación minera pasaron de 790 000 a 3 693 000, es decir, del 3 % al 13 % del área del país. No fue sorpresa entonces que en 2017 Ecuador ganara el premio como una de las mejores naciones en desarrollo minero, en los Mines and Money Americas 2017, en Toronto, Canadá.
El panorama político-ambiental, sin embargo, sigue teniendo contradicciones, ya que apenas en noviembre de 2017 el presidente Lenín Moreno incluyó en su consulta popular una pregunta para prohibir la minería metálica en centros urbanos; la cual tuvo el apoyo popular este febrero. Dos meses después ni los expertos en el tema entienden el alcance que tendría esta prohibición en un país cada vez más minero.
La minería y el crimen organizado
Esta apertura para la minería en los últimos años ha tenido sus complejidades en las zonas fronterizas debido a las actividades ilícitas que allí ocurren. El informe “El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina” de Global Initiative menciona que en la primera década del siglo XXI se intersectaron dos tendencias: el alza del precio del oro y la “Guerra contra las Drogas” liderada por Estados Unidos para acabar con el narcotráfico especialmente en Colombia y México. Esta lucha, señala el reporte, “redujo bruscamente la rentabilidad del tráfico de drogas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Como resultado, las bandas criminales que controlan el narcotráfico vieron un gran incentivo a volcarse hacia la explotación ilegal de oro. La fragmentación de la minería artesanal de oro en América Latina no hizo más que facilitar su entrada. Estos grupos entendieron rápidamente que tomar el control de grandes porciones de tierra alejadas de la mirada del gobierno y dominar las empresas que tenían sus minas en esas tierras les permitiría generar grandes márgenes de ganancia con riesgos mucho menores”. Según el mismo reporte, el porcentaje de oro extraído de manera ilegal en Ecuador alcanzaría el 77 %.
En
la reunión de la Gran Familia Awá Binacional se recordaron los valores y
formas de vida de la nacionalidad Awá que incluyen el cuidado de la
naturaleza. Foto: Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del
Ecuador.
Este aumento de minería ilegal en la zona, que según el Environmental Justice Atlas habría tenido su auge en 2010, provocó “un fuerte deterioro de la seguridad en el área pues los grupos de personas armadas intimidaron a la población y silenciaron cualquier muestra de inconformidad”.
Sea de manera ilegal o legal, la minería ha demostrado consecuencias negativas en todos los aspectos posibles. Una de las evaluaciones ambientales —elaborada por el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua y la Universidad Católica de Esmeraldas— hechas en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo (cuenca del río Santiago y Bogotá) concluye que “el modelo productivo y de explotación de oro desarrollado en la zona de estudio es inviable desde los puntos de vista económico, social y ambiental por lo que es necesario cambiar el modelo de explotación que hasta la fecha se ha venido desarrollando”.
A pesar de esto, según el Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador solo en Carchi, Imbabura y Esmeraldas, hasta septiembre del 2017, existían 596 concesiones mineras, la gran mayoría para extraer oro del subsuelo.
Fuente: https://es.mongabay.com/2018/05/mineria-en-el-noroeste-de-ecuador-se-acelera/?utm_source=Latam&utm_campaign=131c9fabaf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_e3bbd0521d-131c9fabaf-71089191
Sea de manera ilegal o legal, la minería ha demostrado consecuencias negativas en todos los aspectos posibles. Una de las evaluaciones ambientales —elaborada por el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua y la Universidad Católica de Esmeraldas— hechas en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo (cuenca del río Santiago y Bogotá) concluye que “el modelo productivo y de explotación de oro desarrollado en la zona de estudio es inviable desde los puntos de vista económico, social y ambiental por lo que es necesario cambiar el modelo de explotación que hasta la fecha se ha venido desarrollando”.
A pesar de esto, según el Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador solo en Carchi, Imbabura y Esmeraldas, hasta septiembre del 2017, existían 596 concesiones mineras, la gran mayoría para extraer oro del subsuelo.
Fuente: https://es.mongabay.com/2018/05/mineria-en-el-noroeste-de-ecuador-se-acelera/?utm_source=Latam&utm_campaign=131c9fabaf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_e3bbd0521d-131c9fabaf-71089191
