Centroamérica: Narcotráfico es responsable del 30% de la deforestación en zonas protegidas

La penetración del narcotráfico en Centroamérica causa al menos el 30% de la deforestación detectada en las áreas protegidas de la región, debido a la necesidad de crear rutas de transporte, pistas de aterrizaje y espacios para esconder la droga, reveló hoy un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, la Fundación Neotrópica, la Earth Economics e investigadores de la Universidad de Ohio, Estados Unidos.

 
“Buscamos patrones para ver cómo el tráfico ilícito de drogas estaba relacionado con la deforestación. Lo que hemos aprendido es que los narcos quieren tierra para poder traficar, para hacer sus negocios y la tierra es muy importante para esconder sus ganancias, hacer rutas”, afirmó la investigadora de la Universidad de Ohio Kendra McSweeney en una videoconferencia de prensa.
Esto implica pérdidas para la biodiversidad, el turismo y la inversión extranjera directa, así como en servicios ambientales. Sobre estos últimos se calcula que del 2001 al 2010 el narcotráfico generó pérdidas de hasta 88 millones de dólares anuales en Centroamérica.
“El tráfico de drogas se ha convertido en un causante de la deforestación por el cambio de rutas que ha causado la política de control de drogas de EE.UU. Se establecen rutas de transporte, algunas terrestres que requieren de un control territorial en zonas protegidas”, dijo el director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar. Además, se identificó la inclusión de actividades relacionadas al uso de la tierra que causan degradación ambiental y sirven para lavar dinero.
En el estudio, los investigadores identificaron cinco “puntos calientes” que pueden estar relacionados con el tráfico y que generan presión sobre las áreas protegidas. Estos puntos son el área de Conservación Osa en Costa Rica, las Reservas de la Biosfera Xiriualtique-Jiquilisco, en El Salvador, Darién-Comarca Emberá-Wounaan, en Panamá, y la Biosfera Maya en Guatemala, a las que se suman el Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye la Reservas de la Biosfera Bosawás en Nicaragua, y la Tawahka-Asagni, el Parque Nacional Patuca y la de Río Plátano, en Honduras.
En cuatro de estos sitios, excluyendo a Costa Rica, hay una reducción en la cobertura de vegetación y aumentos en las zonas de agricultura y cobertura herbácea, que llevan a una pérdida neta de funciones y servicios ecosistémicos. “Hay un embudo que va por la costa, por la tierra o por el aire y todo se concentra desde Olancho (en Honduras) hacia Guatemala, ahí establecen controles territoriales. En esas zonas se aprovecha la ausencia (de control) del Estado y establecen miniestados, en donde se dan los focos de mayor deforestación”, explicó Aguilar.
Según el estudio, los niveles de conflictividad que estas redes están causando amenazan la calidad de vida y seguridad de la región, siendo los ambientalistas e indígenas los más afectados. En ese sentido, la investigación revela que los Estados centroamericanos destinan menos del 1 % de sus presupuestos a las áreas protegidas: Costa Rica (0,22 %), Nicaragua (0,08 %), Honduras (0,06 %), Panamá (0,04 %), Belice (0,03 %) y Guatemala (0,005 %).

Los investigadores subrayan que las implicaciones directas sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan un efecto diferente. En Guatemala y Honduras existe una disputa por el control del territorio, la capitalización de actividades económicas (ganadería, palma, minería, turismo) e inclusive los gobiernos municipales. Por su parte, en Costa Rica se presenta degradación de los servicios ecosistémicos tras la utilización de las áreas silvestres como sistemas de bodegaje, reabastecimiento de combustible y cambio de medio de tránsito.
“El tejido social se erosiona y la gente comienza a tener temor, consideramos que si hay impactos ambientales que debemos tomar en cuenta si queremos conservar la sostenibilidad de las áreas. La solución para Costa Rica es invertir para que no se debilite, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), además, se deberá tener un acompañamiento adecuado de Guardacostas, Dirección de Policías de Fronteras.”, indicó Aguilar.
Establecen modelos ilegales de gobernanza
El estudio demostró que las áreas protegidas son el blanco perfecto para que las organizaciones de tráfico de drogas establezcan territorios de control dentro de los países de tránsito, más allá del alcance de los esfuerzos de interdicción liderados por el estado, implementando estrategias como socavar las alianzas de gobernanza de conservación existentes, oponerse a las normas y reglas existentes, alterar los beneficios esperados del pago por servicios ecosistémicos entre otros. Estas organizaciones están estableciendo modelos alternativos de gobernanza de los recursos que desafían la autoridad de las agencias de conservación en la región.
Además, en muchos casos las áreas silvestres protegidas coinciden con territorios fronterizos y zonas marinas internacionales, condiciones que facilitan el tránsito de sustancias ilícitas.

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