ONU: Aumenta la legislación ambiental mundial, pero fracasa su aplicación
La cantidad de leyes ambientales promulgadas en el mundo se ha multiplicado por 38 desde 1972, pero su escasa o nula aplicación resulta en una gran amenaza para combatir el cambio climático, la contaminación y la pérdida generalizada de especies y hábitats, advirtió este jueves la ONU.
Acuerdos ambientales
Aunque la ayuda internacional hizo posible más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972, “ni la ayuda ni la presupuestación interna dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad”, afirmó el también llamado Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA) en un informe.
Algunos de los problemas son la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales, una capacidad institucional muy débil, la falta de acceso a la información, la corrupción y la baja participación civil.
“A menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable”, apuntó el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd.
Durante el periodo que abarca el estudio se han logrado también avances positivos, como la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del entorno en la Constitución de 65.
Tribunales ambientales
Por otro lado, se han creado más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países y en más de 60 existen al menos algunas disposiciones legales centradas en el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre su medio ambiente.
“Contamos con el mecanismo, compuesto de leyes, reglamentos y organismos, para regir nuestro medio ambiente de manera sostenible. La voluntad política resulta hoy esencial para garantizar que nuestras leyes actúen en favor del planeta”, subrayó la directora ejecutiva adjunta del PNUMA, Joyce Msuya.
Una de las dimensiones de la resistencia contra las leyes ambientales que denuncia el informe es el hostigamiento y el asesinato de defensores de la naturaleza.
En este sentido, entre 2002 y 2013, 908 personas -incluyendo guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales- fueron asesinadas en 35 países y, solo en 2017, fueron asesinados 197 defensores del medio ambiente.
“Los crecientes ataques a los defensores del medio ambiente son violaciones manifiestas del estado de derecho ambiental y una afrenta a los derechos de los pueblos indígenas y la sociedad civil en la protección de nuestro medio ambiente”, señaló la activista de los derechos indígenas y defensora del medio ambiente en Filipinas, Joan Carling.
Namibia
Una buena coordinación entre instituciones sólidas y efectivas es esencial para un despliegue efectivo de estas leyes, según el informe.
Es un ejemplo de ello Namibia que, tras su independencia, estableció un órgano administrativo para gestionar los ámbitos de la pesca a largo plazo.
Desde entonces, este país africano ha experimentado una caída del 15% en las poblaciones de peces “sobreexplotadas y colapsadas” solo en seis años, dado que las leyes que afectan a la pesca ilegal marcan la presencia de inspectores a bordo que revisan el 91,5 % de los buques en sus aguas.
Para resolver esta situación, ONU Medioambiente recomienda la implicación de distintos actores de la sociedad que tengan voluntad política y la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en todas las leyes que se promulguen.
El organismo también aconseja la puesta en marcha de pruebas piloto que permitan comprobar la efectividad de las leyes medioambientales.
Fuente: EFEverde
Acuerdos ambientales
Aunque la ayuda internacional hizo posible más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972, “ni la ayuda ni la presupuestación interna dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad”, afirmó el también llamado Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA) en un informe.
Algunos de los problemas son la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales, una capacidad institucional muy débil, la falta de acceso a la información, la corrupción y la baja participación civil.
“A menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable”, apuntó el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd.
Durante el periodo que abarca el estudio se han logrado también avances positivos, como la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del entorno en la Constitución de 65.
Tribunales ambientales
Por otro lado, se han creado más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países y en más de 60 existen al menos algunas disposiciones legales centradas en el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre su medio ambiente.
“Contamos con el mecanismo, compuesto de leyes, reglamentos y organismos, para regir nuestro medio ambiente de manera sostenible. La voluntad política resulta hoy esencial para garantizar que nuestras leyes actúen en favor del planeta”, subrayó la directora ejecutiva adjunta del PNUMA, Joyce Msuya.
Una de las dimensiones de la resistencia contra las leyes ambientales que denuncia el informe es el hostigamiento y el asesinato de defensores de la naturaleza.
En este sentido, entre 2002 y 2013, 908 personas -incluyendo guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales- fueron asesinadas en 35 países y, solo en 2017, fueron asesinados 197 defensores del medio ambiente.
“Los crecientes ataques a los defensores del medio ambiente son violaciones manifiestas del estado de derecho ambiental y una afrenta a los derechos de los pueblos indígenas y la sociedad civil en la protección de nuestro medio ambiente”, señaló la activista de los derechos indígenas y defensora del medio ambiente en Filipinas, Joan Carling.
Namibia
Una buena coordinación entre instituciones sólidas y efectivas es esencial para un despliegue efectivo de estas leyes, según el informe.
Es un ejemplo de ello Namibia que, tras su independencia, estableció un órgano administrativo para gestionar los ámbitos de la pesca a largo plazo.
Desde entonces, este país africano ha experimentado una caída del 15% en las poblaciones de peces “sobreexplotadas y colapsadas” solo en seis años, dado que las leyes que afectan a la pesca ilegal marcan la presencia de inspectores a bordo que revisan el 91,5 % de los buques en sus aguas.
Para resolver esta situación, ONU Medioambiente recomienda la implicación de distintos actores de la sociedad que tengan voluntad política y la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en todas las leyes que se promulguen.
El organismo también aconseja la puesta en marcha de pruebas piloto que permitan comprobar la efectividad de las leyes medioambientales.
Fuente: EFEverde
