Argentina: Vía libre para fumigar escuelas en Buenos Aires
El
ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto,
firmó la resolución que habilita a fumigar con agrotóxicos hasta la
puerta de escuelas, viviendas y cursos de agua. La autorización contradice fallos judiciales y ordenanzas municipales. Organizaciones socioambientales, campesinas y maestros repudiaron la medida y exigieron su derogación.
* Por Darío Aranda.
El gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional y "criminal".
A las 8 de la mañana comienzan las clases en las escuelas rurales de Buenos Aires. Hasta las 7.59 los empresarios del agro podrán fumigar con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros cuestionados químicos del modelo de agronegocio. Así lo establece la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigencia el 1 de enero y fue firmada por Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires falló en 2012 y declaró ilegal una fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros de viviendas y aplicó el "principio precautorio": cuando haya riesgo de afectación del ambiente o la salud se deben tomar medidas preventivas (vigente en la Ley General del Ambiente --25675--).
El fallo del máximo tribunal provincial, en un caso de la ciudad de Alberti, marcó un precedente. Se produjeron fallos similares en tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez y Dolores, entre otros. El último, en 2018, prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros en Chascomús. En Entre Ríos, un fallo inédito protegió las escuelas: 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros si son aéreas. Decenas de ordenanzas fijan distancias de entre 500 y 1000 metros para fumigaciones.
El gobierno de Buenos Aires desoyó los fallos judiciales y en base a una propuesta de los empresarios de agro emitió la resolución 246, de 11 artículos, que con lenguaje técnico y negador de estudios científicos permite distancias cero para fumigar con agrotóxicos.
"Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgo de daños en la salud", denunció Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles.
Ana Zabaloy, docente rural de San Antonio de Areco, sufrió en carne propia las fumigaciones junto a alumnos y salió a luchar para que no los fumiguen más. "Es vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en primera persona el costo humano de este modelo basado en transgénicos y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida con el cierre de escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual: es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio", afirmó Zabaloy.
Más de un centenar de organizaciones sociales, de productores familiares, académicas y socioambientales emitieron un comunicado conjunto titulado "la resolución del veneno", en el que repudiaron la decisión del gobierno de Vidal y advirtieron que tendrá "consecuencias devastadores" en la salud de las personas y en el ambiente.
"Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria", denunciaron la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), entre otros.
La decisión del gobierno de Vidal va en línea con el gobierno nacional y se basa en una propia creación empresaria: las "buenas prácticas agrícolas" (BPA). Se trata de una seria de supuestas acciones que permitirían que los agroquímicos no afecten la salud. Las "pruebas a campo" se hacen con agua (en lugar de agrotóxicos) y bajo condiciones ideales de viento y humedad (que muy pocas veces se dan en el campo). Según esos ensayos se puede fumigar hasta la puerta de las viviendas y escuelas.
* Por Darío Aranda.
El gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional y "criminal".
A las 8 de la mañana comienzan las clases en las escuelas rurales de Buenos Aires. Hasta las 7.59 los empresarios del agro podrán fumigar con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros cuestionados químicos del modelo de agronegocio. Así lo establece la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigencia el 1 de enero y fue firmada por Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires falló en 2012 y declaró ilegal una fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros de viviendas y aplicó el "principio precautorio": cuando haya riesgo de afectación del ambiente o la salud se deben tomar medidas preventivas (vigente en la Ley General del Ambiente --25675--).
El fallo del máximo tribunal provincial, en un caso de la ciudad de Alberti, marcó un precedente. Se produjeron fallos similares en tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez y Dolores, entre otros. El último, en 2018, prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros en Chascomús. En Entre Ríos, un fallo inédito protegió las escuelas: 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros si son aéreas. Decenas de ordenanzas fijan distancias de entre 500 y 1000 metros para fumigaciones.
El gobierno de Buenos Aires desoyó los fallos judiciales y en base a una propuesta de los empresarios de agro emitió la resolución 246, de 11 artículos, que con lenguaje técnico y negador de estudios científicos permite distancias cero para fumigar con agrotóxicos.
"Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgo de daños en la salud", denunció Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles.
Ana Zabaloy, docente rural de San Antonio de Areco, sufrió en carne propia las fumigaciones junto a alumnos y salió a luchar para que no los fumiguen más. "Es vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en primera persona el costo humano de este modelo basado en transgénicos y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida con el cierre de escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual: es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio", afirmó Zabaloy.
Más de un centenar de organizaciones sociales, de productores familiares, académicas y socioambientales emitieron un comunicado conjunto titulado "la resolución del veneno", en el que repudiaron la decisión del gobierno de Vidal y advirtieron que tendrá "consecuencias devastadores" en la salud de las personas y en el ambiente.
"Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria", denunciaron la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), entre otros.
La decisión del gobierno de Vidal va en línea con el gobierno nacional y se basa en una propia creación empresaria: las "buenas prácticas agrícolas" (BPA). Se trata de una seria de supuestas acciones que permitirían que los agroquímicos no afecten la salud. Las "pruebas a campo" se hacen con agua (en lugar de agrotóxicos) y bajo condiciones ideales de viento y humedad (que muy pocas veces se dan en el campo). Según esos ensayos se puede fumigar hasta la puerta de las viviendas y escuelas.
Las
"BPA" son impulsadas por las empresas que venden los agrotóxicos y
transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y
BASF. Incluso conformaron en Argentina la "Red BPA", integrada por la
Asociación de Siembre Directa (Aapresid), el INTA, Casafe (empresas de
agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre
otros.
Gabriel Arisnabarreta es parte de la organización Ecos de Saladillo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar. "Esta resolución viola los derechos existentes, es criminal y autoritaria porque pretende pulverizar encima de los barrios, de las bocas de agua para consumo y de las escuelas. Vamos a accionar legalmente en toda la provincia para evitar que esta resolución criminal pueda aplicarse", advirtió. Arisnabarreta, que también es ingeniero agrónomo, afirmó que las llamadas "buenas prácticas agrícolas" no existen en la realidad cotidiana del campo y recordó que el problema de fondo es el modelo agropecuario, basado en transgénicos y agrotóxicos.
BPA y ministros del agronegocio
En julio pasado, en un hecho inédito, los entonces ministros Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud), Sergio Bergman (Ambiente) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) presentaron los "lineamientos para aplicación de fitosanitarios en base a las BPA", antesala de la resolución 246 del gobierno de María Eugenia Vidal. Cumplieron con todos los pedidos de las empresas: no fijaron distancias mínimas para proteger a la población, no tuvieron en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordaron el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
La Asociación de Medicina General de Buenos Aires (Amgba) es una organización académica y científica que nuclea a médicos especialistas y equipos de salud. Ante la resolución interminsterial del gobierno nacional emitieron un duro comunicado: "Han antepuesto los intereses del sector productivo por encima de la salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud de la exposición a agroquímicos".
Artículo publicado el 21 de enero de 2019 el diario Página12.
Imagenes: Revista Bordes - ATE
Gabriel Arisnabarreta es parte de la organización Ecos de Saladillo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar. "Esta resolución viola los derechos existentes, es criminal y autoritaria porque pretende pulverizar encima de los barrios, de las bocas de agua para consumo y de las escuelas. Vamos a accionar legalmente en toda la provincia para evitar que esta resolución criminal pueda aplicarse", advirtió. Arisnabarreta, que también es ingeniero agrónomo, afirmó que las llamadas "buenas prácticas agrícolas" no existen en la realidad cotidiana del campo y recordó que el problema de fondo es el modelo agropecuario, basado en transgénicos y agrotóxicos.
BPA y ministros del agronegocio
En julio pasado, en un hecho inédito, los entonces ministros Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud), Sergio Bergman (Ambiente) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) presentaron los "lineamientos para aplicación de fitosanitarios en base a las BPA", antesala de la resolución 246 del gobierno de María Eugenia Vidal. Cumplieron con todos los pedidos de las empresas: no fijaron distancias mínimas para proteger a la población, no tuvieron en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordaron el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
La Asociación de Medicina General de Buenos Aires (Amgba) es una organización académica y científica que nuclea a médicos especialistas y equipos de salud. Ante la resolución interminsterial del gobierno nacional emitieron un duro comunicado: "Han antepuesto los intereses del sector productivo por encima de la salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud de la exposición a agroquímicos".
Artículo publicado el 21 de enero de 2019 el diario Página12.
Imagenes: Revista Bordes - ATE
