Debate de sociedad en Suiza: "Multinacionales irresponsables"
Por Sergio Ferrari
Allá lejos, todo vale
En Cerro de Pasco, Perú, el agua y el aire están envenenados por metales pesados. La responsable: una gigantesca mina de la empresa Volcán – controlada por la multinacional suiza Glencore-. 70 mil personas habitan en la región, y las consecuencias, aunque generales, golpean fundamentalmente a niñas y niños. Numerosos casos de anemias, parálisis y diferentes tipos de discapacidades constituyen moneda corriente entre la población infantil.
A pesar que su venta está prohibida en Suiza y en la Unión Europea, dicho pesticida sigue siendo comercializado en numerosas naciones latinoamericanas (Colombia, Ecuador, Perú, México, Costa Rica etc.). La misma Syngenta reconoce que es “tóxico por inhalación” (https://www.syngenta.com.co/product/crop-protection/insecticida/polo-250-ec).
Un reciente reportaje de la cadena nacional de TV exhibió el drama de “La Rinconada” en el Puno peruano, donde miles de mineros artesanales, en condiciones sanitarias y sociales infrahumanas, buscan oro que será vendido por centavos a la Refinería Metalor, con sede central en el Cantón helvético de Neuchâtel. ONG suizas sostienen que entre el 60 y el 70% del comercio internacional de oro pasa por las manos de cuatro refinerías helvéticas, entre las cuales se encuentra Metalor.
La relación entre la problemática el holding argentino Vicentín y la multinacional Glencore, socios en la empresa RENOVA, no hace más que abrir interrogantes sobre los derechos sindicales y ambientales vigentes. En una coyuntura de gran tensión sobre el futuro de esta cerealera exportadora.
La explotación infantil en cultivos de café de Guatemala destinado a la empresa Nespresso (de la transnacional suiza Nestlé), documentada en un reportaje de la Channel 4 inglesa, comprueba violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Se multiplican así en la prensa nacional e internacional, ejemplos sobre violaciones de derechos humanos y ambientales. Desmentidos formales, comunicados insulsos o declaraciones retóricas, constituyen la línea predominante de muchas de las multinacionales helvéticas criticadas.
Obligación universal
La Iniciativa Popular Federal *Empresas Responsables para proteger el ser humano y el medio ambiente* (tal su nombre oficial) exige que las grandes sociedades helvéticas y sus filiales en el exterior -principalmente asentadas en América Latina, África o Asia- respeten los derechos humanos y ambientales según las normas que deben acatar en Suiza mismo. Es decir, busca imponerles un marco jurídico de acción planetaria acorde a los cánones actuales definidos, entre otras, por las Naciones Unidas (https://initiative-multinationales.ch/).
De ser aceptada modificará el artículo 101a de la Constitución Nacional, estableciendo que “la Confederación toma medidas para que la economía respete más los derechos humanos y ambientales…La ley regula las obligaciones de las empresas que tienen su sede estatutaria, su administración central o su establecimiento principal en Suiza”. Y enumera a continuación, como marco, los derechos humanos y normas ambientales internacionales; la obligación de hacer prueba de una *diligencia razonable* y de asumir los perjuicios que ellas o sus filiales produzcan.
La violación de derechos humanos y de normas internacionales a nivel ambiental debería implicarles sanciones a las transnacionales violadoras. Es decir, insisten los promotores de la iniciativa, “cuando las multinacionales contaminan el agua potable o destruyen regiones enteras, deben responder a esos daños y asumir los perjuicios cometidos”.
En la práctica, si la Iniciativa Popular fuera aprobada por la ciudadanía en la votación del último domingo de noviembre, las víctimas de esas violaciones en cualquier lugar del mundo estarían autorizadas jurídicamente a exigir una reparación, en Suiza mismo.
Los perjudicados -recurriendo al apoyo de ONG y abogados solidarios- deberán probar ante los tribunales helvéticos los daños sufridos. Las multinacionales tendrán el derecho de demostrar si han seguido todas las instrucciones y efectuado todos los controles necesarios. Un tribunal nacional deberá, finalmente, juzgar.
Respeto a la legislación internacional
La Iniciativa, que con el apoyo de 120 mil firmas fue inscrita oficialmente el 10 de octubre del 2016, – y que sufriera interminables idas y vueltas entre el ejecutivo nacional y las dos cámaras parlamentarias-, retoma, como concepto esencial, el de la “diligencia debida”, asumido por el Consejo de Derechos Humanos en junio del 2011 al adoptar los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. (https://www.ohchr.org/documents/publication/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf)
La diligencia debida señala el deber de los Estados; la responsabilidad de las empresas y el acceso de las víctimas a la justicia para obtener una compensación por el daño sufrido. Tiene tres componentes: la identificación de riesgos; una actividad en consecuencia a dichos peligros; y la información pública y transparente sobre esos análisis de riesgo y las medidas adoptadas para evitarlos.
En el caso específico de las multinacionales y sus filiales, deberán, ya antes de comenzar a operar en un país determinado, hacer un estudio a fondo de las potenciales violaciones de derechos humanos o ambientales que su actividad puede implicar. Y continuar con ese método durante todo el tiempo de su actividad.
En ese ejercicio deberán respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto II de la ONU); el también onusiano Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Posibilidad de éxito
Una encuesta de la segunda semana de mayo indicaba que el 78 % de la ciudadanía votaría a favor de la iniciativa. ¿Cómo explicar un nivel de simpatía tan alto para una temática sensible en el país con mayor concentración de multinacionales por habitante? Y a pesar de la contra propaganda intensa y repleta de recursos promovida, esencialmente, por la central patronal Economie Suisse.
Las claves de interpretación son diversas. La primera, el intenso trabajo de sensibilización e información que desde años importantes actores de la sociedad civil han impulsado sobre el tema. Proceso que arranca a fines del 2011 con el lanzamiento de la petición popular “Derecho sin Fronteras” que fue un primer gran éxito de etapa al lograr más de 135 mil firmas en solo 7 meses y que planteaba la necesidad de reglamentar la presencia multinacional helvética en cualquier parte del planeta.
Adicionalmente, son 114 las organizaciones de la cooperación, de los derechos humanos, feministas, ambientales, eclesiales, sindicatos, cooperativas y uniones de accionistas, que sostienen, ahora, la iniciativa popular. Desde Amnistía Internacional Suiza a Alianza Sur – que reúne a las seis ONG de cooperación al desarrollo más conocidas-, hasta UNITERRE (rama local de Vía Campesina) y el WWF, pasando por varios sindicatos: UNIA (el más numeroso), SYNDICOM (de la comunicación), Trabajo Suizo (socialcristiano), SYNA, y la misma Unión Sindical Suiza, principal confederación nacional de trabajadores.
Cerca de medio millar de comités locales funcionan en todo el país. Entre los cuales, más de 20 en la Ciudad de Zúrich, una decena en la capital Berna, siete en la ciudad de Ginebra y cinco en la de Lausana. Los mismos, con un constante trabajo de sensibilización, presencia con estands, podios, discusiones públicas y trabajo virtual vienen asegurando una activa presencia, aun durante el tiempo de pandemia. Y se lanzan a partir de fines de agosto al sprint final de trabajo político.
La diversidad de sus componentes es otra especificidad de esta iniciativa en marcha. Más allá de los partidos socialista, verde, y de la izquierda extraparlamentaria, que sostienen desde el inicio la propuesta, se ha creado un Comité Burgués de apoyo – que reúne unas 160 personalidades políticas de centro y derecha-: un grupo de representantes religiosos a favor de la justicia y la ética empresariales, así como un extendido grupo de la “Economía a favor de las empresas responsables”.
Personalidades de primer nivel también apoyan la propuesta. Entre otras, las antiguas consejeras federales -poder ejecutivo nacional colectivo- Ruth Dreifuss y Micheline Calmy-Rey, el ex presidente de la Cruz Roja Internacional Cornelio Sommaruga y los premios Nobel de Química 2017 Jacques Dubochet y de Física 2019, Michel Mayor. Los copresidentes del Comité de Iniciativa son Dick Marty, ex senador nacional progresista del Partido Radical Liberal (derecha empresarial), y la profesora de Derecho, Monika Roth.
Realidad europea
Si la Iniciativa lograra triunfar el 29 de noviembre próximo, implicará la introducción de una modificación en la Constitución. Esto requiere la doble mayoría, es decir la del pueblo y la de los cantones, lo que complejiza este tipo de consulta popular. Un triunfo en Suiza (con 21 multinacionales en el top 1000, es decir entre las más importantes a nivel mundial) reforzaría un debate más global que existe ya en varios países europeos.
En 2017, en Francia, que cuenta con 40 de las multinacionales del top 1000 fue aceptada una “Ley de vigilancia” (Loi Vigilance) que incorpora la responsabilidad civil de las multinacionales que violan los derechos humanos. De las más abiertas en el sector, esta ley fue el resultado de una intensa movilización de sindicatos y actores sociales luego del desastre de Plaza Rana, de abril del 2013 en Dakha, capital de Bangladés. Entonces, debido a una irresponsabilidad empresarial, el derrumbe del edificio de nueve pisos que albergaba una mega industria textil costó la vida a 1.138 personas y produjo, al menos, 2000 heridos.
En el Reino Unido (39 sociedades en el top mil), la responsabilidad de esas grandes empresas a nivel de derechos esenciales fue reconocida en el 2012. Incluso la Corte Suprema aprobó en 2019 un recurso jurídico contra el grupo minero Vedanta por su actuación en Sambia. Pero al igual que Alemania (35 en el top mil), una ley reguladora anima la discusión parlamentaria.
Por su parte en Holanda (17 en el top mil) fue aprobada una ley sancionadora del trabajo de los niños y se estudia una extensión de la misma a la violación de todos los derechos humanos. Los Países Bajos reconocen diversas formas de responsabilidad civil de las multinacionales. En 2019, un tribunal aprobó el juicio contra la Shell por su actuación antiecológica en Nigeria.
Una Comisión de la Unión Europea (que concentra a 235 de las multinacionales top 1000) estudia la temática. Y mientras el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de mejorar el acceso de las víctimas a la reparación, define que la responsabilidad civil es una competencia de cada uno de los Estados miembros.
¿Se puede exigir responsabilidad a multinacionales cuya esencia y objetivo es solo la ganancia? Más allá de los cambios verdaderos que una propuesta de esta naturaleza pueda lograr, el debate y la sensibilización que ella genera son ya impactos positivos. Exigir buena conducta a las transnacionales – ¿sofisma?, ¿perspectiva reformista de una sociedad altamente consumista? – apunta, en definitiva, a desenmascarar uno de los funcionamientos del actual sistema hegemónico mundial.
Fuente: Rebelion.org
