Patagonia Argentina: Impunidad, espionaje y persecución a asambleístas en Chubut
por Fabricio Cardelli
Fotos: Luan Colectiva Fotográfica
"Todas las instituciones las han ido destruyendo, porque el extractivismo se lleva puesto todo. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, vemos que 40 años después el aparato represivo está vigente". Las palabras de Gustavo Macayo, abogado querellante, representante de vecinxs de Esquel espiados ilegalmente por la AFI, también víctima de espionaje ilegal, en la conmemoración de los 20 años del No a la mina, en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Este año se cumplirán 40 años del regreso a la democracia tras la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Pero muchas de las prácticas violatorias en materia de derechos humanos siguen vigentes. Es una deuda de la democracia, es una deuda de la Justicia, que durante aquel periodo (1976-1983) siguió funcionando mientras las demás instituciones del Estado estaban secuestradas. Esa deuda es con todo el pueblo argentino, y Chubut no escapa a esa lógica de injusticia. "El aparato represivo en Chubut nunca se ha desarticulado", en palabras del historiador Gonzalo Pérez Álvarez.
El gran obstáculo para estos meganegocios es, justamente, los pueblos que habitan estos territorios de sacrificio. Las comunidades conscientes; vecinas y vecinos que, organizadxs en forma de asambleas -activas o pasivas-, se informan, se encuentran, donde la palabra circula, donde la resistencia se contagia y donde salir a la calle es lo que queda. El Chubutazo de diciembre de 2021, cuando impusieron la megaminería que ante la rebelión popular debieron dar marcha atrás y derogar la ilegítima ley, condensó estos 20 años de organización popular que tuvo inicio en Esquel, tras aquel histórico plebiscito en el que el 81% dijo NO a un proyecto minero. Y que creó las bases para decirle NO a todos los proyectos mineros que intentaron (e intentarán) imponer. El pueblo de Chubut está de pie, pero nos siguen pegando abajo.
LA NOVEDAD: VAN A JUICIO EX AGENTES DE INTELIGENCIA POR ESPIAR A VECINXS DE ESQUEL
El escándalo saltó en 2015, cuando se traspapeló un documento que no debía ver la luz. Fue en el marco de una disputa de tierras entre la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, liderada por Facundo Jones Huala, y el terrateniente italiano Luciano Benetton -dueño en Patagonia de 924.000 hectáreas, equivalente a más de 45 veces la Ciudad de Buenos Aires-. En medio de una audiencia entre las partes fue que saltó la ficha… o las fichas. «El Defensor Oficial del Ministerio de la Defensa Pública, Fernando Radziwilowski, exhibió y dio a conocer que entre la prueba que le había entregado el MPF a la Defensa Pública se encontraba un archivo de Word titulado ‘ACTIVISTAS ANTIMINEROS DE LA COMARCA ANDINA.DOC’, que contenía información referida a 26 vecinos de la zona», recordó uno de los abogados de las víctimas, Osvaldo González Salinas, que además de querellante en la causa es también uno de los espiados. Estas fichas, a las que pudo acceder Cítrica, contenían información personal y profesional, verdadera y falsa, con fotos incluidas, preferencias políticas, sociales, costumbres privadas y otros datos, de vecinas y vecinos de la Comarca Andina.
¿Qué tenían en común estos concejales, obreros, docentes, trabajadores de Salud, periodistas, que habían sido perseguidos por estos espías? Nada, salvo que confluían en las asambleas de No a la Mina de la ciudad cordillerana, organización vecinal comunitaria que resiste a la imposición de la megaminería en la provincia de Chubut desde 2002. Estas prácticas, que violan la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520, eran llevadas a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, según determinaron los abogados representantes de las víctimas. El texto de la citada ley, en su artículo 4°, es claro: «Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.» De la ley a la práctica hay un abismo.
Al día siguiente de hacerse público el escándalo, los jefes del Ministerio Público Fiscal se apuraron en aclarar en conferencia de prensa que las fichas les habían sido entregadas por “un empleado de un organismo nacional, que cuenta con identidad reservada”. El siguiente lunes, los propios fiscales Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori realizaron la denuncia penal formal en el Juzgado Federal de Esquel, e incluyeron en su presentación un video en el que aparecen tanto Rivarola como Bottini al entrevistarse con uno de los agentes de inteligencia en la sede del MPF Esquel. Según reveló el abogado e integrante de la querella Gustavo Macayo -también espiado- en aquel video quedó registrada una «advertencia del agente de la AFI a Rivarola: el material de las fichas no era judicializable; pero Rivarola respondió ‘no se preocupe que después lo arreglamos’, o sea, recibe información prohibida, pero la hace aparecer como si fuera una diligencia judicial, o sea, la ‘blanquea’. Son los mecanismos que utiliza la Justicia y ahora no nos queda otra alternativa que ver que es una actividad habitual. El propio Rivarola reconoció en aquella conferencia de prensa que es ‘habitual'».
«No espiamos a nadie, no estuvimos imputados por espionaje ilegal», respondió María Bottini, jefa de la Fiscalía de Esquel, ante la consulta de Cítrica. «Nos imputaban habernos relacionado con agentes de la AFI cuando antes debíamos pedir autorización a, en ese momento (2015), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la nueva ley de inteligencia que había salido hacía días tras el caso Nisman, y no había jefe de área inteligencia (la ley se promulgó en enero de 2015 y Parrilli fue nombrado director por decreto de julio de ese año). Ese día había mucha gente en la Fiscalía de Esquel, yo era la fiscal jefe de la Fiscalía, pasé por un despacho donde estaba el fiscal Rivarola, me dice «vení, pasá», estaba entrevistando a este agente de la AFI. Participé de la entrevista a esta persona, quien aparentemente luego entrega información que yo nunca vi… había un archivo con fichas con datos de redes sociales de gente de la Asamblea de No a la Mina, que no tenía nada que ver con lo que se investigaba en ese momento (refiere a la causa de disputa de tierras en Leleque entre Benetton y la comunidad de Cushamen). Yo no tenía conocimiento. Incluso, luego, le ponen costas a la querella (tras su desprocesamiento), quienes daban cuenta de que yo había espiado gente y nada que ver. Yo la pasé muy mal, con una hija pequeña en una ciudad chica como Esquel… ¿qué intención podía tener? Hay responsabilidades civiles también. Reclamenmé por imprudente, pero decir que espié a vecinos me parece malicioso», argumentó la funcionaria. ¿Su error fue no pedirle las credenciales a este agente de la AFI?, le preguntamos. «Él la autorización la mostró», aceptó Bottini, y más tarde en la entrevista afirmó que «no sabía que debía hacer eso», pedirle al agente que se identifique. «Para que sea un delito debe haber dolo, intención. A lo sumo, (el error) puede ser algo administrativo, pero esa presentación fue archivada en el Consejo de la Magistratura. Para que haya mal desempeño debe haber reiteradas faltas del funcionario público y yo trabajo bien», expresó la fiscal en cuestión. ¿Quedó pegada entonces al accionar de su colega Rivarola? «El otro fiscal (Rivarola) atendía a una persona que fue a la mesa de entrada porque dijo que tenía información del caso Leleque, que era el caso más importante que teníamos; por los actores implicados había mucha fake news dando vuelta. Él (Rivarola) tampoco estaba haciendo nada ilegal (al entrevistarse con el agente de la AFI en la fiscalía). Y yo pasé por ahí, está filmado, fue en la mitad de la entrevista. Yo no quiero hablar por el fiscal Rivarola, deberían preguntarle a él. Siete años se hizo daño con esto», cerró Bottini.
Finalmente, en 2019 el juez federal Otranto sumó al expediente de espionaje a vecinxs de No a la Mina a otros dos agentes de inteligencia como procesados y, a mediados de 2022, decidió elevar la causa a juicio. De los siete implicados durante la instrucción, irán a juicio solo tres exagentes de Inteligencia: quien entregó las fichas a los fiscales, quien habría confeccionado esas fichas (radicado en Esquel) y su jefe (que responde a la oficina de la AFI Trelew). El juicio, que será oral y público, comenzará en 2024 y podría tener lugar en la propia ciudad de Esquel. Los abogados querellantes se plantean el desafío de indagar a quiénes reportaban estos agentes «más arriba» y por qué motivo.
RIVAROLA, EL DEL «DESAHOGO SEXUAL» Y MUCHO MÁS
Los antecedentes del accionar público del fiscal Fernando Rivarola lo definen. De estar procesado en la causa de espionaje ilegal a ambientalistas en Esquel, donde era jefe de la Fiscalía, fue premiado con el mismo cargo en Rawson, la capital provincial.
– Su nombre se hizo tristemente célebre al calificar como «desahogo sexual» la violación grupal presuntamente sufrida por una menor en Playa Unión, que debía investigar, pero en su lugar, celebró un juicio abreviado con algunos de los acusados, que luego fue dejado sin efecto.
– Hay más, como documentamos en esta nota de Cítrica: Rivarola es quien impulsa una denuncia por destrozos en Rawson en el marco del Chubutazo de diciembre de 2021, después de aprobada la megaminería y antes de que el gobierno de Arcioni la derogara; y a la par, era el responsable de investigar los casos de abuso policial durante la posterior represión, pero fue apartado de este expediente ante su esperada inacción. ¿Cuál causa avanza y cuál no? Sí, adivinaron.
– El fiscal Rivarola también fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por encubrir a un médico del cuerpo médico forense que había sido denunciado por tenencia y difusión de pornografía infantil; en vez de exponerlo, Rivarola negociaba un juicio abreviado con el abogado Fabián Gabalachis, quien además fue su propio defensor en la causa de espionaje. Por este hecho, Rivarola enfrentará un proceso de jury y podría ser destituido.
– Rivarola también afrontará un proceso de destitución por una denuncia de acoso laboral de parte de la fiscal Florencia Gómez, empleada a su cargo en la Fiscalía de Rawson. La decisión es del Consejo de la Magistratura.
El jefe político del inefable Rivarola es el procurador Jorge Miquelarena, quien representó al Estado provincial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada de Iván Torres, por el que Argentina fue sancionada. Miquelarena es quien se apuró en hablar de «zona liberada» en Rawson por los destrozos de edificios públicos durante el Chubutazo, pero desde aquella declaración la investigación no avanzó. Está en su cargo desde 2008.
Algo que repiten desde hace 20 años en Esquel, y que se hizo carne en cada localidad de Chubut, es la distribución horizontal del poder en las asambleas. No se pueden descabezar porque no hay una cabeza, no se puede «hablar con alguien para arreglar» porque hay que hablar con todas y todos; no se puede decidir si no es mediante acuerdos. Así, en esta construcción ciudadana y popular no interesa la clase social, el partido político, las edades de sus integrantes o su profesión; posiblemente no estén de acuerdo en casi nada más que en una cosa: en el poder de decidir qué queremos hacer en nuestros territorios. Y, por más que les pese a algunos y no lo entiendan otros, la megaminería no tiene la licencia social del pueblo de Chubut. Pero el poder real no está interesado en la autodeterminación de los pueblos e insiste (e insistirá), por las buenas o por las malas. Y en ese escenario, no queda otra que la imposición. Las cartas ya están marcadas.
Como contamos en Cítrica, la estructura de imposición se compone de una connivencia entre los poderes del Estado, el poder económico y el mediático. Para ello, se construye un enemigo interno a quien culpar por la desidia estatal, y se agita una salida mágica extractivista, que en Chubut es la megaminería. De 2017 a la fecha en Chubut los malos de la película son los trabajadores estatales, en particular, docentes. ¿Por qué? ¿Será porque resisten al ajuste perpetrado por el gobierno de Mariano Arcioni, del que son víctimas, como también por la participación de docentes en los espacios de resistencia antimineros?
Desde las usinas de desinformación oficiales se dispara con munición discursiva contra las asambleas socioambientales: los antimineros son «ecoterroristas» y «ecochantas»; son «500 ruidosos» los que se manifiestan afuera de la Legislatura o son «vagos» que «impiden el desarrollo» de la provincia, porque «no quieren entender aunque se les explique». A la par del ajuste, se destina alta inversión en parafarnalia de seguridad para la represión, como se documentó durante el Chubutazo, mientras se sigue ajustando el Estado en una lógica maniquea hasta que no quede otra que aceptar el plan impuesto. Imposible esto sin la garantía de impunidad de la mano de la justicia.
A la par que el Poder Judicial provincial duerme los expedientes de denuncias por violencia institucional, avanzan las causas y condenas contra quienes se manifesten ante las políticas de miseria planificada.
CRECE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA DE LA MANO JUDICIAL
En la última semana de abril se conocieron dos decisiones de una justicia que acelera para chocar contra el pueblo. La primera fue la condena contra una docente de Chubut por protestar por su salario. Estela Juárez, con 30 años de experiencia en Educación en la provincia y representante sindical de ATECH, fue juzgada por participar de una panfleteada al costado de la ruta 26 en la localidad de Sarmiento durante 2019, medida de protesta por los incumplimientos del gobierno de Arcioni que se extienden hasta hoy (allí con salarios escalonados, congelados; hoy con salarios congelados, de pobreza). La única procesada y condenada fue la docente, quien denunció que los que la denunciaron fueron las operadoras petroleras. «Pan American Energy y ManPetrol SA», informó su abogada, Silvia de los Santos, en entrevista con radio comunitaria La Namunkurá de Puerto Madryn. «La jueza federal Marta Yáñez condenó a la docente por ‘participar consciente e intencionalmente de un piquete’. Decime dónde está eso en el código. La condena estaba decidida», agregó. Y cerró: «es la dictadura del extractivismo. Es una preparación para lo que se viene: se viene peor».
Antecendente: a mediados de 2022 había sido condenado el secretario general de ATECH, Santiago Goodman, por participar de una manifestación el día en que murieron dos docentes de Comodoro tras volver de una protesta en Rawson.
Con la condena contra la docente aún caliente, se conoció un nuevo revés de la justicia federal, de la mano del inefable Gustavo Lleral. El juez del caso Maldonado decidió procesar a 16 vecinxs de Madryn, Rawson y Chubut por manifestarse en defensa de un proyecto de ley presentado en Legislatura para prohibir la minería a gran escala en todas sus etapas, que había juntado más de 30 mil firmas en pandemia. La Segunda Iniciativa Popular fue descartada sin debate por legisladores, a mediados de 2021, representantes que a fines de ese año aprobarían la megaminería que el pueblo rechaza hace 20 años. Esto provocó una espontánea movilización hacia la ruta nacional 3 a la altura de Trelew que Gendarmería se negó a desalojar, tarea que se atribuyó el por entonces ministro de Seguridad Federico Massoni, fracasador serial como candidato en elecciones posteriores, que se llevó además a tres detenidos. Pero la justicia mira atenta con un ojo mientras cierra el otro: Lleral investigará a 16 ciudadanos, que también integran las asambleas vecinales de la zona. «Nos persiguen por defender el agua», simplificaron las víctimas. «La Justicia actúa contra quienes salimos a luchar. No interviene con los que salen en videos pidiéndole plata a las mineras».
Lo que viene: en esta lógica, lo que sigue es la definición de otro grupo de vecinxs procesados por la Justicia. Son 24 ciudadanos acusados de los destrozos en Rawson durante la semana del Chubutazo. ¿Serán también procesados y llevados a juicio?
En opuesto, las denuncias por violencia institucional contra la policía provincial durante aquella violenta semana de diciembre de 2021 continúan impunes a pesar de la investigación del Ministerio de la Defensa Pública, quien afirmó que las responsabilidades de esta «cacería planificada» ascienden «por lo menos hasta el gobernador» que la ordenó.
Las compañeras que conforman la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia, organización de DDHH que trabaja desde Trelew, resaltaron que es el propio Estado quien reconoce prácticas de espionaje ilegal para utilizar en procesos penales, como se ventiló en el juicio en el que fue condenado el gremialista docente -arriba mencionado-. Durante el seguimiento del juicio, señalaron que «la obtención de la ‘prueba’ por parte de la Fiscalía, que surge de un accionar de espionaje ilegal de las fuerzas policiales, que según testimonio del oficial de la policía provincial Michael Barrera (subinspector del Área de Investigaciones) continúa realizándose hasta el día de hoy como si estuviéramos viviendo en dictadura».
Este direccionamiento de los poderes del Estado contra quienes se manifiestan en Chubut es público, pero también tiene su costado en las sombras. Cristina Caamaño, interventora de la AFI (diciembre de 2019 a junio de 2022) por decisión del presidente Alberto Fernández, fue consultada por Cítrica para este reportaje. «Las prácticas de espionaje se usaron para todo, antes las pedían los jueces, pero desde mi intervención en la AFI no hubo más espionaje ilegal», remarcó. Consultada si pudo establecer una relación directa entre espionaje desde la Agencia hacia movimientos sociales, reconoció que «había una lógica, una relación directa porque todo se podía espiar, gratuitamente. Por eso es importante el decreto para que la agencia no sea más auxiliar de la justicia. Pero cada fuerza de seguridad tiene su propia inteligencia: y no sé qué hacen en Chubut. Y no sé del espionaje que se hace por fuera de la Agencia». Pero que lo hay, lo hay.
El aparato de espionaje para-estatal tiene en la provincia tantos años como la resistencia antiminera que se plantó en Esquel hace 20 años. «Apenas empezó la rebelión tuvimos espías encima; en cada asamblea que hacíamos en las escuelas, afuera pasaban los vehículos, re truchos (con identificaciones de Salud, por ejemplo) pero adentro iban comisarios, de la brigada de investigaciones -ahora en Lago Puelo-; fuimos perseguidos, los teléfonos ‘pinchados’, tuvimos infiltrados en asambleas, fuimos amenazados de muerte (llamadas a la madrugada)…», describió el abogado Gustavo Macayo, vecino de la ciudad cordillerana y también víctima de espionaje ilegal: su nombre y foto también aparecen en una de las 30 fichas. «Después del plebiscito la persecución aflojó un poco, dejamos de ser los ‘terroristas’ porque toda la gente de Esquel lo era (tras el 81% por el NO). El Estado ejerce una actividad disuasoria, intimidatoria; gente que concursó cargos y no entra nunca… gente que se cansó de que le rompan el vehículo o la puerta de la casa todas las semanas… militar en el No a la Mina tiene un costo, social, cultural, económico, político, de salud», resumió. ¿Quiénes son entonces los que ejercen el terror hacia los ciudadanos?
La persecución va desde la cordillera a la costa y el valle provincial. Una de las vecinas que integra la asamblea de comunidades de Rawson – Playa Unión detalló el hostigamiento que sufren a diario por participar de esta construcción comunitaria: denuncian que los siguen autos particulares no identificados o que, cuando ellos se ocupan de investigar a quién pertenecen, son de la policía; estacionan en la puerta de la casa, los siguen hasta sus trabajos, hasta las protestas, en donde se infiltran; los tienen marcados y por ello les impiden ingresar a las sesiones de Legislatura, la casa de representantes del pueblo. Noelia Silva forma parte de la asamblea ambiental de la capital provincial y su testimonio es prueba de valor y resistencia a pesar de la violencia que viven casi de manera cotidiana. «Lo que necesitamos es que se sumen. Le diría a la gente que no tenga miedo, porque esa es la principal estrategia. A mí a veces me cuesta relatar lo vivido, no por lo emocional, sino porque no quiero generar el miedo que ellos quieren generar. Enfrentamos un montón de situaciones de violencia, pero no las enfrentamos solas, somos un grupo unido, trabajamos a conciencia y sabemos cuál es el intento: desactivarnos. Hay persecución, hay hostigamiento y se enfrenta. Hay maneras de cuidarse y protegerse de eso, hay maneras de luchar contra eso. Súmense, porque más allá de lo negativo, la lucha tiene un montón de cosas hermosas, que son las que nos alimentan y nos hacen entender por qué estamos acá y por qué estamos cuidando esto», expresó en una entrevista con Cítrica con la montaña de fondo. Sí, esa que sigue en pie 20 años después por la resistencia de quienes la habitan.
«HAY ESPÍAS HASTA EN LA UNIVERSIDAD»
«Hay un debilitamiento del sistema democrático en nuestro país, cuyas políticas de seguridad interior nos ponen en peligro a todos y a todas. En Chubut vemos cómo la impericia, negligencia o mala intención de sus funcionarios es premiada con nuevos y mejores cargos», expresó en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Esquel, organización que avisó que acompañará el juicio contra los espías de la AFI.
En esa misma línea se expresaron los representantes legales de vecinas y vecinos espiados en Esquel, también víctimas. «Ocupan los más altos cargos, los más importantes: los fiscales son jefes de Fiscalías de Esquel y Rawson, Rivarola cada tanto da que hablar… Esto es muy violento. Como lo es encontrarnos con que Arcioni condecoró a los policías que reprimieron al pueblo en el Chubutazo y los compañeros que fueron sorprendidos con alguna piedra fueron criminalizados. Pero no tenemos ningún policía procesado, no hay nada con la causa por violencia institucional, y no va a haber. Todas las instituciones las han ido destruyendo, porque el extractivismo se lleva puesto todo. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, vemos que 40 años después el aparato represivo está vigente», resumió el ya citado Macayo durante la celebración de los 20 años del No a la Mina en Esquel, encuentro que fue cobertura de Cítrica. Macayo es docente en la Universidad de la Patagonia sede Esquel. «Nosotros tenemos espías en la facultad. Arranco el primer año con 110 alumnos y el 10% son espías… porque viene uno de Gendarmería, uno del Ejército, otro de la Federal, otro de no sé dónde. Como pasa de 2002 a la fecha, uno ya se da cuenta, dónde están ubicados… claro, porque uno también se va acostumbrando. Sí, tienen derecho a estudiar», ironizó. «Estamos en un problema muy grave».
Publicación original: Impunidad, espionaje y persecución a asambleístas en Chubut - https://revistacitrica.com/chubutaguazo-chubut-resiste-no-a-la-mina.html - Publicado en: noalamina.org
