Azúcar amarga en Argentina: poderoso empresario tucumano es enjuiciado por contaminación
La Justicia Federal enjuicia a Jorge Rocchia Ferro, dueño de la compañía azucarera Los Balcanes, por contaminación con vinaza, un derivado de la producción de alcohol. Se lo acusa —junto al gerente general de la compañía, José Ramón Coronel— de haber violado la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Ambos enfrentan una posible pena de tres a diez años de prisión (la sentencia se conocerá el 24 de mayo). Es la primera vez que una provincia (Santiago del Estero) es querellante en una causa ambiental. La semana pasada se condenó a otros dos empresarios azucareros en Tucumán por el mismo delito.
Los Balcanes es una de las mayores productoras de azúcar y de bioetanol (de caña de azúcar) del país, con una gran capacidad de molienda, un taller agrícola con más de 50 máquinas cosechadoras y la administración de 23.000 hectáreas. Su presidente, Jorge Rocchia Ferro, es también el titular de la Unión Industrial de Tucumán.
En el proceso de obtención industrial de alcohol etílico por fermentación se obtiene un líquido ácido de color marrón oscuro que se conoce con el nombre de vinaza o mosto de destilería. Este es uno de los residuos orgánicos de mayor efecto contaminante sobre la flora y fauna.
Por cada litro de bioetanol producido se generan, en promedio, 13 litros de vinaza. Los sólidos disueltos en él son principalmente sales de potasio y materia orgánica. En Tucumán se generan anualmente alrededor de 3.000.000 de metros cúbicos de vinaza. La sustancia se acumula en piletones con taludes de tierra, que deben tener un correcto tratamiento para evitar desbordes o escurrimientos. Los derrames que se le atribuyen a la empresa de Rocchia Ferro datan de 2011, 2012 y 2013.
Si bien la empresa está ubicada en Tucumán, el líquido volcado afectó a las localidades de El Arenal y El Palomar, en el departamento Jiménez (noroeste de Santiago del Estero). En el juicio interviene la Fiscalía General, representada por Indiana Garzón y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez. El tribunal federal (ubicado en Santiago del Estero) está conformado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martínez.
“El efecto que tiene la vinaza es quitarle el oxígeno al agua. Con eso se provoca una proliferación de algas al mismo tiempo que una gran mortandad de peces”, explica el fiscal federal Gustavo Gómez, quien tiene jurisdicción en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Y agrega que, a principios de la década del 2000, comenzaron a registrarse denuncias sobre peces muertos y fracturas de diques que contenían vinaza.
El artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos entiende que será penalmente responsable quien “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La Fiscalía sostiene que desde la empresa “omitieron controlar, disminuir o administrar el riesgo que generaba su actividad mediante la acumulación de vinaza, que luego volcaron intencionalmente en canales de riego de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, pese a la existencia de prohibiciones administrativas y de una expresa orden judicial”.
En el marco del inicio de la zafra 2023, desde la empresa se anunció la expectativa de avanzar con la aprobación de la primera caña de azúcar transgénica, para la elaboración de bioetanol (que se mezcla con las naftas en el mercado local). El argumento es que la caña transgénica resistiría a la sequía y los ingenios podrían duplicar la producción. Indonesia, Brasil y Estados Unidos ya tienen una regulación que habilita a la caña transgénica para el agrocombustible.
El Tribunal Federal de Santiago del Estero está integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martínez
Romper el principio "demasiado grande para ser condenado"
El empresario Rocchia Ferro, que además es dueño del shopping Catalinas y fundador de la selecta Universidad San Pablo Tucumán, intentó evitar el juicio. Su estrategia fue proponer indemnizaciones por montos superiores a los 50 millones de pesos a una escuela de Jiménez (cercana al lugar donde se volcaron los efluentes). También ofreció dinero y equipamiento a la Secretaría de Ambiente de Tucumán. Ambas provincias aceptaron. Pero la fiscal Indiana Garzón se opuso. Apuntó a un eje central: cuando se está en presencia de estos delitos y se aspira a suspender el trámite del expediente, el objetivo debe ser que el delito no vuelva a cometerse. Pero la empresa sigue produciendo alcohol y volcando vinaza. Entonces no era posible aceptar una indemnización y que siga contaminando. La Cámara de Casación Penal dio la razón al planteo de la Fiscalía.
En una nota publicada por el sitio Fiscales.gob, Garzón expresó que los acusados tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban al liberal vinaza. Y anticipó: “Habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados y que logre finalmente romper el principio: ‘Too big to fail, too big to jail’, que significa: demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado”.
Por su parte, Gómez afirma: “Que estemos haciendo el juicio es un signo importante de que al menos los fiscales federales estamos empoderados, por la ley pero también por el apoyo comunitario. Hay campesinos que están yendo a escuchar el juicio oral y público”.
Si no hay dolo, hay impericia
El proceso judicial que hoy atraviesan Rocchia Ferro y Coronel unifica tres causas por contaminación que se abrieron contra el empresario. La primera fue impulsada por el fiscal federal de Tucumán Carlos Brito, quien acusó a Rocchia Ferro de haber contaminado el aire y el ambiente “de un modo peligroso para la salud mediante la descarga o vertido de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida” en el Canal del Este, que llega a Santiago del Estero. Ese hecho ocurrió en 2011. “Dichos efluentes contenían valores superiores a los permitidos produciendo una contaminación ambiental que implica un riesgo para la salud humana”, afirma la acusación. El ingenio La Florida fue adquirido por la empresa Los Balcanes en 1994.
La segunda acusación fue por volcar 80 millones de litros de vinaza en estado puro en el mismo canal, en 2012. En ese caso estuvo a cargo Pedro Simón, fiscal de Santiago del Estero. “El curso de agua contaminado con desecho industrial ingresó a la provincia de Santiago del Estero por la localidad del Palomar produciendo la contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”, señaló. El tercer derrame se produjo en enero de 2013 en la misma zona, afectando cursos de agua de la zona de Jiménez.
El fiscal general Gómez recuerda que el grupo empresario Los Balcanes ya había sido advertido por esos derrames por la Secretaría de Ambiente de Tucumán. Y precisa que “el hecho del volcado en sí mismo no sólo está probado, sino también reconocido por el propio Rocchia Ferro”.
—¿En qué contexto lo reconoció? (pregunta Tierra Viva al fiscal federal Gómez)
—En el expediente reconoce que los volcados ocurrieron. Lo que niega es que haya sido intencional. Se habla de "situaciones accidentales", pero está claro que no fue una situación accidental en ninguno de los casos, porque habían sido advertidos con anticipación sobre el tratamiento que debían dar a los efluentes. Incluso hubo una sentencia del juez federal Molinari, de Santiago del Estero, que prohibía a los ingenios volcar vinaza en la tierra o en canales de agua. El cumplimiento de esa sentencia se le impuso a la Secretaría de Ambiente de Tucumán, a cargo del ingeniero Alfredo Montalván. Pero en las audiencias Montalván testificó que él no creía que tuviera la obligación de hacer cumplir este tipo de sentencias. Con lo cual queda claro que nadie controló que el fallo se cumpliera. Así que no solamente estamos ante un posible hecho de contaminación, sino también ante una posible desobediencia judicial.
—De todas formas, aunque sea accidental, igual tiene responsabilidad la empresa.
—Por supuesto que sí. Eso ha sido establecido claramente en la jurisprudencia, en el caso de contaminación de la mina Veladero en Jáchal (de la empresa Barrick Gold). Hay negligencias que no se pueden permitir. La ley prevé el delito de dolo, que es cuando voy y digo a un empleado “rompé esto porque acá estamos saturados y necesitamos seguir produciendo y volcando vinaza a este piletón”. Pero también, en su artículo 56, la norma habla de la negligencia en el manejo del producto.
Mientras que los abogados del empresario alegan que los derrames fueron accidentales, para la fiscala Garzón se trató de hechos “intencionales y reiterados”. Señala que estos volcamientos tuvieron “efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente” y que constituyeron un peligro potencial para la salud. Al respecto, se constató que la sustancia liberada en el Canal del Este tenía valores de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) superiores a los permitidos por la regulación administrativa ambiental.
“Donde hay un delito ambiental, hay un funcionario corrupto”
En otra causa judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó, la semana pasada, a tres años de prisión a los empresarios azucareros Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep por contaminación con vinaza proveniente del ingenio La Trinidad entre 2007 y 2009. También pidió que se investigue al Secretario de Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, por los delitos de falso testimonio, encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión del deber de denunciar, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia. “En ese juicio oral quedó muy claro que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario corrupto”, asegura el fiscal Gómez.
Los empresarios tucumanos fueron encontrados culpables de verter efluentes industriales sin tratamiento o con tratamiento deficiente en los ríos Medina/Chico y Gastona, integrantes de la cuenca del río Salí-Dulce, también con incidencia en Santiago del Estero.
Lo notorio de este caso es que el juicio tuvo que realizarse tres veces. En las dos primeras oportunidades, los tribunales (con conformaciones diferentes) habían absuelto a los responsables. Dichas sentencias fueron revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal. En esta oportunidad, el tribunal estuvo compuesto por María Noel Costa, Abelardo Basbús y Enrique Bothamley.
Tanto en esta causa como en la que tiene como acusado a Rocchia Ferro, la Secretaría de Ambiente tucumana sostuvo que la vinaza no provoca daño al ambiente ni a los seres humanos y que por lo tanto no existe el delito de contaminación. A modo de defensa, el funcionario Montalván asegura que la Ley Nacional de Residuos Peligrosos no tiene jurisdicción en Tucumán.
El fiscal federal Gómez explica: “Él argumenta que la ley no está reglamentada y que por eso no se aplica en Tucumán. Podemos suponer que no sabe que no hace falta que las leyes se reglamenten para que los delitos se configuren. Pero mi hipótesis es otra. Lo que quiere es manejar los niveles de contaminación al arbitrio de lo que él considera compatible con la producción. No lo hace únicamente con esto, también lo hizo con Minera Alumbrera. El trasfondo es cuál es el equilibrio entre producción y protección ambiental”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/azucar-amarga-poderoso-empresario-tucumano-es-enjuiciado-por-contaminacion/ Imagen de portada: Jorge Rocchia Ferro (con la mano en la boca) sentado en el banquillo de los acusados.
