Defensa de los bienes naturales: Centroamérica persigue a sus ecologistas
Texto por: Aurore Bayoud
"El activismo ambiental en esos países es un deporte de alto riesgo", deplora Laura Furones, coautora del informe de Global Witness, en declaraciones a France 24. "Eso se explica por una desatención gravísima de los Estados, cuando ellos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos. Los defensores ambientales son ciudadanos de extrema vulnerabilidad. De hecho, ciertos son conscientes de eso y han pedido medidas cautelares, pero han sido ignorados por sus gobiernos".
Un preámbulo relevante: estos civiles terminaron en tal posición de vulnerabilidad por denunciar a empresas que arrasan con los recursos naturales que quedan en la región. "El sector empresarial tiene obviamente su responsabilidad en este panorama", continúa Laura Furones. "Empezando porque las empresas –nacionales o extranjeras– no piden opinión a las comunidades para excavar en los territorios".
Todo empieza por ahí. En Centroamérica, no es raro que la población se entere de la existencia de proyectos extractivos en el momento en que la maquinaria empieza a devastar sus tierras. Esa falta de consulta provoca protestas y resistencia que terminan poniendo en riesgo a los líderes comunitarios.
En Guatemala se conoce bien esa práctica. El proyecto minero Cerro Blanco, cuya casa matriz es la canadiense Bluestone Resources, obtuvo en el año 2007 la autorización por el ministerio correspondiente de realizar explotación de oro en el municipio de Asunción Mita, en la frontera con El Salvador. Desde ese momento, los movimientos ambientalistas reclamaron el no cumplimiento por parte del Estado guatemalteco en su obligación de efectuar una consulta libre, informada y previa a las comunidades que pudieran ser afectadas.
A pesar de que el 87,9 % de los votantes rechazó la minería en una consulta municipal, la empresa y el Estado deslegitimaron la legalidad de la misma y el director del proyecto afirma que la compañía continuará con su desarrollo.
Son casos que conoce bien la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). Su representante, Brenda Guillén, explicó a France 24 que en los últimos años Guatemala también ha usado otro tipo de violencia en contra de sus poblaciones: El desalojo. "Acompañado de un uso desproporcionado de las fuerzas armadas, violación a mujeres, robo de animales para el sustento de las familias, quema de las viviendas, etc... En un país que ha vivido un conflicto armado, esas prácticas reviven heridas que no se han cerrado todavía", resalta la experta.
El protagonismo de la minería
En una edición de la lucha de David contra Goliat, las comunidades locales se ven en desventaja contra las grandes multinacionales. Pero en Centroamérica estos enfrentamientos suelen tener un desenlace diferente al de la lucha bíblica, sobre todo cuando el gladiador adversario encarna el músculo de la minería.
En 2018, Global Witness apuntaba a ese sector como el más letal del mundo para los defensores del medio ambiente. Y son precisamente dos países con subsuelos muy ricos en minerales, Guatemala y Nicaragua, que obtuvieron el título de nación más peligrosa del mundo per cápita para los activistas del medio ambiente, respectivamente en 2018 y 2020.
Pero la minería no es la única industria acusada de derramar sangre en la región. En el funesto Bajo Aguán, en Honduras, siete defensores de la tierra y del agua han sido asesinados desde inicios del 2023. Las dos últimas víctimas se movilizaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ser líderes en una lucha por la recuperación de tierras de los campesinos. Siete años después del asesinato de Berta Cáceres, Honduras persiste como un país mortífero para los ambientalistas.
En los años previos a su muerte, Cáceres trabajó incansablemente por proteger el río Gualcarque –una fuente de recursos vital para comunidades indígenas hondureñas– del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Por su lucha ecologista le fue otorgado el premio Goldman.
Sin embargo, "no se puede estrechar la visión del enorme legado de Berta diciendo que era ambientalista. Era una mujer revolucionaria, feminista y defensora de los derechos de los más desprotegidos", insiste Olivia Cáceres, su hija, en entrevista con este medio.
Berta Cáceres murió poco después de la medianoche el 3 de marzo de 2016, minutos después de que le dispararan en su casa. Lo que ilustra su asesinato es que estas tragedias se producen en territorios donde la ley y la Justicia no llegan, o donde están controlada por intereses políticos y empresariales.
En 2021, más del 40 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, a pesar de que representan solo el 4 % de la población mundial. "Es una desproporción descomunal. Las comunidades indígenas están en primera línea: son los que habitan esos territorios, ricos en minerales y bosques", lamenta Laura Furones.
Sin embargo, los ataques mortales son solo la punta del iceberg que representa la pesadilla de ser ambientalista en esta región. Al asesinato se suma el secuestro, el desalojo, la difamación y las amenazas de muerte. Y de ese repertorio, uno está particularmente al gusto de Centroamérica: la persecución judicial.
En la silla de los acusados por defender el medio ambiente
Siguiendo con Guatemala, allí se ha producido un aumento exponencial de acusaciones penales contra líderes comunitarios. El año pasado, un equipo de France 24 estuvo en El Estor, un municipio guatemalteco donde operó de manera ilegal una mina de níquel.
Ese conflicto ha dejado a por lo menos 12 opositores al proyecto detenidos, todos acusados por el mismo delito: instigación a delinquir. "Con esa dinámica de criminalización, acaba en la cárcel él que debería estar protegido", recalca Laura Furones.
Julio Anselmo Toc, vicepresidente de la gremial de pescadores de El Estor, describe que en el verano de 2017 la mitad del lago de Izabal, el más grande de Guatemala, se tiñó de rojo "sangre" y responsabiliza a la mina de níquel Solway. 26 de febrero de 2022. © Aurore Bayoud / France 24
En El Salvador, la criminalización ha ocurrido incluso después de que las personas fueran asesinadas, como ocurrió con cuatro líderes de una lucha antiminera en Cabañas, cuyas muertes oficialmente quedaron registradas como "vínculos con pandillas".
Cada ataque a un ambientalista es la señal de un sistema económico dañado. Impulsada por el afán de lucro, existe en Centroamérica una guerra por la naturaleza que se da en las pocas regiones biodiversas que aún quedan en el mundo.
Una guerra que contaría con la participación de potencias extranjeras. "Todo el siglo pasado fue uno de intervención de Estados Unidos. Impusieron el modelo de enclaves bananeros y mineros. Pusieron empresas como la Standard Fruit Company, con todas las violaciones hacia la clase obrera que eso significó", recuerda Olivia Cáceres desde Honduras.
Una "lógica neocolonial" que ahora debe asumir responsabilidades
Efectivamente, durante la primera mitad del siglo XX, la economía hondureña fue dominada por empresas estadounidenses como las famosas United Fruit Company y la Standard Fruit Company, quienes, para cultivar su oro amarillo, el banano, no dudaron en aterrorizar y matar.
Unas lecciones de historia que tenía muy claras la madre de Olivia Cáceres: "Berta era una mujer antiimperialista. Era consciente de que la opresión en ese país tenía mucho que ver con el imperio norteamericano, que violentamente intervino nuestro país y que todavía mantiene sus raíces aquí".
Por su parte, Laura Furones no señalaría únicamente a Estados Unidos: "Globalmente hay una explotación muy interesada de las grandes potencias hacia los países en vía de desarrollo, y no precisamente para el progreso de las poblaciones locales… Es una lógica neocolonial: esas empresas extranjeras extraen todo lo que pueden y no se preocupan por lo que dejan atrás".
Tanto la experta de Global Witness como la de Udefegua insisten en que esas empresas "tienen la responsabilidad de que no siga sucediendo", así como "las embajadas del país de esos inversionistas. No es posible que en sus países hayan leyes para proteger al líder ambientalista y que no se cumplan aquí", agrega Brenda Guillén.
Corrupción e impunidad: plagas resistentes a los insecticidas
En toda la región, el aumento de los ataques contra ecologistas coincide con las amenazas a las democracias locales, a medida que algunos dirigentes redoblan la militarización y las políticas económicas neoliberales.
En Honduras, los grupos de derechos humanos están cada vez más frustrados con la presidenta Xiomara Castro, la líder izquierdista que tomó posesión en enero de 2022. "Pero como mi madre decía: los grupos oligárquicos no van a dejar en paz a Xiomara Castro. El gobierno lo tiene ella, pero el poder real es de esas estructuras criminales, gente muy poderosa ligada con asociaciones ilícitas", explica Olivia Cáceres. "El pueblo hondureño definitivamente vive una nueva era, pero no es fácil sacudirse de 12 años de narcodictadura y de tantas décadas de opresión neoliberal y capitalista", agrega.
Brenda Guillén, de Udefegua, está de acuerdo en que la persecución a defensores del medioambiente es una plaga demasiado generalizada para erradicarla con un simple insecticida: "Es un problema estructural. En nuestra sociedad racista, con un modelo capitalista demasiado instalado, cualquier mecanismo que pudiera velar por los reclamos de la tierra, hoy por hoy está desbaratado".
Casi nunca se judicializa a los responsables de persecución a defensores, ni a los autores materiales, ni intelectuales
Tampoco las elecciones presidenciales que llegan en junio a Guatemala le transmiten esperanza: "Quien según las encuestas podría acceder a la Presidencia es hija de un genocida que fue particularmente sanguinario contra las poblaciones indígenas. Sin mencionar que su pareja presenta una deuda millonaria con Guatemala por regalías de proyectos mineros", subraya la vocera, haciendo referencia a la candidata Zury Ríos, hija del expresidente Efraín Ríos Montt.
En Centroamérica, los gobiernos tienen un historial de favorecer a las compañías que depredan las riquezas naturales, otorgando concesiones de exploración y explotación no muy escrupulosas con las normas ambientales. "La corrupción es el viento que aviva la llama", sentencia Laura Furones de Global Witness, advirtiendo de los riesgos que conlleva la corrupción cuando llega a pervertir el sistema de Justicia.
Esa Justicia que, en muchos casos, se ha mostrado paquidérmica en la región: "Una tendencia que sí perdura es la de una impunidad total. Casi nunca se judicializa a los responsables de persecución a defensores, ni a los autores materiales, ni intelectuales. Como criminal, sacas rápidamente la conclusión de que probablemente no te pasará nada", lamenta Laura Furones.
A lo largo de su carrera, Berta Cáceres también denunció la impunidad con la que operan los que reprimen la resistencia ambiental. La condena de David Castillo Mejía, jefe de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos en el momento de su asesinato, es una excepción más que la regla en Centroamérica.
Hace pocos días se celebró la segunda Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, a ese acuerdo le falta todavía la ratificación de Guatemala; mientras que El Salvador y Honduras no lo han firmado.
Fuente: https://www.france24.com/es/américa-latina/20230504-defensa-de-los-recursos-naturales-centroamérica-persigue-a-sus-ecologistas - Imagen de portada: Los defensores ambientales de Centroamérica se ven perpetuamente amenazados, criminalizados y hasta asesinados por quienes pretenden silenciarlos. © Francia Milena Cuesta / France 24
