Mineras del oro "orgullosas". Serán parte del primer juicio por crímenes de guerra de la CORTE PENAL INTERNACIONAL. Un fiscal argentino acusa.
Se abrió el primer juicio de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el ex jefe de milicia congoleño Thomas Lubanga, acusado de crímenes de guerra por utilizar niños soldados en la República Democrática del Congo (RDC). Los enfrentamientos entre milicias fueron por el control de las minas de oro y han causado unos 60.000 muertos y centenares de miles de desplazados desde 1999. El fiscal Luis Moreno Ocampo abrió sus alegatos asegurando que entre 2002 y 2003 Lubanga "cometió uno de los crímenes más serios (...): crímenes contra niños". Fuente: agencia EFE
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió el primer juicio de su historia y describió el horror, el miedo y las secuelas de los niños que fueron reclutados en la República Democrática de Congo (RDC) por el líder rebelde Thomas Lubanga, que es el primer acusado de ese tribunal con sede en La Haya.
El fiscal Luis Moreno Ocampo abrió sus alegatos asegurando que entre 2002 y 2003 Lubanga "cometió uno de los crímenes más serios (...): crímenes contra niños".
Moreno Ocampo denunció ante los jueces que estos niños de la etnia Hema en la región de Ituri (sureste) tuvieron que empuñar un arma a edades tan tempranas como los nueve años. Los fiscales también explicaron que Lubanga exigía a cada familia de la etnia Hema que aportara un hijo para su milicia, sin poner más condición para su alistamiento que "fuese capaz de transportar un arma".
"Los niños, menores de 15 años, tuvieron que matar, violar y ser violados", según el fiscal argentino, quien remarcó que las niñas soldado eran además esclavas sexuales de sus comandantes.
Vestido con traje de chaqueta oscuro, Lubanga apenas mostraba emociones desde el banquillo de los acusados, desde donde parecía escuchar con interés lo que se explicaba en la sala.
De los 34 testigos que los fiscales llamarán a declarar, nueve de ellos son niños ex combatientes en las filas de Lubanga, un ejército compuesto en un 30 por ciento por menores de 15 años, explicó el fiscal.
Moreno Ocampo habló además de las secuelas que su pasado militar ha dejado en esos niños, "algunos de los cuales usan ahora drogas para poder sobrevivir, algunos se dedican a la prostitución o no tienen trabajo".
El fiscal pidió a los jueces que, de condenar a Lubanga, tengan en cuenta que sus acciones "no afectaron solamente a un niño, sino a toda una generación".
Con un alegato emotivo, el fiscal afirmó que, de ser condenado, "la sentencia de Lubanga dirá que el tiempo de la impunidad ha acabado".
Participación directa de las víctimas
La apertura de este juicio es histórica no solamente por ser el primero de la corte, sino que además es la primera vez que representantes de las víctimas tienen una participación directa en el juicio.
Los ocho representantes legales que dieron voz en la corte de La Haya a más de 90 víctimas y sus familias coincidieron en señalar la importancia de que se haga justicia y se preserve el derecho a contar la verdad.
"Sin embargo -señaló uno de los letrados- ningún documento que se presente aquí podrá explicar realmente el sufrimiento que sintieron cuando fueron arrancados de sus familias, el miedo que sintieron en el frente (...) y las balas que continúan resonando en sus oídos".
Según la ONG Human Rights Watch, el juicio a Lubanga en la CPI "significa un paso adelante en la búsqueda de responsabilidades por el uso de niños soldado en conflictos armados", señaló en un comunicado.
Para el miembro de la Coalición Global de la CPI Bukeni Waruzi que participa en programas de rehabilitación de niños soldado, "los niños de Congo necesitan justicia", según un comunicado.
El juicio a Lubanga empieza con más de medio año de retraso, porque los jueces exigieron a la fiscalía que les mostrara pruebas que podrían ser exculpatorias y que los fiscales habían mantenido como confidenciales.
De acuerdo con Human Rights Watch, Ituri, una de las áreas más afectadas por las guerras en la RDC, ha sido escenario de un conflicto armado local entre las etnias Hema y Lendu, que luchaban por el control de las minas de oro en la zona.
Creada hace seis años como la primera corte internacional de carácter permanente, la CPI basa su funcionamiento en el Estatuto de Roma, que le permite juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos genocidio.
Para poder ser juzgados en la CPI, los crímenes han tenido que ser cometidos en un país adherido al Estatuto de Roma o en el territorio de un país miembro.
La defensa de Lubanga tomará este martes la palabra, exponiendo sus alegatos iniciales.
Según las organizaciones humanitarias, los enfrentamientos en Ituri entre milicias apoyadas por las etnias Hema (cercanas a la UPC) y Lendu, por el control en especial de las minas de oro, han causado unos 60.000 muertos y centenares de miles de desplazados desde 1999.
