El nuevo proyecto del Agua en México, genera controversia


El proyecto de la Ley General de Aguas que está a consulta en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria viola el derecho humano al agua y al saneamiento, mismo que debería regular, y hace interpretaciones que se contraponen a lo que la Constitución establece en su artículo 4º y a instrumentos internacionales, señaló la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda) y la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)

En un comunicado, apuntó que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en favor de Lidia Velázquez Reynoso para que tenga acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, lo cual es un reconocimiento de que el acceso al líquido es un derecho humano.
La conclusión de la Suprema Corte define el derecho al saneamiento conforme a lo establecido por el derecho internacional de las garantías fundamentales, una decisión progresista que exhibe la incongruencia de la Ley General de Aguas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual busca restringir el acceso al recurso y dejar fuera su obligación de implementar las instalaciones y programas sanitarios adecuados para cumplir con este derecho.
Agregó que el proyecto de la Ley General de Aguas va en dirección contraria a lo establecido por la SCJN en este caso, por lo que las organizaciones buscan que se establezca una legislación que defina un nuevo diseño institucional y mecanismos claros que verdaderamente permitan la instrumentación del derecho humano al agua y al saneamiento, priorizando el uso del agua para consumo humano y para los ecosistemas hídricos por encima de cualquier otro.
Asimismo, llamaron, a a los legisladores a favorecer un debate amplio y plural relacionado con esta iniciativa,considerando que bajo múltiples puntos de vista resulta violatoria del derecho humano al agua y al saneamiento, al derecho a un medio ambiente sano, y al acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos previstos en la Constitución y en los convenios internacionales en la materia.


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