Lo que hay detrás de la resistencia a ratificar el Acuerdo de Escazú
Democracia Abierta
Nueve años. Esa fue la duración de las negociaciones, pasos políticos y legislativos que tuvieron que darse para que el Acuerdo de Escazú fuera ratificado por 12 países de Latinoamérica.
En una región donde la explotación de las materias primas se disparó en las últimas tres décadas, firmar un acuerdo que protegiera los recursos naturales y a quienes los defienden de la depredación era necesario, sino urgente. La dependencia de la extracción de materias como el oro, el carbón y el petróleo hicieron que en muchos países latinoamericanos estallaran conflictos ambientales. La extracción de cualquier materia prima implica, muy probablemente, afectar negativamente al ecosistema que las rodea y a las comunidades que dependen de él.
En papel suena bien, pero la realidad de los grandes intereses extractivistas que mostraron los Pandora Papers, es otra.
Piñera y Dominga
La reciente publicación de los Pandora Papers reveló que el presidente chileno, Sebastián Piñera, tenía vínculos con la compraventa de la Minera Dominga por parte del empresario Carlos Alberto Délano, operación realizada en paraísos fiscales. Esto no solo puso en evidencia que su rotunda negativa a ratificar Escazú, después de que él mismo lo impulsó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, responde a sus intereses particulares y no a los del país que gobierna.
Piñera argüía que si Chile firmaba el Acuerdo se pondría en juego su soberanía sobre sus recursos naturales. Este es un argumento nacionalista, populista, y sobre todo, es falso.
Piñera argüía que si Chile firmaba el Acuerdo se pondría en juego su soberanía sobre sus recursos naturales. Este es un argumento nacionalista, populista, y sobre todo, es falso.
Varios de los países que no ratificaron el Acuerdo afirmaban, como lo hacía Piñera, que ponía en entredicho la soberanía de cada país. Sin embargo, es clave recordar que Acuerdos como el de Escazú se construyen sobre una base sólida de estándares internacionales. Asimismo, el Acuerdo respeta la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y, en su cuarto punto, establece claramente que la ejecución del acuerdo se hará en cada país según su legislación, no reemplazándola.
Con la revelación de los Pandora Papers, sin embargo, quedó claro que existen poderosos intereses privados cuya falta de escrúpulos en la extracción afecta directamente a las comunidades, y provoca la falta de interés en que se ratifique un acuerdo que les da voz y voto. La propuesta del Acuerdo implica también el tener una acceso a la información transparente, y esto es urgente para las comunidades afectadas. La ironía en el caso chileno es que, de haberse ratificado Escazú hace algunos años, la compraventa del proyecto Minera Dominga (que por su cercanía al archipiélago Humboldt que contiene uno de los ecosistemas más ricos del mundo ha sido fuertemente cuestionada), no se habría producido.
Dominga es un proyecto de extracción de concentrados de hierro y cobre valorado en 2.500 millones de dólares, que se construiría a 16 kilómetros de la comuna de la Higuera al norte de Chile. Su creación implica abrir una mina a cielo abierto, la construcción de un puerto propio y una desalinizadora.
Aunque algunas comunidades aledañas al proyecto lo apoyan, su cercanía al archipiélago Humboldt lo ha convertido en foco de muchas controversias; y no solo de activistas, sino de académicos y políticos. En 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, el proyecto fue rechazado por dos instituciones chilenas: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental ,quienes argumentaron que suponía demasiados riesgos para la biodiversidad y el ecosistema en general.
El caso fue apelado y, hace dos meses, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto.
Lo que descubrió la publicación de los Pandora Papers es que la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, momento en el que Piñera llevaba ya 9 meses de su primera presidencia. Ese año Carlos Alberto Délano, amigo personal del presidente, compró la participación del resto de accionistas y parte de esa operación se hizo en las Islas Vírgenes Británicas.
La venta estableció un pago de tres cuotas. La última, cuyo valor era de 9,9 millones de dólares, tenía como limitante que no se estableciera una zona de protección ambiental que pudiera obstaculizar la instalación de la mina.
Pero ¿de qué dependía la demarcación de esa zona ambiental?: Del gobierno de Piñera. Por eso no resulta sorprendente que, a pesar de las evidentes contraindicaciones ambientales del proyecto, Piñera no implementó ninguna protección ambiental.
Según el informe, cuando se conocieron los nexos entre Dominga y Piñera, se abrió una investigación que concluyó que el presidente chileno buscó "beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción del central termoeléctrica Barrancones en la comuna de la Higuera". Barrancones era una planta termoeléctrica que se iba a construir cerca de Dominga, y tenía los permisos ambientales.
Respondiendo a las acusaciones, Piñera simplemente ha dicho que son "inaceptables".
Un Acuerdo de palabras
La creación del Acuerdo se remonta a 2018, cuando en la localidad de Escazú, en Costa Rica, delegados de 33 países y de la sociedad civil reunidos allí, realizaron un minuto de silencio para honrar a Berta Cáceres, líder ambiental recientemente asesinada por su oposición al proyecto Agua Zarca en Honduras.
Al final de esa reunión se firmó el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de Latinoamérica y el primero en el mundo con puntos específicos sobre cómo proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, promover el acceso a la información ambiental pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la creación y fortalecimiento de capacidades instaladas para contribuir a proteger y preservar un medio ambiente sano.
Eso quiere decir que, en los 12 países en los que ya se ratificó, los gobernantes no podrán tomar decisiones unilaterales sobre el medio ambiente.
Eso quiere decir que, en los 12 países en los que ya se ratificó, los gobernantes no podrán tomar decisiones unilaterales sobre el medio ambiente, lo que incluye proyectos de explotación,y deberán contar con la participación de las comunidades. Tampoco podrán ocultar ningún tipo de información y deberán tomar medidas para prevenir, sancionar e investigar los ataques contra defensores del medio ambiente.
El nombre completo del pacto es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, algo muy explícito, pero tan largo y poco memorable como lo ha sido su avance o adopción por parte de otros países.
Los países que ratificaron el Acuerdo hasta la fecha han sido: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía. Entre los países firmantes está México, el país con mayores emisiones de CO2 en la región pero con proyectos conflictivos con el medioambiente impulsados por el propio gobierno, lo que es una contradicción flagrante con los principios del Acuerdo. Tampoco está Brasil, el país más grande y con más conflictos socioambientales, ni tampoco Colombia, el país con más asesinatos de defensores ambientales en el mundo y donde los proyectos extractivos parece que no tienen freno.
Está claro que para países como Colombia, Chile y Brasil, que utilizan el argumento de pérdida de soberanía para no dar trámite rápido al Acuerdo, existen poderosas razones para la no ratificación, razones vinculadas a intereses privados sin escrúpulos
En vísperas de la COP26, la reunión multilateral más importante sobre cambio climático a nivel global, queda por ver si más países acabarán ratificando Escazú o si, como viene siendo tendencia, pasarán de puntillas sobre ese compromiso y, más allá de la retórica oficial, seguirán extrayendo recursos naturales sin freno, ignorando los impactos sobre el ecosistema, golpeando a las comunidades y obviando el asedio y los asesinatos persistentes de defensores ambientales en la región, el más grave de todo el mundo.
Fuente: https://www.opendemocracy.net/es/lo-que-hay-detras-de-la-resistencia-a-ratificar-el-acuerdo-de-escazu/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20-%2015%2F10%2F21%20%28VseHL9%29&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%3A%20democraciaAbierta%20Brasil&_kx=OJhUP4O5EWfKdPb9lz1-_g1qjth4X5UaK2UFt98FYusGs4V3CxMmH-P7J_jOJAIw.YjCYwm
