Argentina / Trigo transgénico: empresas exportadoras piden a la Justicia suspender su cultivo y comercialización
Por Lucía Guadagno
A través de su presidente, Gustavo Idígoras, el CEC pidió que se dicte una medida cautelar para suspender por seis meses las dos resoluciones de la Secretaría de Alimentos de la Nación que aprobaron el trigo HB4. Con este pedido, el transgénico desarrollado por la científica Raquel Chan y comercializado por la empresa Bioceres sumó su quinta demanda judicial. En este caso, el reclamo proviene de uno de los sectores más concentrados del agronegocio y de los que más se ha beneficiado del modelo agroindustrial basado en el uso de transgénicos y agrotóxicos. Entre los principales socios del CEC están las multinacionales Bunge, Cargill, Cofco, Glencore, Viterra, y las empresas locales Molinos Río de la Plata, AGD, Agricultores Federados Argentinos y la Asociación de Cooperativas Argentinas.
La presentación judicial se hizo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, en agosto pasado. El expediente se conoció en las últimas semanas, cuando la Secretaría de Agricultura de la Nación planteó que el caso se traslade al Juzgado Nº 10, donde se tramita una causa similar presentada por la Federación de Acopiadores.
Las otras dos demandas en el fuero federal son una denuncia de productores agroecológicos y un planteo dentro de una causa más grande, conocida como «Fany Giménez», que pide la suspensión de todos los cultivos transgénicos. En tanto, en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ya hay una sentencia de primera instancia que ordena suspender la liberación del trigo HB4 en todo el territorio provincial. La medida aún no está firme, a la espera del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
El riesgo comercial del trigo transgénico HB4
El trigo HB4 se promociona como tolerante a la sequía y resistente al glufosinato de amonio, un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato, según estudios hechos por investigadores del Conicet y universidad nacionales. Se trata del primer trigo transgénico liberado en el mundo. Hasta el momento, su cultivo es limitado. Bioceres anunció su comercialización a través de contratos de identidad reservada, lo que le permite cobrar regalías por la tecnología aplicada a la semilla.
La aprobación del trigo HB4 se realizó a través de dos resoluciones de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación. La primera fue la Resolución 41, de octubre de 2020, que autorizó el transgénico pero condicionó su liberación comercial a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un año después, en noviembre de 2021, la Comisión Técnica de Bioseguridad de Brasil (CTNbio) autorizó la harina, no la semilla. Esta decisión, sumado a que también fue autorizado en Australia y Nueva Zelanda, dio lugar a que en mayo pasado la misma Secretaría completara la aprobación mediante la resolución 27/2022.
Para las empresas exportadoras, las dos resoluciones tienen que suspenderse porque fueron dictadas de manera irregular, sin cumplir con la exigencias de transparencia y participación ciudadana y, en especial, porque no se consideraron los riesgos comerciales, que fueron advertidos en informes de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. “El dictamen técnico de la Subsecretaría fue lapidario respecto al riesgo comercial que entraña la liberación comercial del trigo HB4”, advirtió el Centro de Exportadores de Cereales.
Lo que preocupa a las grandes compañías es la posibilidad de que el transgénico contamine al trigo convencional, ya sea por polinización o por mezcla en los acopios y medios de transporte. Si en una carga se detectan transgénicos y el mercado de destino no los acepta, todo el contenido corre riesgo de ser rechazado.
En ese sentido, citan la comparación hecha en 2017 por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios en relación a los volúmenes en juego. El organismo afirmaba que si se aprobaba el HB4 se iba a poner en riesgo todo el volumen exportable del país, calculado en un 65 por ciento del trigo cosechado, por un supuesto 7,3 por ciento de incremento “teórico” que se conseguiría gracias al transgénico tolerante a la sequía. “De acuerdo a la Subsecretaría, el riesgo comercial es enorme”, remarcaron.
El CEC también advirtió que la autorización de Brasil no garantiza la continuidad de las exportaciones a ese país. No sólo porque el país vecino aprobó únicamente la harina, no la semilla, sino porque —señala— Bioceres no acreditó que hubiese obtenido la licencia para importarla. Y concluye: “En rigor de verdad, fue la mente especulativa del funcionario de turno la que, sin conocimiento alguno de temas regulatorios de Brasil, supuso que la aprobación comercial por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad suponía también la autorización para importar. O, por lo menos, que no debería haber inconvenientes para hacerlo”.
Las exportadoras denunciaron, además, que las autorizaciones no son válidas porque fueron dictadas por la Secretaría de Alimentos, cuando en realidad la única autorizada para hacerlo es la Secretaría de Agricultura. También consideraron que los fundamentos de ambas resoluciones no cumplen con los requisitos necesarios porque —advirtieron— se limitaron a “transcribir sesgadamente las conclusiones de los dictámenes técnicos”. En estos dos puntos coinciden con varias de las objeciones hechas por el fiscal federal Fabián Canda, quien en la causa Fany Giménez solicitó dos veces la suspensión de las autorizaciones. Sin embargo, a diferencia de la presentación de las exportadoras, el eje principal de los dictámenes del Ministerio Público Fiscal es la protección del ambiente y la salud de la población.
El CEC también le reclama al gobierno de Alberto Fernández no haber cumplido con las instancias de acceso a la información y consultas públicas para la aprobación del transgénico. Citaron la sentencia del juez federal Santiago Carrillo —también en la causa Fany Giménez—, quien en noviembre pasado ordenó al entonces Ministerio de Agricultura (ahora Secretaría) publicar la información faltante sobre la aprobación del trigo HB4 e implementar un proceso de participación ciudadana, aunque no suspendió las autorizaciones.
Conabia: una comisión oficial al servicio de las empresas
Lo curioso de la presentación judicial del CEC es que hizo suyos los reclamos que organizaciones sociales y ambientales realizan —desde hace más de una década— respecto a cómo la Comisión Nacional de Biotecnolgía (Conabia) aprueba los transgénicos.
En primer lugar, el Centro de Exportadores cuestiona la falta de transparencia: “Cabe poner de resalto que la Conabia, sin publicación previa ni convocatoria para recibir comentarios, resolvió, en su reunión del 31 de marzo de 2016, dar por concluida satisfactoriamente la evaluación del trigo HB4”. Y denuncia que, para determinar el potencial tóxico o alergénico del evento transgénico, el Estado no realiza estudios propios sino que se basa en los informes de las mismas empresas. “(La Conabia) cita exclusivamente los datos provistos por el propio Indear (Bioceres); es decir, por el propio interesado en la aprobación, soslayando de esta manera el potencial conflicto de interés”, señalan.
El expediente judicial iniciado por el CEC hizo público, por primera vez, el dictamen de la Conabia que dio el visto bueno al trigo HB4. El documento fue analizado por la ONG Naturaleza de Derechos, que en un comunicado denunció —una vez más— los fuertes vínculos de los integrantes de ese organismo con las empresas del agronegocio.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/trigo-transgenico-empresas-exportadoras-piden-a-la-justicia-suspender-su-cultivo-y-comercializacion/
