Patagonia Argentina:“La bala que mató a Rafael era de un prefecto que camina libre y nosotras acá, en prisión”
Por Ada Augello
Celeste Ardaiz Guenumil, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y la machi (sanadora) de la comunidad Lafken Winkul Mapu Betiana Colhuan Nahuel se encuentran detenidas en el Centro Mapuche de Bariloche. Están allí luego de ser desalojadas a fuerza de balas y gases lacrimógenos de sus rukas (casas) durante un operativo del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo fue desalojar la comunidad que mantiene un conflicto territorial, desde 2017, con el Parque Nacional Nahuel Huapi en Villa Mascardi. A ojos de las detenidas, sólo consiguieron visibilizar la resistencia de un pueblo entero.
Sobre la ruta nacional 40, la zona de Villa Mascardi se mantiene fuertemente militarizada. La presencia de los efectivos de las fuerzas federales obliga a bajar la velocidad y el aire se torna tenso. El viento sopla desde la Cordillera de Los Andes, mueve los cuerpos y sacude los árboles. La brisa trae sabor a bosque, por momentos es tan húmeda que eriza la piel. O tal vez sea, que la piel se eriza porque algo se encuentra en desequilibrio.
El Centro Mapuche, donde se encuentran detenidas las pu lamien (hermanas), está sólo algunos metros alejado del lago Nahuel Huapi, al norte de la ciudad. En la esquina, sobre la costanera, hay un destacamento de la Policía Criminalística. Al lado se encuentra el Centro de Jubilados y Pensionados de la Policía de Río Negro. Está lleno de patrulleros, camionetas con luces azules y algunos autos. Subiendo una cuesta de ripio, corta pero pronunciada, aparece una casa. Las pintadas en las paredes reivindican la cosmovisión del pueblo mapuche en toda su simbología. Afuera se dibuja un kultrún, decorado con flores de amancay de reflejos enrojecidos que parecen iluminar el estacionamiento.
Es una casa, la ruka, y es utilizada para actividades culturales y como lugar de paso para quienes necesitan hacer trámites o visitas en Bariloche. La cocina, quién sabe cuántas pavas fueron calentadas, cuántos aromas habitan la porosidad de la mesada; es también el lugar de encuentro. En el comedor hay un afiche colgado que recuerda a Rafael Nahuel y a Elías Garay Cañicol, jóvenes asesinados en territorios recuperados. Rafael, hace cinco años, en la propia Lof Lafken Winkul Mapu de la que desalojaron a estas mujeres.
Luciana Jaramillo deja caer el agua por la bombilla, prueba el mate y dice “está raro, creo que le falta un poco”, gira su cabeza y le pide a una lamien que regrese la pava a la hornalla. El mate no es lo único raro. El proceso judicial que las mantiene detenidas está plagado de irregularidades. El 4 de octubre pasado, el día del operativo represivo de las fuerzas federales en la comunidad, fueron detenidas siete mujeres en la Lafken Winkul Mapu y las mantuvieron por más de 48 horas incomunicadas. Ese día, cuatro de ellas fueron trasladadas a las 3 de la madrugada al Penal de Ezeiza. Sin argumentos, las requisaron incontables veces.
Acabaron por otorgarles la prisión domiciliaria en simultáneo a la negativa de reconocerles el derecho ancestral al territorio, es decir el derecho a permanecer en el territorio recuperado. En aquel traslado en la madrugada a 1600 kilómetros de su lugar estuvieron Luciana Jaramillo, Débora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo y Florencia Melo. Las últimas tres fueron sobreseídas por la jueza federal Silvina Domínguez casi un mes después. Luciana fue procesada.
¿Cómo contar la fuerza que palpita en los ojos de Luciana? Habla del operativo, pero antes de entrar en la crudeza de la violencia enuncia: “Nosotras como zomo (mujeres mapuche) nos encontramos dignamente asumiendo la presión política, como parte de la lucha que tenemos por levantarnos como pueblo, luego de tanto despojo, y también con la historia que tenemos nosotras como comunidad”.
Y recuerda: “No es el primer desalojo. Ya pasamos esto en 2017. El asesinato del weychafe (guerrero) Rafael Nahuel iem (quien pasó a otro plano). La bala que lo mató es la bala de un prefecto que hoy está caminando libre, y nosotras aquí en prisión. Pero eso no nos debilita, nos hace más fuertes. El espíritu del weychafe vive con nosotros y también ha alimentado estos años de nuestra lucha”.
Su palabra no tiene fisuras, convida el mate y conserva entereza. Celeste Guenumil la mira desde un costado hamacando a su bebé en brazos. Tiene poco más de un mes fuera de la panza y ya conoce el mundo al que ha llegado. Romina Rosas parió días después del operativo, detenida y bajo custodia en el Hospital Zonal de la ciudad. Su bebé nació en cautivero. Fue muy distinto a lo planeado y deseado: estar en el bosque, lavar la piel con agua de arroyo, curar los desgarros con plantas medicinales como el pañil y el llantén. Parir con los pies húmedos de hojarasca y la mirada extensa en las copas de los árboles que abrazan al cielo. Nacer al canto de los pájaros y envuelta en el perfume de las flores silvestres, sin armas que te apunten, sin la violencia impresa en el cuerpo desde el primer respiro.
Parte de la Lof Lafken Winkul Mapu es la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida junto a sus hijes. Es la última machi en el sureste cordillerano y la primera en levantarse luego de la Campaña del Desierto. Luciana dice en relación a ella: “Tuvimos una responsabilidad inmensa que fue levantar dentro de esa lof a la primera machi del Puelmapu, el primer rewe (espacio sagrado). Luego de que mataran a miles de lawenielos, personas que se dedicaban a sanar”.
Y continúa: “Entonces, esa es la fuerza que nos mueve a nosotros, algo espiritual, algo mayor, algo que no va destruir el winka (hombre blanco). No con sus balas, no con su represión. Es algo que nos mantiene firmes, entendiendo que es un legado de nuestros antepasados y que nosotros recibimos no por elección, sino que tuvimos que asumirlo. Y así asumirán nuestros hijos esta lucha. Por eso sembramos esta conciencia de volver al territorio. La lucha que estamos sosteniendo no es solo por un espacio ceremonial. Es contra la avanzada sobre los territorios, donde la minería quiere entrar; es la pelea que estamos teniendo por el agua. Nosotras somos defensoras del territorio y el agua.”
El silbido del viento entre las chapas del techo parece susurrarnos algo. Es un lenguaje de pájaros, viene de lejos en el tiempo y se instala entre nosotras. Luciana casi no detiene la conversación para sorber el mate, sólo hace una pausa para mirar a su costado. Celeste le devuelve el gesto y confirma algunas frases con la mirada. Su bebé está prendido a la teta y ella dice suavemente: “El agua que nosotros defendemos la tomamos todos, ¿no?”. Sintetiza un salto desde lo particular a lo político, al entendimiento de una cosmovisión. Donde lo propio no es propiedad, sino ser parte. Los pueblos se entienden dentro de un todo que nos les pertenece, es un todo al que se deben, uno que los compone, uno del que reciben la fuerza.
La causa del Lafken Winkul Mapu y la persecución judicial
La Administración de Parques Nacionales inició una causa contra la comunidad Lafken Winkul Mapu durante 2017 que motivó dos operativos de desalojo. En el segundo de ellos, efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinaron a Rafael Nahuel. Es una causa federal ya elevada a juicio y quienes se encuentran imputados son los miembros de la comunidad junto a quienes les acompañaban en ese momento. De esa causa se abren otros procesos vigentes.
Además, en septiembre de este año, se abrió una nueva acusación contra la comunidad por la quema de una casilla de Gendarmería Nacional. Esta última causa conocida como “Los Radales” da pie a la unificación de todas las anteriores en el fuero federal por el delito de “usurpación”. Con ese armado judicial en mano, la jueza Silvina Domínguez ordenó el desalojo de todos las tierras recuperadas por la lof en la zona del ex Hotel Mascardi, situación que derivó en las detenciones y órdenes de captura existentes. Además hay dos causas más en el fuero provincial, por supuestos ataques contra la propiedad de la cabaña del Obispado de San Isidro y La Cristalina, propiedad de Diego Frutos, presidente de la Comisión Vecinal de Villa Mascardi, conocido por organizar marchas fascistas “en defensa de la propiedad privada y la patria”.
Gustavo Franquet, abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas que representa a la comunidad, resalta que “todas las personas acusadas tenían falta de mérito en la causa del ex-hotel Mascardi, pero ahora se revocó y se decretó el procesamiento con prisión preventiva”. Esa decisión involucra también a otros integrantes de la Lafken Winkul Mapu:
Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan. “A las cuatro mujeres que están detenidas se las acusa de la usurpación de dos lotes, pero se les dictó la falta de mérito en la última causa de Los Radales”. Parece un enredo jurídico, pero no lo es. Es la persecución constante por retornar a los territorios. La situación se repite en diferentes causas, con diferentes personas, todas indígenas, todas empujadas a los bordes de la organización actual de los territorios.
Franquet explica por qué mantenerlas privadas de su libertad es parte de una persecución: “Tenemos una situación en la que están esperando el juicio oral, procesadas por dos usurpaciones cada una. La pena máxima para el delito es de 3 años, es decir, que podrían ser hasta 6 años. Pero la mínima sigue siendo de meses. En La Gremial no conocemos ningún caso de personas que estén acusadas de usurpación con prisión preventiva. Al ser tan baja la expectativa de pena y no tener ninguno de ellos antecedentes penales, se entiende que no hay razón para tenerlos con prisión preventiva”.
—¿Cuáles son los argumentos del Poder Judicial para mantenerlas en prisión preventiva?
—El argumento que se usa es del Código Procesal. Es la evaluación de la jueza sobre las condiciones personales. Y las condiciones a las que hace mención son, justamente, ser miembros de una comunidad Mapuche. Para la jueza es suficiente que sean mapuche para sostener que hay posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa. Y obviamente, que volverían a intentar retomar la posesión de los terrenos.
Si hablamos de derecho indígena o desde un paradigma de la interculturalidad, tanto el Poder Judicial como el poder político se queda en lo declamatorio. Por ejemplo, no existe solicitud de la jueza Domínguez para el cuidado del espacio ceremonial que representa el rewe en los territorios desalojados. De igual modo, hace algunas semanas, la Intendencia de Parques Nacionales recibió un requerimiento del conjunto de las comunidades Mapuche, en el que señalaba que desde el momento del desalojo permanecían apartadas de su espacio ceremonial. Desde Parques Nacionales el pedido fue rechazado.
Desde la Gremial apelaron la resolución de la jueza Domínguez y exigieron el sobreseimiento de las mujeres mapuche, además de pedir la intervención de la Defensoría de Niñez respecto a la situación de las infancias. En síntesis, piden la nulidad de todo lo actuado y la restitución del territorio a la comunidad. La argumentación para rechazar lo actuado por el Poder Judicial señala que no existió usurpación, porque el Código Civil y Comercial no se aplica al concepto de propiedad que tienen los pueblos originarios, ni la definición de la vida comunitaria, ni las relaciones con la naturaleza.
No existe posibilidad de encuadrarlos en los términos del derecho privado, de raíz constitucional de nuestra sociedad. Franquet agrega que la decisión de mantener la causa bajo secreto de sumario durante días fue “desproporcionado”, ya que le quitó a las mujeres de la comunidad “la posibilidad de defenderse cabalmente, acumulando irregularmente las causas”. “Entendemos que se violentaron los derechos indígenas, y se manejó de la peor manera posible con la represión y el ataque violento e indiscriminado”, sentenció el abogado.
Luciana Jaramillo mira fijo a los ojos de esta periodista y determina: “La sociedad debe alcanzar la conciencia sobre el cuidado de los espacios naturales, de por qué esta lucha se levanta de esta forma. Porque nosotros vemos que, sentimos que, la lucha se vuelve más fuerte porque es mayor el avance del winka. En ese sentido creo que es una lucha no solo de los mapuche, no solo del pueblo originario. Es una lucha de todos como sociedad”. Y deja sostenida en el aire de la ruka una pregunta que abre e interpela. “¿Qué queremos como sociedad para el futuro?”
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-bala-que-mato-a-rafael-era-de-un-prefecto-que-camina-libre-y-nosotras-aca-en-prision/ Imagen de portada: Débora Vera, Celeste Ardaiz Guenumil y Luciana Jaramillo en el Centro Mapuche de Bariloche. Foto: Denali Degraf
