“Faltan leyes que sancionen el derroche indiscriminado”

La Alumbrera está en Andalgalá, Catamarca y en sus yacimientos de cobre y oro se utiliza cuatro millones de litros de agua-

/  El fiscal investiga a la mina La Alumbrera por contaminar agua.

Por Marcela López Perdomo
Historiadora

Argentina es el 4º exportador mundial de agua a países que no cuentan con este recurso natural para la siembra agrícola. Pero también ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de naciones que más contaminan sus recursos hídricos con arsénico y ácido sulfúrico. Uno de los emblemas de esa degradación ambiental es la mina La Alumbrera, ubicada en el departamento de Andalgalá, en  Catamarca. El emprendimiento funciona desde hace 10 años y constituye uno de los yacimientos de cobre y oro más importantes del mundo, también uno de las más contaminantes del aire y el agua de la zona. El grave perjuicio provocado a la población motivó el primer proceso judicial por delitos medioambientales contra una minera de toda Sudamérica. En la causa está procesado Julián Rooney, vicepresidente de la firma. La medida la dictó el Fiscal Antonio Gómez quien habló con Miradas al Sur:

–¿Cómo ve la situación medioambiental en nuestro país y el rol de los organismos internacionales encargados del control de estas actividades?

–Los organismos internacionales han empezado a tener importancia, pero aún llegan tarde. Creo que las medidas cautelares referidas a delitos de lesa humanidad, deberían pensarse también para el tema medioambiental.

Hasta ahora, el Estado nacional no ha jugado ningún rol positivo ante estos delitos. En primer lugar debería presentarse en cualquier causa de contaminación como querellante, porque afecta a la salud de la gente. Nadie vive en un lugar contaminado si tiene  dinero. Es el pobre el que se asienta allí. En segundo lugar, los funcionarios deberían denunciar los delitos ambientales. Siempre rescato que la causa de La Alumbrera se inició con una denuncia del secretario de medioambiente de Tucumán, el Doctor Juan González. Hay un encubrimiento por parte del Estado nacional y provincial a los delitos ambientales. En tercer lugar, deberían dejar trabajar tranquilos a los jueces, a los fiscales y a los organismos no gubernamentales que se ocupan de ese rol que el Estado ha cedido el contralor. Los organismos internacionales no actúan porque exigen que se agote la vía previa. Pero eso no ocurre ya que la legislación no prevé esa situación. Faltan leyes que sancionen el derroche indiscriminado. Si hubiera una ley que lo sancionara como delito –caso típico de la minera La Alumbrera que utiliza cuatro millones de litros de agua por hora–, podría iniciar una causa penal.
Un gran paso en esta materia es la reunión que se va a hacer en Venecia, en octubre, donde se
intentará crear una Corte Internacional para los delitos contra el medio ambiente.

–¿A qué se debe que no haya denuncias medioambientales surgidas desde la sociedad?

–Hay que admitir que nuestros ciudadanos no tienen mucho interés en proteger el medio ambiente, y si el ciudadano no se preocupa, los tribunales menos.

Ello se debe a que estamos muy golpeados por el “no te metás”. El miedo se apoya en la verdadera impunidad que hay en el país. Pero el caso La Alumbrera es una excepción: el procesamiento de Julián Rooney no se debe a la tarea de un fiscal, sino a la acción de los ciudadanos que hartos de contaminación pidieron una audiencia a los jueces, para mostrarles el daño que les provoca. A punto tal que la Cámara Federal en su fallo lo reconoce y le ordena al juez que investigue. Si no fuera por estos vecinos acá no tenemos nada. Celebro que haya algunos concejales que decidieron presentarse como querellantes. En los últimos años hemos iniciado causas penales contra importantes firmas citrícolas, empresas mineras y frigoríficas y 15 ingenios, todos emplazados en Tucumán. También causas penal tributarias por encima de los 40 millones de pesos donde están involucradas las exportadoras de soja.

–¿Cuál es la actual situación procesal de Ronney?

–El juez federal la reservó, está esperando que la Cámara Nacional de Casación se expida sobre un recurso judicial interpuesto por él. La causa está paralizada a pesar de que la Cámara Federal de Tucumán le ordenó al juez seguir la investigación.

–¿Cuál es su reflexión en relación al aparato judicial tucumano y el tema de medioambiente?

–Creo que hay que ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Tenemos procesados  a Rooney por la minera La Alumbrera, a directivos de un ingenio y autoridades de empresas citrícolas. El vaso medio vacío es que todavía tenemos una gran desprotección cuando de poder económico se trata, aún aparecen peces muertos en el Dique Frontal, mueren personas en Río Gascona o en Concepción porque toman agua contaminada con vinaza y con desechos de los ingenios. Los más pobres están sufriendo los efectos tremendos de la contaminación. En casi 20 años de vigencia de la ley 24.051 que penaliza la polución ambiental sólo tenemos cinco condenas por contaminación. Ésa es para mí una gran deuda y ojalá pueda saldarla antes de que me vaya.


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GLACIARES: ES AGUA

La Fu.C.I. (Fundación Ciudadanos Independientes), lleva 9 años en el reclamo por los glaciares de la Cordillera, que desde antes la Industria Minera viene afectándolos en su calidad y cantidad en la producción de Agua Dulce. Ni una sola vía de hecho fuera de la Ley se ha ejecutado, pero si se nos ha insultado por algunos cipayos, alegando nuestra ignorancia.- 
La acción de Amparo iniciada contra el Proyecto Veladero en el año 2007, no llega a estudio de la Corte, pues no hay Juez en San Juan que pueda decir que la Fu.C.I., no tiene recursos para pagar los gastos de justicia y honorarios.-
En el tiempo que ha transcurrido, aprendimos que el Código Civil desconocía los Glaciares, pero reconoció las vertientes y señaló que éstas eran de propiedad de los dueños del terreno. Las Vertientes, mallines, nacientes y vegas, por lo general son una consecuencia de Glaciares que está debajo de ellas donde la temperatura es -0º. También somos concientes que el Código Civil no designó a los glaciares como bienes públicos o privados del Estado, pero si definió como público el cauce por donde circula el agua que producen los glaciares en La Cordillera. (Art. 2340, inc. 2, Código Civil).-
Conociendo la Ley y la Constitución, la Nación vetó la Ley de presupuestos mínimos en protección de los Glaciares, manteniendo el privilegio de la Industria Minera de hacerle a La Cordillera impactos irreversibles e inevitables (Art. 356 del Código de Minería o Art. 25 de la Ley 24.585).-
Esta Ley es un privilegio de un grupo industrial, a la que no le afectan los daños que produzcan sus impactos al medio ambiente.-
Las Fotografías que acompañamos prueban solo un minúsculo impacto de la Minería en nuestra Cordillera, requerimos ayuda, para obligar a la Industria Minera a investigar y usar técnicas de trabajo que no impacten (dañen) al Aire, Suelo y Agua en estado sólido.-
Sino están en condiciones de hacerlo, que bajen de la Cordillera, la remedien y paguen por toda el Agua que se ha perdido.-
Guillermo Sergio Toranzo
Vicepresidente Fu.C.I.
San Juan – Argentina

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Minería de oro en países tropicales. La encrucijada de Centroamérica durante muchos años
Por Allan Astorga G.

El oro no aparece de la nada, ni obedece a la casualidad sino requiere de características geológicas particulares tales como zonas de choque de placas tectónicas, como se da en el caso de Centroamérica. Principalmente los yacimientos de oro se presentan en asociación con rocas volcánicas, por ello se busca el oro en las cordilleras o mesetas.
Estas mismas rocas, además, tienen una gran capacidad para almacenar y transmitir agua. En regiones tropicales, como Costa Rica, debido a las lluvias y a las rocas volcánicas se forman acuíferos subterráneos, de gran valor estratégico, ya que son una fuente de agua segura para las comunidades. Además, por el clima tropical, suelos volcánicos de alta fertilidad y buenas condiciones para la vida, se desarrolla una gran biodiversidad. Así, sus montañas, de exuberantes bosques y alta biodiversidad, representan un gran tesoro de vida.
La minería de oro (‘a cielo abierto’ o subterránea) y otra minería que utilice sustancias químicas, entra en conflicto con las condiciones naturales de biodiversidad, suelos fértiles, agua superficial y acuíferos, debido a que impacta de forma irreversible esos recursos para extraer el oro.
Costa Rica y Centroamérica por sus condiciones naturales y gran potencial en yacimientos de oro se han enfrentado por años a esa encrucijada: permitir la minería de oro o, conservar los ecosistemas y dar un uso diferente al suelo, protegiendo un recurso vital como el agua. Es un debate que requiere de más información para decidir con criterio. Por ello, el artículo de la publicación del mes de diciembre de National Geographic , titulado “ Oro: El costo humano de una obsesión ” es de interés meritorio. Globalmente, el oro se usa principalmente en joyería. En segundo lugar se utiliza en la electrónica y para fines dentales. En tercer lugar, para fondos de inversión, como lingotes y monedas. Actividad esta última que se encuentra en franco crecimiento.
Impacto ambiental. En la historia se han extraído, hasta ahora, 161.000 toneladas de oro, lo que apenas equivale a llenar dos piscinas olímpicas. La mitad de ese oro fue extraído durante los últimos 50 años. No obstante, es sabido que el oro es un recurso que se agota. “Los depósitos más ricos del planeta se agotan rápidamente y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas” señala el artículo, y agrega que “casi todo el oro que falta por explotar yace enterrado en minúsculas cantidades en aislados y frágiles rincones del planeta. Es una invitación a la destrucción”.
Sobre los impactos ambientales, el artículo recalca un tema muy importante para todos los que tenemos interés en el futuro y el desarrollo sostenible de nuestros países. Se indica: “ Del otro lado de la balanza se encuentran las descomunales minas a cielo abierto explotadas por las compañías más grandes del mundo […] Aunque ciertamente crean empleos y llevan tecnologías y desarrollo a lugares muy apartados, estas operaciones generan más desperdicio por onza que las de cualquier otro metal […] Aquí, obtener apenas una onza de oro (cantidad suficiente para producir un anillo de matrimonio) obliga a extraer más de 250 toneladas de roca y mineral ”.
El precio de la onza de oro fluctúa, últimamente con una tendencia creciente: las proyecciones indican que en poco tiempo llegaría a los dos mil dólares. Debido a dos causas: primero, que muchos inversionistas, en crisis financiera, respaldan sus fondos con oro. Segundo, porque además de la India, principal consumidor de oro para joyería, China ha asumido el segundo lugar. Estos dos gigantes representan un mercado muy beneficioso para las mineras de oro.
Parámetros estratégicos. La minería de oro genera impactos ambientales significativos e irreversibles en el ambiente. En el caso de los países de climas más secos o desérticos, esos efectos son menos notables, debido a su limitada condición ambiental, ya que no hay bosques, ni suelos, ni agua que puedan ser impactados. En los países tropicales, en cambio, es todo lo contrario. Los daños ambientales que se producen son altamente significativos y la mitigación de los mismos, aunque parcial, es muy costosa. El caso de Centroamérica (incluyendo Costa Rica), además de su vulnerabilidad ambiental, se agrava por vulnerabilidades relacionadas con una legislación minera obsoleta y no armonizada con la escueta legislación ambiental sumada a la escasa capacidad de control y prevención del daño ambiental por parte de las autoridades.
Ante este panorama es necesario analizar seriamente si la estrategia de abrirse, sin condiciones, a la minería de oro para explotar los yacimientos presentes en nuestros países es una decisión acertada en este momento. El artículo antes citado señala que las grandes empresas mineras del mundo, se desplazan hacia las regiones tropicales debido a “ los beneficios de operar en los países en desarrollo (menores costos, rendimientos más altos y menos reglamentos)”. La estrategia minera y ambiental a seguir por Centroamérica debe ser diferente:
a. Permitir que la población conozca las alternativas y decida si la minería de oro debe formar parte del modelo de desarrollo económico de nuestros países tropicales.
b. Modernizar de forma verdaderamente participativa la legislación técnica, ambiental y económica que rige la actividad minera, de manera que las decisiones se tomen sobre verdaderos estudios de costo/beneficio ambiental.
c. Fortalecer de forma efectiva las autoridades de control técnico y ambiental.
Hacer lo contrario, con argumentos de oportunidad y de visión de corto plazo, solo es beneficioso para una muy pequeña minoría y no para los verdaderos intereses de nuestros países.

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Allan Astorga G. - Geólogo, Profesor UCR, Consultor Internacional