“Si lo que Construye HidroAysén en el Sur no Son Túneles que Expliquen Claramente a Qué Corresponde”
Peter Hartmann, sobre faenas de contratistas de HidroAysén en la zona del Baker y de Pascua
· Coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida refutó los dichos de Hernán Salazar, puntualizando que lo importante es el daño ambiental que producen las obras más allá “de falsas discusiones semánticas”.
· A la vez, apuntó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios como una institución que no estaría cumpliendo con el espíritu de la Ley de Transparencia al negar la entrega de información sobre las fiscalizaciones que realiza.
“Si estas obras no corresponden a túneles entonces que expliquen claramente, de cara a la ciudadanía como lo publicitan en sus casas abiertas, qué son, cuáles son sus características y cuál es la magnitud de su impacto ambiental”.
Con estas palabras el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, se refirió a las afirmaciones del gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar, respecto de que los trabajos que realiza la contratista Soletanche Bachy en sectores adyacentes al río Baker y Pascua no corresponderían a túneles sino a simples prospecciones. El ejecutivo de la eléctrica fue entrevistado por CNN Chile hace algunos días con el fin de responder al coordinador de la Campaña Patagonia de International Rivers, Gary Hughes, quien la semana pasada visitó la confluencia de los ríos Baker y Chacabuco donde la empresa ligada a HidroAysén realiza faenas y se mostró sorprendido por el tipo de obras que se ejecutan en el lugar, sin existir un estudio de impacto ambiental aprobado.
Ante la consulta de si estaban construyendo túneles como una forma de avanzar en la concreción de las represas, Hernán Salazar expresó al canal informativo que “lo que se hacen son prospecciones geológicas, no túneles. Un túnel es muy distinto a una prospección”.
Como respuesta, Peter Hartmann indicó que “las fotografías son muy claras sobre el tipo de faenas que están realizando, con campamentos incluidos. Y eso se constata en los lugares a los cuales se puede acceder, porque lamentablemente no sabemos qué otros trabajos están llevando adelante en sectores más aislados”. Agregó que “basarse en falsas discusiones semánticas para bajarle el perfil a la intervención que están realizando en zonas de alta calidad ambiental y cultural es un aprovechamiento. Está claro que el impacto ambiental es grave y eso no lo pueden desconocer. Ahora, que ellos le llamen ‘galerías de prospección geológica’ y no túneles es un tema que sólo busca que la ciudadanía no tenga claridad sobre el daño ambiental que están ocasionando”.
En este sentido mencionó que los problema ambientales asociados son ahuyentamiento de fauna en categoría de conservación (huemules, guanacos, cóndores), generación de efluentes líquidos y sólidos, la acumulación de escombros, y el someter a la zona y a los pobladores a ruidos molestos por el uso de explosivos y la operación de helicópteros.
Indicó el coordinador de la Coalición ARV que “lo que plantea Salazar es tan antojadizo como que se decidiera dinamitar el Cerro Santa Lucía de Santiago aduciendo que será para realizar ‘estudios y prospecciones’, y por tanto no realizar ningún tipo de análisis preventivo de eventuales impactos ambientales. Eso es una burla”.
FALTA DE FISCALIZACIÓN
En este sentido el dirigente agregó que lamentablemente algunos servicios públicos “actúan con bastante lentitud y oscurantismo al momento de proteger la integridad de nuestros ecosistemas. El 3 de marzo solicitamos el expediente sobre las indagaciones que está realizando la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a las descargas que han realizado contratistas de la empresa hacia los ríos Baker y Pascua, y recién el 18 de marzo comunican su negativa de entregar la información porque faltarían algunos actos administrativos”. Indicó que esta situación contrasta con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Transparencia que expresa que sólo pueden mantenerse antecedentes en reserva exclusivamente cuando se pueda afectar el interés nacional, la vida privada de las personas o la seguridad nacional, lo cual no sería el caso. “Si no hay voluntad desde ya de parte de los servicios de cumplir con el espíritu de la nueva normativa este nuevo cuerpo legal será letra muerta, y mientras tanto los pobladores que beben de estas aguas, y las usan para su vida cotidiana, no saben qué elementos está vertiendo HidroAysén en sus ríos” señaló.
Agregó Peter Hartmann que “nos parece gravísimo que tanto la eléctrica como sus empresas contratistas, en lo que parece una coordinación con algunos servicios cuyo rol es precisamente fiscalizar este tipo de intervenciones, se aprovechen de la falta de información y la poca transparencia reinante para seguir avanzando en faenas que a todas luces generan impacto y un daño al patrimonio natural regional, y no sabemos si a la salud de las personas, sin siquiera tener una resolución de calificación ambiental favorable”.
Recordó que en octubre la propia Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane denunció que al cruzar el trazado de los túneles en el Baker y el Pascua, de varios cientos de metros de longitud y de 4 por 4 metros de alto y ancho, con los planos de ingeniería de las represas, “casualmente calza con los que necesitan para el ingreso a las salas de máquinas de sus represas”.
DIFERENCIAS ENTRE SEC Y SERNAGEOMIN
Hasta diciembre del año pasado HidroAysén contaba con un permiso provisional para realizar estudios y prospecciones en la zona sur, el que le fuera extendido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que no autorizó túneles, galerías ni tampoco el uso de explosivos.
Ante una consulta de la Conama regional sobre la pertinencia de incluir labores mayores bajo el concepto de “prospección” (luego de que la eléctrica expresara que realizaría este tipo de trabajos) la SEC dio su visto bueno sin plantear la necesidad de realizar estudios ambientales. Una opinión contraria tuvo al respecto el Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) que indicó ante la misma pregunta que las obras debían contar con una evaluación ambiental “por el impacto que éstas significan al medioambiente”. El 21 de octubre del año pasado este servicio reiteró su postura al manifestar que las faenas en discusión “contemplan una intervención importante del territorio si se considera la prácticamente nula intervención humana en el terreno. La sola construcción de caminos de acceso, uso de explosivos, tala de bosques, generación de botaderos, constituye una alteración del medioambiente, que pueden generar, entre otros, procesos de remoción de masa y alteración de ecosistemas”.
En el oficio Sernageomin aclaró que su servicio no tiene competencia en proyectos eléctricos y que por lo tanto quedaba en manos de la autoridad regional solicitar o no una declaración o estudio de impacto ambiental, lo que finalmente nunca se requirió. “Esto demuestra lo irregular del proceso y la falta de preocupación que existe entre algunos funcionarios regionales en este tema, donde la institución experta en el ámbito geológico hace una sugerencia y el servicio público regional no la toma en cuenta” concluyó Hartmann.
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Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida