Por el respeto a lo sagrado

Comunidades indígenas y afrodescendientes del norte de Colombia rechazaron en consulta popular la irrupción de corporaciones mineras 

Ubiquémonos en la frontera norte colombiana, límite con Panamá. En lugares con un valor espiritual sagrado para las comunidades indígenas, de afrodescendientes y de población mestiza, empresas trasnacionales de la minería como la Río Tinto o Muriel Mining Co. comenzaron excavaciones en forma inconsulta.

Las comunidades y muy especialmente sus mujeres, se sintieron vejadas. Es que los lugares “elegidos” coinciden con los que los viejos médicos indígenas conjuran la depuración de las almas de adultos y niños, de acuerdo a la cultura local. Tan violenta profanación de territorio ancestralmente respetado movilizó a gran cantidad de comunidades que habitan en torno al cerro Usa – Kirrandara (Cara de Perro), las cuales organizaron una consulta popular que el pasado 28 de febrero culminó con un rotundo “no a la minería en tierra indígena”.

El gran desafío es lograr que un palmario pronunciamiento se internalice en decisiones del estado colombiano que desactiven la presencia de las mineras, afirmó en diálogo con Radio Mundo Real Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Rueda señaló que la Consulta a los Pueblos se inició con un homenaje a la Madre Tierra. El objetivo de la Consulta era decidir si las comunidades que serán afectadas por el proyecto minero estaban o no de acuerdo con éste.

Las mineras se afanan por obtener los yacimientos de oro, plata, molibdeno y cobre que existen en el lugar lo cual garantizaría su presencia en la zona al menos por tres décadas.

Rueda afirma que esto equivale a asegurar la militarización del territorio para intimidar la oposición al proyecto, consultas previas manipuladas realizadas anteriormente por las propias empresas, daños a ecosistemas vírgenes y a la población, en particular a mujeres y niños, con resultado incluso de muerte.

La consulta contó con delegaciones presentes de Putumayo, Buenaventura, Valle del Cauca y Meta entre otros departamentos colombianos, así como organizaciones que resisten proyectos mineros en Paraguay, Honduras y Guatemala y enviados de Alemania y Canadá.

“La consulta de los pueblos arrojó resultados contundentes a la exploración que inició la empresa y a la militarización de la zona por parte del Ejército colombiano” comentó Rueda a Radio Mundo Real. Se trata del primer ejercicio de democracia directa con características inter-étnicas en Colombia, agregó.

Por su parte, Guadalupe Rodríguez de la organización Salva la Selva enmarcó la ofensiva de las mineras en la creciente demanda de materias primas por parte de los países ricos. “La pregunta que nos hacemos es de dónde viene esta proliferación de comunidades resistiendo a proyectos mineros”, se interroga Guadalupe y encuentra la respuesta en la crecientemente agresiva política por ejemplo de la Unión Europea en controlar territorios ricos en materias primas en especial aquellas que sirven a las nuevas tecnologías como lo es el molibdeno, un metal de transición muy empleado en la industria petrolera y agroquímica.

“Para estas comunidades, esta lucha por sus territorios ancestrales equivale a la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló Guadalupe desde Berlín.

En el sitio web www.contagioradio.com pueden observarse videos y audios referidos a la Consulta de los Pueblos.

Foto: http://www.simco.gov.co

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“Récord” de contaminación

En El Salvador aplazaron pronunciamiento judicial sobre industria que envenenó a una comunidad con plomo

Diez años ininterrumpidos soportando la contaminación con plomo de tierra, aire, techos y agua en la región salvadoreña de Sitio del Niño dejaron secuelas nefastas en niños y adultos. Sin embargo los jueces no parecen apurados por definir la responsabilidad de la empresa de baterías “Record”, responsable del daño.

Es que transcurrido más de un año del cierre de la empresa, se sigue un proceso judicial contra Record, por los delitos de contaminación agravada e infracción a las reglas de seguridad. Sin embargo, la negligencia de la justicia permitió que los directivos de la fábrica abandonaran el país y ahora son buscados por la INTERPOL.

Según el Ingeniero Luis Ramón Portillo, Director del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de El Salvador, a través de un estudio piloto realizado en Sitio del Niño, se logró constatar la presencia de plomo en techos y cielos falsos de viviendas ubicadas a 700 metros de distancia de la fábrica de Baterías Record. El estudio fue realizado en los meses de septiembre y noviembre de 2007.

El Ingeniero Portillo señaló que la presencia de plomo encontrada en los techos de las viviendas es superior a la avalada en las normativas internacionales. “Hay niveles de plomo superiores, la normativa permite 60 partes por millón y ahí tenemos resultados de cientos, 600, dos mil partes por millón”, dijo.

La lucha y demandas de los pobladores continúan ya que en su mayoría padecen males de salud, principalmente los niños, mujeres y ancianos. “Han sido más de 100 niños a los que se les ha encontrado con altas concentraciones de plomo, además al interior de la fábrica aún hay 32 mil toneladas de escoria resguardadas en la planta”, manifiesta Claudia Evangelista, líder del Movimiento Sin Plomo en la comunidad. “Nos preocupa la indiferencia de instituciones del Estado ante este problema, ya que no estamos recibiendo atención médica especializada y digna, por lo que exigimos se reparen los daños a la salud y al ambiente de la zona”, afirmo Evangelista.

Otra de las peticiones que solicitan es que se determine si la zona es habitable y de no serlo que se les relocalice dignamente.

La organización salvadoreña Cesta - Amigos de la Tierra ha demandado al magistrado actuante pasar a la etapa de sentencia de acuerdo a la magnitud del problema, ya que provocaría indignación y sería lamentable que se retroceda en este grave problema. La vista pública que estaba prevista para este 17 de marzo ha sido trasladada para el 21 de abril, por lo que los habitantes de Sitio del Niño tendrán que seguir esperando justicia.

La inacción del gobierno salvadoreño en este caso se asemeja peligrosamente a la complicidad, aunque el Ministerio de Salud de El Salvador hizo algunas pruebas a las víctimas, constatando la contaminación, desestimó hacer demandas a la firma de baterías ni tampoco lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente.

Carlos Mejía, uno de los dirigentes de la organización sin plomo en Sitio del Niño, denunció que había encubrimiento de las autoridades salvadoreñas para proteger a los directivos que tienen vínculos familiares con el ex ministro de Economía, Antonio Lacayo.



Foto: http://www.elfaro.net
Publicado en: http://www.radiomundoreal.fm/?q=es/node/592