“NO HAREMOS OTRO ÉXODO JUJEÑO”

A medida que la mega minería avanza, hacen lo propio las fuerzas que se oponen al despojo social, económico y cultural. La región de La Puna, en Jujuy, designada Patrimonio de la Humanidad, está en la mira de las empresas extractivas. El estado paralelo que representan estas compañías en distintos puntos del país, hizo de Jujuy un atractivo centro que tiene en Chile el puerto de salida de sus productos. Para saber un poco más de lo que pasa en esa región del país, Medio y Medio entrevistó a Víctor Cuello, de los Vecinos Autoconvocados de Tilcara.

¿Cómo es la situación en la Provincia?

La provincia de Jujuy tiene cinco millones de hectáreas. Para 1.200.000 hectáreas ya hay varios proyectos mineros otorgados, entre ellos minas Pirquitas, que va a usar 70 millones de litros de agua por día. Gran parte del personal que se está empleando es peruano o boliviano o sea que es un mito eso de la mano de obra argentina.

Queremos desmitificar que Jujuy es una provincia minera. Hace 30 años cuando en la provincia estaba el apogeo de la minería, menos del 5 por ciento de la población activa trabajaba en minería.

¿Y el agua para las poblaciones?

En este momento la mina más grande operativa es mina Aguilar, pero Pirquitas va a ser 10 veces más grande. Aguilar, por el momento, está trabajando por galería, pero ya tiene la autorización para empezar a trabajar a cielo abierto.

Las comunidades que están alrededor, sobre la ex tuta 40 -que es para las mineras y no para el turismo-, ya se están quedando sin agua. Si ahora que la mina es en galería estamos sin agua, cuando sea a cielo abierto que va a ser 10 veces más contaminante, vamos a tener mucha menos agua y nos vamos a tener que ir. Pero que se olviden, no vamos a hacer otro éxodo jujeño.

Todas esas comunidades están siendo amenazadas por punteros políticos mandados por los políticos pro mineros y  para que apoyen la minería. Los que trabajan en la minería hace 30 años van viendo que son esclavos de la minería y los que no trabajan están viendo que sus llamas, sus pocos metros de cultivo van a estar contaminados.

¿Qué plantean los autoconvocados?

Lo que nosotros planteamos es que el gobierno deje de amenazar a esas comunidades diciendo que es la única alternativa para que salgan de la pobreza cuando nosotros sabemos que la alternativa es, por ejemplo, el turismo sustentable o la ganadería de la llama que son cosas que la gente puede hacer y no perjudicar el medio ambiente.

La Puna para muchos es un desierto pero tiene grandes reservas de agua que con un molino de viento que extrae el agua podríamos hacer un vergel con eso.

En los últimos años, según el censo de vicuña que se hizo a nivel nacional, Jujuy estaba lleno de estos animales y ahora entendemos porqué había crecido tanto, tiene que ver porque del lado chileno, la capital de la minería de Sudamérica se está quedando sin agua, entonces las vicuñas están migrando para argentina y lo mismo va a pasar con la población chilena.

Por eso nosotros queremos que el gobierno cuide nuestro recurso más importante que es el agua y además de eso cuide el recurso eléctrico porque nosotros ahora vamos a tener que producir más energía para las mineras que son los mayores consumidores de energías.

¿Hay contaminación?

Estudios de la Universidad de Salta demostraron que el río Yacoraite, que desemboca en el dique de cola de mina Aguilar, ya está contaminando. Toda la población de la quebrada reciben agua del Río Grande para sus cultivos, inclusive el tabaco del que vive Jujuy está amenazado.

Mina Aguilar es el paradigma de la minería en Jujuy y en el país entonces nadie habla mal de ella, pero en este momento está contaminando chicos. Hay una denuncia penal hecha por el fiscal Gómez que está cajoneada desde hace dos años en los dos juzgados federales de Jujuy donde se hicieron análisis a los pozos de Casa Grande –sobre el Río Yacoraite- que todos los días toman agua contaminada con plomo. Esos chicos ya tienen  un 43 por ciento de plomo en sangre. Para los políticos jujeños esos chicos no existen y no hay justicia para ellos.

¿Qué dicen esos políticos?

Teóricamente el argumento de los políticos es que la minería no es mala, siempre y cuando se controle. Nosotros sabemos que la minería controlada puede no ser mala, pero en este país, en este contexto político y social, es un arma de doble filo y sabemos que nos está apuntando.

Nosotros sabemos que la minería puede ser un recurso de producción pero no para este contexto. Nosotros decimos que si a la minería de acá a 30 años, cuando haya mayor educación, mayor compromiso cívico de los funcionarios que defiendan al pueblo y no a empresas extranjeras, cuando haya otra tecnología y que no sea esta que es totalmente destructiva.
¿Quiénes operan en la zona?

En nuestra zona estas empresas operan primero con un títere nacional que arman ellos, que se llama Uranios del Sur, pero que es subsidiaria de una empresa canadiense que ya tienen minas explotando en Bolivia y en Perú. Ellos en su página ponen que ya tienen cuatro mineras adjudicadas en Jujuy.
¿Dónde está ubicado?

El proyecto está a nueve kilómetros de Tilcara, sobre dos comunidades: Yacoraite y Juella. Ambas son agropastoriles y si se llegan a instalar extractivas se destruye la forma de vida de 500 familias, o sea que una vez que se contamina el suelo la gente no va a poder regresar a este lugar. La Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad pero eso no nos protege para nada.

Las comunidades de La Puna son ingenuas pero no son tontas. Esta empresa queda sobre al ruta 9. Mina Aguilar está entre al ruta 40 y la 9 a unos 80 kilómetros para cada lado.

¿La ruta 40 no es la turística?

La ruta 40 es la ex ruta 40, porque ya le cambiaron el nombre. La que nosotros conocemos como la mítica ruta 40 que empieza en La Quiaca y termina en Ushuaia, en los sectores de minería como en Jujuy la trasladaron más hacia la cordillera, en lo que era la 70. La cambiaron y ahora la va a pavimentar para las mineras saquen sus productos por Chile, por el paso de Jama, y todo ese pavimento lo vamos a tener que pagar nosotros.

Va a terminar como una república aparte, porque Mina Pirquitas está en la cordillera. Entonces, cuando se firmó el convenio bilateral de Argentina y Chile, se crearon estos terceros estados donde nadie sabe quien manda –mandan ellos- y los gobernadores son todos unos títeres traidores a la Patria. Queremos que en el día de mañana se los juzgue como tales.

Cuando ellos planifican el costo de operación, el 8 por ciento es para favores, coimas o como quieran llamarlo, y estamos hablando de proyectos de 1.500 millones de dólares para arriba, lo que compran muchísimas voluntades. Mientras se puedan comprar voluntades se compran estudios, a jueces, a médicos, todo.

¿Cuál es la reacción de la población?

La población pasa lo siguiente: hay un compromiso muy grande por parte de la comunidad de Tilcara y la de Juella para que no se vayan a instalar las minas, aunque venga gendarmería, aunque venga el juez de minas, aunque venga quien venga, porque no tienen adonde ir a comprar otras tierras. No podemos ni queremos trasladar a nuestros hijos; es el lugar que elegimos para vivir.

Yo vivo en Tilcara, soy jujeño. Todos tenemos un compromiso. Este problema unió lo que para nosotros era un problema que unió a las comunidades locales a los que vinieron de afuera, a todos.

La contaminación no discrimina y nos unió. Sabemos que no van a pasar y nos duele y vemos con impotencia que lo mismo dicen otras comunidades pero al ser de menor población y tener un contexto social menos preparado, están indefensos. Entonces Tilcara se convirtió como un puntero de lanza de toda la lucha contra la minería porque ahí hay geólogos, ingenieros que saben como leer un informe de impacto ambiental y saben donde les están mintiendo.

Desgraciadamente tuvimos que asumir un rol que lo tendría que haber hecho el estado que es defender el suelo argentino.

¿Y el camino de la justicia?

Nosotros empezamos con un recurso de amparo hace dos años. Apenas nos enteramos de todo esto, ocho vecinos firmaron y la justicia en primera instancia lo desestimó porque dijeron que no hay daño inminente. Nosotros le mencionamos el Principio Precautorio, y que lean el libro de Lorenzetti. Apelamos y en este momento el expediente está en el Superior Tribunal Provincial a cargo de Héctor Tizón, el escritor. Apelamos a su sensibilidad para que, ya que el escribe tanto sobre Jujuy y lo ama tanto, que defienda los intereses de la provincia. El expediente lo tiene hace seis meses. Para que se pueda hacer todos estos trámites, la comunidad fue pagando y haciendo colectas. Lo más curioso es que una empresa extranjera para un pedido de cateo paga 1.400 pesos sobre 20 mil hectáreas; la comunidad de Tilcara para exigir a los funcionarios que alguien los defienda tuvo que poner 2 mil pesos. Es mas caro defenderte que poner una minería. Son cosas que hieren pero también unen.

El recurso de amparo lo hicimos respecto de Juella y Tilcara y puede sentar precedentes. De todas formaa, sabemos que va a dar negativo. Esperamos lo mejor pero nos preparamos para lo peor. Estamos convencidos que vamos a terminar en la Suprema Corte Nacional. Va a ser el primer caso de que una demanda jurídica cumple todos los pasos: exigimos a los concejales y salió una ordenanza prohibiendo la minería, fuimos a la justicia y se cumplieron los tres casos. Pedimos también que sea efectivo, no como las multas al Riachuelo. 

¿Y si eso no prospera?

Van a matar nuestra Pachamama. Van a matar el suelo. Nos van a matar nuestros animales y nos vamos a tener que ir.

Fuente: medioymedio.com