Prodesis, la Unión Europea le hace competencia a EEUU en políticas de "desarrollo" desastrosas
Por Anna Hampf
Tras un balance analítico, varias organizaciones sociales, entre ellas la RMALC, han concluido que los intereses de la UE en México no son el fortalecimiento del dialogo político ni la cooperación, y mucho menos la protección de los derechos humanos sino ser un contrapeso a la influencia de los EEUU en América Latina, revertir la poca importancia que tiene la UE en el mercado latinoamericano, impulsar el libre comercio y la libre inversión en el mercado latinoamericano y garantizar beneficios comerciales en áreas que fueron bloqueadas a nivel global durante las negociaciones en la OMC.
El Programa PRODESIS (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona) se realizó entre 2004 y 2008 en la Selva Lacandona en Chiapas, concebido como un proyecto de "desarrollo sostenible". El gobierno de Chiapas aportó el equivalente de 16 millones de euros (aproximadamente MX$ 311 millones de pesos) y la Unión Europea (UE) otros 15 millones de euros (MX$291 millones), cantidad que casi iguala una tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013. Los objetivos de este proyecto eran:
- disminuir la presión sobre los recursos naturales de la región, - mitigar la degradación ambiental, - afrontar la pobreza de los habitantes y - reformular la política del desarrollo social en Chiapas con un enfoque de participación y sustentabilidad del desarrollo territorial (1)
Estos objetivos pretendían fortalecer a la sociedad civil y mejorar la relación entre el gobierno de Chiapas y los 155,000 habitantes de las 830 comunidades ubicadas en la zona protegida de la Selva Lacandona: La reserva biológica Montes Azules, una de las zonas de mayor biodiversidad en el mundo, contiene un gran número de plantas medicinales y especies en extinción. Contrastando con esa riqueza natural, la población de la entidad, que en su mayor parte son pueblos indígenas y agricultores de subsistencia, tiene uno de los niveles más altos de marginación y pobreza en Chiapas y en México.
PRODESIS era el último proyecto de una serie de programas que incluyó el Plan Cañadas y el proyecto PIDSS (Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva). A diferencia de sus antecesores, el PRODESIS se concentró en sólo 16 de los 34 microregiones identificadas por el PIDSS.
Se seleccionaron estas 16 microregiones porque supuestamente ofrecían condiciones para su desarrollo económico. Las microregiones incluyen Agua Azul, Avellanal, Amador Hernández, Betania, Benemérito de las Américas, Carmen Villaflores, Comunidad Lacandona, Damasco, Francisco I Madero, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Nahá, Nuevo Francisco León, Nuevo Huixtán, Río Blanco y Santo Domingo (2).
Proyecto rechazado
Dos años después de su inicio, el proyecto fue duramente criticado y rechazado por algunas de las comunidades participantes. El 9 de febrero de 2007, la prensa publicó una denuncia, la llamada Declaración Moxviquil, en la que 58 representantes de las tres subregiones Comitán, Ocosingo y Palenque exigían la suspensión del proyecto, por no haber sido informados ni consultados sobre el proyecto:
"No nos han informado sobre el origen, el contenido, financiamiento y objetivos generales y específicos de ese proyecto y sólo hemos sido objeto nunca sujeto de decisión. [...] No es que la propuesta del PRODESIS sea mala sino ilegitima, porque no pudimos participar en su definición y elaboración..." (3)
Argumentaron también que el proyecto violaba al Artículo 2 de la Constitución Mexicana, que garantiza "a los indígenas y sus comunidades el derecho a diseñar y operar conjuntamente con el estado mexicano las instituciones y programas que les afectan". Además, PRODESIS fue criticado por violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consigna que los "pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (4).
Las comunidades criticaron también la ausencia de un verdadero desarrollo social, limitándose a la distribución de subsidios para la compra de cemento, semillas, gallinas y tejas. Algunos firmantes de la Declaración Moxviquil luego denunciaron haber sido amenazados con ser excluidos de otros tipos de apoyo gubernamental (Oportunidades o Procampo) si no se retractaban (5).
Proyecto fracasado
Aparte de ser rechazado por las mismas comunidades supuestamente beneficiadas, PRODESIS no logró cumplir con los objetivos generales propuestos cuando inició sus actividades en 2004, según una evaluación del proyecto por encargo de la Comisión Europea que fue llevado a cabo por la empresa IBF International Consulting en conjunto con B.A.a Consultors. En su informe, los consultores europeos independientes afirman que PRODESIS no ha logrado disminuir la pobreza ni reducir de manera notable la presión sobre los recursos naturales (la deforestación permanece en 1% anual). Además critican que las iniciativas económicas del proyecto para fomentar el desarrollo social de la región no han producido resultados productivos concretos. El documento de la comisión además señala que muchos procesos quedaron inconclusos (6).
Anota también que, a pesar de ser pertinente en sus objetivos, el proyecto no era viable. Explica que el Plan Operativo Global, que programa las actividades del proyecto, marcaba que 2005 y 2006 debían ser años de plena ejecución. En realidad no se logró ni iniciar la mayor parte de las actividades planeadas, por lo que los cuatro años de duración del PRODESIS se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva (7).
Los consultores critican que ese tiempo en ningún caso es suficiente para promover procesos que impliquen cambios de enfoque a nivel institucional, municipal o en las microregiones, pues normalmente tardan entre cinco y diez años para surtir efecto. El retraso que dio largas al inicio del proyecto se debió a la incompatibilidad de reglamentos entre la UE y México respecto al manejo de los fondos del proyecto. El informe de los investigadores señala que esa indiferencia, que no se solucionó entre abril y septiembre de 2004, fue muy costosa en términos de tiempo y redujo la eficiencia del proyecto en su totalidad. De ahí que a comienzos de 2006 la UE hubiese transferido a Chiapas apenas 3 millones 600 mil euros de los 15 millones comprometidos para 2007 (8). Las comunidades afectadas critican que una gran parte de este presupuesto se gastó en los sueldos de técnicos en vez de haberse invertido en el desarrollo local.
Aparte de las críticas que recibió por no cumplir con sus objetivos y violar los derechos de los pueblos indígenas, el PRODESIS, al igual que sus antecesores PIDSS y Plan Cañadas, fue acusado por parte de la población y algunas ONG locales e internacionales de cobijar fines de contrainsurgencia. En todo caso lo cierto es que el proyecto se realizó en una zona de alta conflictividad, con fuerte presencia militar y en donde una parte de la población plantea permanecer en permanente oposición a programas gubernamentales hasta en tanto no se cumplan los acuerdos de San Andrés.
A pesar de esa crítica, en octubre de 2008, durante el octavo encuentro del Comité Común de la Unión Europea y México, y con base en el Acuerdo Global, las autoridades responsables afirmaron que:
"Además los partidos reconocen los resultados positivos del proyecto PRODESIS y se pusieron de acuerdo para buscar una posibilidad de continuarlo en una segunda fase de la cooperación entre 2007 - 2013."
A finales de 2008, Rodolfo Díaz Sarvide, el entonces director general de PRODESIS y responsable de la implementación del proyecto, viajó a Bruselas, posiblemente para negociar la siguiente fase del proyecto. Sin embargo, a principios de 2009 la UE decidió cancelar el PRODESIS (9).
La inversión europea en México
Proyectos como el PRODESIS ponen en duda la intención de la UE de promover el desarrollo social en un ambiente conflictivo como el de Chiapas. El proyecto PRODESIS surge del Acuerdo Global, que incluye el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y México que entró en vigor en el año 2000. Este acuerdo "pretende no sólo generar la liberación del tratado y de la inversión entre México y la Unión Europea, sino también la igualdad social y un sistema político que es democrático y pluralista y respeta los derechos humanos." (10).
Aunque la UE subraya que el principio fundamental del Acuerdo Global es la protección de los derechos humanos y principios democráticos, como lo establece la llamada cláusula democrática en el Artículo 1 del Acuerdo, muchos analistas están convencidos de que los verdaderos intereses de la UE son otros.
Durante un discurso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la ciudad de México en 2002, Pascal Lamy, el actual director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y entonces mandatario del comercio europeo, explicó:
"El Acuerdo establece un dialogo político al nivel alto sobre todos los asuntos bilaterales y internacionales con el fin de coordinar posiciones comunes en la arena internacional. Pero más importante, el acuerdo incluye un Tratado de Libre Comercio.
Siempre lo llamo "el primero, el más rápido y el mejor". El primero, porque era el primer TLC transatlántico jamás negociado. El más rápido, porque fue negociado dentro de un año y pasó por los procesos de concesión en tiempo record. Y lo mejor, porque representa (en este momento) el acuerdo más amplio en términos de extensión". (11)
Con su declaración Lamy demuestra que la negociación del acuerdo fue tan veloz que apenas permitió la participación de la sociedad civil y del poder legislativo. Organizaciones sociales y civiles critican que no fueron consultadas y que la forma en que se negoció el Acuerdo fue muy similar a la que México experimentó con los Estados Unidos y Canadá (TLCAN)(12). En otras palabras, el proceso fue poco transparente y no tomó en cuenta las grandes asimetrías que México tiene con respecto a la Unión Europea. Pocos años después de que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor, esas asimetrías han generado numerosos efectos negativos entre los sectores económicos y sociales de México.
Según una evaluación realizada por la fundación alemana Heinrich Böll en el año 2008, durante los primeros seis años de vigencia del tratado de libre comercio (TLC), el déficit comercial de México con la UE aumentó en aproximadamente 80%. Además no se logró una significativa diversificación del comercio exterior, uno de los objetivos detrás de la firma del un acuerdo con la UE. Aunque la UE incluye 27 países, el comercio se concentra en unos pocos países como Alemania y España, que acumulan más de la mitad de todo el comercio entre México y la UE.
Además, una parte importante de las exportaciones la realizan las transnacionales europeas desde territorio mexicano. El tratado tampoco cumplió con su promesa de generar más y mejores empleos. Los investigadores de la fundación establecieron que en el campo mexicano se perdieron 1.377.973 empleos y 57% de los nuevos empleos generados no cumplen con la ley (vacaciones, seguridad social). Critican que también en el sector manufacturero se perdió el 14,5% de los empleos existentes. Concluyen que los resultados macroeconómicos no sólo no beneficiaron a la mayoría de la población, sino que el TLC ha sido un fracaso al no lograr los objetivos que se buscaban cuando se firmó.
También son preocupantes los impactos negativos en el sector social y la sociedad civil. La organización no-gubernamental (ONG) RMALC señala que la UE utilizó el dialogo político para presionar al gobierno mexicano para que abra ciertos sectores económicos como la energía y el agua, sumamente codiciados por las empresas transnacionales(13). Además, la UE contribuyó al financiamiento de programas como el Plan Puebla Panamá (PPP) y el PRODESIS, ambos rotundamente rechazados por los pueblos indígenas y algunos organizaciones civiles. RMALC lamenta que las negociaciones de este tipo de tratados no tomen en cuenta la opinión pública ni las demandas de las organizaciones sociales. El tratado tampoco ha contribuido a la protección de los derechos humanos y los principios democráticos, porque el artículo 1 del Acuerdo sólo puede ser aplicado si se trata de una violación sistemática a los derechos humanos llevado a cabo por el gobierno. Por esta razón las organizaciones civiles han exigido que la cláusula democrática se exprese en sentido afirmativo, trascienda la mera sanción a las violaciones e impulse la promoción, la garantía y el respeto a los derechos humanos.
Conclusión
Tras un balance analítico, varias organizaciones sociales, entre ellas la RMALC, han concluido que los intereses de la UE en México no son el fortalecimiento del dialogo político ni la cooperación, y mucho menos la protección de los derechos humanos sino:
- ser un contrapeso a la influencia de los EEUU en América Latina, - revertir la poca importancia que tiene la UE en el mercado latinoamericano, - impulsar el libre comercio y la libre inversión en el mercado latinoamericano y - garantizar beneficios comerciales en áreas que fueron bloqueadas a nivel global durante las negociaciones en la OMC (14).
Habida cuenta de que las negociaciones en el seno de la OMC fracasaron en julio de 2006, no sorprende que la UE haya dado a conocer poco después, en octubre de 2006, una nueva estrategia, titulada "Europa globalizada: compitiendo en el mundo", que planteó nuevos objetivos para la política del comercio internacional de Europa, entre ellos la reducción de las barreras no arancelarias para las exportaciones e inversiones europeas, mayor acceso a los recursos naturales, la garantía del abasto energético, el fortalecimiento de la presencia europea en los países emergentes, la implementación de mecanismos anti-dumping y la protección de los derechos a la propiedad.
En busca de la mayor desregulación posible, la UE empezó a negociar el TLC con la Comunidad Andina, la región MERCOSUR y los países de Centroamérica. Por el momento existen tratados de libre comercio con Chile y México. Las negociaciones con la Comunidad Andina y Centroamérica sobre un Acuerdo de Asociación todavía no se han podido concluir debido al descuerdo con el gobierno boliviano y la situación actual en Honduras. Es inquietante ver que la UE sigue buscando maneras de cumplir sus objetivos sin importar los costos. Si no logra sus objetivos dentro de la OMC, los persigue mediante tratados bilaterales o regionales que son aún más dañinos que los que existen a nivel mundial. Habiendo visto los estragos que las políticas europeas de "cooperación" han significado tanto a nivel local como a nivel estatal para México, ¿existe motivo para dudar de que su impulso en otros países de América Latina producirá los mismos resultados negativos?
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Anna Hampf - "Chiapas al Dia" - CIEPAC - Centro de Investigaciones Economicas y Politicas de Accion Comunitaria, A.C.
Chiapas; México
