La republiqueta salmonera

JUAN CARLOS CÁRDENAS
Director ejecutivo de Ecoceanos


Sólo el pacto entre bancos, industria salmonera y un grupo de parlamentarios de derecha y de la Concertación, permitió que el Gobierno destrabara el  proyecto que modifica la  Ley de Pesca y Acuicultura, para ser aprobado en la sala del Senado.

Esta cuestionada iniciativa del Ejecutivo, detenida casi tres meses en la Comisión de Hacienda del Senado, constituye un traje a la medida para los intereses de la banca acreedora de la industria salmonera, la cual adeuda cerca de 2 mil millones de dólares y es la responsable de los 20 mil trabajadores cesantes producto de la mayor crisis social, sanitaria, y ambiental en la historia de Puerto Montt y el archipiélago de Chiloé.
La aprobación express del cuestionado proyecto de ley, permitirá que las concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, puedan ser hipotecadas como garantía de esta billonaria deuda privada. A la vez que entrega dichas concesiones a las empresas salmoneras por 25 años renovables sucesivamente, lo que constituye en la práctica una forma encubierta de entrega del litoral costero a perpetuidad.
Este vergonzoso hecho ocurrido en la Comisión de Hacienda del Senado, el que  pareciera ser mas propio de una republiqueta salmonera que de un país que será miembro de la OCDE, fue operado políticamente por la Subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, en representación del Ministro  Velasco, y perpetrado por los senadores Evelyn Matthei (UDI), Camilo Escalona (PS), Hosain Sabag (PDC) -en reemplazo de Eduardo Frei -, Carlos Kushel (RN), y José García Ruminot (RN). Sólo existió la oposición de los senadores Carlos Ominami (Independiente) y  Pedro Muñoz Aburto (PS).
El senador Ominami en su alegato indicó que “el carácter hipotecable de las concesiones, abre paso a la privatización. Es un tratamiento específico, discriminatorio a un sector que ha tenido extraordinarios problemas en su comportamiento ambiental, laboral y productivo”
Agregó que “esta norma no tiene justificación y significa una suerte de privatización de un bien de uso público, porque las entidades financieras podrán rematarlas en un plazo de 3 años, si los titulares no pueden explotarlas directamente. Eso significa que finalmente será una entidad bancaria la que comenzará a administrar las concesiones acuícolas”.
La aplanadora Gobierno-derecha pulverizó además la posibilidad de caducidad de las concesiones salmoneras si sus titulares incurrieran en prácticas antisindicales e infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. La propuesta del Ejecutivo reemplazó la norma anteriormente aprobada en la Comisión de Pesca del Senado, la que establecía el cese de la concesión en caso que la empresa  recibiera tres sentencias laborales condenatorias en tres años consecutivos.
En su reemplazo se incorporó la aplicación de multas que varían entre 2 a 5 millones de pesos (4 a 10 mil dólares), suma irrisoria para una industria que exportó 2.400 millones de dólares anuales en las últimas temporadas.
Además, la norma dispone que no se renovará la concesión acuícola al titular que acumule tres sanciones sólo por prácticas antisindicales en centros de cultivo, en ” tres ciclos productivos consecutivos”, es decir, alrededor de seis años.
Para aclarar el sentido de esta norma, la presidenta de la Comisión de Hacienda,  Evelyn Matthei, indicó que “todo el mundo sabe que no estoy de acuerdo con que la concesión y los cientos de millones de dólares invertidos  se puedan perder por la resolución de un juez, que además es inapelable. Nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco, si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original”.
Para condicionar más esta cláusula, haciéndola inviable, la norma señala que “las infracciones deberán referirse a hechos acaecidos en un mismo centro de cultivo respecto de trabajadores del concesionario que hayan prestado sus servicios en el referido centro, en la época de ocurrencia de la infracción”.
Y si lo anterior fuera poco, dispone que “la Subsecretaría correspondiente podrá renovar la concesión al titular, si previo informe de la Dirección del Trabajo, constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad  a los hechos que configuraron la sanción mencionada”.
En la práctica, esta normativa será letra muerta, sólo aire caliente, ya que no contempla  a las empresas subcontratistas y relacionadas, realidad mayoritaria en esta industria de creciente precarización laboral, como es el caso de los buzos que operan en los centros de cultivo. Pero además no contempla a los trabajadores de factorías que son cerca del 90 por ciento de la fuerza laboral.
Es evidente que frente a esta normativa, el titular de la concesión salmonera no tendrá trabajadores propios. Un detalle no menor es el hecho de la no existencia de sindicatos en los centros de cultivo o que estos son un ave rara en las empresas subcontratistas. Entonces ¿quién o quienes presentarán las denuncias por prácticas antisindicales?

Llama la atención, especialmente por las promesas realizadas durante esta campaña presidencial, que tanto los senadores de Gobierno como de oposición hayan excluido las infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto a pesar de existir 64 trabajadores salmoneros fallecidos durante los últimos 60 meses, lo que representa la mayor tasa de accidentabilidad laboral con consecuencia de muerte, en la salmonicultura a nivel mundial.
Esta vergonzosa ley entrega un cheque en blanco a las empresas salmoneras para seguir abusando e incumpliendo la normativa laboral, en un contexto de alta cesantía que se proyecta para el período 2010-2012, como producto de las próximas fusiones, ventas y quiebras de compañías que serán ejecutoriadas sin contemplaciones por los bancos acreedores. Esto porque ahora ya tienen asegurada la recuperación de sus deudas y la creación de un mercado secundario especulativo de compra y venta de concesiones de acuicultura.
Esta vergonzosa ley es funcional para una industria ambientalmente indecente y socialmente irresponsable, con  lo cual se demuestra que la auto-promocionada “salmonicultura 2.0′, es tan sólo relaciones públicas para incautos.
Sólo queda seguir luchando frente a los visos de inconstitucionalidad y vicios de origen de esta nueva “ley de amarre” que privatiza nuestro litoral. Esto además anticipa lo que será la discusión pública el 2012 para evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales de una década de privatización de las pesquerías chilenas a través del sistema de cuotas individuales transferibles.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2009/12/08/la-republiqueta-salmonera/