El capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas
Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.
Desde de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales. El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). [3]
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. [4]
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. [5]
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. [6]
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
Privatización en Honduras
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
