Uruguay: Un nuevo movimiento social
La irrupción de proyectos de minería metalífera a cielo abierto en gran escala en un país de economía agropastoril, donde no existen yacimientos de gran concentración ni de grandes volúmenes y donde los impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva serían de gran magnitud, ha generado un movimiento social de resistencia sin precedentes en Uruguay, en el que se está desarrollando un nuevo concepto de ciudadanía.
Según fuentes oficiales, a mediados de 2011 estaban solicitados 3,5 millones de hectáreas para actividades de prospección y exploración de minerales, con intenciones de desarrollar explotaciones a cielo abierto de hierro y oro. Si le agregamos la ocupación, en las dos décadas anteriores, de dos millones de hectáreas por monocultivos forestales y de soja en gran escala -con perspectivas de crecer aún más-, es más de un tercio de la superficie del Uruguay, que en casi su totalidad es apta para la actividad agropecuaria.
Esta nueva realidad, coincidente con un proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra sin precedentes, ha sido explicada por los gobiernos del Frente Amplio como una política de diversificación productiva y de mayor industrialización del país. Sin embargo, en territorio nacional los proyectos no van más allá de la producción de materias primas tales como madera y celulosa, mineral de hierro y lingotes de oro, con vistas a abastecer los enclaves industriales que dominan la economía mundial.
La reprimarización de la economía -que también se expresa en la exportación del ganado en pie, del trigo y el arroz-, es una ampliación del papel tradicional de proveedor de materias primas asignado a la periferia por los países capitalistas centrales. En América Latina, este patrón de desarrollo se lo denomina “modelo extractivista”, caracterizado por el saqueo y depredación en gran escala de los recursos naturales. En Uruguay se explota la fertilidad natural de la tierra y la prodigalidad del agua, sumándole ahora minerales.
En los últimos años, el fuerte crecimiento de las economías asiáticas, China en especial, y la especulación financiera desatada en torno a las materias primas ha trastocado en especial el mercado de los metales que registraron un gran salto en los precios en 2008, a partir de las crisis financieras de España y Estados Unidos. En tres años, el valor de la tonelada de hierro se multiplicó por cinco y esto explica por qué los yacimientos uruguayos del metal, que nunca fueron explotados, hoy pueden estar siendo apetecidos.
Las reservas más estudiadas en el subsuelo uruguayo son el hierro, sobre todo la zona de Valentines, en el centro, y de Zapucay, en el noreste, y el oro que se encuentra en varios departamentos. Son yacimientos pequeños y pobres en concentración -el hierro al 28% y el oro de 1 a 1,9 gramos por tonelada-, pero la coyuntura especulativa internacional los ha vuelto rentables. A lo anterior se suman los contratos firmados por Ancap para la posible extracción de hidrocarburos no convencionales en el noroeste del país.
Al tratarse de yacimientos pequeños y pobres, los inversores extranjeros que llegan al país procuran una explotación en gran escala y rápida, como el caso más notorio de Aratirí que propone hacerlo en 12 años, para aprovechar los altos precios del mercado internacional. Por la misma razón, este proyecto está asociado a la construcción de un mineroducto y un puerto de aguas profundas en la costa oceánica, para facilitar el transporte del hierro hacia los países de destino con los mayores buques fabricados en la actualidad.
Impacto de megaproyectos
La presente coyuntura del mercado internacional generó también un auge de las inversiones mineras en otros países del continente, como Chile, Bolivia y Perú, que detentan grandes reservas de minerales y una larga tradición de explotación minera. Aunque en estos casos las minas se localizan mayormente en la Cordillera de los Andes, en zonas desérticas o semidesérticas, por ser operaciones a cielo abierto en gran escala, los impactos ambientales y sociales han generado fuertes movimientos populares de resistencia.
Con el avance de los megaproyectos (se los denomina así porque manejan cifras millonarias de inversión y de producción), las comunidades se ven obligadas a defender sus medios de subsistencia al ver amenazadas el agua y la tierra de las cuales dependen. El fenómeno ha ido en aumento en toda la región y, a través de asambleas, marchas, plebiscitos y otras formas de participación y de acción, expresan un movimiento de base territorial, como los proyectos, y de gran diversidad social, como son las poblaciones afectadas.
Uruguay nunca tuvo grandes explotaciones mineras y, por tanto, no conoció un movimiento social en correspondencia con esa problemática hasta la llegada de la empresa trasnacional Zamin Ferrous -que denominó Aratirí a la filial en el país-, con su proyecto de extracción de hierro a cielo abierto en gran escala del yacimiento de Valentines. Al entrar en la etapa de exploración surgieron los primeros conflictos con productores familiares que han vivido por generaciones en una amplia zona de pequeños y medianos predios rurales.
El conflicto fue creciendo y se sumaron poblaciones de los balnearios de la costa rochense, que se sintieron a su vez amenazadas por el mineroducto y el puerto de aguas profundas proyectados para transportar los minerales al exterior. A comienzos de 2011, productores rurales, residentes de la costa, organizaciones sociales y ciudadanos de otras localidades constituyeron el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) con el fin de informarse, informar y movilizar a la opinión pública contra los proyectos planteados.
El acceso a la información fue una necesidad esencial del movimiento al verificar que, tanto la empresa como miembros del gobierno, no brindaban datos fieles sobre las características y las consecuencias del proyecto. Es más, la estrategia de Aratirí para obtener la aprobación de la población ha sido ofrecer al público una versión edulcorada de su propuesta, diferente a la presentada ante los organismos del estado, y explotar la división de la comunidad entre los productores en conflicto y los trabajadores contratados por la minera.
Con el aporte de profesionales y académicos de distintas disciplinas, se comprobó que la propuesta sería el simple saqueo de un recurso no renovable del país con graves secuelas de depredación ambiental. El mineral sería exportado en bruto y, por el ritmo y el volumen de la extracción, provocaría la destrucción de una amplia zona del territorio nacional. En aras de un mero negocio coyuntural, muy lucrativo sin duda para la empresa trasnacional, estaríamos hipotecando un ecosistema productivo de duración ilimitada.
Una movilización nacional
A medida que se fue difundiendo la información y el análisis crítico del proyecto, por medio de charlas en pequeños grupos y volanteadas en lugares públicos -a comienzos de 2011, la prensa no informaba sobre la propuesta de Aratirí-, sectores de la sociedad inicialmente no afectados por el conflicto percibieron que era una cuestión de interés nacional y se sumaron a la movilización. De esta manera se gestó la primera Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, realizada el 13 de mayo de 2011 en Montevideo.
Organizaron esta marcha, además de productores y vecinos de Cerro Chato, Valentines y la costa oceánica, el Colectivo de Organizaciones Sociales de Lucha por la Tierra y la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). En la proclama leída al final de la marcha se rechazó el proyecto minero de Aratirí y se reclamó el derecho de los productores y sus familias a seguir trabajando su tierra, la entrega de tierras al que quiera trabajarla y la preservación y desarrollo del potencial turístico del departamento de Rocha.
En la segunda Marcha Nacional, el 12 de octubre de 2011, que recorrió desde el Obelisco hasta el Palacio Legislativo, se sumaron nuevos agrupamientos tales como la Mesa Representativa de productores y vecinos de la Ruta 7, de Vichadero, de la 5a. sección de Treinta y Tres, de Caraguatá y de Sarandí Grande, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Adeom de Tacuarembó y la recién constituida Confederación de Pueblos Costeros (CPC).
La proclama de esta marcha plantea tres exigencias identificativas del movimiento: 1) que detengan la entrega de la tierra y los bienes naturales del país a la inversión extranjera que saquea nuestras riquezas; 2) consulta previa a las comunidades afectadas por los proyectos de inversión que interfieren en sus actividades productivas y sus formas de vivir; y 3) que sea informada y consultada ampliamente toda la ciudadanía sobre las decisiones que involucren cambios sustanciales del modelo y la matriz productiva del país.
Es un movimiento social sin precedentes en el Uruguay. Ya la primera marcha mostró ese carácter multifacético, tanto por el ancho espectro social y generacional como por las formas de expresión de la protesta, que se reiteró en la segunda marcha del 12 de octubre de 2011 y que en la tercera marcha, el 11 de octubre de este año, con una presencia multiplicada de organizaciones convocantes y de gente, conmovió a la principal avenida de la capital. Esta vez, prácticamente ningún medio de comunicación se omitió de informar.
La tercera Marcha Nacional fue convocada por más de 30 organizaciones de productores y trabajadores rurales de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, Rivera, Lavalleja, Rocha, San José, Tacuarembó, Treinta y Tres, Maldonado, Colonia; vecinos de La Paloma, La Pedrera, Coronilla, Valizas, Aguas Dulces, Cabo Polonio, La Esmeralda, Punta del Diablo, Chuy, Aiguá, Ciudad de la Costa, Atlántida, Oeste de Montevideo, pueblos originarios; trabajadores, estudiantes, profesionales y jubilados.
Hasta el presente, con la excepción de los trabajadores de OSE, que impulsaron la reforma constitucional del agua, la participación de gremios estudiantiles y obreros ha sido escasa. Influidos por la posición del gobierno, estos sectores confunden la agroindustria y la minería con una modernización y diversificación productiva. Sin embargo, la depredación ambiental es parte integral de la rentabilidad de esas empresas y, en lo social, concentran más la propiedad de la tierra y utilizan menos mano de obra que el viejo latifundio.
Otra idea de participación
Pero las marchas representan solo la punta del iceberg en la conformación del movimiento en defensa de la tierra y los bienes naturales, porque la movilización va mucho más allá de las personas que pueden trasladarse, máxime con sus caballos, desde el interior a la capital para participar en una manifestación. En las zonas más afectadas se desarrollan acciones cívicas que, apoyándose en el marco legal, buscan hacerse escuchar de otra manera, en la medida que las autoridades no muestran voluntad de atender los reclamos,
El martes 13 de marzo de 2012, un grupo de ciudadanos de Treinta y Tres anunció el envío de una carta al presidente Mujica, respaldada por 1.718 firmas, en la que le solicitaban una audiencia para hablar sobre megaminería. No recibieron ninguna respuesta. El mismo grupo inició, el 12 de setiembre, otra recolección de firmas, para entregar ahora al Intendente, a la Junta y a los diputados del departamento, para que adopten una ordenanza que prohíba la instalación de megaproyectos extractivos en el territorio de Treinta y Tres.
Paralelamente, en Lavalleja, se presentó a la Junta Departamental una petición apoyada por 400 firmas para que aprueben una ordenanza que prohíba la extracción de metales a cielo abierto. Hay unos 4.000 padrones con pedimentos de minería, que representan el 45% de la superficie del departamento. La propuesta elevada a la Junta se fundamenta en el Artículo 47 de la Constitución, la ley 17.234 del 22 de febrero de 2000, la ley 17.283 del 28 de diciembre de 2000 y la Ley de Ordenamiento Territorial del 18 de junio de 2008.
En su sesión del 10 de octubre, la Junta de Lavalleja rechazó el petitorio por una mayoría de 18 contra 11 votos. Inmediatamente, los ciudadanos que habían acompañado la discusión, se reunieron en las afueras del local y anunciaron que iniciarán la recolección de las firmas requeridas para convocar a un referéndum departamental. La misma opción han anticipado que adoptarán los ciudadanos de Treinta y Tres si se rechaza su petición. En Rivera, Cerro Largo y Rocha existe similar inquietud y se evalúan iniciativas semejantes.
A su vez, el grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua inició, el 18 de octubre, la recolección de firmas con vistas a un plebiscito que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en ese departamento. Quince días después iban recogidas 3.500 de las 15.000 que se proponen alcanzar. El grupo a cargo de la iniciativa en Tacuarembó está constituido por periodistas y comunicadores, productores rurales, empresarios, trabajadores, representantes sindicales, ediles de todos los partidos, autoridades eclesiásticas y vecinos en general.
Es difícil prever el desenlace de este proceso, pero las dimensiones que ha alcanzado son indicativas de la existencia de una nueva preocupación de la población por el carácter y las consecuencias de esas propuestas de desarrollo de alto impacto social y ambiental y de dudoso beneficio para el país. Y parece estar emergiendo una nueva idea de participación, donde no alcanza con elegir cada cuatro años y dejar que otros decidan, sino que la gente quiere estar informada y decidir en los proyectos de desarrollo que la afectan.
(Publicado en la revista “no te olvides”, N°13, Año III, noviembre 2012)
