Violación de derechos en Perú: Máxima contra Goliat
Por Rocío Silva Santisteban
Máxima Acuña es una pobladora indígena que lleva años luchando contra la minera Yanacocha en Perú, que pretende usurpar sus tierras. El pasado 5 de agosto el juez unipersonal de Celendín, Tomhy Padilla Mantilla, dictó sentencia contra Acuña: dos años y ocho meses de prisión suspendida contra ella, su esposo Jaime, su hija y su yerno (el fiscal había pedido tres años de prisión efectiva); una indemnización de 5.500 soles a la empresa y la orden de desalojo.
La semana pasada escribí sobre la posibilidad de que Máxima Acuña Atalaya de Chaupe, la Dama de la Laguna Azul, pudiera perder el caso de usurpación agravada trabado por la empresa minera Yanacocha sobre su predio de cuatro hectáreas en la zona de Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca. Durante el transcurso de la mañana del martes 5 de agosto de 2014, el juez unipersonal de Celendín, Tomhy Padilla Mantilla, dictó sentencia: dos años y ocho meses de prisión suspendida contra ella, su esposo Jaime, su hija y su yerno (el fiscal había pedido tres años de prisión efectiva); una indemnización de 5.500 soles a la empresa y la orden de desalojo. La abogada de los Chaupe de inmediato interpuso recurso de apelación: si el recurso se aprueba, el caso se verá en la Corte Superior.
Dos años y ocho meses de prisión suspendida contra ella, su esposo Jaime, su hija y su yerno (el fiscal había pedido tres años de prisión efectiva); una indemnización de 5.500 soles a la empresa y la orden de desalojo.
En las redes sociales muchas personas, de inmediato, se solidarizaron con los Chaupe. Otros, por el contrario, los acusaron de vender su terreno, luego invadirlo y mentir. Estas acusaciones son totalmente falsas: los Chaupe nunca vendieron el terreno a la empresa minera Yanacocha. Ellos compraron el terreno de 4 hectáreas en 1994 y tienen un certificado de propiedad de este con todos los registros de ley. Pero lo que se discute en este juicio no es si el terreno pertenece a los Chaupe o a Yanacocha: se discute si ellos, que vivían en ese terreno, lo usurparon por la fuerza a la empresa. Lo que se discute no es la propiedad, es la posesión.
Para demostrar que habitaban el terreno, los Chaupe tienen un documento sumamente importante para este proceso penal de usurpación: la comunidad campesina e indígena de Sorochuco, afín a la empresa, les ha otorgado un certificado de posesión de esa zona así como de formar parte de esta como comuneros. Eso implica que los Chaupe, desde el año 1994, ha vivido en la zona y, además, que son miembros de una comunidad campesina e indígena.
Por otro lado, la empresa Yanacocha aduce que en el año 2001 compró una serie de predios precisamente en la zona de la comunidad de Sorochuco, conformados por 5.700 ha, dentro de las cuales se encontraría este terreno. Pero, insisto, como lo que se discute en este juicio no es la propiedad sino la posesión, la empresa tendría que demostrar que es posesionaria de este. Y no ha podido demostrarlo. Lo que ha demostrado es que es posesionaria de las 5.700 ha y que, en un terreno tan grande, no puede haber posesión en cada espacio de este. Buen argumento; sin embargo, hay un detalle importantísimo que, me imagino, se verá en la segunda instancia: nunca se midieron las coordenadas del terreno, no hubo peritaje propuesto.
Hay investigaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca, hechas sobre el terreno con mecanismos de medición georreferenciales, que sostienen que ese terreno no forma parte de las 5.400 ha de la empresa. Es decir, aunque se discuta la posesión y no la propiedad, si los Chaupe vivían en otro terreno, no hay delito de por medio. Yanacocha, por su parte, tendrá que probar lo contrario. Mientras tanto, Máxima sigue luchando contra Goliat: será débil, será pobre, no tendrá armaduras, pero puede lanzarle una dolorosísima pedrada en la frente.
La República
