Las comunidades nativas no pueden detener al «narco» en la Amazonía peruana
Asesinatos, exilios, amenazas, usurpación de tierras, tala indiscriminada de árboles, minería ilegal. Las comunidades nativas se enfrentan a todo ello y, sobre todo, a la impunidad: Pucallpa (Perú) // Las comunidades nativas son el último muro de contención ante el avance del narcotráfico en la Amazonía peruana. Sin embargo, solo pueden resistir. Asesinatos, exilios, amenazas, usurpación de tierras, tala indiscriminada de árboles, minería ilegal. Sobre todo, impunidad. Todo lo que rodea a la idílica Amazonía es turbio, y la única luz que emana de esa región aislada es la que pertenece a las comunidades nativas. Para preservar su cultura y su entorno, entregan todo lo que tienen: su bienestar, a veces incluso su vida.
«Hay que ser justos con los defensores cuando aún están vivos. Si el Gobierno estuviera dispuesto a ayudar, no ocurrirían estos casos: el de Saweto [asesinaron a cuatro miembros de la comunidad ashaninka en 2014] o el de mi papá se veían venir». Quien habla es Kevin Arnold, hijo de Apu Quinto Inuma, uno de los últimos defensores ambientalistas asesinados en Perú.
Muerte e impunidad
Kevin Arnold nunca olvidará ese 29 de noviembre de 2023 en el que unos sicarios tendieron una emboscada a su padre en la quebrada de Yanayacu del río Huallaga, en la región de San Martín. Tres disparos terminaron con la vida de Apu Quinto Inuma, líder de la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, quien llevaba años denunciando las actividades ilícitas en su región; en total, 21 denuncias documentadas en las que exponía la tala indiscriminada de madera y el aumento de las plantaciones de hoja de coca. Valeroso, incluso había señalado a Segundo Villalobos, acusado de ser el capo de la región.
El caso está siendo juzgado a cientos de kilómetros de San Martín, en Lima, donde se supone que las cortes son menos corruptas. De momento, tres personas permanecerán arrestadas de forma preventiva hasta agosto de 2025 y dos están en libertad bajo fianza. Segundo Villalobos, en cambio, sigue en libertad y sin cargos, pese a que Genix Saboya Saboya, uno de los sicarios, lo ha señalado como presunto autor intelectual: reconoció ante la Justicia que le pagó 1.000 soles, o 250 euros, en lugar de los 5.000 prometidos.
«Queremos justicia, que Villalobos cumpla condena. Si el Estado no lo condena, sería el colmo», considera Kevin Arnold, profesor de lengua kichwa en un colegio bilingüe en la ciudad de Tarapoto, mientras su madre corrobora sus palabras y muestra una foto enmarcada de su marido con la frase que pronunció en una conferencia en la ciudad de Pucallpa días antes de morir: «Debemos ser constantes en la defensa y lucha de este territorio. Organizadamente yo creo que todo se va a poder, nada es imposible».
Según las estadísticas de la organización de comunidades nativas Aidesep, al menos 33 defensores han sido asesinados en Perú en la última década. Esta cifra es inferior a la publicada por el medio de investigación periodística Convoca, que establece que entre mayo de 2013 y noviembre de 2023 fueron 39 los defensores asesinados, 27 de ellos en la Amazonía. A estos datos hay que sumarles cuatro muertes más: una de diciembre de 2023 y tres ocurridas en este 2024; la última, el pasado 14 de julio, fue la del líder kakataibo Mariano Isacama Feliciano, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el distrito de Padre Abad, en la región de Ucayali.
«Es competencia del Estado garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos, pero los protocolos no se implementan», sentencia Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín. «No es nuestro trabajo ver dónde hay hoja de coca y fotografiarla; es trabajo del Estado. Si lo hacemos, estamos arriesgando nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Y aguantamos, pero las comunidades nativas no podemos dar solución al narcotráfico: al Estado le toca intervenir», insiste. Su solución sería militarizar la región, declararla «zona de emergencia».
Para Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, la solución no pasa por el Estado, del que desconfía, sino por la creación de una guardia indígena: «Lo único que buscamos es autoprotección, conformar guardias indígenas como hicieron los kakataibos, que capturaron al asesino de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad de Unipacuyacu. Los kakataibos dieron ejemplo, y nosotros mismos tenemos que controlar nuestros territorios para que no haya más muertes».
Exilio
Segundo Villalobos vive tranquilamente en Leche, la ciudad que abre paso a la quebrada de Yanayacu, mientras que la familia Inuma ha tenido que mudarse a Tarapoto por motivos de seguridad: Santa Rosillo de Yanayacu es una zona remota en la que apenas hay presencia del Estado. Por eso, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado al Gobierno peruano a actuar contra las redes criminales en esta región. Sin embargo, el problema va más allá y abarca toda la Amazonía peruana.
«Yo mismo he tenido que salir obligado de mi comunidad. Estamos sin protección, no podemos confiar ni en la Policía ni en los jueces. Son unos corruptos, es la palabra exacta», alucina aún Herlin Odicio, de 38 años y perteneciente a la comunidad kakataibo. «Como líderes, nos enfrentamos al narco, pero entonces llegan las amenazas, los asesinatos. Te dicen: ‘si avisas, te mato’. Y lo mismo ocurre con la Policía y los fiscales, que nos persiguen y criminalizan, pese a que somos quienes defendemos estos lugares», añade.
El exilio es el mal menor para muchos defensores, el asidero para quienes temen por su vida. Es el caso de Herlin Odicio, quien fue vicepresidente de su comunidad en Aguaytía, en la provincia de Padre Abad, y que en 2018 pasó a la presidencia de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo. Entonces comenzaron las amenazas y tuvo que abandonar su comunidad. «A veces voy, pero no me quedo mucho: cuando llego todo el mundo me mira y la sensación es terrible», reconoce. Ahora reside en Pucallpa, en la región de Ucayali, donde continúa la lucha por contener el avance del narcotráfico y reconocer los derechos de las comunidades nativas. Desde 2023, es vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali.
«Los problemas que sufren los pueblos indígenas en las diferentes regiones de Perú están relacionados con el narcotráfico. Antes, el maderero trabajaba solo, el cocalero trabajaba solo, el minero trabajaba solo, las instituciones trabajaban solas. Ahora todo es una cadena», explica Odicio. «Por ejemplo, el maderero abre una carretera y eso facilita luego el narcotráfico. ¿Qué hacen las autoridades? Ayudan a los narcotraficantes: dan reconocimientos a caseríos en centros poblados en los que viven cocaleros. El narcotráfico es un círculo de amigos», añade.
Ucayali es una de las regiones más afectadas por el narcotráfico y la deforestación en Perú. Conocida por su tierra rojiza, es una región fujimorista cuyo crecimiento es producto de la explotación intensiva de productos agrícolas y de la extracción incontrolada de recursos naturales. Pucallpa, su principal urbe, es la más poblada de la Amazonía peruana. Su auge comenzó en la era del caucho y, con el tiempo, fueron llegando colonos ansiosos de oportunidades.
En el presente, venezolanos, colombianos, menonitas o peruanos de regiones vecinas llegan para seguir explotando esta tierra. Para ello, tienen que entrar en contacto con empresas y autoridades conniventes con las estructuras mafiosas. Destaca el grupo narcotraficante brasileño Comando Vermelho: desde la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en la región de Loreto, se ha ido expandiendo en el último lustro a Ucayali, donde controla las cuencas de los ríos Abujao y Utiquinía y los territorios fronterizos con Brasil; incluso domina el penal Kilómetro 12 de Pucallpa.
«Desde el año 2022 han ido invadiendo la zona desde el distrito de Requena hacia Padre Márquez y han ido calando en la cuenca del río Pisqui. Lamentablemente, esta situación va a más. Cuando nosotros empezamos a denunciarlo, nos convertimos en una amenaza para estos operadores económicos. Tienen armamento y están muy bien organizados. Controlan los sectores, tienen ojos por todos lados y gente comprada en nuestras comunidades. Nosotros solo tenemos nuestro arco, nuestra flecha y nuestro machete», explica David Ruiz Urquía, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez, una región de Loreto fronteriza con Ucayali en la que Comando Vermelho también ha ampliado su presencia.
El Informe Global sobre Cocaína de las Naciones Unidas recoge que, entre 2020 y 2021, el cultivo de hoja de coca creció en el mundo un 35%. Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga, Perú, segundo productor mundial, ha pasado de 54.134 hectáreas cultivadas en 2018 a 95.008 en 2022. En ese periodo, la región que más ha incrementado su producción ha sido Ucayali: un crecimiento del 466%, al pasar de 2.565 hectáreas a 14.531.
La región del VRAEM sigue como la principal zona de producción, pero la tendencia muestra un peso decreciente: en 2018 representaba el 45% del total, mientras que en 2022 bajó al 38%. Regiones como Ucayali, Loreto o Madre de Dios son las que están tomando el testigo, en parte por ser zonas fronterizas, lo que facilita la exportación a países vecinos como Brasil y Bolivia. Esta situación afecta sobre todo a las comunidades nativas, que habitan esas zonas fronterizas: las plantaciones en tierras nativas entre 2020 y 2021 crecieron un 68% y entre 2021 y 2022 un 29%.
Además del aumento de la hoja de coca, Odicio enumera otros problemas: tala ilegal de madera, minería ilegal, auge de las plantaciones de palma aceitera. Y luego están los menonitas, el grupo religioso que ha penetrado en Perú en el último lustro y que es conocido por explotar de manera intensiva el suelo. «Nos preocupan muchísimo los menonitas, que han ocupado espacios de las comunidades nativas y deforestan a gran escala», apunta Odicio.
Los menonitas han adquirido terrenos que han ido expandiendo en Ucayali y Loreto. En algunos casos sus tierras se sobreponen con las que reclaman las comunidades nativas. Apoyados por las autoridades, se instalan y comienzan su actividad mientras los procesos legales en su contra se eternizan. Al final, terminan por legalizar su presencia: en este 2024 el Parlamento peruano ha aprobado una ley que, entre otras medidas, permite la legalización de los territorios ocupados sin licencia que estén siendo explotados económicamente.
«Esta ley es más peligrosa que el Baguazo [en 2009 el Gobierno de Alan García promulgó decretos que cambiaban la forma de administración territorial de las comunidades nativas y se produjeron enfrentamientos que dejaron 10 policías y 23 civiles muertos en la región de Amazonas]», considera Wilfredo Tsamash. «Esta ley estipula que la cesión de uso del suelo ya no es necesaria para deforestar y promueve la expansión agrícola. Básicamente, todo se vuelve más vulnerable, y habrá más concesiones, más monocultivo y más deforestación. Además, amenaza a los bosques de conservación comunales y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario», apunta.
«Como decimos en nuestra comunidad nos enfrentamos a los chui-chui, que son unos pececitos, mientras que los que están arriba y manejan todo invirtieron para que la ley antiforestal saliera adelante en el Congreso», explica Ruiz Urquía. «El grupo Romero está con Keiko Fujimori y es uno de los grupos que deforesta la Amazonía, y la empresa [de aceite de palma de capital estadounidense y proveedora de PepsiCo] Ocho Sur, que fue uno de los principales apoyos financieros para aprobar esta ley, utilizó al congresista Vergara, de Acción Popular por la región de Ucayali. Este congresista llevó [ante el Parlamento] a algunos indígenas traidores para que hablaran a favor de la ley forestal», añade.
Resistencia
La mayoría de las comunidades nativas se asientan en la ribera de ríos y quebradas. Son zonas remotas en las que el Estado no existe, o más bien no quiere existir. Por ejemplo, no hay comisarías ni policías en el distrito del Cenepa, el mismo por el que Perú fue a la guerra con Ecuador a principios del siglo XX, ni tampoco infraestructuras básicas: no hay agua potable ni sistemas de aguas residuales. La pobreza, en la Amazonía, es generalizada, lo que allana el camino a la mafia. Para Ruiz Urquía, «es ahí cuando gana el narcotráfico, que llega rápido y paga bien, mientras que el Estado no llega, no aporta ni un sol. Ahora mismo la situación es incontrolable».
Profesor además de defensor, Ruiz Urquía explica que ha sido amenazado en repetidas ocasiones, pero asegura no se detendrá y que continuará luchando por su pueblo, el shipibo konibo, en el distrito de Padre Márquez. Al menos tiene que intentarlo: el futuro de su comunidad está en juego. Así, el pasado 21 de junio interpuso un recurso para expulsar de su cargo al juez de paz de Tiruntán, Kilian Padilla Saldaña, quien excedió sus competencias y entregó a 32 personas terrenos de las comunidades nativas de Paoyhan. Ruiz Urquía denuncia que esta usurpación de tierras nativas provoca conflictos entre los habitantes, favorece a los traficantes de tierras y facilita la entrada de narcotraficantes. «Tenemos que denunciar que estamos ante un problema estructural. Lamentablemente, la corrupción ha llegado a tal nivel que los gobiernos legalizan a estas mafias», lamenta.
Divididas, las comunidades nativas van cediendo terreno de forma inexorable ante el narcotráfico. Ruiz Urquía asegura que el presente es «terrible», y habla de niños adictos a la pasta base y voluntades humanas compradas. Como profesor, lamenta que esta dinámica afecte a los jóvenes: «Se están iniciando desde los 12 años en el consumo de pasta base de cocaína en las comunidades nativas. Hacen a estos jóvenes adictos para que luego trabajen para ellos. Es terrible, y además afecta al rendimiento de los estudiantes, que es bajísimo». Kevin Arnold coincide y lo resume así: «Cuando el narco entra en una población, malogra la mente de los jóvenes».
Fuente: https://climatica.coop/las-comunidades-nativas-no-pueden-detener-al-narco-en-la-amazonia-peruana/
