Argentina: ”Decimos sí a la vida, sí a vivir en un ambiente sano, sí al trabajo regional"
Mientras gobiernos provinciales avanzan con la adhesión el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desde organizaciones socioambientales, asambleas, sindicatos y pueblos indígenas plantean que, luego de tres décadas de extractivismo, sobran las pruebas para rechazar el saqueo de los territorios. "El RIGI es inconstitucional y habrá alta conflictividad", advierten.
Por Nahuel Lag
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya puso el pie en tres provincias: Río Negro, Jujuy, Mendoza, donde las Legislaturas aprobaron la adhesión. Salta será la próxima, ya que cuenta con media sanción. En las restantes se tratan los proyectos para continuar ese camino; mientras que en Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y La Pampa los oficialismos mostraron la intención de no adherir, son las mismas provincias cuyos gobernadores rechazaron firmar el Pacto de Mayo.
La aprobación del régimen en las provincias se dio de forma acelerada por los oficialismos, sin debate de cara a la sociedad y la instalación de una narrativa mediática que promete “progreso” y “desarrollo”, a pesar de beneficios inéditos a nivel impositivo, cambiario y aduanero, que incluyen la prohibición a las provincias de crear nuevos impuestos locales; y la inexistencia de requerimientos o sanciones para regular el impacto ambiental de las actividades extractivas que promociona.
En respuesta, las asambleas y comunidades se nuclean en la Campaña Plurinacional No al RIGI frente a la “vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los acuerdos internacionales” en materia ambiental y de uso de recursos.
“El carácter inconstitucional del RIGI implica que quienes adhieran y promuevan este régimen deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias ambientales, económicas y sociales de su implementación”, sostiene la Campaña No al RIGI, que reúne firmas de asambleas socioambientales, organismos de derechos humanos, sindicatos y referentes políticos y culturales.
La campaña impulsó la presentación de una carta de rechazo en cada Legislatura y también en cada municipio; que también tienen la posibilidad de adherir o rechazar el RIGI. El debate sobre la adhesión el RIGI surgió tras el rechazo de la primera versión de la Ley Bases, en la que se sostenía que el régimen era de aplicación automática en todo el país.
Eso se tradujo en una pequeña salvedad sobre la necesaria adhesión de provincias y municipios en el polémico artículo 165, pero mantuvo la definición más crítica que dice que “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido” por el RIGI “será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.”
La Campaña No al RIGI denuncia los derechos y acuerdos internacionales consagrados en la Constitución, legislación y principios que son vulnerados con esa supuesta “nulidad” a partir de la adhesión al régimen y “resultan una amenaza para el acceso al agua, para los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales”:
• Artículo 41 de la Constitución Nacional, sobre el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas”.
• Ley General de Ambiente.
• Convenio 169 de la OIT, derecho de Consulta Libre, Previa e Informada de las comunidades indígenas.
• Acuerdo Escazú, acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten los territorios donde viven y principio de "no regresividad en materia ambiental".
• Pacto de San José de Costa Rica.
Las provincias que ya adhirieron lo hicieron sin siquiera la reglamentación por parte del Ejecutivo nacional, que no modificará la esencia del régimen, pero sí debe especificar cuál será la autoridad de aplicación, encargada de habilitar los denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU), las unidades de negocios que cualquier empresa extractiva, incluso las que ya están operando, podrán crear para ser beneficiarias de los excesivos incentivos económicos si promete una inversión mínima de 200 millones de dólares.
Sin reglamentación, el vocero Manuel Adorni ya salió a celebrar una de las primeras supuestas inversiones producto del RIGI a partir de la función de las corporaciones mineras BHP y Lundin para explotar los proyectos Filo del Sol y Josemaría, en San Juan, provincia que aún no adhirió. Basta ver el historial de las empresas para comprender las consecuencias ambientales y sociales de la megaminería.
Sin embargo, el Congreso aprobó los artículos de conformación y sanción de los VPU sin una sola mención de la palabra “ambiental” entre el artículo 164 y 228 de la Ley Bases, algo que fue reconocido durante el debate en el Senado por la propia senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta, y que luego votó a favor del Régimen. Ese es el debate que las asambleas, organizaciones ambientales, sociales y sindicales buscan poner sobre la mesa; rechazarlo en las provincias que aún no adhirieron, en los municipios y en el Poder Judicial, clave en los próximos pasos para la implementación o no del RIGI.
El marco legislativo ambiental para frenar el RIGI
"Las comunidades van a poder exigir la protección ambiental ante los proyectos de inversión que se desarrollen. Ninguna comunidad va a renunciar a los derechos que colisionan contra los privilegios ofrecidos por el RIGI. Creemos que deben ser ponderados adecuadamente por el Poder Judicial en el marco de la Constitución", confía Cristian Fernández, integrante del equipo de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en diálogo con Tierra Viva tras las primeras adhesiones provinciales.
Fernández considera que, tras las adhesiones de las provincias, un aspecto clave es el efecto de la ley respecto del tiempo. Remarca que, según el artículo 7 del Código Civil y Comercial, las modificaciones no pueden tener efecto retroactivo. Eso implica que en la batalla legal serán fundamentales los principios que rigen de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, que indica que las provincias no pueden legislar en materia ambiental a contramano de las leyes ya instrumentadas. Y aporta otro principio “muy importante para los año venideros”, el de “no regresión”, que está reconocido en el Acuerdo de Escazú. “Esto permitirá defender todo el marco existente en materia de protección ambiental”, valora el abogado de FARN, aunque reconoce que el artículo 165 del RIGI podría impedir el establecimiento de nueva legislación ambiental como, por ejemplo, la frustrada Ley de Humedales.
En el caso de Mendoza, donde el RIGI ya tiene adhesión, la que se pone en riesgo es la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas inmanentes a la explotación megaminería. Algo similar ocurriría en Chubut con la Ley 5001; pero en esa provincia el gobierno de Ignacio Torres reconoció —por el momento— la falta de licencia social y anticipó que solo contempla el avance extractivo en las otras áreas promovidas por el RIGI: forestoindustria, turismo, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Fernández sostiene que esa legislación no debería correr peligro por no poder aplicarse la retroactividad en el artículo 165 o, al menos, las empresas deberían ir al Poder Judicial para derogarlas.
Otro punto que inquieta a las asambleas y comunidades que ven peligrar los bienes comunes con el avance del extractivismo es el punto del RIGI que marca que los conflictos entre los VPU y los Estados podrán resolverse en tribunales internacionales, como el CIADI, organismo del Banco Mundial. Fernández señala que eso podría implicar una cesión de jurisdicción para el reclamo de pasivos ambientales para los estados provinciales que adhieran al régimen, pero “no debería afectar las presentaciones de una organización socioambiental, ni la de un particular afectado, que acudiera a tribunales locales para defender el derecho al agua o el ambiente”.
El abogado de FARN resalta también los principios presentes en el artículo 240 del Código Civil y Comercial para hacer frente a los posibles daños ocasionados por empresas adheridas al RIGI. “Establece limitaciones a los derechos individuales, léase derecho de propiedad privada; versus los derechos de incidencia colectiva, leáse derecho al ambiente. Se tienen que limitar los derechos individuales cuando están en juego los derechos de incidencia colectiva como la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, el paisaje y el derecho humano el agua".
“Este artículo 240 del código civil y el principio de no regresión van a ser muy importantes en los tiempos que se vienen para marcar cómo deben interpretarse estas colisiones normativas con el RIGI”, valora y marca “la gran ironía” del régimen votado para generar “seguridad jurídica” para las “inversiones”. “Lo que está generando, al decir que cualquier norma que se oponga deberá ser anulada en tribunales, es inseguridad jurídica. Hay un problema grave en los conceptos y los alcances que pretenden llegar".
Las primeras adhesiones al RIGI: Río Negro y Jujuy
“La campaña surgió como una necesidad de todas las comunidades y con la potencia de estar en todo el territorio plurinacional, entendiendo que no se trata solo de una avanzada extractivista en un territorio sino parte de una matriz impuesta por el Estado y las empresas", sostiene Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo, surgida para evitar la modificación de la Ley 3308, hecho que la Legislatura de Río Negro concretó en septiembre de 2022 para habilitar la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur, cañería que conectará Añelo (Neuquén), con un puerto petrolero en Punta Colorada (Río Negro).
El puerto de Punta Colorada —ubicado en medio del golfo, sobre el que se ubica el Parque Nacional Islote de Lobos, el recurso pesquero local y las ciudades balnearias de la provincia— volvió a estar en las noticias en las últimas semanas enmarcado en la disputa planteada por el gobierno de Javier Milei contra el gobierno de Axel Kicillof, en la decisión de mudar el proyecto de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) a esa localidad rionegrina, cuando en 2022 las petroleras YPF y Petronas habían anunciado instalarlo en Puerto Rosales (Bahía Blanca).
Ese juego político motivó el apuro del gobernador Alberto Weretilneck para impulsar en la Legislatura provincial y ser la primera en adherir al RIGI. El 12 de julio, Río Negro aprobó con 35 votos a favor, 10 en contra y un ausente. El bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro cuenta con 19 legisladores, por lo que sumó respaldos transversales. Ese día las asambleas estuvieron ante las puertas cerradas de la Legislatura, escuchando las intervenciones de quienes votaban a favor y “no hablaban de lo que el RIGI significa”.
“A cualquier persona que quiere defender un territorio se la acusa de no querer el progreso, el desarrollo, el trabajo. Nosotros sabemos qué es lo que proponen. Conocemos la gente en Vaca Muerta que le tiembla la casa, que se le caen las paredes, que no pueden tomar agua; a la gente en Allen que se le secaron las chacras de peras; a los vecinos de Bahía Blanca con playas privatizadas y derrames de petróleo”, describe Di Giacomo.
Dos semanas después YPF anunció la decisión de cambiar la locación del proyecto. Sin embargo, la promesa de una inversión de 30.000 millones de dólares, hasta el momento, no es más que eso. Las presiones por las promesas del puerto gasífero empujaron también la adhesión de los primeros municipios al RIGI: San Antonio Oeste y Sierra Grande (Río Negro) y Bahía Blanca (Buenos Aires).
"Con el primer ejemplo de adhesión en Río Negro nos dimos cuenta de que se venían con todo, que hay un montón de negociados y que están todos esperando el momento. Las comunidades tenemos que plantar bandera porque con el RIGI quedamos con menos derechos, es la vulneración absoluta de la soberanía, nos deja en condición de colonia por 30 años", advierte Di Giacomo a Tierra Viva. La aprobación del régimen en Río Negro cuenta también con la intención de ingresar proyectos megamineros como el yacimiento de oro y plata Calcatreu, en la localidad de Ingeniero Jacobacci, a cargo de la empresa Patagonia Gold. Con esa intención, la Legislatura aprobó también la modificación de la Ley de Tierra y el Código Minero.
La segunda provincia en votar a favor del RIGI fue Jujuy. El proyecto fue enviado por el gobernador Carlos Sadir y de forma exprés pasó por tres comisiones. En solo una semana llegó al recinto para ser aprobado el 8 de agosto. Contó con los 28 votos de la mayoría oficialista Cambia Jujuy y la oposición de los 12 legisladores del Partido Justicialista y los tres del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT).
La votación estuvo enmarcada en jornada de protesta y acampe, frente a la Legislatura, de las comunidades indígenas, que habían presentado un proyecto de consulta popular vinculante firmado por comunidades indígenas de Tusaquillas, Alfarcito, Tambillos, Sallate Oeste, Pozo Colorado y el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas en Jujuy "Narciso López".
En la sesión de aprobación, el oficialista presidente de la Comisión de Finanzas, Guido Luna, prometió que la “adhesión trae beneficios para todos los jujeños, puesto que estos proyectos de inversión generan una gran cantidad de mano de obra genuina”. Desde la oposición le marcaron rápidamente la contradicción entre las leyes provinciales que piden un 70 por ciento de mano de obra local y el RIGI que establece solo un 20 por ciento.
El avance del RIGI en Jujuy viene precedido por la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado, en tiempo récord y de forma inconsulta, que entre otros aspectos, impuso límites a la protesta social, modificó la composición de la representación del Poder Legislativo y dejó zonas grises respecto a los territorios de las comunidades indígenas. El Tercer Malón de la Paz denunció el marco represivo de la reforma en defensa de sus territorios y el agua, pero fue desoído por la Corte Suprema.
Con las explotaciones de litio como trasfondo, como el caso de la gigante multinacional NewCo en el Salar de Oroz, el próximo paso para defender a las comunidades jujeñas del avance del RIGI podrá estar en la acción local y el rechazo del régimen a nivel municipal, donde el año pasado se consiguieron negativas a la reforma constitucional. “La pelea contra el RIGI continúa porque tiene que pasar por los Consejos Deliberantes y se termina de dirimir en los territorios, donde las comunidades ya vienen enfrentando a las empresas extractivistas con las leyes mineras desde el menemismo y con otras legislaciones que se votaron con gobiernos locales y nacionales de distintos sectores políticos”, confió Natalia Morales, diputada jujeña del FIT y firmante de la Campaña No al RIGI, en diálogo con Radio Semilla tras la votación.
Mendoza y Salta, segunda semana de adhesiones al RIGI
Salta sumó este martes media sanción en la Cámara de Diputados para su adhesión al RIGI. Con las promesas de “progreso”, “desarrollo” y “trabajo” de la mano del litio, el gobernador Gustavo Sáenz envió el proyecto de adhesión al régimen, pero también al contradictorio punto —obtenido por las provincias patagónicas en la negociación de la Ley Bases y el paquete fiscal— que habilitó la posibilidad de incrementar las regalías en boca de mina del tres por ciento al cinco por ciento para los nuevos proyectos de inversión. Sáenz consiguió la media sanción con solo dos votos en oposición y una abstención. Se espera que se apruebe en el Senado.
En la previa de la votación, un grupo de organizaciones integrante de la Campaña No al RIGI, entre ellas la Asamblea de Articulación Plurinacional Región Norte Salta y la CTA-A de Salta presentaron un pedido a los legisladores provinciales para frenar el tratamiento porque "sólo beneficia durante 30 años a las megaempresas internacionales a costa del ecocidio", por lo que marcaron el peligro para el agua con los proyectos megamineros en la Puna salteña; y la continuidad del avance del desmonte, el agronegocio y los monocultivos transgénicos.
Pero mientras el proyecto se trataba, Sáenz se reunía en ciudad de Buenos Aires con gobernadores del “Norte grande”, su par jujeño Sadir y con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que busca la aprobación en su provincia con resistencias internas. Jalil aportó diputados y senadores en la votación de la Ley Bases, rompiendo la oposición del Frente de Todos, a pesar de tener en su provincia pruebas de las falsas promesas de la Ley de Inversiones Mineras como en los casos de Bajo La Alumbrera, Veladero y Salar del Hombre Muerto.
Lo que se espera que ocurra en Salta ya se concentró en Mendoza, donde el Senado aprobó la adhesión al RIGI. Fue con 24 votos a favor, del oficialista Cambia Mendoza y Unión Mendocina (PRO), y 14 en contra del peronismo, Partido Verde y otros tres disidentes del PRO. En esa provincia, el régimen se pone en tensión con una conquista histórica como la Ley 7722, que prohíbe el uso de las soluciones contaminantes inherentes a la megaminería.
“Las mineras que están dando vueltas con sus proyectos en la provincia esperaban la aprobación, pero la 7722 está vigente e impide que utilicen sustancias tóxicas”, sostiene Macarena Poblete, integrante de la Asamblea por el Agua de Guaymallén, en diálogo con Tierra Viva.
El contexto que describen desde el territorio es crítico. Alfredo Cornejo, con este segundo gobierno, avanzó con la persecución de la protesta social a través del Código Contravencional y allanó el camino a los proyectos mineros con la reforma del Procedimiento de Código Minero —”que permite explotar cientos de pozos con un solo examen de impacto ambiental”, dimensiona Poblete— y la presentación del proyecto “Malargüe distrito minero occidental” que denuncian las asambleas por el agua mendocinas.
En Malargüe, en el sur provincial, existen cinco proyectos, principalmente de cobre, de exploración y prospección: Hierro Indio, Cerro Amarillo, Las Choicas, El Burrero y Mina Adriana. No pueden avanzar con la explotación con uso de sustancias tóxicas por la 7722, por eso el impulso de una ley que declara la región como distrito minero. Otro proyecto, expectante por el RIGI, es la mina de cobre San Jorge, ubicada en Uspallata (Las Heras).
En paralelo, Cornejo también pretende avanzar con la modificación del Código de Aguas. “En una provincia que hace 20 años está en sequía, el cambio de uso para la megaminería afectaría al principal sector productivo provincial, el vitivinícola. Cambiaría el rumbo productivo de la provincia”, advierte Poblete y marca otra preocupación de fondo: el acuerdo de la provincia con la israelí Mekorot. “Desde las asambleas estamos firmes en la defensa de la Ley 7722, pensando en apelar al Poder Judicial para declarar nulo el RIGI por incumplir con la normativa provincial, por pasar por encima de acuerdos internacionales y del artículo 41 de la constitución”, asegura la asambleísta.
“Ante el planteo del ‘progreso’ y el ‘desarrollo’, nosotros no decimos que no, decimos que sí a la vida, que sí a la vivir en un ambiente sano, que sí al trabajo regional. Ante una crisis climática, un colapso inminente, ante situaciones mundialmente conocidas e irrefutables desde el punto de vista científico, es necesario plantearnos otro modelo, otra manera, cambiar la matriz”, invita Di Giacomo.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/decimos-si-a-la-vida-si-a-vivir-en-un-ambiente-sano-si-al-trabajo-regional/ Imagen de portada: Foto: Campaña Plurinacional No al RIGI
