Patagonia argentina: “Es todo un armado”: ambientalistas y periodistas acusados de violentos luego de aprobar el RIGI en Chubut
Imputaron penalmente a seis vecinos que protestaron contra la aprobación del RIGI el jueves pasado. Los manifestantes interpelaron a dos legisladores que se encontraban tomando un café. La acusaciones hablan de violencia física y de la retención de una menor. En ninguno de los videos e imágenes tomadas por testigos se observa la acusación que presentó el vice gobernador de Chubut, Gustavo Menna y la diputada Aguilera con el apoyo del arco oficialista. Desde el ambientalismo denuncian que se trata de una «maniobra para cambiar el eje de la discusión» y que no se discuta «que se están abriendo las puertas a la megaminería». La criminalización de la protesta y el fantasma del Chubutazo.
Por Federico Hauscarriaga para ANRed.
El pasado jueves el gobierno de Chubut aprobó con 18 votos a favor y 8 en contra su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones dentro de la Ley de Bases. El desafío del gobernador Ignacio “Nacho” Torres por avanzar con el RIGI fue notable pero no por carecer de los legisladores necesarios para su aprobación si no porque hace apenas unos años atrás, en el 2021, la provincia estalló en una rebelión social contra el proyecto de implementar una normativa extractivista más tímida que la recientemente aprobada. En aquel entonces, como ahora, el gobierno acusaba a las y los ambientalistas de ser “500 ruidosos”. En aquel entonces, Arcioni forzó el ingreso de la megaminería en la meseta a través de un proyecto de “zonificación”. La respuesta fue una movilización que conmovió a toda sociedad chubutense. Las marchas, los escraches a diputados y cortes de ruta terminaron con el incendio de los edificios de la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía. Así había pasado el «Chubutazo» y el gobernador tuvo que dar marcha atrás y terminó su gestión con menos de 10 puntos en su imagen.
Ante este preocupante antecedente, el actual gobernador, «Nacho» Torres y la alianza de legisladores se dispuso a implementar una acrobacia legal: eximir mediante un artículo local a la megaminería de la implementación del RIGI. El artilugio cumplió la función de maquillar ante la sociedad el paquete de leyes que dará condiciones extraordinarias para que ingresen capitales con mínimas condiciones y favores extraordinarios. Es decir, la apuesta arrasadora del capital extractivista sería contenida por una ley provincial, a pesar que el articulado del RIGI votado en el Congreso Nacional especifica detalladamente que no hará ninguna ley local por encima de lo aprobado.
Pero la propuesta del gobernador para calmar las aguas no es muy alentadora sabiendo la valoración jerárquica en materias de leyes y teniendo en cuenta que el futuro de la provincia quedará supeditado al dictamen judicial. Esto sucede mientras vemos cómo se resuelve la puja por el ingreso del polémico juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. Lijo, que cuenta con el apoyo del oficialismo y parte de la oposición, podría garantizar desde el poder Judicial la aprobación automática que el gobierno libertario necesita para allanar cualquier impedimento que se presente a la hora de avanzar con leyes controvertidas como el RIGI o la reforma laboral.
Otra de las objeciones al proyecto presentado por el oficialismo es que aunque la aprobación del RIGI contenga el articulado que salva a la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en modalidad cielo abierto, no estarían incluidos otros tipos de minería. Un ejemplo podría ser la extracción de uranio u otras inversiones como pueden ser el hidrógeno verde.
Los «hechos violentos»
El jueves, mientras se debatía la aprobación del RIGI también se llevaron a cabo protestas en Rawson. Un grupo de aproximadamente ocho vecinos encontró a los diputados del oficialismo, Luis Juncos y María Andrea Aguilera en una estación de servicio, tomando café con familiares y asesores durante un cuarto intermedio en la sesión. Los manifestantes se acercaron para cuestionar la postura de ambos legisladores en favor del RIGI y solicitar explicaciones. Aunque la discusión se tornó intensa, no se registraron actos de violencia física ni amenazas. En cambio, las imágenes que circularon en redes sociales, mostraron a un puñado de manifestantes frente a muchos allegados a los diputados, acompañados de un contingente policial.
Durante el intercambio, una mujer explicó a las camareras que no tenían intenciones de agredir, sino de debatir sobre la votación. Los diputados permanecieron sentados durante gran parte de la discusión, rodeados por policías, mientras los manifestantes expresaban sus reclamos. Se cantó “No es No” en referencia a la megaminería, y uno de los vecinos criticó a Juncos por “entregar la provincia a las multinacionales”. Juncos, en respuesta, aseguró que podía caminar tranquilo porque fue un buen funcionario. Una de las manifestantes le recordó que en 2021 el pueblo se había expresado en contra de la megaminería. La tensión aumentó cuando una ambientalista planteó que el artículo del proyecto era “una trampa”, señalando que estaban actuando de manera deshonesta.
A pesar de la ausencia de violencia en las imágenes y relatos, la estrategia del bloque oficialista fue acusar a los ambientalistas de violentos. La diputada Aguilera presentó una denuncia el mismo día de los incidentes seguida de una ampliación por parte del vicegobernador Gustavo Menna, quien declaró que “no permitirían que se intimide a los diputados” y que “la agresión a una menor no quedaría impune”. Sin embargo, las pruebas mostradas no corroboran las acusaciones de agresiones. La denuncia afecta a seis vecinos, algunos de ellos conocidos ambientalistas y miembros de medios alternativos, a quienes se les imputa “lesiones”, “amenazas”, “instigación a cometer delitos”, “intimidación pública” y “pertenecer a una agrupación para la cohesión ideológica”. Además, la jueza Laura Martini, la misma que tiene a su cargo la causa contra ocho vecinos acusados por destrozos durante el Chubutazo, dictó una medida cautelar que prohíbe a los manifestantes acercarse a menos de 500 metros de las viviendas del vicegobernador y la diputada, así como de la escuela de la hija de Aguilera y de la Legislatura. La denuncia fue realizada en la Fiscalía de Rawson y fue tomada por la jefe fiscal Florencia Gómez.
Como mencionamos, lo disparatado de la denuncia contra «ambientalistas violentos» se expone en los videos que circularon por las redes sociales en donde nunca se observa más que una discusión a veces subida de tono pero en ningún momento hay amenazas y menos aún agresión física contra los diputados. Tampoco hay intento de agredir a la hija de Aguilera.
A pesar de las evidencias en donde no sucede nada de lo denunciado, el gobernador y un importante número de funcionarios aliados salieron a respaldar a los diputados contra la presunta “agresión”. Para los medios, Ignacio «Nacho» Torres expresó “no hay más lugar para violentos en Chubut” (…) ”Tiene que haber una condena ejemplificadora” y reiteró su “más enérgico repudio a todo tipo de violencia para intimidar o condicionar las decisiones”.
Los medios hicieron lo propio acompañando la postura oficialista pero el diario El Chubut, quien padeció un incendio de sus oficinas cuando la furia ciudadana se manifestaba en el Chubutazo, publicó una nota de opinión cargada de venganza que tituló: “Apareció un limite: el Gobierno se hartó de las protestas violentas y los escraches”.
En su lugar de trabajo, el periodista Iván Marín, uno de los imputados que fue despedido durante aquellas jornadas y que hoy mantiene un juicio laboral contra la empresa explicó en diálogo con ANRed, que en su notificación de la denuncia que promueve el gobernador de Chubut se señala: “que nosotros habíamos zamarreado a una niña de 14 años y hay prueba que todo esto es mentira y nos prohíben acercarnos a los domicilias y al colegio de la menor. Está claro que esto es ridículo. Es todo un armado. Están utilizando a una menor para sus chanchullos». Marín es docente y también es parte de “Prosa Urgente”. «Lo más grave es que una cautelar nos prohíben acercarnos a la Legislatura y no es casual porque cuatro compañeros que estábamos ahí cumplimos funciones de periodistas, somos parte de los medios alternativos. Entonces están cercenando la libertad de prensa, etc.” dice.
En la misma línea, el conocido foto-reportero Aníbal Aguaisol explica los sucesos: “Ese día, además de sumarme a la manifestación, estuve registrando fotográficamente afuera desde el inicio de la sesión, en el marco de una convocatoria popular para manifestarse contra la adhesión al RIGI que iba a tratarse. Luego de la votación, que terminó aprobando por mayoría la adhesión, yo estaba cerca de la estación de servicio porque estaba fotografiando lo que era una verdadera militarización del edificio en cada una de las salidas, incluidas las cocheras y una compañera nos avisa que había diputados en el bar, así que me acerqué con la cámara encendida. Estaba a pocos metros así que debo haber llegado un par de minutos después de que algunos vecinos y vecinas comenzaron a interpelar a los diputados Juncos y Aguilera que estaban almorzando junto a un grupo de personas. Desde el principio la mesa estuvo rodeada de policía de la provincia que filmó con sus celulares la situación. El episodio se limitó a un grupo de vecinos y vecinas interpelando a los diputados pero en ningún momento hubo contacto ni agresiones físicas como circuló en un primer momento. Como decía antes, la policía estuvo protegiendo permanentemente a los funcionarios y a quienes los acompañaban y se puede ver en las imágenes cómo salieron custodiados por una decena de uniformados que estaban dentro del bar, superando en número a quienes se manifestaban dentro”.
Algunos de los vecinos que estaban manifestando aseguran que ellos ya estaban en la confitería de la estación de servicio y sintieron como una provocación que los diputados estén allí tan cerca de la Legislatura ”tomando un café como si nada”. Noelia Silva, otra de las imputadas es la que se ve en el video discutiendo con Luis Juncos. Tiene tres causas penales y asegura que la fiscal Gómez funciona como correa de transmisión para criminalizar a favor del lobby minero. «Es increíble pero están buscando criminalizar todo el tiempo. Tenemos que estar entre algodones por eso también filmamos el episodio, porque se la pasan inventando cosas con el objetivo de que dejemos de registrar lo que hacen. Creemos que esto es un ataque selectivo y no entendemos porque Menna se presenta como agraviado”.
Noelia explicó que la maniobra contra los y las ambientalistas consiste en “amedrentarnos y agraviarnos” por ello apelarán a la cautelar ya que es “imposible en una ciudad tan chica como Rawson mantenerse a 500 metros de distancia de los puntos mencionados” y que harán contra denuncias por los “agravios que están sufriendo en los medios de comunicación”.
Noelia afirma: “Es claro que el objetivo es correr el eje de discusión y que no discutamos la entrega que votaron con el RIGI. Tendrían que ser los diputados que expliquen los perjuicios que traerá esto a la población. No han realizado consultas públicas. En las comisiones del proyecto el tratamiento ha sido menos de una hora. No se invitó a ningún especialista de las ciencias, ni tampoco a ninguna persona del ámbito judicial. Tampoco se convocó a la universidad ni a ningún ente experto en el tema. En este contexto exprés, sin información y en plena ignorancia la Cámara de diputados aprobó la adhesión al RIGI».
Fuente: https://www.anred.org/2024/08/23/es-todo-un-armado-ambientalistas-y-periodistas-acusados-de-violentos-luego-de-aprobar-el-rigi-en-chubut/ - Imagen de portada: Un policía filma los supuestos hechos de violencia. Imagen: Anibal Aguaisol.
