LOS MAGISTRADOS SE MOSTRARON SORPRENDIDOS POR LA DIMENSION DEL DESMONTE
La corte interpeló a funcionarios salteños por la tala de bosques
En los últimos 10 años, ya se perdió 1,2 millón de hectáreas de bosques nativos en la provincia.
Por: Sibila Camps
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostraron impresionados por la magnitud de la deforestación en Salta, que en los últimos 10 años arrasó con 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos. En la primera audiencia tras haber ordenado suspender los desmontes en el norte de la provincia, a los jueces no les quedó duda de que la tala masiva tiene un impacto negativo en el medio ambiente.
Decenas de delegados indígenas colmaron la sala o siguieron la audiencia en un espacio acondicionado en el hall. Los jueces -que demostraron estar compenetrados de la demanda de las comunidades indígenas- escucharon primero a su abogado, Raúl Ferreyra, quien mostró la progresión de la deforestación en Salta, en especial entre 2004 y 2007. "A este ritmo, en 15 años acabaríamos con todos los bosques de la provincia", alertó.
Ferreyra explicó también el concepto de territorio, que rige la vida de los pueblos originarios, por el uso integral y sustentable que hacen del monte. Cabello largo y vincha roja, Dino Salas, de San Ignacio, habló a los jueces en nombre de las comunidades, "para pedirles que nos tengan en cuenta", y "que protejan a la gente y a los animales".
Poncho salteño plegado al hombro, el criollo Andrés Riera, de Hickmann (cerca del Bermejo), se sacó el sombrero, saludó primero "a las señoras juezas" y contó cómo se fue degradando el Chaco salteño: "A veces hay lluvias muy grandes que arrasan con parte del pueblo y de las comunidades. Aparecen nuevas enfermedades".
"Es injusto no tomar los recaudos necesarios -planteó-. ¿Cómo puede ser que ingenieros permitan que al cerro le saquen la selva? Dejaron la tierra suelta, y el barro arrasó con Tartagal".
El fiscal de Estado de Salta, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Medio Ambiente, Julio Nasser, soportaron una dura interpelación de los jueces, en especial del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de Juan Carlos Maqueda. Confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades, ni tampoco la sumatoria de efectos. Que las audiencias públicas no tenían difusión ni facilidades para que asistieran los pobladores. Que las autorizaciones se aceleraron y multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques. Maqueda fue suspicaz: "¿No será que la ley salió recién cuando se otorgaron todos los permisos?"
A la luz de las preguntas, la cuestión quedó perfilada como un caso emblemático. Lorenzetti subrayó que Salta ya aprobó su ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, pero antes de hacer el mapa respectivo. "¿No sería prudente suspender los desmontes hasta ver cuál es el impacto global? La Corte dicta una medida cautelar en función del principio precautorio, y ustedes sostienen todo lo contrario", objetó el presidente.
"¿El desmonte de 1,2 millón de hectáreas produce impacto negativo?", insistió. Tanto Nasser como el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, reconocieron que sí. Pero confesaron que no hay estudios al respecto.
Fuente: clarin.com
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La provincia ratificó que no suspenderá desmontes autorizados por Romero
Ciudad de Buenos Aires (Enviada especial). Desde 1998 a 2007 en la provincia de Salta se autorizó el desmonte de casi un millón de hectáreas de bosques nativos, en el último trimestre de 2007, poco antes de que se aprobara la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, se otorgaron permisos para deforestar 430 mil hectáreas y en ese último tiempo los plazos para dar estos permisos se redujeron.
Estas autorizaciones fueron concedidas durante la gestión de Juan Carlos Romero, pero la actual gestión, a cargo de Juan Manuel Urtubey, comparte el criterio de sus antecesores en cuanto a que esta tala debe continuar.
Esta es la conclusión a la que arribó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sobre el final del interrogatorio al ministro de Ambiente, Julio Nasser, y el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, quienes representaron a la provincia en la audiencia realizada ayer en el máximo tribunal nacional para analizar el tema de los desmontes en el marco de una acción de amparo presentada por comunidades aborígenes y criollos de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
El presidente del tribunal le preguntó al fiscal si la provincia compartía el criterio de la gestión anterior, Casali Rey habló de la continuidad jurídica, de que los permisos habían sido concedidos legalmente, y el ministro lo cortó concluyendo que la actual gestión "comparte" el criterio del periodo romerista en lo que a deforestación se refiere.
El fiscal de Estado, el segundo en exponer, quiso plantear la incompetencia de la Corte para entender en la cuestión, pero Lorenzetti lo cortó, le dijo que eso iba a ser analizado por el tribunal y que estaban más interesados en hacerle algunas preguntas concretas.
Entre otras cuestiones, Lorenzetti quiso saber, retomando una pregunta del ministro Eugenio Zaffaroni, si la provincia había realizado una evaluación del impacto ambiental que produjo el desmonte del casi millón de hectáreas. Nasser empezó a decir que desde su Ministerio se estaba "abordando" realizar un estudio; es decir que "todavía no está", lo cortó el presidente del tribunal.
Los ministros se interesaron por establecer si efectivamente se habían autorizado la cantidad de hectáreas sostenida por los demandantes, lo que se confirmó. Inquirieron sobre cómo se aseguraba la participación de los interesados en las audiencias y si hubo alguna que haya provocado que no se autorizara un desmonte, quedó claro que eso no ocurrió.
También preguntaron si era cierto que todavía no existe un mapa de ordenamiento territorial, los funcionarios reconocieron que es así.
Lorenzetti quiso saber entonces si la provincia no consideraba que, recurriendo al principio precautorio, no era mejor suspender los desmontes ya autorizados hasta que se completara el mapa de ordenamiento territorial de acuerdo a la ley recientemente aprobada en la provincia, de manera de evitar que se destruyeran montes que deberían ser preservados.
"Desde un punto de vista es así", empezó Casali Rey pero el ministro lo interrumpió: "Una cosa es decir que se va a hacer un ordenamiento para cuando esté todo deforestado y otra que se suspendan los desmontes precautoriamente", lo reconvino.
El ministro Juan Carlos Maqueda se interesó por la cantidad de permisos de desmonte autorizados por el gobierno salteño. Reseñó que según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación en 1998 el porcentaje anual de autorizaciones era del 0,69% en Salta, en 2002 subió al 1,54% y en 2007 trepó al 6,7%, cuando los valores a nivel mundial eran del 0,23%, y quiso saber los motivos para esta decisión política: "No conozco una razón científica para estas autorizaciones", respondió Casali Rey, quien dejó en claro que fueron realizadas por la anterior gestión.
Al final expuso el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni. Lo interrogaron sobre las demoras en la reglamentación de la ley de bosques. Calificó de negativo el aumento de los desmontes y dijo que se están impulsando acciones para revertir esta situación.
Fuente: Nuevo Diario Salta
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La Secretaría de Medio Ambiente informó a la Corte que la tala no tuvo que ver con el alud en Tartagal
La Corte escuchó a las partes en la audiencia pública por el desmonte y tala de bosques nativos en Salta. Llamó la atenció la respuesta del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda: "El desmonte no tuvo relación con la tragedia de Tartagal", sin duda una afirmación polémica.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realizó la 1ra. audiencia pública del año, referida en este caso a la deforestación de bosques nativos en Salta.
Los ministros del tribunal escucharon las ponencias de los representantes de las comunidades aborígenes presentados en el expediente, del gobierno salteño y del Estado Nacional.
El interrogatorio fue muy interesante. Por ejemplo:
Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte): -¿Ud. considera que el volumen de deforestación que tuvo lugar en Salta es negativo?
Homero Bibiloni (secretario de Medio Ambiente): -Sí.
Juan Carlos Maqueda (juez de la Corte): -¿Por qué demoró tanto la reglamentación de la ley de bosques?
Bibiloni: -Porque hubo observaciones de las provincias, porque había problemas técnicos que superar y porque faltaban ajustes en el tema financiero.
Maqueda: -¿Tuvo algún impacto la deforestación de que hablamos respecto del alud en Tartagal?
Bibiloni: -Todo desmonte tiene algún impacto, pero en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud.
En el marco de la causa Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo, iniciada por la comunidades aborígenes de Salta contra los estados provincial y nacional por el desmonte y tala de bosques nativos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó hoy las ponencias de representantes de la parte actora y los demandados, quienes respondieron a las preguntas planteadas por los ministros del tribunal.
Es preciso recordar que el 29 de diciembre de 2008, la Corte ordenó, por medio de una medida cautelar, el cese provisional de las acciones de desmonte que habían sido autorizadas por el Gobierno de Salta durante el último trimestre de 2007 en los departamentos de San Martín (donde se encuentra la localidad de Tartagal), Orán, Rivadavia y Santa Victoria..
La parte actora estuvo representada en la audiencia por el abogado Raúl Ferreyra, y los representantes de las comunidades aborígenes: Alfredo Riera y Dino Salas.
Por la provincia de Salta expusieron el Fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el Ministro de Ambiente, Julio Nasser. En representación del Estado Nacional habló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni.
La audiencia fue presidida por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien fue acompañado en el estrado por la vicepresidente del Tribunal, Elena Highton de Nolasco y los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
Algunas de las preguntas planteadas por los ministros y sus respectivas respuestas, tanto de la parte actora como de los demandados, fueron las siguientes:
Lorenzetti: -¿Por qué razón Ud. entiende que hubo un incremento en la autorización de desmontes durante el período mencionado en la demanda?
Ferreira: -Aparentemente esto está estrechamente ligado a la expansión de la actividad agrícola. Y voy a hacer una especulación: curiosamente 2.000 kilómetros cuadrados fueron autorizados tres meses antes que se sancione la ley de bosques. Pero es una conexión puramente causal, quizá casual.
Maqueda: -De acuerdo a los estudios que figuran en el expediente, entre 1998 y 2007 se autorizó la deforestación de un millón de hectáreas en la provincia de Salta y aproximadamente un tercio de esa cifra corresponde al departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal. ¿Pudo esta situación tener alguna importancia en el alud que sufrió recientemente esta localidad? Dr. Ferreira: De acuerdo a lo que me han relatado mis representados y algunos asesores -ingenieros agrónomos- que nos asisten, sí, efectivamente no hay posibilidades de desligar el desastre de Tartagal de los desmontes en el Departamento San Martín.
Ministro (Raúl Eugenio) Zaffaroni: -La Ley 21.160 establece que se debe hacer un relevamiento técnico catastral de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. ¿Sabe Ud. si esto se ha hecho?
Ferreyra: -Hasta donde mi información alcanza, no se ha hecho el mapeo de la situación, de manera que no se cumplió.
Preguntas a los representantes de Salta:
Ministro Lorenzetti: -¿Hubo incremento de autorizaciones de desmontes en el último trimestre de 2007? ¿Por qué razón? ¿No hubo excesos?
Casali Rey: -Efectivamente en el último trimestre de 2007 las autorizaciones llegaron a 160.000 hectáreas. Ahora bien, entre esas 160.000 hectáreas deben contarse autorizaciones de expedientes iniciados algunos en 2005 y otros en 2006. Se advierte entonces que estas autorizaciones son fruto de peticiones anteriores cuyo trámite se demoró -entre otras cosas, porque así lo permite la ley 7070- por la posibilidad de impugnar en sede administrativa o judicial de cualquiera que invoque un legítimo interés, que es lo que han hecho las ONGs. Entonces, la autorización se demoró y se confirió en un año diverso al solicitado.
Ministra Highton: -¿Cómo se convocaba y a quién para la realización de las audiencias públicas previas a las autorizaciones y cómo trataban las objeciones de las ONGs?
Casali Rey: -La convocatoria tenía dos vías: una por publicaciones en diarios oficiales y comerciales y otra por medio de cartas a distintos actores y ONGs que la autoridad de aplicación consideraba interesados. Las audiencias no sólo se realizaron en la ciudad capital de la provincia, sino también en los lugares donde el acceso era más fácil para los interesados y cerca de las zonas donde se iba a hacer el desmonte.
En cuanto a las impugnaciones, varias de ellas han implicado que el trámite se haya dilatado.
Ministro Lorenzetti:- Surge aquí que a pesar de las audiencias públicas y las eventuales objeciones no hubo prácticamente ninguna petición rechazada. ¿Es así?
Casali Rey: -La administración que asumió en diciembre de 2007 ha dictado actos administrativos, con independencia de la acción que hoy nos convoca, suspendiendo algunas peticiones.
Ministra Argibay: -¿Cuándo se hace una presentación de pedido para aprovechamiento forestal, se hace en cada caso un estudio de impacto ambiental? ¿Cómo es el procedimiento?
Julio Nasser: -El procedimiento fue establecido por la Ley 7.070, de Protección Ambiental, de la provincia de Salta. Allí se señala que cada proponente debe realizar su solicitud acompañando un estudio de impacto ambiental realizado por una persona inscripta en el registro de evaluadores y formuladores de estos proyectos y esa presentación es revisada por la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaria de Política Ambiental. Por lo general se verifica en campo que el plan de ejecución y manejo sea factible de ser realizado.
Ministro Maqueda: -¿Es posible que la deforestación en el departamento de San Martín haya tenido incidencia en el reciente alud?
Casali Rey: -No hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud que padeció la ciudad de Tartagal, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido ni desmontes ni aprovechamientos forestales que permitan atribuir a esa actividad la generación del fenómeno natural.
Ministro Zaffaroni: -¿Hubo alguna instancia de evaluación en cuanto al efecto acumulativo de las autorizaciones en materia de impacto ambiental? Dr. Nasser: Hasta el momento no. Lo que se están generando son los programas, que nos permitan conocer los valores de avance que tienen que ser tenidos en cuenta al momento de la formulación de la cartografía y el ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta.
Ministro Lorenzetti: -Uds. piden el levantamiento de la medida cautelar. Es decir, que continúen las autorizaciones dadas por el gobierno anterior de la provincia. ¿Comparten o no comparten lo hecho por esa administración?
Casali Rey: -La provincia de Salta entiende que las autorizaciones que se han otorgado, tanto las afectadas por la cautelar, cuanto las anteriores, son fruto de un procedimiento perfectamente ajustado a derecho y respetuoso de las líneas directrices que en materia de política ambiental fijó la ley 7.070.
Ministro Lorenzetti: -¿No sería prudente, de acuerdo al criterio precautorio suspender todas esas autorizaciones, que corresponden a una enorme cantidad de hectáreas, hasta que se estudie el impacto global de todo este desmonte? ¿Ud. sostiene que se pueden seguir con las autorizaciones mientras tanto se hace una reglamentación hacia el futuro, o no?
Casali Rey: -No, y de hecho no se ha brindado ninguna autorización. La prórroga de los desmontes también puede ser vista como un modo de evitar que la tala se haga de manera abrupta, porque podría tener un impacto ambiental más agudo.
Fuente: http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews[tt_news]=118262&cHash=c5011cd541
