Una tragedia anunciada

La ex secretaria de Política Ambiental de Salta, Catalina Buliubasich trató de impedir los desmontes. Tuvo que renunciar. La voracidad sojera que provocó un drama que podría haberse evitado: "Lo que están haciendo es irracional".

En Tartagal, el alud de barro fue devastador. Afectó a más de 30 mil habitantes, trajo perdidas millonarias, obligó a la evacuación de toda la ciudad y se teme que haya cobrado la vida de al menos dos de las ocho personas que al cierre de esta edición continuaban desaparecidas. En la madrugada del lunes pasado, el barro arrasó con todo lo que encontró a su paso y dejó al descubierto viejas prácticas de la política salteña. Porque las razones del desastre no se resumen en la furia de la lluvia. Como en otras "tragedias" recientes de la historia argentina, Tartagal podría haberse evitado. Las autoridades locales estaban al tanto de los riesgos del agresivo desmonte al que viene siendo sometido el norte de la provincia, fruto del avance del lucrativo negocio de la soja.

Pero el gobierno de Juan Manuel Urtubey –que asumió con la promesa de ser una bocanada de aire fresco tras la salida de Juan Carlos Romero–, a poco de andar optó por deshacerse de la única funcionaria que había advertido sobre los efectos colaterales de la deforestación y el boom sojero. Catalina Buliubasich, antropóloga y ex decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, ocupó por unos pocos meses la Secretaria de Política Ambiental de esa provincia. Le bastaron para darse cuenta de que muchos desmontes habían sido autorizados en forma irregular y trató de revertir esas disposiciones. Pero, en lugar de apoyo, encontró un solapado pedido de renuncia.

En diálogo con el programa Siguiendo la Luna, de Radio del Plata, Buliubasich explicó la trama política y millonaria del desastre que un día sepultó a Tartagal.

–¿Qué sintió cuando se enteró del alud en Salta?

–En una primera reacción, sentí indignación ante las declaraciones que sostienen que sólo existieron causas naturales y ninguna causa antrópica, es decir, producto de la mano del hombre. Si bien no se puede evaluar lo sucedido solamente como resultado de la quita del monte y la deforestación en esas zonas altas, por supuesto que eso ayudó a que lo que se produjera fuera un desastre. Por un lado está el fenómeno meteorológico, y por el otro la acción antrópica que va amplificando cada vez más los efectos devastadores de este tipo de episodios.

–¿Cómo manejó este tema cuando fue secretaria de Política Ambiental?

–Ante la cantidad de desmontes que se autorizaron en la provincia, el manejo de las cuencas y de las cabeceras fue una de mis preocupaciones principales. Cuando se estaba discutiendo la Ley de Bosques, a fines del año 2007, la provincia ya había habilitado casi medio millón de hectáreas para desmontar.
 
–¿Quiénes son los compradores de todas esas tierras?

–En general, empresas. Y en algunos casos, empresas extranjeras. Hubo primero una especie de concentración del mercado de tierras y luego todo este tema de la agroindustria. Evidentemente, las tierras autorizadas para desmonte a último momento, y mientras se discutía la Ley de Bosques, fueron aprobadas bajo un sistema absolutamente especulativo. Entonces, mi criterio como secretaria de Política Ambiental fue que era necesario revisarlas, porque esas miles de hectáreas afectaban la vida y la posibilidad de supervivencia de las comunidades indígenas en la provincia. Ellos son los principales damnificados, además de toda la sociedad. Porque si hay una catástrofe natural nos afecta a todos.

–¿Por qué la echaron de la Secretaría?

–Según pude saber, mi salida se produjo luego de un desacuerdo, casualmente, con respecto a mi pedido de revisar las miles de hectáreas aprobadas para desmonte. El 28 de noviembre de 2007 entró en vigencia la Ley de Bosques y ya no se autorizaron nuevos desmontes, pero la gran polémica venía de antes. En ese momento se abrió toda una cuestión jurídica, pero creo que por los principios precautorios de cuidado ambiental estas autorizaciones se podían revisar perfectamente.

–¿Desde entonces se aprobaron nuevos desmontes?

–No, pero a fines del año pasado la Legislatura salteña aprobó una ley provincial de ordenamiento territorial con un contenido que va a traer consecuencias terribles para Salta. Por ejemplo, el proyecto del Ejecutivo decía que no se podía desmontar en cinco grados de pendiente, pero los legisladores salteños lo cambiaron a quince grados. También decía que a determinada extensión desde la orilla de los ríos no estaba autorizado deforestar, pero los legisladores bajaron el límite a menos de la mitad. Realmente, una barbaridad. La Universidad de Salta rechazó esta ley y le pidió al gobernador el veto. Pero como eso no sucedió, en este momento la rectora me comunicó que la universidad está presentando un recurso de inconstitucionalidad a esa ley de ordenamiento.

–Uno de los desmontes más polémicos fue el que se le aprobó a la estancia El Álamo, de capitales texanos, que fue autorizado un día antes de que se sancionara la Ley de Bosques.
 
–Exactamente. La sanción de la ley es el 28 de noviembre y el 27 a El Álamo se le aprobaron 30 mil hectáreas para desmonte.
 
–El abogado de esa hacienda era Sergio Federico Usandivaras, quien asesoraba al gobernador Urtubey. ¿Qué relación hubo entre su decisión de suspender el desmonte de El Álamo y el pedido de renuncia?

–No tengo certezas, pero sí reconozco la coincidencia. El tema de El Álamo fue un caso testigo, porque allí se argumentó que por la seguridad jurídica de los empresarios no se podía dar marcha atrás con las hectáreas autorizadas para desmonte. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia, a fines del año pasado, hizo lugar al recurso de las comunidades indígenas, que acudieron por el tema de la depredación de los bosques, y eso obligó al gobierno de la provincia de Salta a suspender los desmontes, entre ellos, los de El Álamo.

–¿Cómo afecta el desmonte a las comunidades aborígenes que viven al norte de Salta?

–Por ejemplo, los Chowaiuk, una comunidad wichi que está a doce kilómetros de Tartagal, ya desde el año pasado están siendo inundados por los desmontes, porque si bien el proyecto contemplaba que la finca de al lado no inunde la finca que se iba a desmontar, a su vez la nueva finca inundaba a esta nueva comunidad. Ese es uno de los casos que se paralizaron, con argumentos técnicos que son enormes.

–La legislación protege a las comunidades aborígenes respecto de la propiedad de la tierra y la Corte acaba de convocar al gobierno de Salta y al Estado nacional para frenar los desmontes. ¿Por qué siguen, entonces?

–En cuanto a lo ambiental, las leyes que están vigentes son muy proteccionistas. Y sobre el tema indígena, con el marco internacional, nacional y provincial con el que nos manejamos, no hace falta agregar una letra más. Pero sucede que las leyes sirven si se las aplica. Pero ¿cómo se explica que un legislador al que los técnicos le dicen que deforestar más allá de cierto límite es un riesgo para el ambiente y él, así y todo, propone duplicarlo, sin ningún sustento técnico? Es por eso que ahora la universidad elevará un recurso de inconstitucionalidad. Tampoco se puede ir más allá de lo que indica la Ley de Bosques, porque justamente su sentido es hacer racional el tema de la explotación de los bosques. Más en provincias como la de Salta, donde ya se vendió una reserva pública para cultivar soja, como sucedió con la reserva provincial de Pizarro. Un organismo como la Legislatura no puede aprobar algo que va contra la norma que originó la necesidad de establecer el ordenamiento. Lo que están haciendo es irracional.