El debate sobre el modelo minero

Por Maristella Svampa *

Son numerosas las resistencias sociales que ha venido generando la minería transnacional, en diferentes localidades y provincias, erigidas hoy en verdaderos territorios de resistencia. Así, existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), entre las cuales se encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de una minera, a cargo de la transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito minero La Mexicana, y mantienen desde 2007 un corte de acceso al campamento de la empresa.

La historia reciente de la cuestión minera en La Rioja está atravesada por grandes escándalos de corrupción y violación de procesos ciudadanos. Junto con Catamarca y San Juan, La Rioja forma parte del núcleo duro del modelo minero. El ex gobernador Maza fue secretario de minería de Menem, en los '90, cuando se dictaron las actuales leyes mineras, que favorecen al capital transnacional y la depredación ambiental.

Los vecinos autoconvocados de Chilecito y Famatina no ignoraban que su acción se insertaba en un campo asimétrico, dado los grandes intereses económicos y políticos en juego. Sin embargo, la crisis política provincial abierta en 2007, asociada a una feroz interna peronista, abrió el espacio a nuevas oportunidades políticas, dando visibilidad a estas demandas. El escándalo hizo públicas las vinculaciones entre el entonces gobernador Maza, la Barrick Gold y la antigua empresa pública Yamiri, rebautizada como sociedad anónima, Yamiri Gold and Energy Inc. En los '90, los derechos de explotación de siete proyectos mineros importantes de La Rioja habrían sido transferidos gratuitamente a la sociedad anónima con sede en Canadá, donde reside la Barrick, que más tarde se convertiría en su principal socia.

La crisis institucional terminó eyectando a Maza de la gobernación, sustituido por el vicegobernador, Luis Beder Herrera, quien se apropió de modo oportunista del discurso ambientalista y sancionó poco después una ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro. Pero una vez consolidado por la vía electoral, el flamante gobernador derogó la ley que prohibía la megaminería, y aquella que llamaba a una consulta popular por el tema, un reclamo ineludible de la comunidad movilizada.

El escandaloso hecho de la derogación de la ley antiminera, ocurrido en julio de 2008, tuvo varios corolarios; por un lado, el nombramiento del presidente de la Cámara Empresarial de Minería como nuevo secretario de Minería provincial; por el otro, el silenciamiento de docentes y periodistas que se oponen a este tipo de minería. El último y más reciente es la apuesta por la represión abierta, dada la resistencia de los vecinos, que hoy encuentran el apoyo de otras asambleas, surgidas en La Rioja capital y Sanagasta.

Pocos argentinos están al tanto de que la megaminería a cielo abierto involucra directa o indirectamente a 15 provincias argentinas. Pocos saben acerca de las características de la nueva minería y de sus gravosas consecuencias en términos sociales, económicos y ambientales, ya puestos de manifiesto por el caso de La Alumbrera, en Catamarca. Pocos están al tanto de las estrategias llevadas a cabo por gobiernos provinciales y empresas transnacionales, con el aval del Estado nacional, que incluyen convenios con universidades públicas, en busca de una "legitimidad social" que les es negada por las propias comunidades afectadas. Así, la renuencia sistemática a abrir un debate público sobre el modelo minero, por parte de sectores políticos y empresariales, nos plantea preocupantes interrogantes sobre la cuestión de la democracia en Argentina. ¿Habrá que esperar que distintos gobiernos provinciales, como en La Rioja, apelen a la salida represiva para finalmente colocar en la agenda pública esta problemática central de nuestra sociedad?

* Socióloga.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/subnotas/120327-38366-2009-02-21.html

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Asambleístas reprimidos en Chilecito

La protesta contra una mina en La Rioja derivó en represión policial
Los ambientalistas que reciben palos
Son asambleístas que vienen manifestando su rechazo a una mina a cielo abierto que podría contaminar el río Famatina. Su última manifestación fue dispersada a los golpes. Una mujer de 70 años quedó en terapia intensiva.
Por Soledad Vallejos
Mientras el gobernador Beder Herrera y funcionarios provinciales y municipales disfrutaban del aniversario de Chilecito desde el palco montado en la Plaza de la Cultura, a una cuadra, unos 30 integrantes de las Asambleas Ciudadanas Riojanas (ACR) eran reprimidos por la policía para evitar que llegaran al desfile oficial. El plan de la protesta era el mismo de otras veces: los asambleístas repartirían frutas y verduras producidas en sus fincas, portando un cartel que rezaba "cuidemos el medio ambiente", vistiendo remeras con la leyenda "salvemos el (cerro) Famatina". Pero -declaran- una primera valla policial les dificultó el avance; la segunda detuvo a mujeres jóvenes, adultas y mayores, también a niñas y niños, sin mezquinar golpes. Subieron personas a patrulleros y las trasladaron a distintas comisarías. Como resultado, Elma Cortéz, de 70 años y con antecedentes cardíacos, debió ser internada de urgencia; al cierre de esta edición permanecía en terapia intensiva, mientras en los tribunales de Chilecito se seguían iniciando demandas. Fue una "verdadera vergüenza", declaró en la tarde de ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la gobernación provincial, una situación que "salió de los canales normales". Herrera, en cambio, se llamó a silencio y prefirió no desmentir ni confirmar acusaciones como la de la UCR provincial, que en un comunicado afirmó que los efectivos actuaron "por orden del gobernador".

La clave del conflicto es la posible explotación minera a cielo abierto, una iniciativa de la empresa canadiense Barrick Gold propiciada por Herrera y resistida por los ambientalistas que temen la contaminación del río Famatina, fundamental para la actividad agrícola del departamento provincial famoso por su torrontés de altura y sus tomates. "Está demostrado el esfuerzo de nuestros productores y el orgullo enorme de mostrarle a la comunidad que son dignos del trabajo, de la producción de la tierra o en la industria", dijo Herrera en un pasaje del discurso que tanto celebraba el aniversario local como la inauguración de la Expo Chilecito y la disponibilidad de diez millones de pesos para asfaltar "y reasfaltar" las calles de la ciudad en 2009.

A una cuadra, la docente Jenny Luján se preparaba con sus compañeros ambientalistas "en lucha de resistencia contra la minería química contaminante, a cielo abierto". Habían formado una columna, los seguía el jeep cargado con frutas y verduras producidas en fincas propias y de amigos; había adultos y niños. "Pero vimos vallas metálicas y una barrera humana, de policías. Había también fuerzas especiales, que acá las llamamos de infantería, con escudos, palos, cascos. Nos decían que no podíamos pasar. Le pregunté a un policía por qué, 'Hay órdenes', '¿De quién?', 'De superiores, del gobernador'. Y en un momento nos dijeron: 'Por favor, les pedimos que se vayan porque los vamos a reprimir'. Son amables porque muchos de esos policías son vecinos nuestros." Pero instantes después, tras unos empellones, comenzó una golpiza. Luján vio "que estaban cargando en un móvil a la señora de 70 años (Elma Cortéz de Dávila, madre de otras dos asambleístas), pedí que la dejaran, me cargaron con la señora, que estaba herida, se sentía mal, tenía una crisis de nervios". Ambas fueron llevadas a una comisaría, desde donde -indicación médica mediante- Cortéz fue llevada a una clínica. Luján permaneció más tiempo, "desde las 20 hasta la una y media de la mañana, que me dejaron ir porque se estaba acercando gente y no había orden de detención ni nada". Su compañera de "militancia ciudadana", Carina Díaz Moreno, fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde "me arrastraron del pelo hasta un calabozo, me despojaron de mochila, lentes, celular, todo". No registraron su entrada ni la revisó un médico; cree haber estado algo menos de una hora. "En un momento se acercó un hombre vestido de gala, grandote, morocho, a insultarme. 'Se merecen que los hagan re-cagar porque han cagado la fiesta. Y ahora va a volar la cabeza del jefe de policía por culpa de ustedes, cagadores', me gritó."

Las denuncias, por apremios ilegales y abuso de autoridad, entre otras acusaciones, se radicaron ante el juez Alfredo Ramos. Los asambleístas también planean recurrir al Inadi y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-120327.html

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Ciudadanos se reunieron para repudiar la violencia
Sin el pancho y la coca, 1.500 vecinos dijeron no al abuso de poder y la explotación minera
La noche del sábado se vio teñida de vida y esperanzas, alrededor de mil quinientos vecinos de Chilecito y Famatina se hicieron presentes en la Plaza Caudillos Federales de Chilecito, para repudiar la violencia policial del pasado jueves.
Niños con sus padres y abuelos asistieron este sábado a la plaza principal de Chilecito, para gritar que “el Famatina no se toca”. Con sus banderas, carteles y dando la cara, los vecinos se reunieron para mostrar a los represores que no son “cuatro gatos locos” y que no dará resultado el macabro plan de enfrentar al pueblo contra el pueblo.

Con sonrisas en las caras e ilusiones en sus ojos, se expresaron sanamente, marcharon a la vuelta de la plaza exhibiendo sus carteles y banderas, sacando fotos y filmando el momento. De esa manera se registró la postura de unos mil quinientos ciudadanos que no buscaron nada más que hacer valer sus derechos como seres humanos.

En la ocasión hablaron varias personas y pidieron entre otras cosas la renuncia del Secretario de Derechos Humanos, Domingo Bordón, por su inacción el jueves pasado.

Lo destacable del evento fue que con tan solo un día de organización y difusión por parte de la asamblea “ciudadanos por la vida”, las mil quinientas personas se acercaron sin pedir nada a cambio. Nadie pagó ni puso colectivos o combis al servicio de la gente. Los ciudadanos se acercaron por sus propias convicciones y dijeron una vez más… “La vida no se vende”.

Fuente: www.diariochilecito.com.ar

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DOCUMENTO DE LA MARCHA DE REPUDIO A LA REPRESIÓN SALVAJE DEL 19 DE FEBRERO EN CHILECITO
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, frente a los acontecimientos del día 19 de febrero en la ciudad de Chilecito, hacen responsable al Gobernador Luis Beder Herrera de:
- Ejercer una política de represión frente al derecho de libre manifestación de la ciudadanía, amparado por la Constitución Nacional.
- Maltrato y detención ilegal de ciudadanos manifestantes en un acto público, sumanado al inexplicable e irracional atropello y violencia cometido contra niños indefensos que participaban del acto en compañía de sus padres y contra mujeres embarazadas.
- Crear las condiciones para que alguien como el Comisario Luna, actue con total impunidad. 
- Digitar a los medios de comunicación bajo la amenaza de quitarles la pauta oficial, cuando existe una ley por la cual esa pauta “debe ser repartida de forma equitativa entre todos los medios”.
- Promover el “negocio” de la minería que demanda millones de litros de agua, a sabiendas que es el recurso más escaso en nuestra provincia y en desmedro de otras actividades productivas.
- Entregar miles de hectáreas de nuestro patrimonio para la explotación de uranio que representa riqueza para las empresas extractoras y miseria, devastación y enfermedad para el pueblo de La Rioja.
- Hegemonizar el poder al extremo de anular el funcionamiento de las instituciones y organismos que deberían regular el sistema democrático. Por esta razón el poder judicial y legislativo, no son poderes independientes como no son eficientes los organismos estatales destinados a “defender los derechos de los ciudadanos” con la complicidad de sus funcionarios.

Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, venimos sufriendo desde el principio de nuestra lucha, amenazas, apremios, despidos de compañeros, represión, querellas y detenciones ilegales. La diferencia en estos tiempos es que desde que los legisladores derogaron la Ley 8137 y sancionan a espaldas del pueblo la ley que permite explotación minera, esta afrenta es “directa”. Los ejecutores ( policía, gendarmería, legisladores, organismos intermedios, etc) manifiestan unánimemente que “hay órdenes de arriba”.
Nos preguntamos también,si los hechos acontecidos el día 19 no son intenos de distraer la atención pública frente a las denuncias que vienen haciendo las Asambleas sobre la aparición en nuestra zona de personajes vinculados al tráfico de armas y a los negocios sucios del oro, como así también sobre la apropiación de miles de hectáreas de tierras riojanas por parte de oscuras corporaciones internacionales.
Hacemos responsable al gobernador de lo hasta ahora acontecido y de la seguridad futura de todos y cada uno de los ciudadanos responsables que se manifiesten frente a las medidas del gobierno, haciendo uso de sus derechos constitucionales.
Asimismo, pedimos la renuncia del Secretario de Derechos Humanos Domingo Bordón, por incumplimiento de sus funciones.


ASAMBLEAS CIUDADANAS RIOJANAS

21 de febrero de 2009