Pequeño pueblo español legisla contra actividad minera
Micereces de Tera, España. El Ayuntamiento de este pueblo del norte de Castilla no se ha dormido desde que se puso en marcha el engranaje para conseguir los permisos de explotación del monte para la extracción del cuarzo y ha acelerado los trámites para una revisión de las normas urbanísticas, incluyendo un apartado de protección del suelo y el medio ambiente municipal, principalmente para impedir actividades nocivas y que atenten contra ese espacio natural como la mina actualmente solicitada.
Fuente: Nortecastilla.es
Las normas urbanísticas protegen las riberas del río Tera y sus afluentes, afectados por la Red Natura 2000, debido a su bosque de ribera en buen estado de conservación y en el que destacan sus álamos y fresnos, entre otras especies. La presencia de peces como la boga del Duero y la bermejuela merecen esa protección al figurar en el Libro Rojo como especies vulnerables y la nutria, como casi amenazada.
El municipio tiene además seis hábitats a proteger, que son los encinares, los prados de hierbas altas y juncos, los bosques de sauces y chopos, lagos y espacios donde abundan especies de flora protegida en Castilla y León, como algunas variedades de plantas aromáticas.
La defensa de ese medio es solo una de las alegaciones que Ayuntamiento y vecinos han presentado para evitar que el proyecto de explotación siga adelante; si bien el hecho de que desde la Junta hayan asegurado que las alegaciones están poco fundamentadas ha gustado poco tanto al primer edil del municipio, José Luis Ferrero, como al Partido Socialista, cuya junta provincial celebraba su reunión semanal con la asistencia de la junta local benaventana para tratar, entre otras cuestiones, el apoyo al Ayuntamiento y al pueblo y aclarar así «nuestra oposición a la explotación minera en un paraje espectacular cercano a la población, lo que supone que no cumple ningún requisito legal. Como nos tienen acostumbrados ciertos sectores de opinión amparados en empresas, se está haciendo una doble lectura de la actitud del PSOE y queremos dejar clara nuestra oposición», aseguraba ayer el secretario provincial.
Carlos Hernández recordó que el PSOE vigilará el cumplimiento de la ley «sin atender a los chantajes que se suelen hacer con los vecinos de pueblos pequeños. Vamos a ejercitar todas las acciones legales que sean necesarias para impedir esta mina».
El líder socialista criticó en Micereces el papel que Junta y Diputación están teniendo en esta iniciativa debido a la falta de actuación en materia de preservación del medio ambiente en caso de la primera y como institución afectada al ser la gestora del proyecto Tierra y Agua, que prevé más de 1,5 millones de euros de inversión en la zona.
«La Diputación, como ya nos tiene acostumbrados, se dedica prácticamente a todo menos lo que son sus competencias en materia de asistencia a municipios y de atención a los servicios esenciales que tienen que prestar a los municipios. El presidente se dedica a otras cosas, como hemos podido ver en la reciente visita del presidente de la Junta a Zamora, que no deja de ser una promesa de hace casi veinte años y que no sabemos bien en qué consiste. Creo que esto tiene que cambiar y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario desde el PSOE porque la Diputación cambie de color y atienda lo que tiene que atender».
«Supongo que el presidente de la Diputación, por las vinculaciones empresariales y los contactos empresariales que viene manteniendo, estará a favor de la mina y, por lo tanto, eso complica la tramitación de la documentación a los ayuntamientos pues en asistencia a municipios no se encuentra la imparcialidad necesaria, no por los técnicos, sino por los tutelares políticos del servicio», añade Carlos Hernández.
Respecto al proyecto Tierra y Agua, Hernández recordó que «lo único que sabemos es que su responsable se hizo una casa diciendo que era un caseto; los dirigentes populares no se implican en la política medioambiental sino que utilizan el agua en beneficio propio y cuando insistimos en su dimisión nos dicen que es un asunto privado».
Hernández critica también la figura de Alberto Castro como delegado de la Junta. «Me parece inaudito que la Administración autonómica tenga una Consejería y un Servicio Territorial de Medio Ambiente al frente del que está un antiguo concejal del PP en Zamora, que hasta los cargos funcionariales los ocupan miembros del PP, y que se permitan el lujo de decirle a un Ayuntamiento de esta provincia, con un secretario compartido y un alguacil, que las alegaciones no están bien fundamentadas porque ni siquiera tendrían que hacerlas, cuando la responsabilidad de la Junta, del delegado y del jefe del Servicio de Medio Ambiente es defender el medio ambiente».
Fuente: noalamina.org
