Perú - El lado oscuro de la minería

Por Edinson Uriarte, Giancarlo Zamudio (ideeleradio)
La minería es sin duda una de las actividades que más ingresos ha generado para el Estado, dividendos a las empresas mineras, utilidades a los trabajadores y desarrollo para las regiones. Pero es también, por incumplimiento de las obligaciones socioambientales de las propias compañías y de la omisión del Gobierno, fuente constante de conflictos, fenómeno que se mantiene tanto en épocas de opulencia como de crisis económica-financiera.
Situaciones como el traslado de Cerro de Pasco por la minera Volcán y la difusión de fotografías que implicarían a trabajadores de Río Blanco Cooper (ex Majaz) son solo árboles en el bosque. Durante este año se han registrado además, solo por citar algunos casos que socavaron el diálogo, diferencias entre la población de Huamanga (Ayacucho) y la empresa Perú LNG, y asperezas entre los comuneros de Choropampa (Cajamarca) y la Newmont o minera Yanacocha.
Torturas en Majaz

La primera semana de enero, Evaristo Chunga, corresponsal de ideeleradio, divulgó varias fotografías proporcionadas por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), que demostrarían que pobladores de la provincia de Huancabamba -que protestaron en una marcha pacífica en agosto del 2005- fueron agredidos y torturados por elementos de seguridad y policías del campamento de la minera Majaz.
Las imágenes, que fueron a su vez recogidas por la Coordinadora Nacional de Derechos (CNDDHH), corroborarían, igualmente, las torturas que recibió el periodista de Radio Cutivalú Julio Vásquez cuando fueron capturados de manera arbitraria en el campamento de esta compañía.
El ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, dijo en su momento, en el programa No Hay Derecho, que los responsables de los excesos cometidos en este campamento minero deben ser sancionados de acuerdo con la ley.
"Eso tiene que investigarse, judicializarse, y los responsables tienen que ser sancionados. Este es un camino judicial de acuerdo a ley y a las normas de derechos humanos. El Ejecutivo no interviene directamente; eso es cuestión de la Fiscalía y el Poder Judicial", sostuvo.
Las autoridades aún no han encontrado resultados. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), se pronunció al respecto y dijo que es lamentable que, lejos de acelerar la identificación de los involucrados en este caso, se agilicen más bien las investigaciones contra los propios comuneros, ronderos y medioambientalistas que respaldan a las comunidades.
Subrayó que no debe haber ‘patente de corso’ para que las mineras se instalen en cualquier lugar y sin considerar los derechos de la población que podría ser afectada por el inicio y desarrollo de esta actividad, al recordar la consulta que se efectuó en el 2007.
El "arreglo" de la Newmont
Jaime Herrera, corresponsal de la Red Nacional de ideeleradio, propaló en ese mismo periodo una denuncia del padre Marco Arana Zegarra, directivo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), que recoge un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud.
En el documento se revela que Rosas Álvarez Leiva, un ciudadano del centro poblado de Choropampa, tiene elevados índices de mercurio en la sangre, que le causan parálisis en diferentes partes del cuerpo y e incapacidad para valerse por sí mismo.
Este diagnóstico sería consecuencia del derrame de mercurio ocurrido en el año 2000 en Choropampa, responsabilidad que recaería en la empresa minera Yanacocha, que no lo indemnizó ni lo integró al grupo de pacientes asegurados víctimas del derrame de mercurio.
Semanas después la prensa descubrió un acuerdo reservado entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la empresa Newmont Mining Corporation en la que aquella se habría comprometido a no denunciar nunca más por derrame de mercurio a la minera Yanacocha, en tanto la empresa habría pagado una indemnización de 3   por los daños provocados en Choropampa.
Tras la difusión de este informe, medios de comunicación de alcance nacional estuvieron atentos a la sesión del Concejo Provincial de Cajamarca, que acordó por unanimidad rechazar esta propuesta en la que dicha compañía no asumía su responsabilidad por este accidente que afectó a Choropampa en el año 2000. Una vez más, la prensa evitó una injusticia.
Cerro de Pasco y su traslado
Si algún caso de afectados por la actividad minera merece ser analizado, el de Cerro de Pasco es emblemático. La explotación a tajo abierto de reservas de minerales de plomo, plata y zinc por la industria extractiva ha puesto a esta ciudad al borde de la desaparición y ha provocado que más del 80% de los niños y madres gestantes de diversos poblados presenten un 89% de prevalencia de plomo en la sangre.
El corresponsal de ideeleradio, Raúl Peña, alertó en más de una oportunidad que la población demandaba a la minera Volcán el pago de una indemnización por los daños producidos al medio ambiente, la salud y su entorno comunal.
Hoy, luego de aprobarse en el Congreso la ley 29293, que declara de necesidad pública y de interés nacional la implementación de medidas para logar el desarrollo urbano y la reubicación de Cerro de Pasco, se ha instalado en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una comisión interinstitucional para elaborar los lineamientos, planes y estrategias que enmarcarán su urgente traslado.
Se estima que la reubicación de casas, colegios, centros médicos, negocios, plazas, puentes y hasta carreteras demoraría unos quince años y demandaría una inversión de más de 1.000 millones de soles. Razón más que suficiente para que los medios de comunicación estén atentos a esta situación. Un punto aparte es la consulta popular para este fin y que se aclare la responsabilidad del Estado y de la minera Volcán en el financiamiento de este cambio.
Es necesario que el periodismo dé una mirada a la agenda local, que, si bien recoge las demandas particulares de cada población, está ligada a temas que tienen alcance nacional. No en vano el último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo identificó en enero 100 casos (47%) de problemas que corresponden a conflictos socioambientales, 32 (15%) a demandas por asuntos de gobiernos locales y 20 (10%) a diversas manifestaciones contra el Gobierno.
No abordemos solo los temas de coyuntura: analicemos también los de fondo.

* Revista del Instituto de Defensa legal
Fuente: Adital.org.br