La Justicia brasileña vuelve a paralizar la construcción de Belo Monte, la tercera mayor hidroeléctrica del mundo
Un juez del Tribunal Federal de la Primera Región, ordenó la suspensión de las obras ante una petición del Ministerio Público Federal. Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, comenzó a ser construida en marzo de 2011 en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los indios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonía.
La Justicia brasileña decidió paralizar de forma “inmediata” la licencia ambiental y las obras de ejecución de la hidroeléctrica de Belo Monte, un polémico proyecto energético que se construye en la selva amazónica, según una sentencia a la que Efe tuvo acceso.
Un juez del Tribunal Federal de la Primera Región (TRF-1), con sede en Brasilia, ordenó la suspensión de las obras ante una petición del Ministerio Público Federal, según una decisión emitida el viernes que trascendió hoy cuando los habitantes afectados por la presa festejaron la orden.
La decisión deja automáticamente “sin efecto” la licencia de instalación de la hidroeléctrica y la autorización de retirada de la vegetación.
Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, comenzó a ser construida en marzo de 2011 en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los indios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonía.
La decisión del juez Antonio de Souza Prudente tendrá validez por lo menos hasta que la sala quinta del mismo tribunal analice el proceso, pero la licencia ambiental sólo volverá a tener validez con el “efectivo” e “integral” cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la licencia previa, según la sentencia.
El magistrado pidió igualmente que las comunidades indígenas sean escuchadas en el caso de Belo Monte y decidió que el incumplimiento de la decisión acarreará a la empresa Norte Energía, responsable por las obras, una multa diaria de 500.000 reales (unos 165.000 euros).
Souza Prudente también ordenó que el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) se “abstenga” de firmar cualquier contrato con la hidroeléctrica hasta que se cumplan las exigencias ambientales.
La construcción de la obra ya había sido interrumpida por el mismo tribunal en marzo de 2012, aunque el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la reanudación de las obras meses después.
Belo Monte tendrá una capacidad de generación media de 4.571 megavatios hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú.
El proyecto exigirá inversiones de más de 7.600 millones de euros, según cálculos del Gobierno.
Euronews www.euronews.com
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¿Represas? No gracias. ¡UNIDOS, NO NOS QUITARAN EL AGUA!
Por El Ojo del Águila
A principio de Octubre se realizó en la capital de Guatemala el V Encuentro de la Red Latinoamericana contra las Represas, con la participación de representantes de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá y Guatemala
Los testimonios presentados coincidieron en señalar a las represas como responsables de provocar diversos impactos sociales, culturales, económicos, ambientales desde la etapa en que son socializadas dichas obras, más tarde cuando se construyen y cuando operan.
Asimismo, los relatos compartidos hicieron evidente la existencia de numerosas luchas comunitarias en defensa de los territorios amenazados o afectados por estas obras y dejaron sentada la responsabilidad tanto de empresas privadas como públicas, que en toda la región actúan con similares métodos impositivos, prepotentes y engañosos para llevar a efecto sus políticas extractivistas.
Los presentes también manifestaron que los proponentes de los proyectos hidroeléctricos, a menudo con el apoyo de los gobiernos, efectúan desalojos, criminalizan la protesta social, deslegitiman a los líderes de las comunidades y las dividen internamente con políticas clientelares, usan sicarios, fuerzas de seguridad privadas y públicas para intimidar y eliminar a los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. En el caso de Ecuador, estas medidas intimidatorias encuentran ejemplos claros en los hechos de violencia, judicialización, hostigamientos sufridos por Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, líderes de San Pablo de Amalí (comunidad de la provincia de Bolívar que se opone a la construcción de una hidroeléctrica) y por Alfredo Zambrano, líder de Río Grande (zona campesina ubicada en Chone, provincia de Manabí, que se resiste a la construcción de una represa) cuyo violento desalojo de su finca está por cumplir dos años este 18 de Octubre.
El espíritu de continuar la defensa de los ríos, sus comunidades y el agua, se vio fortalecido con este encuentro en el que los representantes de tantos sitios de la región manifestaron su voluntad de seguir resistiendo ante las actividades extractivistas y agroindustriales de los gobiernos y empresas privadas, y trabajar para el fortalecimiento de la lucha de los pueblos por los derechos humanos y la naturaleza.
Tegantai http://www.agenciaecologista.info
La Justicia brasileña decidió paralizar de forma “inmediata” la licencia ambiental y las obras de ejecución de la hidroeléctrica de Belo Monte, un polémico proyecto energético que se construye en la selva amazónica, según una sentencia a la que Efe tuvo acceso.
Un juez del Tribunal Federal de la Primera Región (TRF-1), con sede en Brasilia, ordenó la suspensión de las obras ante una petición del Ministerio Público Federal, según una decisión emitida el viernes que trascendió hoy cuando los habitantes afectados por la presa festejaron la orden.
La decisión deja automáticamente “sin efecto” la licencia de instalación de la hidroeléctrica y la autorización de retirada de la vegetación.
Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, comenzó a ser construida en marzo de 2011 en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los indios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonía.
La decisión del juez Antonio de Souza Prudente tendrá validez por lo menos hasta que la sala quinta del mismo tribunal analice el proceso, pero la licencia ambiental sólo volverá a tener validez con el “efectivo” e “integral” cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la licencia previa, según la sentencia.
El magistrado pidió igualmente que las comunidades indígenas sean escuchadas en el caso de Belo Monte y decidió que el incumplimiento de la decisión acarreará a la empresa Norte Energía, responsable por las obras, una multa diaria de 500.000 reales (unos 165.000 euros).
Souza Prudente también ordenó que el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) se “abstenga” de firmar cualquier contrato con la hidroeléctrica hasta que se cumplan las exigencias ambientales.
La construcción de la obra ya había sido interrumpida por el mismo tribunal en marzo de 2012, aunque el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la reanudación de las obras meses después.
Belo Monte tendrá una capacidad de generación media de 4.571 megavatios hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú.
El proyecto exigirá inversiones de más de 7.600 millones de euros, según cálculos del Gobierno.
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¿Represas? No gracias. ¡UNIDOS, NO NOS QUITARAN EL AGUA!
Por El Ojo del Águila
A principio de Octubre se realizó en la capital de Guatemala el V Encuentro de la Red Latinoamericana contra las Represas, con la participación de representantes de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá y Guatemala
Los testimonios presentados coincidieron en señalar a las represas como responsables de provocar diversos impactos sociales, culturales, económicos, ambientales desde la etapa en que son socializadas dichas obras, más tarde cuando se construyen y cuando operan.
Asimismo, los relatos compartidos hicieron evidente la existencia de numerosas luchas comunitarias en defensa de los territorios amenazados o afectados por estas obras y dejaron sentada la responsabilidad tanto de empresas privadas como públicas, que en toda la región actúan con similares métodos impositivos, prepotentes y engañosos para llevar a efecto sus políticas extractivistas.
Los presentes también manifestaron que los proponentes de los proyectos hidroeléctricos, a menudo con el apoyo de los gobiernos, efectúan desalojos, criminalizan la protesta social, deslegitiman a los líderes de las comunidades y las dividen internamente con políticas clientelares, usan sicarios, fuerzas de seguridad privadas y públicas para intimidar y eliminar a los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. En el caso de Ecuador, estas medidas intimidatorias encuentran ejemplos claros en los hechos de violencia, judicialización, hostigamientos sufridos por Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, líderes de San Pablo de Amalí (comunidad de la provincia de Bolívar que se opone a la construcción de una hidroeléctrica) y por Alfredo Zambrano, líder de Río Grande (zona campesina ubicada en Chone, provincia de Manabí, que se resiste a la construcción de una represa) cuyo violento desalojo de su finca está por cumplir dos años este 18 de Octubre.
El espíritu de continuar la defensa de los ríos, sus comunidades y el agua, se vio fortalecido con este encuentro en el que los representantes de tantos sitios de la región manifestaron su voluntad de seguir resistiendo ante las actividades extractivistas y agroindustriales de los gobiernos y empresas privadas, y trabajar para el fortalecimiento de la lucha de los pueblos por los derechos humanos y la naturaleza.
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