Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿qué pasa con el medio ambiente?
Según los esquemas habituales de los tratados de libre comercio acordados entre diversos países y partes del mundo, y los documentos a los que ha podido tener acceso Amigos de la Tierra, el Tratado EEUU-UE
Las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos avanzan de nuevo esta semana en Washington DC. Como viene siendo habitual desde el inicio de las conversaciones en julio de 2013, la reunión se celebrará en el más absoluto secretismo, con una falta de transparencia sobre los textos negociados y la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo las empresas, cuentan con cerca de 600 representantes nombrados como “asesores” por Estados Unidos.
Según los esquemas habituales de los tratados de libre comercio acordados entre diversos países y partes del mundo, y los documentos a los que ha podido tener acceso Amigos de la Tierra, el Tratado EEUU-UE, que representaría el mayor acuerdo comercial bilateral en la historia, plantea una seria amenaza para la protección del medio ambiente y la salud humana.
Existen ya importantes intercambios comerciales entre EEUU y la Unión Europea, pero la intención es ir más allá, eliminando las supuestas “barreras al comercio” derivadas de la legislación de protección de las personas y del medio ambiente.
Uno de los aspectos más preocupantes es la inclusión de un mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados [1]. Este tipo de mecanismos, ya vigente en muchos tratados de libre comercio, dan el poder a empresas e inversores extranjeros para denunciar a un estado y pedir compensaciones millonarias por supuestas pérdidas de beneficios si consideran que su negocio está amenazado por cambios legislativos o decisiones de las autoridades públicas. Las denuncias se resuelven en secreto y por tribunales de arbitraje que escapan a cualquier control, pasando por alto los sistemas judiciales estatales. Además es profundamente injusto ya que sólo los inversores pueden denunciar y reclamar compensación a los estados, en cambio ni los gobiernos, ni las personas o comunidades afectadas por las operaciones de una empresa lo pueden hacer.
Existen ya numerosos ejemplos donde las empresas utilizan los mecanismos de solución de controversias para beneficiarse económicamente o aprovecharse de condiciones preferentes para operar [2]. El caso de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation contra Ecuador es determinante para entender el alcance de este tratado.
El país latinoamericano puso fin al contrato de una concesión de extracción de petróleo con Occidental. La empresa había vendido el 40% de sus derechos de producción a otra compañía sin cumplir la obligación de contar con el consenso del Gobierno, tal y como lo estipulaba el contrato. Al conocer la decisión del Gobierno ecuatoriano, la empresa acudió al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador, lo que dio lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de dólares.
Los casos existentes demuestran claramente que los mecanismos de solución de controversias inversores-estados entran en plena contradicción con la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. La aplicación del principio de quién contamina paga, el respeto a los sistemas judiciales establecidos a nivel estatal y europeo y la transparencia en la resolución de conflictos quedarían en un segundo plano. En definitiva, un claro atentado a la soberanía de los estados.
De hecho, tanto el Gobierno Español como la Comisión Europea acaban de rechazar provisiones de estas características en el caso de Eurovegas. El promotor pedía blindar sus inversiones y tener derecho a indemnización ante posibles cambios legislativos. Exactamente lo que podría ocurrir con cualquier inversión de aprobarse un mecanismo de solución de controversias bajo el Tratado de Libre Comercio.
“Si el gobierno español y la Comisión Europea han visto claramente que no era asumible en el caso de Eurovegas, lo tienen que rechazar también en el Tratado de libre Comercio. De lo contrario, el acuerdo podría dar un golpe muy duro a la democracia a ambos lados del Atlántico” ha remarcado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.
[1] Mecanismos de solución de controversias inversores-estados, Amigos de la Tierra, noviembre 2013: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/mecanismos_solucion_controversias.pdf
[2] Otros casos de demandas interpuestas por empresas a estados:
· Vattenfall contra Alemania: En 2009, la compañía energética sueca Vattenfall inició un procedimiento contra Alemania bajo un tratado internacional de protección de las inversiones en el sector energético. La empresa tenía la intención de construir una planta de generación eléctrica de carbón en Hamburgo. No se conformó con los condicionantes sobre calidad del agua que las autoridades ambientales municipales impusieron en el permiso y pidió a Alemania una compensación de 1.400 millones de euros. Consiguió finalmente que se rebajasen los requisitos ambientales.
· Lone Pine contra Canadá: Basándose en el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y Méjico, la empresa estadounidense Lone Pine Resources Inc. pide una compensación económica a Canadá por la introducción de una moratoria al fracking en Quebec. La moratoria, implantada en mayo de 2013, responde a preocupaciones ambientales y para la salud de este nuevo método extractivo de gas. La petición de Lone Pine alcanza los 250 millones de dólares (191 millones de euros).
· Chevron contra Ecuador: Después de años de conflicto en los tribunales nacionales ecuatorianos, pueblos indígenas y campesinos ganaron una victoria histórica sobre Chevron: el veredicto del tribunal pedía a la empresa 18.000 millones de dólares para limpiar la contaminación de suelos y agua debida a sus operaciones. Chevron fue entonces al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador para anular la sentencia nacional y evitar así su cumplimiento. Este tribunal de arbitraje ordenó al Presidente de Ecuador de bloquear la aplicación de sentencias judiciales nacionales, en una clara estrategia por parte de la empresa de desafiar los sistemas judiciales del país.
· Infinito Gold contra Costa Rica: La empresa minera canadiense Infinito Gold planteó este año una demanda al gobierno de Costa Rica por haber rechazado un proyecto de mina de oro a cielo abierto en una selva tropical al norte del país. Reclama más de mil millones de dólares mediante el sistema de arbitraje previsto en el Tratado de Inversión Bilateral Canadá-Costa Rica.
· Philip Morris contra Australia: En 2011, Philip Morris Asia utilizó el mecanismo de solución de controversias del Tratado Bilateral de Inversión Australia-Hong Kong para retar la reciente legislación australiana sobre tabaco. El gigante del tabaco dice que la nueva legislación le resta valor a sus inversiones en Australia. Pide que el tribunal de arbitraje obligue a Australia a suspender el cumplimiento de la nueva legislación y a pagar a la compañía miles de millones de dólares en compensación por sus pérdidas.
