Un desaparecido informe peruano advirtió de la “extinción” de pueblos indígenas
Por David Hill
¿Qué haría usted si fuera el Gobierno y un informe sobre un proyecto de gas que usted desea llevar adelante dijera que éste podría significar la “extinción” y “devastación” de poblaciones?
Respuesta: Hacerlo desaparecer y luego retirarlo, o por lo menos intentarlo.
¿Qué haría usted si fuera el Gobierno y un informe sobre un proyecto de gas que usted desea llevar adelante dijera que éste podría significar la “extinción” y “devastación” de poblaciones?
Respuesta: Hacerlo desaparecer y luego retirarlo, o por lo menos intentarlo.
Mucho se ha escrito en el Perú acerca de una ya tristemente célebre “opinión técnica” del Ministerio de Cultura (MINCU) sobre una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los planes de ampliación del proyecto de gas de Camisea en la Amazonía, que significaría una violación de los derechos de los pueblos indígenas que viven en “aislamiento voluntario” en una reserva supuestamente “intangible”. Esta “opinión” tenía que ser “favorable” para que la expansión siguiera adelante. Fue publicada en la web del Mincu en julio, pero luego, entre cuatro o 24 horas después, dependiendo de con quién se hable, desapareció.
Afortunadamente algunas personas lo descargaron a tiempo. Lejos de ser “favorable”, era claramente desfavorable. MINCU hizo 83 “observaciones” y dio a entender que la empresa líder del consorcio Camisea, Pluspetrol , debía responder a todas las 83 observaciones antes de volver a considerar el EIA y dar a la empresa la proverbial luz verde.
La mayor parte de lo expresado en esta “opinión” del MINCU omitió lo que era más alarmante. Sí, afirmó que la salud de los indígenas que habitan en la región podría ser críticamente impactada por la expansión -tal como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú señaló en una carta al presidente Ollanta Humala seis días después- y que sus vidas serán considerablemente impactadas en muchas otras formas; pero en realidad fue muchísimo más lejos que ello y aseguró que tres diferentes grupos indígenas podrían ser “devastados” o “extinguidos”. Por ejemplo:
1. “Los efectos (de la ‘fuerza laboral’ requerida para conducir las pruebas sísmicas 2D) sobre la salud del pueblo indígena Nanti en situación de aislamiento pueden afectar a una gran parte de su población… (y) podría implicar la extinción de dicha población”.
2. “Los efectos (de la ‘fuerza laboral’ requerida para construir una campamento base para las pruebas sísmicas 3D) sobre la salud del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento pueden afectar a un gran parte de su población… (y) podrían significar la extinción de dicha población”.
3. “Los efectos (de la ‘fuerza laboral’ requerida para construir nuevos pozos de gas) sobre la salud del pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial pueden afectar a gran parte de su población…(y) podría (sic) la devastación de la población”
No es extraño que los poderes fácticos peruanos hayan querido hacer desaparecer esta “opinión”. Y no sorprende que el nuevo informe del Mincu, con fecha 27 de noviembre de 2013, sea mucho menos crítico: sólo 37 observaciones, absolutamente ninguna mención de la “extinción” y “devastación”, y ninguna mención tampoco de, entre otras cosas, los indígenas en aislamiento en el sur del lote de Pluspetrol donde la empresa quiere conducir sus pruebas sísmicas 2D.
David Hill - www.hilldavid.com - Imagenes: consulta-previa.pe - A. Goldstein/Survival
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ONU AFIRMA QUE PLANES DE GAS EN PERÚ PODRÍAN AMENAZAR A PUEBLOS INDÍGENAS
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) escribió al embajador del Perú ante las Naciones Unidas, el 30 de agosto, indicando que había discutido la expansión de la explotación de gas en la zona de Camisea, en la región Cusco, y sus posibles impactos, en una reciente reunión bajo el procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente.
La carta del CERD dice que la expansión del gas podría causar a los indígenas que viven en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (RKNN) un “daño irreparable”, debido a su “extrema vulnerabilidad”, e insta al Perú a protegerlos de acuerdo a sus “obligaciones internacionales”. En particular, se refiere a la propia “Recomendación General No.23” del CERD, que solicita que los estados aseguren que “ninguna decisión en relación directa con los derechos e intereses (de los pueblos indígenas) sea tomada sin su consentimiento informado”, así como a una ley internacional denominada Convenio 169 (de la OIT) que establece que los pueblos indígenas tienen “derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. “
Esta es al menos la segunda vez que el CERD ha escrito al gobierno del Perú este año sobre este tema. El 1 de marzo, el Comité solicitó al Perú “la suspensión inmediata” de la expansión – un pedido que el Ministro de Energía y Minas (MEM) (Jorge Merino Tafur) , durante una audiencia en el Congreso del Perú a mediados de abril, dejó en claro pretendía ignorar.
La RKNN fue establecida en 1990, supuestamente para proteger a los pueblos indígenas extremamente aislados, pero una concesión de gas fue superpuesta a casi una cuarta parte de ella 10 años después. Pozos y tuberías ya existen en el oeste de la reserva, pero ahora hay planes para seguir avanzando hacia el norte, el este y el sur en la RKNN y perforar otros 21 pozos, construir una extensión de tubería de 10,5 kilómetros, y llevar a cabo pruebas sísmicas.
La concesión, ” Lote 88 “, es operada por un consorcio liderado por Pluspetrol e incluye a Hunt Oil y Repsol. Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la extensión de tubería, pruebas sísmicas y 18 de los 21 pozos está pendiente de aprobación por el MEM.
La carta del CERD de marzo fue una respuesta directa al llamamiento hecho por las organizaciones indígenas AIDESEP, COMARU y ORAU y la organización internacional de derechos humanos Forest Peoples Programme.
Fuente: http://servindi.org/actualidad/94764
Afortunadamente algunas personas lo descargaron a tiempo. Lejos de ser “favorable”, era claramente desfavorable. MINCU hizo 83 “observaciones” y dio a entender que la empresa líder del consorcio Camisea, Pluspetrol , debía responder a todas las 83 observaciones antes de volver a considerar el EIA y dar a la empresa la proverbial luz verde.
La mayor parte de lo expresado en esta “opinión” del MINCU omitió lo que era más alarmante. Sí, afirmó que la salud de los indígenas que habitan en la región podría ser críticamente impactada por la expansión -tal como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú señaló en una carta al presidente Ollanta Humala seis días después- y que sus vidas serán considerablemente impactadas en muchas otras formas; pero en realidad fue muchísimo más lejos que ello y aseguró que tres diferentes grupos indígenas podrían ser “devastados” o “extinguidos”. Por ejemplo:
1. “Los efectos (de la ‘fuerza laboral’ requerida para conducir las pruebas sísmicas 2D) sobre la salud del pueblo indígena Nanti en situación de aislamiento pueden afectar a una gran parte de su población… (y) podría implicar la extinción de dicha población”.
2. “Los efectos (de la ‘fuerza laboral’ requerida para construir una campamento base para las pruebas sísmicas 3D) sobre la salud del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento pueden afectar a un gran parte de su población… (y) podrían significar la extinción de dicha población”.
3. “Los efectos (de la ‘fuerza laboral’ requerida para construir nuevos pozos de gas) sobre la salud del pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial pueden afectar a gran parte de su población…(y) podría (sic) la devastación de la población”
No es extraño que los poderes fácticos peruanos hayan querido hacer desaparecer esta “opinión”. Y no sorprende que el nuevo informe del Mincu, con fecha 27 de noviembre de 2013, sea mucho menos crítico: sólo 37 observaciones, absolutamente ninguna mención de la “extinción” y “devastación”, y ninguna mención tampoco de, entre otras cosas, los indígenas en aislamiento en el sur del lote de Pluspetrol donde la empresa quiere conducir sus pruebas sísmicas 2D.
David Hill - www.hilldavid.com - Imagenes: consulta-previa.pe - A. Goldstein/Survival
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ONU AFIRMA QUE PLANES DE GAS EN PERÚ PODRÍAN AMENAZAR A PUEBLOS INDÍGENAS
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) escribió al embajador del Perú ante las Naciones Unidas, el 30 de agosto, indicando que había discutido la expansión de la explotación de gas en la zona de Camisea, en la región Cusco, y sus posibles impactos, en una reciente reunión bajo el procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente.
La carta del CERD dice que la expansión del gas podría causar a los indígenas que viven en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (RKNN) un “daño irreparable”, debido a su “extrema vulnerabilidad”, e insta al Perú a protegerlos de acuerdo a sus “obligaciones internacionales”. En particular, se refiere a la propia “Recomendación General No.23” del CERD, que solicita que los estados aseguren que “ninguna decisión en relación directa con los derechos e intereses (de los pueblos indígenas) sea tomada sin su consentimiento informado”, así como a una ley internacional denominada Convenio 169 (de la OIT) que establece que los pueblos indígenas tienen “derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. “
Esta es al menos la segunda vez que el CERD ha escrito al gobierno del Perú este año sobre este tema. El 1 de marzo, el Comité solicitó al Perú “la suspensión inmediata” de la expansión – un pedido que el Ministro de Energía y Minas (MEM) (Jorge Merino Tafur) , durante una audiencia en el Congreso del Perú a mediados de abril, dejó en claro pretendía ignorar.
La RKNN fue establecida en 1990, supuestamente para proteger a los pueblos indígenas extremamente aislados, pero una concesión de gas fue superpuesta a casi una cuarta parte de ella 10 años después. Pozos y tuberías ya existen en el oeste de la reserva, pero ahora hay planes para seguir avanzando hacia el norte, el este y el sur en la RKNN y perforar otros 21 pozos, construir una extensión de tubería de 10,5 kilómetros, y llevar a cabo pruebas sísmicas.
La concesión, ” Lote 88 “, es operada por un consorcio liderado por Pluspetrol e incluye a Hunt Oil y Repsol. Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la extensión de tubería, pruebas sísmicas y 18 de los 21 pozos está pendiente de aprobación por el MEM.
La carta del CERD de marzo fue una respuesta directa al llamamiento hecho por las organizaciones indígenas AIDESEP, COMARU y ORAU y la organización internacional de derechos humanos Forest Peoples Programme.
Fuente: http://servindi.org/actualidad/94764
