Argentina / Deforestación en Salta: “La discusión no es técnica, sino jurídica”
Para la ONG Greenpeace, Salta reconoció hace años la protección del bosque nativo del pedemonte de San Lorenzo. Por lo tanto, la autoridad de aplicación deberá responder a lo planteado en la ley nacional 26.331 que fijó presupuestos mínimos. Amparistas solicitarán la inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley provincial que avala las urbanizaciones en zonas protegidas.
Por Analía Brizuela
"No se puede construir una causa en función de un artículo de una ley provincial", concluyó la abogada de las y los vecinos de San Lorenzo y Vaqueros, Fernanda Guillén, entrevistada por Salta/12 sobre el amparo que mantienen desde agosto de 2022 contra la firma Los Maitines SA, la Municipalidad de San Lorenzo y la provincia de Salta. "Lo que alegaron los demandados fue el contenido del artículo 20 de la ley provincial", 7543, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, vigente desde 2008. Esa normativa "permitiría urbanizaciones en zonas categorizadas como amarilla y roja", dijo. "En el amparo nosotros pedimos que se declare la inconstitucionalidad del artículo" porque desde el punto de vista del derecho contradice, por jerarquía, contenidos de la ley nacional 26.331, explicó la abogada.
Para Guillén, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, promulgada el 19 de diciembre de 2007, brinda criterios claros. "En su artículo 9 se definieron usos taxativos (indiscutibles) para una zona amarilla: aprovechamiento sostenible, turismo, investigación científica", enumeró en alusión al uso regulado para los tipo de bosques bajo protección. "En su artículo 14", agregó luego, "definió que no podrán realizarse desmontes en bosques nativos categorizados como 1 y 2". La mención aludió a las categorías rojo de conservación total y amarillo con usos claramente delimitados en la normativa nacional.
El jueves último, Hernán Giardini, que coordina la campaña de bosques de Greenpeace, reforzó las apreciaciones de quienes defienden la biodiversidad y remitió vía email al juzgado que tramita el amparo una respuesta a las apreciaciones realizadas por el perito Pablo Campos, nombrado por la jueza María Guadalupe Villagrán. Para Giardini, si no fuera bosque nativo la zona que el desarrollo inmobiliario quiere destinar a un country exclusivo, la provincia de Salta habría dejado a todo el pedemonte salorenceño en blanco. O lo que es lo mismo: sin criterios de protección para el uso de esos suelos. Sobre el proyecto de Los Maitines SA, opinó que "no pretende un aprovechamiento sustentable ni un manejo forestal". Todo lo contrario: "lo que busca es reemplazar la selva por casas y calles".
“La discusión no es técnica”, profundizó Giardini en diálogo con Salta/12. “La excepción en la ley provincial es inconstitucional, porque la ley nacional de bosques define en el artículo 14 que no se pueden autorizar desmontes en la categoría roja y amarilla”, insistió. “También define desmonte como la destrucción del bosque o los cambios del uso de suelo", que deterioran los ambientes, como "la agricultura, la ganadería y urbanizaciones". Para Giardini, “lo que se quiso hacer fue disfrazar un desmonte como urbanización con aprovechamiento sustentable. Hubo un desmonte”, enfatizó, y agregó que eso ocurrió en una zona donde no se pueden realizar ese tipo de actividad. “Si hay leyes de menor rango que aceptan esto, está mal”, cerró.
La audiencia del 6 de noviembre
En la última audiencia del proceso del amparo vecinal, fijada para el 6 de noviembre, el perito judicial Pablo Campos fue citado por la jueza Villagrán para que ampliara ante vecinas y vecinos el contenido de su informe escrito. Las y los amparistas calificaron como escandalosas las explicaciones que brindó el Campos. Opinaron que sus apreciaciones carecieron de rigor técnico y las enfrentaron al peritaje que solicitaron al Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán.
Pablo Campos fue seleccionado por la jueza que tramita la causa entre dos posibles candidatos que ofreció la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Ese requerimiento se realizó a finales de abril último. El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación decidió consultar a la universidad salteña por profesionales idóneos debido a que la Corte de Justicia provincial carece de peritos en ordenamiento de bosques nativos. Por su parte, las y los vecinos iniciaron el mismo trámite, solicitando sus peritos ante el prestigioso instituto tucumano, para que los profesionales designados por el Lillo viajaran a Salta. Esa instancia se concretó entre el 4 y 6 de octubre de 2023, y tras diez días, emitieron su informe.
Puntualmente, mientras Campos aseguró que el área del desarrollo inmobiliario corresponde a un bosque secundario y lo calificó como de "bajo a medio valor de conservación". Aseguró además en su informe escrito que las valoraciones de Greenpeace, referidas al manejo ambiental del desarrollo inmobiliario, no presentaron un sustento técnico. "El área de proyecto corresponde a un bosque de transición sin ser selva de yungas", dijo Campos. Agregó que "el área no se encuentra en ninguna categoría de conservación, como las reservas privadas presentes al sur del proyecto”, en referencia a la Reserva Provincial de Finca Las Costas, dentro del mismo municipio salorenceño, vecino a Salta capital.
Por su parte, los peritos de las y los amparistas aseguraron que la propiedad de la sociedad anónima "se encuentra incluida en el distrito biogeográfico de los Bosques de Transición de la provincia biogeográfica de Yungas". Observaron además la existencia de "intervenciones notables correspondientes a la apertura de accesos y caminos" y constataron "la extracción de árboles". Según los peritos del Lillo, "se evidencia en la presencia de abundante leña apilada y en los tocones (...) lo que denota una clara acción de desmonte". También, "la remoción de árboles del bosque nativo, tanto primario como secundario".
En su informe apreciaron que si bien el bosque presenta especies exóticas en proporción para nada mayor a las nativas, todas ellas conviven y las exóticas colaboran a regenerar el bosque pedemontano de trancisión a la yunga. Recordaron que, las modificaciones que se aprecian en la selva montana en el municipio de San Lorenzo, probablemente se deban a una actividad ganadera desarrollada en otras décadas cuando esa propiedad todavía estaba indivisa. Toda la montaña, su faldeo y zonas aledañas, hoy propiedad de Los Maitines SA pertenece a la familia Patrón Costas desde 1850.
La posición del perito judicial
Pablo Campos aseguró a Salta/12 que ajustó su trabajo a la normativa vigente. "Los puntos del peritaje que me pidieron fueron realizados en el marco de la ley", precisó. "En base a ese requerimiento se generó el informe que presenté al Juzgado. En estos momentos trabajo en la ampliación del dictamen", adelantó el perito. Confirmó que trabajó en la Comisión Asesora Técnica del OTBN salteño por dos años y dijo que sus tareas en ese ámbito finalizaron hace dos semanas.
En relación al caso del amparo vecinal, Campos recordó que "el Consejo Federal de Medio Ambiente es el órgano de aplicación de la ley". Recordó que el COFEMA definió "qué es bosque y cuándo se considera desmonte". Para el ingeniero en recursos naturales egresado de la Universidad Nacional de Salta, dentro del área del proyecto inmobiliario en Los Maitines, es posible realizar un desbajerado -como en ganadería- para mantener el 20 por ciento de cobertura de copa de árboles, tal como indica el COFEMA, y realizar así un desarrollo inmobiliario. En otro tramo dijo que ya "se quitaron algunos árboles, aunque de un diámetro menor. Ese es el avance hasta este momento". Este medio observó el ingreso de dos camiones cargados con piedras de canto rodado por la avenida Robustiano Patrón Costas, acceso al área del proyecto, dentro de la propiedad de Los Maitines, por la ruta provincial 28.
En varios tramos de la entrevista Campos insistió en que su trabajo se ajustó a la Ley 7543, de OTBN de Salta, promulgada en diciembre de 2008 durante la gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey. Puntualmente, esa norma provincial establece que "la realización de urbanizaciones, obras públicas o de infraestructura, prospecciones u obras energéticas o de vías de transporte, la instalación de líneas de comunicación o de transporte de energía en las zonas comprendidas en las categorías I (rojo) y II (amarillo) que requieran cambio de uso de suelo, solo podrán autorizarse por la autoridad competente”.
Es el punto que cuestionó la abogada querellante en el amparo. Insistió en la evidente contradicción entre la ley provincial de 2008 y su contraparte nacional de 2007. Enumeró algunos principios vigentes en el derecho argentino, como la jerarquía y la especialidad, aunque se centró particularmente en que el derecho ambiental establece que "debe regir siempre el principio más protector con el ambiente". Aseguró luego que "de ninguna manera (Los Maitines SA) pueden basar su desarrollo en ese artículo provincial, cuando Argentina firmó el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación es cada vez más protectora con el ambiente".
La respuesta de Naturales
Para el decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Julio Nasser, "correspondía a la justicia no habilitar al perito si estaba actuando en el proceso de la formulación del OTBN y al mismo tiempo como perito judicial". De esta manera respondió a al consulta de este medio sobre la posible incompatibilidad entre el rol de Pablo Campos en la Comisión Asesora del OTBN y perito judicial en un amparo que gira en torno a la degradación de bosques debido a la frontera urbana de countries.
Nasser explicó que en el trámite de un amparo como este, la justicia pide profesionales y la Facultad una propuesta. "La institución consulta a las Escuelas", continuó Nasser, "porque hay demandas de geólogos o en temas ambientales como el caso de Los Maitines. Nosotros elevamos la nómina y la justicia elige".
En este caso particular del oficio referido al amparo de vecinas y vecinos de San Lorenzo y Vaqueros, la Facultad propuso a Campos y a Nieves Anabel Martínez. "Nosotros no conocemos la causa por la cual se requiere profesionales. La justicia elige", repitió, "y luego le presentan un pliego con preguntas específicas que no conocemos. El profesional se limita a evaluar, opinar, y reconocer en territorio lo que le solicitaron peritar". El decano insistió en dividir las responsabilidades de la institución académica de las inherentes a la justicia. Por otro lado, aclaró que si el informe no tuvo solidez metodológica "fue producto del pliego de preguntas y consultas realizadas a los peritos por parte de la justicia".
Sobre el nombramiento de Campos como integrante del Consejo Asesor de readecuación del OTBN salteño, aclaró que los profesionales designados por la Universidad realizan un trabajo técnico, y no llegan a la formulación del mapa del OTBN. "Generan y formulan las herramientas para construir en un acuerdo de todos los sectores el famoso mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La autoridad de aplicación cumple luego con el mandato de ley", dijo, y aclaró que esos organismos del Estado son la Secretaría de Ambiente de la provincia en vinculación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Acueducto para pocos
Los catastros del desarrollo inmobiliario en San Lorenzo tomarían agua del río Castellanos, 3 kilómetros al norte del área del proyecto. En caso de avanzar el emprendimiento, se conectaría a un acueducto existente, construído en 2019 con fondos provinciales para abastecer todos los nuevos desarrollos inmobiliarios del norte de la comuna de San Lorenzo. "La causa no se inició por el tema de la falta de agua, pero fue un problema que le interesó a la jueza", compartió la abogada Fernanda Guillén.
Según datos del Boletín Oficial de Salta, desde 2019 crecieron las concesiones de agua, incluso las cedidas a catastros propiedad de Los Maitines SA. Justamente ese año, la provincia invirtió 130 millones de pesos para el gigantesco ducto que captura el líquido vital aguas arriba del río Castellanos. Aunque el gobierno también prometió mejoras para vecinos de la zona oeste de Vaqueros, Lesser, Castellanos y otros que residen al norte de la comuna sanlorenceña, sigue habiendo quejas por el faltante de agua. "Incluso en pandemia, hicieron lo que pudieron, con bocinazos y otras intervenciones", recordó Guillén.
Esa situación de escasez temporal del líquido para consumo humano -aunque también suntuario para piletas y jardines- comenzó a notarse por la segunda década de este siglo. Por esos años avanzaron los emprendimientos sobre las serranías de yungas, mientras otro vecino finalizaba la construcción de su residencia, muy próxima al viejo casco de la estancia de los Patrón Costas en Finca La Montaña: el senador nacional Juan Carlos Romero (JxC).
El rastreo en el Boletín Oficial salteño encontró que el 24 de junio de 2022 bajo el nombre Jucaro SA (expediente 0090034-66945/2022-0) se solicitó "la concesión de uso de agua pública superficial con agua a derivar del río Castellanos mediante el Acueducto Castellanos - Los Maitines". La firma invocó el "abastecimiento poblacional de 10 habitantes con un caudal de 250 litros por día por persona con carácter permanente". Lo contradictorio surgió al observar que, para el catastro que menciona la sociedad anónima, la imagen de Google Earth del 20 de setiembre de 2023 devuelve jardines y cuatro lagunas. Esa propiedad correspondería a parte de la residencia del legislador salteño que apoya abiertamente al candidato ultraderechista presidenciable Javier Milei.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/615993-greenpeace-tambien-cuestiono-el-desmonte-de-los-maitines-sa - . Imagen de portada: Analía Brizuela
