‘Yasunicemos’ el mundo: el mar se encuentra con la selva
El economista ecuatoriano destaca el poder de la ciudadanía en los procesos de defensa del Yasuní, territorio amazónico en el cual una consulta popular ha parado la extracción petrolera, y del Mar Menor, el primer ecosistema reconocido como sujeto de derechos en Europa. También reclama crear sistemas de justicia que aseguren la protección de la Naturaleza para «la construcción de vidas dignas para todos los seres humanos y no humanos».
Alberto Acosta
"El Yasuní ha sido como una mamá para el mundo (...)
Necesitamos que pongamos las voces y las manos para que pueda recuperarse nuestra mamá,
que no esté herida, que no esté golpeada".
Alicia Cahuiya, indigena waorani
"El centro del universo es el ecosistema, no el humano,
porque no se puede vivir sin la Naturaleza"
Teresa Vicente, jurista española
Una constatación recorre el mundo: los humanos somos Naturaleza. No somos una especie superior. Tampoco somos el centro de la vida. Es más, colocarnos -figurativamente- al margen de la Naturaleza, y más aún tratar de dominarla, no solo resulta imposible, sino que, como lo vemos a diario, genera nuevas y mayores complicaciones para la vida de todos los seres vivos, incluyendo los humanos.
Lo motivador es constatar cómo -desde diversas esquinas del planeta- emergen respuestas que no esperan el permiso del poder para propiciar el reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza. Las luchas de resistencia contra la destrucción de las bases materiales y simbólicas, que provocan, por ejemplo, los extractivismos, se multiplican de forma exponencial. Muchas veces de la mano de esas luchas aparecen múltiples formas de re-existencia. Y de ese trajinar diverso, propio de ebulliciones múltiples, reconociendo que hay muchísimos procesos destacables, escogemos dos por su enorme trascendencia y repercusión internacionales, que tienen varios elementos en común, a pesar de su distancia geográfica y cultural.
Ejemplares luchas por el Yasuní y el Mar Menor
Acogiéndose a marcos jurídicos diversos, que abren resquicios de insospechada potencialidad para la acción, en Ecuador y en España se camina en la misma dirección: proteger en serio la Naturaleza y asumirla como nuestra Madre. En ambos casos, por lo pronto, tenemos resultados prometedores. Nos referimos a la lucha por la protección de un pequeño pedazo del Parque Nacional Yasuní en las selvas amazónicas y a la protección del Mar Menor en la costa mediterránea.
Destaquemos pues el triunfo en la consulta popular del Yasuní: “territorio sagrado”, en lengua indígena, que se realizó el 20 de agosto pasado. Luego de casi 10 años de lucha, se consiguió que una amplia mayoría del pueblo ecuatoriano disponga en una consulta popular la suspensión de la destructora extracción de crudo en el Bloque 43 o ITT (la sigla de los yacimientos de Ishpingo, Tambococha, Tiputini). Simultáneamente se ordenó desmontar los equipos allí instalados y se aprobó dar paso a la reparación y restauración de ese territorio donde viven pueblos indígenas, incluso algunos en aislamiento voluntario. Este histórico resultado abre la puerta para empezar un proceso que libere la región amazónica de su condición de territorio de sacrificio, asegurando los derechos vitales de todos sus pobladores indígenas y no indígenas. Y es, por cierto, una clara muestra de que sí se pueden tomar medidas efectivas para superar la nociva dependencia de los combustibles fósiles.
Con esta decisión popular, se superó la conocida como Iniciativa Yasuní-ITT, que buscaba una compensación internacional para impedir dicha actividad petrolera. Recordemos lo difícil y complejo que fue poner en marcha la mencionada Iniciativa, que emergió desde la sociedad civil por la acción de diversos procesos, mucho antes de su presentación oficial en el año 2007. Cuando esta Iniciativa fracasó, porque le quedó muy grande al gobernante que intentó cristalizarla oficialmente, la juventud organizada en el Colectivo Yasunidos asumió el reto en el año 2013. Acogiéndose a disposiciones constitucionales, venciendo al poder gubernamental, en una desigual lucha, ese Colectivo reunió más de 750 mil firmas y enfrentó una dura campaña de represión y fraudes, antes de poder cristalizar la mencionada consulta popular casi una década después.
El éxito conseguido con casi 60% de los votos en la consulta, enfrentando a una poderosa oligarquía extractivista ―gobiernos, petroleras, mineras, cámaras de la producción, grandes medios de comunicación, sindicalismo petrolero―, en un país cuya economía es adicta al petróleo, fue posible por la sumatoria de esfuerzos múltiples provenientes de varias organizaciones y movimientos, tanto del campo como de la ciudad.
Sin buscar paralelismos o similitudes simplonas, bien podemos destacar cómo en España, recurriendo a una disposición existente en la Constitución de 1983, se reconoció la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor. Esta acción también fue posible gracias a la movilización ciudadana, que se organizó con el objeto de proteger una maravillosa región natural mediterránea en franco declive por la destrucción provocada por la voracidad del capital, expresada especialmente a través de la agroindustria, el turismo, la minería.
Después de muchos intentos poco exitosos para lograr una mejor protección de dicha laguna, se puso en marcha esta iniciativa legislativa popular. Tal movimiento ciudadano logró recoger más de 640.000 firmas para conseguir la aprobación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, en septiembre del 2023, con los votos a favor de todos los partidos políticos, excepto Vox.
Con esta acción se dotó de personalidad jurídica al ecosistema del Mar Menor, como sujeto de derechos derivado de su valor ecológico intrínseco y en clave con la solidaridad intergeneracional. La Ley se expidió para actuar con urgencia por la situación crítica del estado ecológico de la laguna, con el objeto de garantizar su conservación para las futuras generaciones. A partir de esa decisión todo tipo de actividad pública o privada que pueda incidir negativamente en el Mar Menor puede ser revisada ante los tribunales.
Incluso se estableció una comisión de seguimiento integrada por los “guardianes y guardianas” de la laguna, con representantes de los municipios ribereños o de cuenca designados por los respectivos ayuntamientos, así como representantes empresariales, sindicales, vecinales, agrarios, ganaderos, pesqueros, ecologistas, entre otros. Como complemento se estableció un comité científico.
Recordemos que, Ecuador, en su Constitución, también abordó el tema de la representación. Allí se estableció con claridad quién representa a la Naturaleza. Así, en el artículo 71, se determinó con claridad que la Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Y que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza.
No hay duda, se trata de ejemplos expansivos en el mundo. Luego de la expedición de la hasta ahora la primera y única Constitución que asume a la Naturaleza como sujeto de derechos, la ecuatoriana, en el año 2008, hay casi 40 países en donde a través de diversas vías se comienzan a cristalizar los derechos de la Madre Tierra.
La sociedad civil al reencuentro de la Naturaleza
En ambos procesos tenemos como punto de partida la sociedad civil, con un importante compromiso de movimientos sociales y de grupos ciudadanos. Se trata de un ejercicio de democracia ecológica desde las bases. No son acciones gestadas por iniciativa de gobierno alguno, ni por algún partido político. En definitiva, son respuestas que surgen desde diversos ámbitos demostrando que se puede y debe aprovechar todos los mecanismos e inclusive aquellos resquicios legales existentes para actuar sin pausa, en especial cuando los grupos de poder se ocultan en discursos vacíos y en estériles reuniones internacionales, como las COP o Conferencia de las Partes de Naciones Unidas.
Los dos casos tienen un eje común: los Derechos de la Naturaleza. En España es el primer reconocimiento legal que considera a un ecosistema como sujeto de derechos en Europa. En este país se parte de una legitimación democrática directa. Mientras que, en el Ecuador, el punto de partida es su Constitución del 2008, que reconoce expresamente los Derechos de la Naturaleza.
La diferencia en el caso ecuatoriano es que, a pesar de que la Naturaleza constitucionalmente es un sujeto de derechos, la consulta popular que concluyó exitosamente en agosto del 2023, se inició reclamando el derecho a la participación ciudadana en temas de interés nacional; derecho que fuera vilmente atropellado por los sucesivos gobiernos.
En estricto sentido, la decisión de explotar petróleo en esa maravillosa región amazónica, tomada en agosto del 2013, no debió darse jamás si se respetaban los Derechos de la Naturaleza e inclusive los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, habitantes de ese paraíso. De hecho, ningún pronunciamiento popular debería poner en riesgo la vigencia de dichos derechos. De todas maneras, para lograr el contundente triunfo en la mencionada consulta se enarbolaron tanto los derechos de la Madre Tierra, como los de los pueblos indígenas.
Lo que nos motiva ahora es constatar que la defensa de la Naturaleza puede darse desde diversos espacios que se nutren del entendimiento de que la Naturaleza es la vida misma. Como afirma, Alicia Cahuiya, indígena waorani amazónica, quien lideró la consulta desde su territorio, “el Yasuní ha sido como una mamá para el mundo”. Desde otra realidad cultural y vivencial, quien lideró la iniciativa legislativa popular del Mar Menor, la jurista española Teresa Vicente, reconoce que “el centro del universo es el ecosistema, no el humano.”
Ambos aportes son clave. Las comunidades y pueblos indígenas comprenden perfectamente que la Pachamama es su Madre, no una simple mera metáfora. La visión desde la justicia ecológica coincide con la significación vital de los ecosistemas. En Ecuador, desde el mundo indígena y sumando las luchas de resistencia de diversos grupos ecologistas y populares, surgieron las ideas fuerza y básicas para plasmar constitucionalmente los Derechos de la Naturaleza. En España, un país del Norte global, desde otras perspectivas de conocimiento, dieron fruto los diálogos de la academia, con activistas y pobladores consientes de las amenazas que se ciernen sobre un ecosistema e inauguraron los Derechos de la Naturaleza en Europa.
En este complejo entramado de acciones múltiples, vemos la significación que conlleva fortalecer y ampliar la mayor cantidad posible de procesos de diálogo buscando tejer redes de resistencia y re-existencia. Son tiempos de luchas continuadas. Los pasos dados en Ecuador y en España son importantes, mas no suficientes. En tierras ecuatoriales ya se escuchan las voces de la derrotada oligarquía extractivista que quiere irrespetar el mandato popular. Y en tierras ibéricas tampoco será fácil vencer los múltiples intereses económicos que se oponen a la Ley del Mar Menor. Hoy más que nunca, en los dos procesos se debe mantener la presión y la unidad social para hacer realidad los derechos adquiridos, convocando a una efectiva solidaridad internacional.
Con los Derechos de la Naturaleza, hacia un “giro copernicano”
Lo que cuenta ahora es asumir en la práctica una realidad indiscutible: los humanos no estamos al margen y tampoco sobre la Naturaleza. Sus elementos no pueden ser asumidos como simples factores de producción o mercancías para impulsar fantasmas como “el desarrollo” y “el progreso”. Esto nos conmina a construir incluso otras narrativas, en especial desde territorios concretos.
Con los Derechos de la Naturaleza abrimos la puerta a un cambio de enorme trascendencia, una suerte de giro copernicano. No se trata de ficciones jurídicas ni algo por el estilo. Si la Naturaleza nos da el derecho a nuestra existencia, entonces ella es la fuente de los derechos.
Eso cambia radicalmente la esencia de la civilización antropocéntrica. Conduce a crear sistemas de justicia que aseguren la vigencia plena de los principios de la Madre Tierra: la diversidad de los ecosistemas, la capacidad de auto-regeneración y la relacionalidad de todos los seres; sin marginar en ningún momento la justicia social.
Inclusive tenemos que superar las ciencias económicas, tal como las conocemos, pues al aceptar que la Naturaleza es sujeto de derechos, su desmercantilización es una obligación sobre todo incorporando el valor intrínseco de todos los seres vivos. Pensar y construir otras formas de leer y hacer la política desde la Naturaleza como sujeto y no más objeto, es también otra tarea crucial.
Estos logros democráticos, que plantean cambios profundos de la relación de dominio sobre la Naturaleza, proponen, por igual, asumir formas de representación y garantía de cumplimiento. La Naturaleza no necesita de los seres humanos para ejercer su derecho a existir y a regenerarse. Pero si los seres humanos la destrozan, necesitará de los humanos, como sus representantes, para protegerla o para demandar judicialmente su reparación y restauración. Como lo vimos, estos mecanismos de representación están previstos en estos casos analizados.
Adicionalmente, teniendo conciencia de la inutilidad de la mayoría de cumbres internacionales sobre el tema, no podemos esperar a que los poderes globales actúen, debemos accionar espacios incluso éticos desde la sociedad civil que recojan la voz de reclamo de todos los seres vivos, como lo es el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, creado con representantes de todos los continentes en el año 2014.
En definitiva, incorporar a la Naturaleza como sujeto de derechos en una constitución o en una ley, siendo un acto formalmente antropocéncrico, implica en esencia una obligación para transitar hacia visiones y prácticas biocéntricas y ecocéntricas. Además, la defensa de la Naturaleza debe ser asumida como Naturaleza que se defiende, lo que implica asegurar también mecanismos de protección de las defensoras y los defensores de la Madre Tierra.
Los complementarios Derechos Humanos y de la Naturaleza
En suma, la lucha por los Derechos de la Naturaleza va de la mano con la compleja defensa de los Derechos Humanos. Cuando se cumple el aniversario 75 de los Derechos Humanos, cuya vigencia sigue muy lejana, nos toca potenciarlos y complementarlos con los Derechos de la Naturaleza. Tengamos claro que estos derechos no se oponen para nada. Es más, pronto llegará el día para expedir una declaración conjunta de derechos para la Humanidad y la Naturaleza, en tanto ambos, como cuerpo único de derechos existenciales, son derechos para la construcción de vidas dignas para todos los seres humanos y no humanos.
Entonces, conocer y multiplicar procesos que hermanan diversos territorios y diversas luchas, como los revisados en este texto, apuntala la construcción de una internacional ecologista, vista como un movimiento de movimientos. Y así todos estos múltiples y diferentes procesos deberían tener como meta horizontes que conjuguen la justicia ecológica con la justicia social, como parte de procesos radicalmente transformadores.
No cabe duda, ¡podemos y debemos yasunizar el mundo!
Alberto Acosta es un economista ecuatoriano, ex Ministro de Energía y Minas del Ecuador (2007), presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008), juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, profesor universitario y autor de varios libros.
Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/yasunicemos-el-mundo-alberto-acosta/ - Imagen de portada: El Yasuní es una de las zonas más biodiversas del planeta. Foto: Pedro Bermeo. Colectivo Yasunidos.
