PERU: La larga marcha internacional de los conflictos sociales
Por Raúl Chacón Pagán
La semana pasada dos de los conflictos sociales más relevantes del país, del todo distintos entre sí, el de La Oroya y el amazónico, tuvieron algo en común: moverse al nivel de la justicia internacional. Algo que se está dando también de maneras muy distintas, que revela, además de la ineficiencia y lentitud de nuestros mecanismos nacionales de justicia, la desconfianza generalizada en la gestión del Estado peruano, sobre todo para atender los reclamos más legítimos de la población afectada en sus derechos.
El conflicto de La Oroya, por lo general visto por el Estado peruano sólo como un conflicto laboral, tiene detrás suyo una aguda y compleja problemática socioambiental y llegó en noviembre del 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto sucedió gracias a la iniciativa de una coalición de ONG peruanas y extranjeras, con la finalidad de proteger el derecho a la vida y la salud de los pobladores. Se le solicitó a la CIDH que ordenara al Estado Peruano las siguientes medidas cautelares: Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya; implementar programas de educación y salud; asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa; controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo; evaluar los niveles de contaminación en las casas; y tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud. “Buscamos disminuir los altos niveles de plomo y otros contaminantes como cadmio, arsénico y dióxido de azufre en la ciudad, debido a que esto genera graves problemas de salud pública, incluyendo altos índices de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis,” afirmó por entonces Martin Wagner, abogado de Earthjustice. Mientras que Romina Picolotti, de CEDHA, sostuvo que “en lugar de proteger la salud de los habitantes, el Estado Peruano ha dilatado las medidas a implementar para el control de la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección de la salud pública”.
Además, para evaluar la afectación a los derechos humanos por la falta de control efectivo de la contaminación, en 2006 las mismas ONG presentaron también ante la CIDH una demanda de caso, fortaleciendo la solicitud de medidas cautelares solicitadas antes. Así, denunciaron la violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos a la vida, la integridad, la intimidad personal y familiar, a la información, a las garantías judiciales y el acceso a la justicia, el derecho de los derechos de los niños a tener una protección especial, relacionado con los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, vinculados todos ellos con el derecho a la salud y al ambiente sano del Protocolo de San Salvador. Dado que las violaciones de los derechos anteriormente mencionados desconocen, asimismo, la obligación del Estado de respetar los derechos humanos e implementar medidas para su efectiva protección consagrados en la Convención Americana, denunciaron también esta violación. De ese modo, las ONG representaron a un grupo de habitantes de La Oroya, buscando resolver en una instancia internacional un problema que no ha sido posible solucionar a nivel nacional. Después de largos intercambios de información y reuniones en Washington entre la CIDH y representantes del gobierno peruano, el 2007 la primera solicitó al segundo brindar diagnóstico y tratamiento médico especializado, en coordinación con los beneficiarios y sus representantes. Lo cual está en lentísimo proceso de (in) cumplimiento.
Recientemente, la demanda del 2006 fue admitida por la CIDH, como se ha difundido desde hace unos días en diversos medios. Adicionalmente, la CIDH concluyó que hay un retardo injustificado del Estado para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional desde hace tres años, y esto también podría derivar en la violación a los derechos al acceso a la justicia y los medios efectivos de protección. Sin embargo, hasta ahora la principal respuesta por parte del Estado peruano ha sido, una vez más, lentitud y trabas interinstitucionales, siendo de momento el gran logro de los procesos ante la CIDH por La Oroya el haber convertido un escándalo nacional en uno internacional, ambos igual de imperdonables. Esperemos que los otros conflictos sociales que lleguen a las instancias de justicia internacional no consigan sólo ese resultado. www.ecoportal.net
Raúl Chacón Pagán
1. NATIVOS DECIDIERON DENUNCIAR AL GOBIERNO DE GARCÍA ANTE LA CIDH
Representante viaja a lima para solicitar ayuda de organismos de ddhh. Acuerdo firmado el martes por líderes awajun y wampis incluye, además, a ex ministros Yehude Simon y Mercedes Cabanillas. Por: Francesca García y Claudio Mendoza. Corresponsal en Bagua.
Dirigentes y apus de diversas comunidades pertenecientes a las etnias awajun y wampis acordaron en una asamblea extraordinaria, el pasado martes, denunciar al gobierno de Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al maltrato que –aseguran– sufrieron tanto nativos como policías durante los sucesos del 5 de junio en Bagua.
EL E-COCHASKI Nº 26. Notas socioambientales del Perú (y allá). http://elecochasqui.wordpress.com
